Efrén Fernández Ramírez

Expediente 890/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
890/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Efrén Fernández Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Único Menor Mixto de Silao de la Victoria, Guanajuato, con el que devuelve diligenciado el despacho 952/2023-VII (orden 1258) de este índice. En ese sentido, téngase al quejoso notificado del auto de veintiocho de agosto pasado, para los efectos legales conducentes. Dese de baja la referida comunicación y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días a que alude el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa recurriera el auto de seis de septiembre pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  3. Principal

    Recíbase el escrito signado por el quejoso, con el que desahoga la prevención de veintiocho de agosto pasado, pues aclara que: i. Su nombre correcto es Efrén Fernández Rodríguez. ii. El acto reclamado es el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, base Silao, dentro de la causa penal 1P37723-159, mediante el cual fue citado a audiencia de formulación de imputación. Además, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto que reclama desde el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, pues en esa data recibió el citatorio para la audiencia inicial. Desechamiento De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el escrito de cuenta el quejoso manifiesta que el acto reclamado es el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, base Silao, dentro de la causa penal 1P37723-159, mediante el cual fue citado a audiencia de formulación de imputación. Asimismo, refiere que tuvo conocimiento de dicho acto el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, párrafo primero y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.]" [Énfasis añadido] El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en los casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En ese contexto, se tiene que el promovente no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender sus derechos que aduce lesionados, en el término de quince días, pues fue notificado personalmente del acto reclamado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Luego, si en el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se advierte que la demanda motivo de este juicio fue recibida el veinticinco de agosto pasado, su presentación es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, en virtud de que el plazo con que contaba el quejoso para promover el juicio de amparo, trascurrió del veintinueve de junio al tres de agosto de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese período, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el lapso del diecisiete al treinta y uno de julio del año en curso, que atiende al periodo vacacional de la autoridad responsable. En ese sentido, la parte quejosa dejó transcurrir en demasía el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto de los actos reclamados en esta instancia. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime que el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción contempladas en el artículo 17 de la ley de la materia. Aunado a lo anterior, la orden de citación girada al indiciado para que acuda a la audiencia inicial del proceso seguido en su contra, no puede ser considerada como un acto privativo para efectos del juicio de amparo, pues dicha determinación no es un acto que afecte su libertad personal. Es así, porque se trata de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, mediante la cual requiere al quejoso para que acuda a la audiencia en la cual se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Es cierto que en caso de no comparecer injustificadamente, el juez de control podría ordenar su comparecencia a través de la fuerza pública. Sin embargo, ése sería un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su aprehensión o comparecencia mediante la fuerza pública. De modo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado y, por tanto, no afecta su esfera jurídica.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región, base Silao de la Victoria, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 890/2023-VII. Prevención. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo, en caso de ser procedente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, IV y V y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Primero. Precise el nombre de quien promueve la demanda, ya que del proemio se advierte que el agraviado es Efrén Fernández Ramírez; mientras que de la firma que calza en el documento, relacionada con la copia simple de la credencial para votar, allegada como prueba, se desprende que quien suscribe la demanda es Efrén Fernández Rodríguez. Segundo. Precise cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. Es así, porque en el apartado de su demanda correspondiente al «acto reclamado» señala como tal, la orden privativa de libertad dictada dentro de la causa penal 1P3723-159 del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región, base Silao de la Victoria, Guanajuato, seguida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de despojo. Mientras que en los antecedentes del acto reclamado, el justiciable manifiesta que a inicios de julio de este año recibió unos papeles del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de Silao de la Victoria, Guanajuato, por medio de los cuales se le citó para comparecer a la audiencia de formulación de imputación dentro del proceso penal aludido. Bajo ese contexto, es necesario que el quejoso aclare si reclama la orden privativa de libertad o la citación a la audiencia de formulación de imputación. Tercero. Bajo protesta de decir verdad, deberá precisarse la fecha exacta en que el quejoso tuvo conocimiento de la orden privativa de libertad reclamada en esta instancia constitucional. Es así, pues examinada la demanda de amparo no se aprecia tal información, la cual resulta necesaria para estar en condiciones de proveer correctamente sobre la admisibilidad del presente juicio. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de incumplir con la citada prevención dentro del término concedido, se procederá en los términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá no presentada su demanda. Domicilio procesal. El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble rústico conocido como "La Granja" en Silao de la Victoria, Guanajuato, esto es, fuera de la residencia de este juzgado. No obstante, toda vez que esta determinación debe notificarse personalmente, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo,, con apoyo en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese atento despacho al Juez Único Menor Mixto de Silao de la Victoria, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído a ********, corriéndole traslado con la versión electrónica del presente auto. Asimismo, el actuario encargado de llevar a cabo la notificación deberá requerirlo para que durante la diligencia o dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este órgano jurisdiccional en Irapuato, Guanajuato; apercibido con que de no hacerlo en el término indicado para ello, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se les harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, de conformidad con el numeral 27, fracción lII, inciso a), de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior deberá remitir a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento a lo ordenado. Para llevar a cabo la diligencia solicitada, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley de la materia. Autorizados Se reconoce a ******************** como autorizado del promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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