Efren Marcelino Franco Hernández
Expediente 768/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Efren Marcelino Franco Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que conforme a los puntos II y III, de la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y reanudar el trámite y resolución de los expedientes, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se reanuda el presente asunto y en virtud que de autos se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista formulada mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, procede resolver si ha quedado satisfecha la sentencia de amparo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con el artículo 214 de la citada Ley, ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que quede enteramente cumplido el fallo protector. ANTECEDENTES Es necesario precisar que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió confirmar la resolución dictada en el presente asunto, y en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "(.) El Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales ahora Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emita una resolución expresa en la que aplique a la pensión del enjuiciante, los incrementos que resulten más benéficos, en los términos que marca el artículo 57, cuarto párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, desde la fecha en que obtuvo la misma (16 de enero de 2004); así mismo deberá pagar al actor las de diferencias resultantes de la aplicación de dichos incrementos, desde los cinco años previos a su reclamo (03 de marzo de 2012) y hasta que se dé cumplimiento a este fallo, sin exceder el tope máximo que establecen los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable al caso; incluyendo las que se hubieran generado en relación al pago de aguinaldos". Ahora, toda vez que el acto reclamado consistió en un incumplimiento de sentencia, mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte se tuvo a la Magistrada Presidenta y Secretaria de Acuerdos, ambas de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitiendo copia certificada del auto dictado el dos de octubre de dos mil veinte en el juicio de nulidad 14759/17-17-07-4, en el cual se determinó dar vista a la parte aquí quejosa con el contenido del oficio 600.602.1/SC/ESR/14788/2020 con el cual la autoridad demandada pretendía dar cumplimiento a la sentencia ahí dictada, para que de ser su interés, promoviera el medio de defensa que considerara oportuno. Posteriormente, mediante oficio registrado con el consecutivo 16474, la Magistrada Presidenta y a la Secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitiendo copia certificada de la resolución de uno de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio de nulidad número 14759/17-17-07-4, y en la cual tuvo por cumplida la sentencia ahí dictada En ese sentido, este juzgado determina que con lo anterior, se puede advertir que la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de la citada Sala por parte de la autoridad responsable en el juicio de nulidad, dejó de existir, pues consideró que la autoridad responsable dio cumplimiento a cabalidad, lo cual implica que la materia por la que se otorgó la protección constitucional, ya se acató, pues la litis por la cual fue otorgada la protección constitucional, se centró en la conducta contumaz de la autoridad de acatar la sentencia de nulidad, ante la omisión total de ésta de llevar a cabo actos tendientes a la ejecución de dicho fallo; luego, el extremo a cumplir de la sentencia de amparo se reduce a obligar a que dicha contumacia no continúe, cuestión que se acredita con lo manifestado por la Sala, sin que pueda analizarse la legalidad de los actos emitidos en cumplimiento, pues quedan fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, al tratarse de actos que no fueron objeto de análisis en el amparo, como así se sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que indica: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Lo anterior, máxime si en caso de existir controversia, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra en aptitud de controvertir el auto de uno de diciembre de dos mil veinte a través del juicio de amparo, toda vez que con dicho auto, la Sala del conocimiento consideró que la autoridad responsable dio cumplimiento a su sentencia de nulidad, y por ello reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado. De ahí, que si el acto reclamado fue el incumplimiento a la sentencia de nulidad y dicho actuar fue vencido según lo expuesto por la propia Sala de origen, es inconcuso que se obedeció la sentencia de amparo. Consecuentemente, la declaratoria de cumplimiento es atribución única de la Sala de origen y no de este órgano jurisdiccional, como así ya lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 306/2016, que en lo conducente indica lo siguiente: "En efecto, no es al Juez de Distrito a quien le corresponde fijar o modificar la cantidad que ya había determinado la Sala como pago a efectuar a la actora por parte de las autoridades demandadas en el juicio natural, en la medida que su cuantificación efectuada no está en función del derecho fundamental que se consideró violado, ni del acto que reclamó la parte quejosa y que se juzgó en el juicio constitucional, al derivar ésta obligación de pago de la sentencia emitida por la Primera Sala Ordinaria del tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en el juicio administrativo I-47301/2011, cuya omisión en su cumplimiento es lo que reclamó a través de su demanda de amparo." "Lo cual corresponde resolver a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, al derivar esa obligación de pago de lo resuelto en esa jurisdicción donde las partes sometieron y resolvieron sus diferencias y la cual no concluye con la emisión de la sentencia, pues su actuación continúa hasta que se dé debido cumplimiento a las obligaciones que le impuso a la autoridad demandada en su fallo, es decir conforme a lo establecido en el fallo protector, la actuación del Juez de Distrito como rector del procedimiento de ejecución, se circunscribe a obligar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, den cumplimiento a la sentencia que se emitió en jurisdicción contenciosa administrativa, así como las decisiones que posteriormente se emitan en esa instancia y que sean una consecuencia directa a su materialización." "Así esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tratándose de sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto, en las que se otorgue la protección constitucional por violación al derecho fundamental de tutela efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución, los efectos del amparo no pueden tener el alcance de pronunciarse sobre una de las prestaciones de la sentencia cuya omisión a su cumplimiento haya sido materia precisamente del fallo protector, en la medida que se trastocaría la jurisdicción de la emisora, trayendo como consecuencia la ilegalidad de la resolución que así lo precisara, de modo tal que en estos casos el órgano judicial de amparo debe estarse estrictamente a lo resuelto en el juicio natural, sin aportar apreciaciones propias sobre prestaciones impuestas en la sentencia que a merced de la protección constitucional se ordene acatar en sus términos precisos." Lo cual, evidentemente ya se realizó. Luego, queda claro que la declaratoria de "cumplida" de la sentencia de nulidad por el tribunal de origen, imposibilita a este juzgado de Distrito contrariar lo resuelto en un juicio diverso y ajeno a la jurisdicción, pues incluso, en caso de que este juzgado ordene que "no se tenga por cumplida la sentencia," se estarían dando efectos de otorgamiento de amparo, sin haber escuchado a las responsables, vulnerando las formalidades del propio juicio de amparo. Incluso, según lo expuesto por la Alta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también es improcedente tramitar el incidente solicitado, toda vez que lo relativo a la cuantificación corresponde a la Sala del conocimiento y, de hacerlo este órgano jurisdiccional, se originaria una resolución ilegal; máxime si la Sala rectora del procedimiento de ejecución declaró cumplida su sentencia de nulidad. En consecuencia, en términos de los artículos 77, fracción II, y 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio firmado por la Magistrada Presidenta y Secretaria de Acuerdos, ambas de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual en atención al requerimiento formulado mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, remiten copia certificada del auto dictado el dos de octubre de dos mil veinte en el juicio de nulidad ***, en el cual se determinó dar vista a la parte aquí quejosa con el contenido del oficio *** con el cual la autoridad demandada pretende dar cumplimiento a la sentencia ahí dictada, para que de ser su interés, promoviera el medio de defensa que considerara oportuno. En consecuencia, REQUIÉRASE a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia, para que en el plazo de VEINTE DÍAS, informe el acuerdo que le recayó a la vista otorgada en el mencionado auto de dos de octubre de dos mil veinte, es decir, informe si la parte quejosa desahogó la vista concedida, y el sentido en el que lo hizo, o en su caso si fue omisa en realizar actuación alguna, y en ambos casos, lo que la Sala proveyó al respecto. Lo anterior, a efecto de que esta Juzgadora se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en el presente sumario constitucional. En el entendido que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, misma que confirmó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "(.) La protección constitucional que se concede es para el efecto de que: El Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales ahora Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emita una resolución expresa en la que aplique a la pensión del enjuiciante, los incrementos que resulten más benéficos, en los términos que marca el artículo 57, cuarto párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, desde la fecha en que obtuvo la misma (16 de enero de 2004); así mismo deberá pagar al actor las de diferencias resultantes de la aplicación de dichos incrementos, desde los cinco años previos a su reclamo (03 de marzo de 2012) y hasta que se dé cumplimiento a este fallo, sin exceder el tope máximo que establecen los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable al caso; incluyendo las que se hubieran generado en relación al pago de aguinaldos". (.)" Asimismo, de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la autoridad responsable mediante oficio SP/3250/2019 de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, estableció la cantidad por concepto de incrementos de la pensión de la parte quejosa en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó dejar sin efectos el oficio en comento, y tener por no cumplida la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil dieciocho, toda vez que con el oficio referido no se contemplaban los incrementos salariares correspondientes a los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, requiriendo de nueva cuenta el cumplimiento de dicha resolución. En consecuencia, y a efecto de que esta Juzgadora se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto de la etapa de cumplimiento en el presente asunto, con fundamento en los artículos 79 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia, para que en el plazo de DIEZ DÍAS informe el estado procesal que guarda el juicio de nulidad 14759/17-17-07-4 de su índice, APERCIBIMIENTO En el entendido que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON COPIA DEL OFICIO DE CUENTA Y ANEXO ACOMPAÑADO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA. CON APERCIBIMIENTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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