Efren Julian Hoyo Ortega

Expediente 1163/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1163/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • Efren Julian Hoyo Ortega

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, DE LOS QUE SE OBSERVA QUE MEDIANTE OFICIO, SE REMITIERON A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO LAS DIVERSAS CONSTANCIAS QUE FUERON RECIBIDAS EN ESTE TRIBUNAL COLEGIADO Y QUE SIRVIERON PARA FORMAR EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA; CUYA RECEPCIÓN SE ADVIERTE DEL SELLO QUE OBRA ESTAMPADO EN LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN RELATIVA AL CITADO OFICIO; EN TAL VIRTUD, AL NO QUEDAR ACTUACIÓN PENDIENTE POR LLEVAR A CABO, ADEMAS DE NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio DFHGO/AJ/375/2016, de la Subdirectora de Regulación Migratoria, en ausencia del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y del oficio INM/DGA/1449/2016, registrado en la oficialía de partes con el número 6491/2016, con el que remite original con escrito de presentación, y cuatro copias, de la demanda de amparo promovida por Efrén Julián Hoyo Ortega, diversos oficios INM/DGJDHT/DAJ/AMP/ 1393/2016 y DFHGO/AJ/374/2016, con los cuales las autoridades responsables rinden su respectivo informe justificado; así como copia certificada del expediente DAJ/RR/069/16; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo, Efrén Julián Hoyo Ortega, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLE: Como ordenadora señalo a la DIRECTORA GENERAL JURIDICA DE DERECHOS HUMANOS Y TRANSPARENCIA del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN y como ejecutor al DELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE HIDALGO, ambos con domicilio en sus sedes oficiales.__ ACTO RECLAMADO: De la primera autoridad señalo como tal la resolución que dictó el recurso administrativo de revisión por mi interpuesto de fecha 26 de Septiembre del 2016, misma que me fue notificada en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo por la Notificadora de la Delegación Federal del Instituto de Migración el pasado 5 de Octubre del 2016 y de la segunda autoridad reclamo la ejecución que de dicha resolución pretende hacer.". (Sic). Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que Efrén Julián Hoyo Ortega, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución contenida en el oficio 2752566, de veinte de junio de la presente anualidad, dictado por el Delegado Federal en Hidalgo del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, dentro de la solicitud de visa por unidad familiar, con número único de trámite 2959541; en el cual se resolvió negar dicha solicitud. Así, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, la Directora General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, emitió resolución en el recurso de revisión dentro del expediente administrativo DAJ/RR/069/16, en el sentido de revocar la resolución de veinte de junio pasado indicada. Inconforme con dicha resolución, Efrén Julián Hoyo Ortega, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". De lo anterior se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; hipótesis que no se actualiza en el presente caso, pues si bien se deduce que la Directora General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, está facultada para emitir resoluciones como la que se combate, lo cierto es que fue dictada en su carácter de autoridad administrativa, que es la que está facultada para llevar a cabo un procedimiento en forma de juicio y emitir la correspondiente resolución, pero esto no le da el carácter de tribunal judicial administrativo o del trabajo, sino que sus actos son propios de una autoridad administrativa distinta a dichos tribunales. Lo anterior, pone de manifiesto que la resolución reclamada no es una sentencia definitiva o resolución que ponga fin a juicio dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pues la autoridad resolutora no goza de las características esenciales de estas, supuesto en que procedería el amparo directo de conformidad con lo establecido por el artículo 170 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 176 de la ley de la materia, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen textualmente: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes.". "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:__ IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refiere las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente (...)". Por ello, como el acto reclamado no está comprendido dentro de los supuestos del artículo 176 de la Ley de Amparo, al no colmarse la hipótesis prevista por el artículo 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por que no fue dictada por un tribunal judicial administrativo o del trabajo, entonces, al no reunirse los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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