Efren Flores Frias

Expediente 185/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 36 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
185/2016
Año
2016
Actuaciones
36
Última actuación
19/08/2016

Partes del expediente

  • Efren Flores Frias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha los terceros interesados han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Este Juzgado Federal estima que la ejecutoria dictada en este juicio se encuentra cumplida. Esto es así, ya que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el que acordó el escrito del impetrante en que solicitó se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico y, en su lugar dicte otro con plenitud de jurisdicción, empero cumpliendo con la disposición constitucional aludida, esto es, funde y motive debidamente su actuación, para lo cual deberá subsanar los vicios formales que se le precisaron en la sentencia. Inconforme con dicha resolución el licenciado Juan Paulo Romero Lozoya, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito mediante resolución de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, pronunciada en el amparo en revisión principal en materia penal 249/2016, en la que confirmó la sentencia recurrida. Por auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los autos que devolvió el referido Tribunal Colegiado y en dicho proveído así como en el diverso de veintiocho de julio del presente año, se requirió a la responsable a fin de que en el término de tres días informara a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que hubieran dado a dicho fallo. En cumplimiento a lo antes expuesto el Titular de la Mesa III de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Hechos de Tránsito, en oficio OF/PGJE/SLP/HT/III/1739/2016 presentado ante este Juzgado el dos de agosto del año actual, remitió copia certificada de la resolución emitida por dicha autoridad el once de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual, dejó insubsistente el proveído dictado por esa representación social con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGJE/SLP/HT/1410/2015 y en su lugar, dictó otro en el que determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado en el escrito presentado por Efrén Flores Frías en el que pidió se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico, ya que precisó que si bien dicho medio de prueba no es contrario a derecho, sin embargo y en pleno respeto de las garantías del imputado y al no acceder a practicar dicha pericial y ante tal negativa no es posible obligar a que el imputado se practique dicha probanza, además de la existencia de la pericial practicada a éste es concluyente que al momento de los hechos no se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia intoxicante, por lo que no es posible acordar lo que el solicitante manifestó en el cuerpo del escrito, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 8°, 19 y 21 Constitucional, 1°, 2°, 3°, 8°, 28, 107, 117, 118, 229 del Código de Procedimientos Penales y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Como se adelantó, este Juzgado Federal estima que en el presente caso está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó al impetrante de amparo la protección constitucional y lo resuelto por el Titular de la Mesa III de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Hechos de Tránsito, en la resolución dictada el once de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual dejó insubsistente el proveído dictado por esa representación social con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGJE/SLP/HT/1410/2015 y en su lugar; y, con libertad de jurisdicción pero subsanando los vicios de forma que se le precisaron en la sentencia dictada en este asunto, emitió una nueva, en la que determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado en el escrito presentado por Efrén Flores Frías en el que pidió se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico. Lo anterior se establece atento a los razonamientos vertidos con antelación, los cuales conllevan a determinar, que el peticionario del amparo fue restituido en el pleno goce de las garantías violadas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. ?Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso mediante ocursos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí el veintiuno de julio de dos mil dieciséis y ante este Juzgado al día siguiente y el once de agosto del año actual, en los que insiste que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que es sumisa en cumplir con los lineamientos del amparo y deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que no agrega el acuerdo fundado y motivado; toda vez que la resolución dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que ésta fue emitida con plenitud de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no vincula a resolver en determinado sentido o acatando ciertos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación, y al pronunciarse con plenitud de jurisdicción sobre lo peticionado por el quejoso; lo que como se estableció, sí hizo la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior en cuanto a su contenido, la tesis aislada VII.3o.P.T.27 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 2862, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, sirve de apoyo en cuanto a su contenido, la Jurisprudencia VIII.3o.P.T.J/16 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 986, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo." En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el diverso punto vigésimo primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud de que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, la cual fue confirmada mediante ejecutoria pronunciada el nueve de junio de dos mil dieciséis, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha los terceros interesados han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Este Juzgado Federal estima que la ejecutoria dictada en este juicio se encuentra cumplida. Esto es así, ya que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el que acordó el escrito del impetrante en que solicitó se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico y, en su lugar dicte otro con plenitud de jurisdicción, empero cumpliendo con la disposición constitucional aludida, esto es, funde y motive debidamente su actuación, para lo cual deberá subsanar los vicios formales que se le precisaron en la sentencia. Inconforme con dicha resolución el licenciado Juan Paulo Romero Lozoya, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito mediante resolución de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, pronunciada en el amparo en revisión principal en materia penal 249/2016, en la que confirmó la sentencia recurrida. Por auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los autos que devolvió el referido Tribunal Colegiado y en dicho proveído así como en el diverso de veintiocho de julio del presente año, se requirió a la responsable a fin de que en el término de tres días informara a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que hubieran dado a dicho fallo. En cumplimiento a lo antes expuesto el Titular de la Mesa III de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Hechos de Tránsito, en oficio OF/PGJE/SLP/HT/III/1739/2016 presentado ante este Juzgado el dos de agosto del año actual, remitió copia certificada de la resolución emitida por dicha autoridad el once de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual, dejó insubsistente el proveído dictado por esa representación social con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGJE/SLP/HT/1410/2015 y en su lugar, dictó otro en el que determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado en el escrito presentado por Efrén Flores Frías en el que pidió se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico, ya que precisó que si bien dicho medio de prueba no es contrario a derecho, sin embargo y en pleno respeto de las garantías del imputado y al no acceder a practicar dicha pericial y ante tal negativa no es posible obligar a que el imputado se practique dicha probanza, además de la existencia de la pericial practicada a éste es concluyente que al momento de los hechos no se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia intoxicante, por lo que no es posible acordar lo que el solicitante manifestó en el cuerpo del escrito, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 8°, 19 y 21 Constitucional, 1°, 2°, 3°, 8°, 28, 107, 117, 118, 229 del Código de Procedimientos Penales y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Como se adelantó, este Juzgado Federal estima que en el presente caso está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó al impetrante de amparo la protección constitucional y lo resuelto por el Titular de la Mesa III de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Hechos de Tránsito, en la resolución dictada el once de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual dejó insubsistente el proveído dictado por esa representación social con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGJE/SLP/HT/1410/2015 y en su lugar; y, con libertad de jurisdicción pero subsanando los vicios de forma que se le precisaron en la sentencia dictada en este asunto, emitió una nueva, en la que determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado en el escrito presentado por Efrén Flores Frías en el que pidió se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico. Lo anterior se establece atento a los razonamientos vertidos con antelación, los cuales conllevan a determinar, que el peticionario del amparo fue restituido en el pleno goce de las garantías violadas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. ?Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso mediante ocursos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí el veintiuno de julio de dos mil dieciséis y ante este Juzgado al día siguiente y el once de agosto del año actual, en los que insiste que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que es sumisa en cumplir con los lineamientos del amparo y deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que no agrega el acuerdo fundado y motivado; toda vez que la resolución dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que ésta fue emitida con plenitud de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no vincula a resolver en determinado sentido o acatando ciertos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación, y al pronunciarse con plenitud de jurisdicción sobre lo peticionado por el quejoso; lo que como se estableció, sí hizo la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior en cuanto a su contenido, la tesis aislada VII.3o.P.T.27 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 2862, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, sirve de apoyo en cuanto a su contenido, la Jurisprudencia VIII.3o.P.T.J/16 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 986, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo." En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el diverso punto vigésimo primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud de que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, la cual fue confirmada mediante ejecutoria pronunciada el nueve de junio de dos mil dieciséis, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EPIFANIO CISNEROS RODRIGUEZ LA DETERMINACION DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha los terceros interesados han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Este Juzgado Federal estima que la ejecutoria dictada en este juicio se encuentra cumplida. Esto es así, ya que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el que acordó el escrito del impetrante en que solicitó se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico y, en su lugar dicte otro con plenitud de jurisdicción, empero cumpliendo con la disposición constitucional aludida, esto es, funde y motive debidamente su actuación, para lo cual deberá subsanar los vicios formales que se le precisaron en la sentencia. Inconforme con dicha resolución el licenciado Juan Paulo Romero Lozoya, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito mediante resolución de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, pronunciada en el amparo en revisión principal en materia penal 249/2016, en la que confirmó la sentencia recurrida. Por auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los autos que devolvió el referido Tribunal Colegiado y en dicho proveído así como en el diverso de veintiocho de julio del presente año, se requirió a la responsable a fin de que en el término de tres días informara a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que hubieran dado a dicho fallo. En cumplimiento a lo antes expuesto el Titular de la Mesa III de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Hechos de Tránsito, en oficio OF/PGJE/SLP/HT/III/1739/2016 presentado ante este Juzgado el dos de agosto del año actual, remitió copia certificada de la resolución emitida por dicha autoridad el once de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual, dejó insubsistente el proveído dictado por esa representación social con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGJE/SLP/HT/1410/2015 y en su lugar, dictó otro en el que determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado en el escrito presentado por Efrén Flores Frías en el que pidió se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico, ya que precisó que si bien dicho medio de prueba no es contrario a derecho, sin embargo y en pleno respeto de las garantías del imputado y al no acceder a practicar dicha pericial y ante tal negativa no es posible obligar a que el imputado se practique dicha probanza, además de la existencia de la pericial practicada a éste es concluyente que al momento de los hechos no se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia intoxicante, por lo que no es posible acordar lo que el solicitante manifestó en el cuerpo del escrito, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 8°, 19 y 21 Constitucional, 1°, 2°, 3°, 8°, 28, 107, 117, 118, 229 del Código de Procedimientos Penales y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Como se adelantó, este Juzgado Federal estima que en el presente caso está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó al impetrante de amparo la protección constitucional y lo resuelto por el Titular de la Mesa III de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Hechos de Tránsito, en la resolución dictada el once de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual dejó insubsistente el proveído dictado por esa representación social con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGJE/SLP/HT/1410/2015 y en su lugar; y, con libertad de jurisdicción pero subsanando los vicios de forma que se le precisaron en la sentencia dictada en este asunto, emitió una nueva, en la que determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado en el escrito presentado por Efrén Flores Frías en el que pidió se girara oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que recabara muestra sanguínea del detenido y realizara examen toxicológico. Lo anterior se establece atento a los razonamientos vertidos con antelación, los cuales conllevan a determinar, que el peticionario del amparo fue restituido en el pleno goce de las garantías violadas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. ?Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso mediante ocursos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí el veintiuno de julio de dos mil dieciséis y ante este Juzgado al día siguiente y el once de agosto del año actual, en los que insiste que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que es sumisa en cumplir con los lineamientos del amparo y deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que no agrega el acuerdo fundado y motivado; toda vez que la resolución dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que ésta fue emitida con plenitud de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no vincula a resolver en determinado sentido o acatando ciertos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación, y al pronunciarse con plenitud de jurisdicción sobre lo peticionado por el quejoso; lo que como se estableció, sí hizo la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior en cuanto a su contenido, la tesis aislada VII.3o.P.T.27 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 2862, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, sirve de apoyo en cuanto a su contenido, la Jurisprudencia VIII.3o.P.T.J/16 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 986, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo." En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el diverso punto vigésimo primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud de que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, la cual fue confirmada mediante ejecutoria pronunciada el nueve de junio de dos mil dieciséis, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental.

  4. Principal

    Para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, agréguese a estos autos el escrito de cuenta presentado por el licenciado Juan Paulo Romero Lozoya, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido se provee. Téngase por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano