Efrén González Torres
Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Tribunal Superior de Justicia de Estado de Zacatecas, Con Sede En Esta Ciudad
- Efrén González Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El veintidós de junio de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del trece al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; sin que hubieran interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del juicio de derechos en que se actúa. c) Que sí se tramitó incidente de suspensión en el que se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva. d) Que no se exhibió billete de depósito sobre el cual haya que proveer sobre su destino. e) Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es depurable el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese.
- Principal
El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 9000. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta, que remite vía electrónica la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas; en atención a su contenido, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento toda vez que ya obra la boleta de turno respectiva. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 296/2020; y, siete de diciembre de RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, Efrén González Torres, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. AUTORIDAD RESPONSABL EJECUTORA: Juzgado de Primera Instancia (en materia penal) y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: "a) RECLAMO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: El acuerdo de 28 de mayo de 2020, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, la omisión de proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. b) RECLAMO DE LA EJECUTORA: De la autoridad ejecutora en su conjunto reclamo la ejecución de los actos de reanudar actividades en el Juzgado de Primera Instancia (en materia penal) y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, sin tomar las medidas sanitarias en personas vulnerables como es el caso y estar obligadas a continuar con trámites y términos de ley". El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de diecisiete de junio de dos mil veinte, se registró y admitió a trámite bajo el número 296/2020; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual celebró el cinco de marzo del presente año; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 03/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cinco de marzo de dos mil quince. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Efrén González Torres, comparece a esta instancia federal a reclamar como actos los siguientes: 1. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: El Acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, que ordena la reanudación de las labores en los órganos jurisdiccionales a partir del uno de junio de dos mil veinte, pero omite proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. 2. Del Juzgado de Primera Instancia (en materia penal) y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas: La ejecución del acuerdo de la ordenadora de reanudación de las labores jurisdiccionales, sin que se se señalaran las medidas sanitarias en personas vulnerables como es el caso y estar obligadas a continuar con trámites y términos de ley. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado en cuanto al Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas (foja 19). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió el sumplemento 2 al número 44 del Periódico Oficial, Órgano de gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil veinte, en el que aparece publicado el Acuerdo General al que se ha hecho referencia, así como copia certificada del mismo, por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en el que se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte la encargada del despacho de lo urgente del Juzgado Primero de primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, fue omisa en manifestar si es cierto o no el acto que se le atribuye, consistente en la ejecución del Acuerdo General emitido por la ordenadora en el que se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el citado acto. Luego, ante la existencia de los actos reclamados que quedó acreditada en líneas precedentes, se desestima por infundado el argumento de la Agente del Ministerio Publico de la Federación de la adscripción por cuanto que el juicio debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado; si como se establece los actos son ciertos por aceptarlos las responsables. CUARTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Con respecto al acto reclamado, consistente en el Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, no obstante su certeza, no se analizará el fondo del asunto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En este orden de ideas, como se precisó en el apartado respectivo, el acto reclamado por Efrén González Torres consiste en el Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, por cuanto que fue omiso en proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. Luego, de las constancias allegadas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, se advierte el Acuerdo General mediante el cual se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse, con motivo de la pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial en el Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 44, el treinta de mayo de dos mil veinte, en el cual se estipuló: Artículo 1. A partir del 1 de junio de dos mil veinte se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado; a partir de esa misma fecha los términos y plazos procesales comenzarán a correr o continuarán corriendo, según sea el caso. Artículo 2. Hasta que se emita una nueva determinación al respecto, quedan exentas de presentarse físicamente a sus centros de trabajo, sin que se afecten sus derechos laborales, las personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en estado de puerperio inmediato o en lactancia, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática; así mismo, quienes tengan hijos de hasta doce años de edad y no tengan la posibilidad de dejarlos al cuidado de otra persona. Artículo 3. Quienes se encuentren en alguno de los supuestos indicados en el artículo anterior, deberán presentar escrito dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al cual acompañarán la justificación idónea que en cada caso corresponda. Artículo 4. Toda persona exenta de presentarse en su centro de trabajo, deberá realizar en casa el trabajo que corresponda a sus atribuciones. Cuando por su naturaleza las mismas no puedan ser realizadas a distancia, el titular de cada área le encomendará otras funciones. Artículo 5. En todas las instalaciones del Poder Judicial del Estado deberán observarse, sin excepción, las siguientes medidas: I. En el ingreso a todas las instalaciones del Poder Judicial se colocará un aviso con los requisitos para poder acceder a ellas; II. Se colocará así mismo un tapete sanitizante; III. Se aplicará gel antibacterial en las manos a cada persona que ingrese y se tomará la temperatura corporal. No se permitirá el ingreso a ninguna persona que presente una temperatura de 38 o más grados centígrados. Tampoco se permitirá el acceso a quienes acudan sin cubre bocas y menores de edad; IV. Como el ingreso a las instalaciones será escalonado, se colocarán en el piso señalamientos que indiquen la distancia que deberán guardar todas las personas que deseen ingresar, la cual no será menor a 1.50 metros; V. En el interior de las instalaciones, la distancia entre cada servidora o servidor público no deberá ser menor a 1.50 metros; y VI. El personal de limpieza deberá realizar aseo diario de las oficinas utilizando guantes y agua clorada, con la indicación de que se limpien constantemente barandales, superficies, botones y baños, procurando que en ningún momento falte jabón antibacterial ni toallas de papel para el secado de manos. Artículo 6. Además de las reglas indicadas en el artículo anterior, en la Oficialía de Partes de la Capital y de Fresnillo se observarán las siguientes medidas: I. El personal que atienda al público, después de haber atendido a un máximo de cuatro personas, deberá lavarse las manos con agua y jabón; y II. Deberá encontrarse funcionando al menos un ventilador que se colocará en el centro apuntando diagonalmente hacía la entrada y salida del lugar. Artículo 7. La totalidad del personal que labore en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, deberá observar lo siguiente: I. Utilizar durante toda la jornada laboral gel antibacterial, cubrebocas y careta que serán proporcionados por la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado; II. Usar camisas, blusas o vestidos con manga larga; III. Abstenerse de saludar de mano, abrazo o beso; IV. Quienes realicen labores de limpieza y manejo permanente de expedientes y objetos a los que tengan acceso litigantes y justiciables, deberán lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y/o utilizar guantes desechables. Esta misma disposición será obligatoria para los actuarios y notificadores en la práctica de sus diligencias, quienes además evitarán el contacto físico con los intervinientes; y V. Queda prohibido, hasta nuevo aviso, el uso de los relojes checadores de asistencia digitales. La puntual asistencia del personal deberá ser supervisada por las y los titulares de cada área y órgano jurisdiccional. Artículo 8. Los usuarios que acudan a las instalaciones del Poder Judicial, sin excepción, deberán observar lo siguiente: I. Esperar en la puerta del órgano jurisdiccional y en la distancia indicada, a que se les autorice el ingreso; II. Acudir sin acompañantes que no sean parte en el proceso, a menos de que se trate de persona con discapacidad; III. Deberán abandonar inmediatamente las instalaciones las personas que se retiren el cubrebocas o desatiendan las indicaciones del titular del órgano jurisdiccional tendientes a hacer efectivos los controles sanitarios; y IV. Finalizado su trámite, deberán retirarse de inmediato a efecto de que se le pueda permitir el acceso a otras personas. Artículo 9. En los Juzgados de Control todas las audiencias deberán seguir siendo a puerta cerrada. En el resto de los juzgados las audiencias, principalmente las de juntas de herederos, no deberán estar presentes más de diez personas observando en todo momento las medidas sanitarias establecidas en los artículos anteriores. Si a las audiencias debiera comparecer un número mayor, en el distrito judicial de la Capital se utilizará el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia, en el resto de los distritos judiciales se solicitarán a los administradores las salas de oralidad. Las servidoras y servidores públicos titulares y administradores de los órganos jurisdiccionales deberán agendar las audiencias evitando la concentración excesiva de personas. Artículo 10. En los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, hasta que no se determine lo contrario, no deberá llevarse a cabo ninguna convivencia de manera presencial. Los Centros alentarán a los usuarios para que las convivencias decretadas se lleven a cabo a través de mecanismos tecnológicos. Los Directores de los Centros deberán informar a la Jueza o Juez que decretó la convivencia los términos en que ésta se ha llevado a cabo desde el diecinueve de marzo del año en curso y recomendarán la forma en que la misma pueda hacerse efectiva o seguirse realizando. La Jueza o el Juez, atendiendo al interés superior del menor, tomará la determinación que corresponda. Artículo 11. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo al semáforo de riesgo epidemiológico establecido por las autoridades sanitarias federales y estatales, podrá modificar o suspender las determinaciones contenidas en el presente Acuerdo General. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el primero de junio de dos mil veinte. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; así como en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Dado por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el veintiocho de mayo de dos mil veinte. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- DOCTOR ARTURO NAHLE GARCÍA. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. EDY SALAZAR CASTRO. No obstante lo anterior, a partir del veinte de julio del dos mil veinte, las autoridades sanitarias al catalogar al Estado de Zacatecas en color rojo, o sea de alto riesgo de contagio, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, emitió un nuevo Acuerdo General mediante el cual se restringen las actividades presenciales en el Poder Judicial del Estado, con motivo de la pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial en el Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 63, el cinco de agosto de dos mil veinte. Luego, el dos de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 71, el diverso Acuerdo General por el que se reanudan parcialmente las actividades presenciales del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y se establecieron las medidas sanitarias a seguirse, en los distritos judiciales de Pinos, Teúl de González Ortega, Valparaíso, Villanueva, Miguel Auza, Juchipila y Loreto, a partir del dos del citado mes y año. Mientras que en los distritos judiciales de Calera de Víctor Rosales, Concepción del Oro, Fresnillo, Zacatecas, Jalpa, Jerez de García Salinas, Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Río Grande, Sombrerete y Tlaltenango de Sánchez Román, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en el Acuerdo General del pasado tres de agosto de dos mil veinte. Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil veinte, las autoridades sanitarias estatales catalogaron una vez más al Estado de Zacatecas como de alto riesgo de contagio, razón por la cual el día cuatro de diciembre de ese año, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió el Acuerdo General por el que se suspendieron términos y plazos procesales, se establecieron medidas sanitarias y se determinó los casos considerados como urgentes, se restringió de nueva cuenta las actividades en todos los órganos del Poder Judicial del Estado, pero de manera escalonada. Luego, el seis de enero de dos mil veintiuno, se publicó el Acuerdo General por el que se reanudan actividades presenciales, términos y plazos procesales, a partir del siete de enero de dos mil veintiuno. Acuerdos que se invocan como hechos notorios de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces, es evidente que el acuerdo reclamado relativo a la reanudación de las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas en el que se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse, con motivo de la pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial en el Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 44, el treinta de mayo de dos mil veinte aquí reclamado, dejó de existir el objeto o la materia, pues como se expuso, aun cuando éste subsiste, ya fue modificado su entorno dentro del cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron transgredidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se lee: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, respecto del acto reclamado consistente en el Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, por cuanto a la omisión de proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 296/2020, promovido por Efrén González Torres, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas). RIMB
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EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 296/2020; y, siete de diciembre de RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, Efrén González Torres, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. AUTORIDAD RESPONSABL EJECUTORA: Juzgado de Primera Instancia (en materia penal) y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: "a) RECLAMO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: El acuerdo de 28 de mayo de 2020, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, la omisión de proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. b) RECLAMO DE LA EJECUTORA: De la autoridad ejecutora en su conjunto reclamo la ejecución de los actos de reanudar actividades en el Juzgado de Primera Instancia (en materia penal) y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, sin tomar las medidas sanitarias en personas vulnerables como es el caso y estar obligadas a continuar con trámites y términos de ley". El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de diecisiete de junio de dos mil veinte, se registró y admitió a trámite bajo el número 296/2020; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual celebró el cinco de marzo del presente año; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 03/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cinco de marzo de dos mil quince. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Efrén González Torres, comparece a esta instancia federal a reclamar como actos los siguientes: 1. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: El Acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, que ordena la reanudación de las labores en los órganos jurisdiccionales a partir del uno de junio de dos mil veinte, pero omite proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. 2. Del Juzgado de Primera Instancia (en materia penal) y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas: La ejecución del acuerdo de la ordenadora de reanudación de las labores jurisdiccionales, sin que se se señalaran las medidas sanitarias en personas vulnerables como es el caso y estar obligadas a continuar con trámites y términos de ley. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado en cuanto al Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas (foja 19). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió el sumplemento 2 al número 44 del Periódico Oficial, Órgano de gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil veinte, en el que aparece publicado el Acuerdo General al que se ha hecho referencia, así como copia certificada del mismo, por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en el que se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte la encargada del despacho de lo urgente del Juzgado Primero de primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, fue omisa en manifestar si es cierto o no el acto que se le atribuye, consistente en la ejecución del Acuerdo General emitido por la ordenadora en el que se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el citado acto. Luego, ante la existencia de los actos reclamados que quedó acreditada en líneas precedentes, se desestima por infundado el argumento de la Agente del Ministerio Publico de la Federación de la adscripción por cuanto que el juicio debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado; si como se establece los actos son ciertos por aceptarlos las responsables. CUARTO. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Con respecto al acto reclamado, consistente en el Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, no obstante su certeza, no se analizará el fondo del asunto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En este orden de ideas, como se precisó en el apartado respectivo, el acto reclamado por Efrén González Torres consiste en el Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, por cuanto que fue omiso en proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. Luego, de las constancias allegadas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, se advierte el Acuerdo General mediante el cual se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse, con motivo de la pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial en el Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 44, el treinta de mayo de dos mil veinte, en el cual se estipuló: Artículo 1. A partir del 1 de junio de dos mil veinte se reanudan las actividades del Poder Judicial del Estado; a partir de esa misma fecha los términos y plazos procesales comenzarán a correr o continuarán corriendo, según sea el caso. Artículo 2. Hasta que se emita una nueva determinación al respecto, quedan exentas de presentarse físicamente a sus centros de trabajo, sin que se afecten sus derechos laborales, las personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en estado de puerperio inmediato o en lactancia, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática; así mismo, quienes tengan hijos de hasta doce años de edad y no tengan la posibilidad de dejarlos al cuidado de otra persona. Artículo 3. Quienes se encuentren en alguno de los supuestos indicados en el artículo anterior, deberán presentar escrito dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al cual acompañarán la justificación idónea que en cada caso corresponda. Artículo 4. Toda persona exenta de presentarse en su centro de trabajo, deberá realizar en casa el trabajo que corresponda a sus atribuciones. Cuando por su naturaleza las mismas no puedan ser realizadas a distancia, el titular de cada área le encomendará otras funciones. Artículo 5. En todas las instalaciones del Poder Judicial del Estado deberán observarse, sin excepción, las siguientes medidas: I. En el ingreso a todas las instalaciones del Poder Judicial se colocará un aviso con los requisitos para poder acceder a ellas; II. Se colocará así mismo un tapete sanitizante; III. Se aplicará gel antibacterial en las manos a cada persona que ingrese y se tomará la temperatura corporal. No se permitirá el ingreso a ninguna persona que presente una temperatura de 38 o más grados centígrados. Tampoco se permitirá el acceso a quienes acudan sin cubre bocas y menores de edad; IV. Como el ingreso a las instalaciones será escalonado, se colocarán en el piso señalamientos que indiquen la distancia que deberán guardar todas las personas que deseen ingresar, la cual no será menor a 1.50 metros; V. En el interior de las instalaciones, la distancia entre cada servidora o servidor público no deberá ser menor a 1.50 metros; y VI. El personal de limpieza deberá realizar aseo diario de las oficinas utilizando guantes y agua clorada, con la indicación de que se limpien constantemente barandales, superficies, botones y baños, procurando que en ningún momento falte jabón antibacterial ni toallas de papel para el secado de manos. Artículo 6. Además de las reglas indicadas en el artículo anterior, en la Oficialía de Partes de la Capital y de Fresnillo se observarán las siguientes medidas: I. El personal que atienda al público, después de haber atendido a un máximo de cuatro personas, deberá lavarse las manos con agua y jabón; y II. Deberá encontrarse funcionando al menos un ventilador que se colocará en el centro apuntando diagonalmente hacía la entrada y salida del lugar. Artículo 7. La totalidad del personal que labore en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, deberá observar lo siguiente: I. Utilizar durante toda la jornada laboral gel antibacterial, cubrebocas y careta que serán proporcionados por la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado; II. Usar camisas, blusas o vestidos con manga larga; III. Abstenerse de saludar de mano, abrazo o beso; IV. Quienes realicen labores de limpieza y manejo permanente de expedientes y objetos a los que tengan acceso litigantes y justiciables, deberán lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y/o utilizar guantes desechables. Esta misma disposición será obligatoria para los actuarios y notificadores en la práctica de sus diligencias, quienes además evitarán el contacto físico con los intervinientes; y V. Queda prohibido, hasta nuevo aviso, el uso de los relojes checadores de asistencia digitales. La puntual asistencia del personal deberá ser supervisada por las y los titulares de cada área y órgano jurisdiccional. Artículo 8. Los usuarios que acudan a las instalaciones del Poder Judicial, sin excepción, deberán observar lo siguiente: I. Esperar en la puerta del órgano jurisdiccional y en la distancia indicada, a que se les autorice el ingreso; II. Acudir sin acompañantes que no sean parte en el proceso, a menos de que se trate de persona con discapacidad; III. Deberán abandonar inmediatamente las instalaciones las personas que se retiren el cubrebocas o desatiendan las indicaciones del titular del órgano jurisdiccional tendientes a hacer efectivos los controles sanitarios; y IV. Finalizado su trámite, deberán retirarse de inmediato a efecto de que se le pueda permitir el acceso a otras personas. Artículo 9. En los Juzgados de Control todas las audiencias deberán seguir siendo a puerta cerrada. En el resto de los juzgados las audiencias, principalmente las de juntas de herederos, no deberán estar presentes más de diez personas observando en todo momento las medidas sanitarias establecidas en los artículos anteriores. Si a las audiencias debiera comparecer un número mayor, en el distrito judicial de la Capital se utilizará el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia, en el resto de los distritos judiciales se solicitarán a los administradores las salas de oralidad. Las servidoras y servidores públicos titulares y administradores de los órganos jurisdiccionales deberán agendar las audiencias evitando la concentración excesiva de personas. Artículo 10. En los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, hasta que no se determine lo contrario, no deberá llevarse a cabo ninguna convivencia de manera presencial. Los Centros alentarán a los usuarios para que las convivencias decretadas se lleven a cabo a través de mecanismos tecnológicos. Los Directores de los Centros deberán informar a la Jueza o Juez que decretó la convivencia los términos en que ésta se ha llevado a cabo desde el diecinueve de marzo del año en curso y recomendarán la forma en que la misma pueda hacerse efectiva o seguirse realizando. La Jueza o el Juez, atendiendo al interés superior del menor, tomará la determinación que corresponda. Artículo 11. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo al semáforo de riesgo epidemiológico establecido por las autoridades sanitarias federales y estatales, podrá modificar o suspender las determinaciones contenidas en el presente Acuerdo General. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el primero de junio de dos mil veinte. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; así como en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Dado por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el veintiocho de mayo de dos mil veinte. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- DOCTOR ARTURO NAHLE GARCÍA. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. EDY SALAZAR CASTRO. No obstante lo anterior, a partir del veinte de julio del dos mil veinte, las autoridades sanitarias al catalogar al Estado de Zacatecas en color rojo, o sea de alto riesgo de contagio, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, emitió un nuevo Acuerdo General mediante el cual se restringen las actividades presenciales en el Poder Judicial del Estado, con motivo de la pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial en el Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 63, el cinco de agosto de dos mil veinte. Luego, el dos de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 71, el diverso Acuerdo General por el que se reanudan parcialmente las actividades presenciales del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y se establecieron las medidas sanitarias a seguirse, en los distritos judiciales de Pinos, Teúl de González Ortega, Valparaíso, Villanueva, Miguel Auza, Juchipila y Loreto, a partir del dos del citado mes y año. Mientras que en los distritos judiciales de Calera de Víctor Rosales, Concepción del Oro, Fresnillo, Zacatecas, Jalpa, Jerez de García Salinas, Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Río Grande, Sombrerete y Tlaltenango de Sánchez Román, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en el Acuerdo General del pasado tres de agosto de dos mil veinte. Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil veinte, las autoridades sanitarias estatales catalogaron una vez más al Estado de Zacatecas como de alto riesgo de contagio, razón por la cual el día cuatro de diciembre de ese año, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió el Acuerdo General por el que se suspendieron términos y plazos procesales, se establecieron medidas sanitarias y se determinó los casos considerados como urgentes, se restringió de nueva cuenta las actividades en todos los órganos del Poder Judicial del Estado, pero de manera escalonada. Luego, el seis de enero de dos mil veintiuno, se publicó el Acuerdo General por el que se reanudan actividades presenciales, términos y plazos procesales, a partir del siete de enero de dos mil veintiuno. Acuerdos que se invocan como hechos notorios de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces, es evidente que el acuerdo reclamado relativo a la reanudación de las actividades del Poder Judicial del Estado de Zacatecas en el que se establecen las medidas sanitarias que deberán seguirse, con motivo de la pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial en el Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXX, número 44, el treinta de mayo de dos mil veinte aquí reclamado, dejó de existir el objeto o la materia, pues como se expuso, aun cuando éste subsiste, ya fue modificado su entorno dentro del cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron transgredidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se lee: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, respecto del acto reclamado consistente en el Acuerdo General de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal del Estado de Zacatecas, por cuanto a la omisión de proteger el derecho humano a la salud preservación de la vida de forma extraordinaria por ser parte de un grupo vulnerable ante la contingencia que actualmente atraviesa el país por Covid-19. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 296/2020, promovido por Efrén González Torres, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas). RIMB
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