Efrén González Juárez

Expediente 298/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 83 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
298/2022
Año
2022
Actuaciones
83
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Efrén González Juárez
  • EFRÉN GONZÁLEZ JUÁREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 83.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a veinte de junio de dos mil veintitrés. DESPACHO SIN DILIGENCIAR Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 324/2023, con número de orden 474/2023 del índice de este Juzgado, de conformidad por lo precisado por la autoridad, en tales condiciones, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE GIRA DESPACHO PARA EL JUEZ PENAL DE ZACATLÁN, PUEBLA Por lo tanto, y en virtud de que el quejoso ********************se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Zacatlán de las Manzanas, Puebla; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo primer párrafo; 42, fracción II, y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al JUEZ PENAL DE ZACATLÁN, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva realizar lo siguiente: a) Ordene al personal a su digno cargo a quien corresponda desahogar la diligencia encomendada, se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, para lo cual, deberá tomar las medidas de salud necesarias, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ******************** y, se cerciore de su identidad. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla- así como el número de expediente, juicio de amparo 298/2022; d) Le notifique de manera inmediata, para conocimiento el contenido del presente y del proveído de trece de junio del presente año. e) Asiente razón en el sentido de si el impetrante del amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este juzgado por la misma vía. Se solicita al juez que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al servidor público encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe

  2. Principal

    Puebla, Puebla, a trece de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de engrose de veintiocho de abril del año en curso, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el cuaderno incidental único, derivado del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción I, del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Con relación al cuaderno único del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con el citado numeral 20, fracción III), del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. ANOTACIÓN EN CARATULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión vía despacho. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Principal 298/2022 En Puebla, Puebla, a las diez horas con dieciocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 298/2022, promovido por ***, en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Eduardo Nochebuena Trujillo, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el secretario da lectura a los escritos de demanda y aclaratorio, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el cual se deba dar cuenta en este acto. A lo que el juez provee: Téngase por hecha la relación de constancias. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia se abre el periodo probatorio, en donde se da cuenta con las documentales que remitieron: a) el Juez Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, relativa a copia cotejada de la carpeta judicial administrativa y dos discos compactos en formato DVD de la causa penal ***/2019/ZACATLÁN; b) ***, Agente Investigador adscrito a la Unidad de Apoyo Policial Tepeaca, relativa a copia de diversas constancias de la ejecución de la orden librada en la causa penal ***/2019/ZACATLÁN; c) Encargada del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Zacatlán, consistente en copia certificada del expediente penitenciario del quejoso; d) Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Flagrancia C5 de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, relativa en copia de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación ***/2019/UF204; e) Juez Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, relativa a copia cotejada de la carpeta judicial administrativa y un disco compacto en formato DVD de la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN; así como f) dictamen pericial en psicología, emitido y ratificado por ***, perito en psicología forense; g) dictamen pericial en medicina, emitido y ratificado por Florencio Domínguez Castellanos, perito en medicina forense; y, h) dictamen pericial en fotografía, emitido y ratificado por ***, perito en fotografía forense; a lo que el juez acuerda: téngase por admitidas y desahogadas las documentales referidas en razón de su propia naturaleza; así como las periciales al tenor de los dictámenes que obran en autos; con ello, al no existir prueba pendiente por recibir ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon; por lo tanto, se cierra este periodo. A continuación, se dicta la siguiente sentencia. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 298/2022, promovido por ***; y, Resultando. Primero. Mediante escrito depositado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este juzgado *** promovió juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados a la Jueza de Control de Zacatlán de las Manzanas y otras autoridades, consistentes en la desaparición forzada, tortura y privación de la libertad ocurridos el dos de enero de dos mil diecinueve, al considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós este juzgado registró la demanda como juico de amparo 298/2022 y previno al promovente; cumplido el requerimiento, en diverso de treinta y uno siguiente se desechó la demanda respecto el auto de vinculación a proceso y se admitió por la desaparición forzada, tortura, privación de la libertad y omisión de investigar la tortura; por lo que se solicitó a las autoridades responsables informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación; así mismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. En proveídos de tres de mayo y seis de septiembre de dos mil veintidós se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se verificó en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados son de naturaleza penal, al ser la desaparición forzada, tortura, privación de la libertad y omisión de investigar tortura, los que tienen ejecución material en el Estado de Puebla, donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisan los actos reclamados en los términos que se indican a continuación. I. A la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, en la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN: a) La omisión de ordenar investigar la tortura que hizo de si conocimiento en la audiencia de cinco de enero de dos mil diecinueve. II. Al Comandante de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan: b) La desaparición forzada. c) La tortura. d) La privación de la libertad. Actos que reclama con motivo de su detención en flagrancia ocurrida el dos de enero de dos mil diecinueve. Al respecto, es necesario destacar que el impetrante en su escrito de demanda y aclaratorio señaló como autoridades responsables a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, que conoce de la causa penal ***/2019/ZACATLÁN; así como al Comandante de la Policía "Judicial Ministerial" de Santa Rita Tlahuapan. Sin embargo, de las constancias que remitieron se advierte que la detención derivada de esa causa penal fue en cumplimiento a una orden de aprehensión que se ejecutó el seis de enero de dos mil diecinueve, en la cual la audiencia inicial se desahogó el nueve de enero de dos mil diecinueve, concluyendo el once siguiente, en la que se decretó auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delitos de violación equiparada agravada y pornografía. No obstante ello, del registro de la audiencia se advirtió la existencia de una diversa causa penal instruida al inconforme, por lo cual se requirió a su informe justificado. En las constancias que remitieron las autoridades se pudo advertir que el impetrante fue detenido en flagrancia el dos de enero de dos mil diecinueve por elementos de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan, siendo puesto a disposición de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, en la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN, y cuya audiencia inicial se verificó el seis de ese mes y año. Lo cual tiene congruencia con la fecha de la detención a la que alude en su escrito de demanda. Por tanto, la precisión de los actos y autoridades responsables se realiza atendiendo a la intención de reclamar en este juicios los actos que refiere ocurrieron el dos de enero de dos mil diecinueve en un sentido que resulte congruente con las constancias de autos. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. Es inexistente la omisión de investigar la tortura reclamada a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, en la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN, porque así aparece demostrado del disco compacto en formato DVD relativo al registro de la audiencia desahogada el seis de enero de dos mil diecinueve. Documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Inexistencia de la omisión de ordenar investigación de tortura. En efecto, pese a que la jueza responsable reconoció el acto, posteriormente indica lo acontecido en la causa penal. Por tanto, su manifestación no entraña la existencia del acto, sino que carecía de información y es por ello no existió la obligación de ordenar la investigación; de ahí que el acto reclamado es inexistente. En efecto, de las constancias que integran la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN, no se advierte que el impetrante alegara haber sido torturado, ni que existía evidencia de que obligara a la jueza de control ordenar investigar los actos de tortura. Al respecto, es necesario señalar que conforme a la técnica que rige en el juicio de amparo, para determinar la existencia o no de los actos reclamados, se debe atender a su carácter o naturaleza; a partir de lo cual pueden ser negativos o positivos. Los primeros consisten en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que los segundos consisten en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. En el caso, el quejoso reclama a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, la omisión de investigar los actos de tortura que refiere haber sufrido, pese a que así lo manifestó en la audiencia inicial; es decir, atribuye el incumplimiento de su obligación como órgano del Estado de ordenar investigar cualquier acto de tortura, tratos crueles, inhumaos o degradantes. Por ende, para acreditar su existencia es necesario que se justifique, por un lado, la obligación de la autoridad de actuar de determinada manera y, por otro, que se ha abstenido de hacerlo; situación que no se actualiza respecto la omisión reclamada. Ello, porque el quejoso afirma que fue detenido el dos de enero de dos mil diecinueve por elemento de la policía de Santa Rita Tlahuapan y el tres de ese mes y año fue llevado a un terreno donde pasa el río, lugar donde lo sumergieron por espacios de cinco a ocho segundos, lo golpearon, dieron toques en los testículos y luego lo llevaron con el agente del Ministerio Público, refiriéndole que si decía algo lo mataban. Lo cual refiere hizo del conocimiento de la jueza de control en la audiencia inicial. Sin embargo, de las actuaciones que obran en la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN, se desprende que el impetrante fue puesto a disposición de la jueza responsable con motivo de su detención en flagrancia. El seis de enero de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia inicial, la que previamente tuvo que diferirse en virtud de que el impetrante refirió sentirse mal de salud, por lo cual fue valorado por el médico adscrito a la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal, quien determinó que no presentaba lesiones, diagnosticando hipertensión arterial moderada y neurosis de ansiedad. Así mismo, del registro de la audiencia no se observa que el impetrante alegara haber sido torturado antes de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público; ni existe evidencia de que la jueza estuviera obligada a indagar al respecto. Incluso, en la audiencia de seis de enero de dos mil diecinueve se declaró ilegal su detención y se ordenó su libertad. En tal sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), estableció que cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Es decir, la obligación de las autoridades de investigar posibles actos de tortura se actualiza cuando una persona alegue haberla sufrido o la autoridad tenga datos de la misma. Entonces, la obligación de las autoridades de ordenar la investigación correspondiente surge cuando existe manifestación de la víctima de haber sufrido actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; o, datos razonables de su existencia, cuya naturaleza se define por la calidad de los sujetos y el objeto que se persigue con la misma, pues de no cumplirse con tales requisitos se estará ante un acto diverso. El quejoso refiere que antes de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público fue torturado por los elementos de la policía que lo detuvieron el dos de enero de dos mil diecinueve y que tal circunstancia la hizo saber a la jueza responsable en la audiencia inicial. No obstante ello, como se precisó, de las constancias que obran en la causa penal se observa que en momento alguno hizo manifestación alguna sobre haber sido torturado, ni que existiera evidencia de que hubiera sufrido la misma, pues en el dictamen médico se hizo constar que carecía de lesiones, para que la jueza de control estuviera obligada a ordenar la investigación correspondiente. De ahí que se considere que no surgió la obligación de la jueza responsable de ordenar la investigación correspondiente y, por tanto, la omisión atribuida es inexistente. Inexistencia de desaparición forzada. Es inexistente el acto de desaparición forzada, porque así aparece demostrado de las constancias que obran dentro del presente juicio de amparo. En efecto, conforme a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los elementos mínimos que deben observarse para su actualización son: a) la privación de la libertad de una o más personas; b) seguida de una negativa a reconocer tal detención; c) o del ocultamiento de la persona o personas; y, d) o de una negativa de brindar información sobre el paradero o la suerte de las personas8 . En el caso, al relatar los hechos que constituyen antecedente de los actos reclamados, el promovente refiere que fue detenido el dos de enero de dos mil diecinueve por elementos de la policía de Santa Rita Tlahuapan, quienes el tres de ese mes y año lo llevaron a un terreno donde pasa el río, lugar donde lo sumergían por periodos de cinco a ocho minutos, fue golpeado, metido en tambos de agua donde le dieron toques en los testículos; luego le indicaron que si decía algo de lo sucedido al agente del Ministerio Público lo matarían. Carpeta de investigación ***/2019/UF. De la documental remitida por la Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Flagrancia C5 de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, se desprende que al quejoso se le inició la carpeta de investigación ***/2019/UF, por hecho probablemente constitutivos del delito de cohecho, de las que se advierte que fue detenido en flagrancia el dos de enero de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con siete minutos, siendo puesto a disposición del agente del Ministerio Público el tres de enero de dos mil diecinueve, a las cero horas con treinta minutos; mientras que el acuerdo de retención se dictó a la una cuarenta horas del mismo tres. Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones practicadas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, conforme lo expuesto se advierte que el impetrante de amparo fue puesto a disposición inmediata de la autoridad ministerial, pues fue detenido el dos de enero de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con siete minutos y puesto a su disposición el tres de ese mes y año, a las cero horas con treinta minutos; es decir, una hora con veintitrés minutos después. Ante ello, no existen elementos para considerar que después de la privación de la libertad del impetrante se hayan negado a reconocer su detención; o lo hayan ocultado; o se hayan negado a brindar información sobre su paradero o suerte del quejoso. Sobre todo si se toma en cuenta que por desaparición forzada debe entenderse la conducta cometida por servidor público o particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero; ello de conformidad con el numeral 2710 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por ende, el acto de desaparición forzada es inexistente. Inexistencia de tortura. Son inexistentes los actos de tortura atribuidos al Comandante de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan; porque así está acreditado con las constancias de autos, las que tienen eficacia demostrativa plena, por los motivos antes referidos. El quejoso refiere que el dos de enero de dos mil diecinueve fue detenido por elementos de la policía de Santa Rita Tlahuapan, y el tres siguiente fue torturado; además de que antes de ponerlo a disposición de la agente del Ministerio Público le indicaron que si decía algo lo mataban. Sin embargo, como se indicó, de la constancias de la carpeta de investigación ***/2019/UF, se observa que el impetrante fue detenido el dos de enero de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con siete minutos, y puesto a disposición de la agente del Ministerio Público el tres siguiente, a las cero horas con treinta minutos, lo que implica solo transcurrió una hora con veintitrés minutos. Además, de los dictámenes médicos que le fueron realizados por el legista de turno adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como el médico adscrito a la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal, realizados el tres y seis de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, determinaron que no presentaba lesiones. Incluso, ante la obligación de este juzgado de investigar cuando se reclamen actos de tortura de manera destacada en el juicio de amparo, en acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós se ordenó realizar los dictámenes correspondientes conforme al protocolo de Estambul; consistentes en dictamen pericial en psicología, emitido y ratificado por ***, perito en psicología forense; dictamen pericial en medicina, emitido y ratificado por Florencio Domínguez Castellanos, perito en medicina forense; y, dictamen pericial en fotografía, emitido y ratificado por ***, perito en fotografía forense. Empero, los expertos concluyeron que no advirtieron evidencia de tortura en el inconforme respecto los hechos que refiere. Ello, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la naturaleza de los actos de tortura se actualiza cuando: 1. La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; 2. Infligidas intencionalmente; y, 3. Con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Sin embargo, en el caso, se carece de algún indicio en el sentido de que el quejoso fue afectado físicamente o emocionalmente con motivo de su detención. Entonces, pese a que el inconforme afirma que al momento de su detención existieron actos de tortura física y emocional en su contra, de las actuaciones que obran en el expediente no se advierte indicio de tal circunstancia, por lo cual los actos son inexistentes. En tales condiciones, al ser inexistentes la omisión de ordenar investigar la tortura, la desaparición forzada y la tortura, se actualizan la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual procede decretar el sobreseimiento. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Es cierta la detención reclamada al Comandante de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan; porque así se encuentra demostrado con la copia cotejada de la carpeta de investigación ***/2019/UF, en la que aparece demostrado que el impetrante fue detenido el dos de enero de dos mil diecinueve y el tres de enero siguiente, a la una cuarenta horas, se dictó acuerdo de retención, documental que tiene eficacia demostrativa plena, conforme a los numerales y razones expuestas en el considerando que antecede. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo se analiza de oficio la causal de improcedencia que se actualiza en el presente asunto, cuyo estudio es preferente y de orden público. El juicio de amparo es improcedente contra a detención reclamada al Comandante de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan, porque de las constancias que obran dentro del expediente se advierte que han cesado sus efectos, por lo que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta hipótesis de improcedencia se orienta por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado. De acuerdo con tal precepto, no existe motivo para continuar el juicio de amparo cuando la sentencia que se dicte en el mismo no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto reclamado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Este supuesto se surte, al considerar que luego de la detención material del impetrante, por el supuesto de flagrancia por los hechos narrados por los elementos aprehensores, fue puesto a disposición del representante social, quien el tres de enero de dos mil diecinueve ordenó su retención, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia de delito. Sin embargo, la autoridad ministerial solicitó a la jueza de control fijara fecha para audiencia de control de detención, con la que se formó la causa penal ***/2019/SAN MARTÍN, 19 en la que se fijó el seis de enero de dos mil diecinueve para la audiencia inicial. En la data indicada para la audiencia inicial, la jueza de control calificó de ilegal la detención y, en consecuencia, ordenó su inmediata libertad. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Tomando en consideración que el quejoso ***, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, con copia autorizada de la presente resolución, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el interior de ese centro penitenciario y, una vez teniendo a la vista a ***, notifique de manera personal el contenido de este fallo, para lo cual deberá entregar copia autorizada del mismo. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que una vez practicada, deberá devolver la comunicación oficial dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve. PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión vía despacho, electrónicamente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, por lista al autorizado del quejoso y a la parte tercera interesada, así como mediante oficio a las autoridades responsables y terceras interesadas.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DESPACHO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal de Zacatlán, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 184/2023 (orden 222/2023) del índice de este Juzgado, mismo que fue enviado a fin de: Notificar al aquí quejoso ********************en el lugar de su reclusión, el proveído de treinta de marzo del actual. Mismo que fue diligenciado el tres de abril de dos mil veintidós; lo anterior a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. ACUSE DE RECIBO y ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO. Acúsese el recibo correspondiente. Dese de baja en la estadística de este juzgado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

Quedan 79 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano