Efren Falcon Becerril
Expediente 573/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- Jazmín Marisela Huerta Martínez, Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro
- Efren Falcon Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término para la parte quejosa, que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que interpusieran el recurso de queja en contra del auto de trece de mayo del año en curso, por el que SE DESECHÓ PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el estado que guarda los autos, así como de la certificación de secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término para las partes, que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes; comuníquese a las autoridades responsables. - Destino final del expediente. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN,
- Principal
Juicio de amparo 573/2022-III Querétaro, Querétaro, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 573/2022-III; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: once de mayo de dos mil veintidós. Quejosa: xxxxxxxxxxxx, por propio derecho. Solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de notificación del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 20 de abril de 2022. 22 de abril al 13 de mayo de 2022. (surtió efectos 21 abril) 23, 24 y 30 de abril, así como 5, 7 y 8 de mayo de 2022 11 de mayo de 2022 III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos de lo dispuesto por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto emitido por una autoridad jurisdiccional con competencia en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano federal. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama: - La resolución emitida en audiencia de veinte de abril de dos mil veintidós, en el cuaderno de impugnación 19/2022, con número único de causa CI/QRO/30417/2021, misma que confirmó la resolución emitida por la Fiscal de Solución Alterna de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sobre la facultad de abstenerse de investigar de treinta de octubre de dos mil veintiuno . TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, en funciones de Juez de Control de la Unidad II, en el Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro, en virtud de que así se lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que resulta suficiente para tener por evidenciada la conducta atribuida a las mismas. Lo que también, se corrobora con las copias certificadas que exhibió al momento de rendir su informe justificado, así como el disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia de veinte de abril de dos mil veintidós, previa reproducción, la cual corresponde a las precisiones realizadas por la responsable; y que tiene valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación : "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 278, visible a fojas 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse este como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes lo hagan valer o no, las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben de estudiarse previamente, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que este juzgador no advierte la actualización de una causa de improcedencia que obligue a decretar el sobreseimiento en el juicio, ni las partes las hicieron valer, se procede realizar el análisis de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, sin necesidad de transcripción. QUINTO. Análisis de fondo. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del acto reclamado y para una mejor comprensión del asunto, es necesario precisar las siguientes consideraciones obtenidas con base a las copias certificadas del cuaderno de impugnación señalado, así como la reproducción del disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de veinte de abril de dos mil veintidós, que la Juez responsable exhibió en autos, documentos públicos a los que les concedió valor probatorio pleno anteriormente, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta y de los que se obtiene lo siguiente: 1) El treinta de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscal de solución alterna de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, determinó procedente la facultad de abstenerse de investigar, respecto de la carpeta CI/QRO/30417/2021, iniciada por la denuncia de hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Querétaro, cometido en agravio del quejoso Efrén Falcón Becerril y otra persona, en contra de Juan Carlos Flores Muñiz y/o quien resulte responsable. 2) Contra dicha determinación, la parte quejosa interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se admitió por la Juez responsable en el cuaderno de impugnación 19/2022-II y se señaló fecha para la audiencia correspondiente. 3) El veinte de abril de dos mil veintidós, se verificó la audiencia, misma que confirmó la determinación impugnada (siendo éste el acto reclamado en la presente instancia constitucional). Ahora bien, de la reproducción del disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el veinte de abril de dos mil veintidós, se desprenden por su relevancia, las siguientes intervenciones: AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN MINUTO INTERVENCIÓN AUDIENCIA 14:03:43 SECRETARIO Hizo constar la presencia de las partes y dio cuenta de ello a la Juez. 14:05:35 JUEZ DE CONTROL La Juez declaró aperturada la audiencia; hizo saber los derechos de la parte impugnante Efrén Falcón Becerril en su carácter de ofendido; entre ellos designar asesor jurídico (quien designó en ese momento, a los dos asesores particulares que estaban presentes Rogelio López Nava e Iván López Monroy quienes aceptaron y protestaron el cargo en la audiencia, identificándose con cédulas profesionales 12711262 y 3841653, respectivamente), y les concede el uso de la voz a las partes a fin de resolver en relación a la determinación de abstención de investigar de la fiscalía y la inconformidad de la parte ofendida. 14:08:40 FISCAL Realiza manifestaciones en relación a las consideraciones para emitir la resolución de abstención de investigar. 14:15:25 ASESOR JURÍDICO 1 Realiza manifestaciones respecto la procedencia del medio de impugnación. 14:18:20 ASESOR JURÍDICO 2 Realiza manifestaciones respecto la procedencia del medio de impugnación. 14:22:10 OFENDIDO Se adhiere a lo manifestado por sus asesores y también expone en relación a los hechos denunciados. 14:29:30 FISCAL Fiscalía en relación a requerimiento de Jueza, precisa que la parte ofendida se enteró y se percató fehacientemente que el inmueble al que se aludió en querella se encontraba gravado, fue el nueve de septiembre de dos mil veinte, lo que confirmó a su vez la parte ofendida. 14:30:29 JUEZ DE CONTROL Resuelve la impugnación. Cuadro fáctico: El quejoso Efrén Falcón Becerril, presentó querella el ocho de octubre de dos mil veintiuno, por hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude genérico, cometido en su agravio y de otra persona, en contra de xxxxxxxxxxxx y/o quien resulte responsable, al referir en esencia que: en treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, celebraron un contrato privado verbal de compraventa, con la persona moral Residencial xxxxxxxxxxxx, a través de su director general y representante legal xxxxxxxxxxxx, respecto del inmueble ubicado en calle Paseo de los Toros, número 1820, terreno 10, manzana 8, etapa 2, casa marcada con el número 28, de la tercera etapa del fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, condominio xxxxxxxxxxxx, por la cantidad de $1'945,500.00, inmueble que refirió fue pagado en su totalidad y cuya posesión le fue entregada formalmente en enero de dos mil diecisiete. Posteriormente, al realizar las gestiones para el trámite de la escritura pública, al acudir el nueve de septiembre de dos mil veinte, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se percató que el inmueble contaba con un gravamen inscrito, respecto un crédito otorgado a la misma parte vendedora, xxxxxxxxxxxx; en virtud de lo anterior, el quejoso presentó la querella en la fecha mencionada en primer término. El treinta de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscal de solución alterna de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, determinó procedente la facultad de abstenerse de investigar prevista en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la querella antes referida, al estimar que se actualizaba la causal de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, en términos del artículo 114 del Código Penal del Estado de Querétaro, que dispone que el derecho para formular querella prescribe en un año contado a partir de que el ofendido tenga conocimiento del hecho y de tres años independientemente de esta circunstancia. Lo anterior, al considerar que el delito de fraude genérico es de consumación instantánea y se vio consumado conforme a las constancias de la carpeta y del propio dicho del ofendido, el nueve de septiembre de dos mil veinte, en que se percató de que lo habían engañado al acudir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro y solicitar un certificado de gravamen respecto del inmueble que había comprado. De ahí que la fiscal consideró que el plazo de prescripción de la pretensión punitiva comenzó a correr a partir del nueve de septiembre de dos mil veinte y feneció el nueve de septiembre de dos mil veintiuno; de ahí que al haberse presentado la querella hasta el ocho de octubre de dos mil veintiuno, consideró prescrita la acción penal. Por su parte, la Juez responsable en la audiencia de veinte de abril de dos mil veintidós, resolvió confirmar la determinación de abstención de investigar por parte de la fiscalía, con base en las siguientes consideraciones torales: + La Juez en primer término estimó colmada su competencia para conocer del asunto sometido a su potestad, así como que el medio de impugnación resultaba procedente en cuanto a su presentación en tiempo y por parte legitimada (ofendido), así como respecto de la determinación recurrida. + Se indicó que en efecto, el quejoso en su carácter de ofendido querellante realizó diversas operaciones de compraventa de inmuebles con el representante legal de una empresa moral y que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, realizó un contrato de compraventa verbal respecto del inmueble materia de la controversia (objeto del delito); que a pesar de que se hizo el pago del mismo y se realizó la entrega formal de la posesión, al querer escriturar ante notaría pública, le fue informado al quejoso que el bien contaba con un gravamen, por lo que se presentó ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro y le fue entregado un certificado de gravámenes el nueve de septiembre de dos mil veinte. + Añadió la juzgadora que en relación a los requisitos de procedibilidad, los ilícitos se persiguen de forma oficiosa y por medio de querella, y que en el caso específico, el delito de fraude se persigue por querella conforme al artículo 207 del Código Penal del Estado de Querétaro. + En relación al ejercicio de la acción penal, destacó que resultaba importante determinar que el derecho de la parte ofendida para presentar la querella por el delito de fraude previsto ya sea en el artículo 193 (fraude genérico) o 194 (fraude específico) del Código Penal del Estado de Querétaro, se actualiza desde la obtención del lucro, por lo tanto, será desde el primer momento en que se ponga en peligro el bien jurídico tutelado cuando el ofendido pueda presentar su querella. + En el caso particular, la Juez responsable advirtió que se obtuvo este lucro indebido, desde el instante en que el ofendido tuvo conocimiento mediante la autoridad Registro Público de la Propiedad, autoridad idónea que le notificó y corroboró lo informado por el notario en relación al gravamen del inmueble, y que le hizo del conocimiento de forma clara y fehaciente el nueve de septiembre de dos mil veinte, que el inmueble materia de la compraventa presentaba un gravamen. De ahí que consideró, que desde ese momento el aquí quejoso se percató fehacientemente que el inmueble presentaba un gravamen y por lo tanto, no podía realizar la escritura correspondiente. + En esos términos, agregó que desde ese momento es que se obtuvo un lucro indebido porque el ofendido tuvo conocimiento de esta situación; por lo tanto, tomando en consideración el tiempo de la prescripción (previsto en el artículo 114 del Código Penal del Estado de Querétaro), que dispone que el derecho a formular querella prescribe: a) En 1 año contado a partir del momento en que el ofendido o legitimado para formularla ya tuviera conocimiento del hecho. b) Y de 3 años, independientemente de esta circunstancia. Entonces concluyó que si el quejoso acudió hasta el ocho de octubre de dos mil veintiuno, a interponer la querella respectiva, su derecho había precluido y por tanto, la actuación de la fiscal de abstenerse de investigar es conforme a derecho, sin que ello implique una violación a los derechos de la víctima, por lo que en ese sentido declaró firme la resolución impugnada. Conceptos de violación Por su parte la parte quejosa en sus conceptos de violación alude en esencia que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales porque: ? A consideración del quejoso, la Juez responsable debió ordenar la reapertura de la investigación para efecto de que la fiscalía investigue de manera efectiva y exhaustiva; agregó que la fiscalía se limitó a recabarle una entrevista y a emitir su resolución sin explorar varias líneas de investigación, sin revisar la situación de otros dos inmuebles materia de compraventas con la parte contra quien se querelló el quejoso, sin que se revisara si existe concurso real de delitos o si se trata de un delito continuado. ? Sostiene que se viola en su perjuicio el derecho al acceso a la justicia así como a la reparación del daño, consagrado en el artículo 20, apartado C, fracción IV, Constitucional, al ejercerse la facultad de abstenerse de investigar por la causal de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, e invoca como criterio la jurisprudencia PC.XVIII. J/14 P (10a.), de rubro: "FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL". ? Añade que la fiscalía se limitó a recibir la querella y realizarle seis preguntas de manera subjetiva y tendenciosa para abstenerse de investigar, ya que con las mismas se le revictimiza requiriéndole que sepa conceptos jurídicos, aludiendo a las dos primeras preguntas del tenor siguiente: 1.- Que diga el entrevistado, ¿en qué se hace consistir el delito de fraude?; y 2.- Que diga el entrevistado, ¿cuándo se percató que se trataba de un fraude?". A lo cual, reitera que realizó la celebración de la compraventa de varios inmuebles y que tenía problemas con tres de ellos, sin que la fiscalía investigara la fecha del conocimiento del conjunto de operaciones o de los "delitos de fraude" cometidos en su agravio, por lo que a su decir, por ello se trata de un delito continuado, además de referir que se omitió explicarle las consecuencias de las preguntas realizadas y no se le explicaron sus derechos de acceso a la justicia ni de contar con un asesor jurídico. ? Aduce que se violó su derecho humano de acceso a la justicia ya que con motivo de la pandemia COVID-19, se realizó un confinamiento social, por lo que al contar con cincuenta y nueve años de edad, se colocó en un estado de vulnerabilidad, y que por el hecho de que por un mes, se le prescriba su acción no puede quedarse sin acceso a la justicia y si bien acudió a presentar su querella el ocho de octubre de dos mil veintiuno (un año y veintinueve días después de que tuvo conocimiento del certificado de libertad de gravamen el nueve de septiembre de dos mil veinte), no se le podía exigir que fuera antes, ya que no hay antecedentes de que se pudiera tomar la querella a domicilio y que si bien existía un sistema de citas, recién se enteró de ello, además de referir que aún y cuando su profesión es contador y licenciado en derecho, no ejerce su carrera, por lo que no se le podía exigir que supiera que la fiscalía estaba abierta. ? Alega también nuevamente que se debieron agotar todas las posibles líneas de investigación tendientes a obtener datos para ejercitar la acción penal como citar a los imputados para que rindan entrevista ante el fiscal, para lo cual se apoyó en el criterio aislado I.7o.P.127P (10a.) con registro digital 2021167, de rubro: "DERECHO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO A SER INFORMADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CUANDO LO SOLICITE RESPECTO DE LA RECOLECCIÓN DE INDICIOS O DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INICIAL, A FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA RESPUESTA NO SE AGOTA SI NO SE PRECISAN, POR LO MENOS, LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE ORDENAR DILIGENCIAS PERINENTES Y ÚTILES." ? Finalmente, sostiene el quejoso de manera genérica que se violentó en su perjuicio lo establecido en el artículo 1º Constitucional, así como 1º y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al limitarse su derecho humano de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. Por cuestión de técnica, los conceptos de violación se estudiarán en forma conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, a fin de atender la cuestión efectivamente planteada. Así los argumentos, expuestos por la parte quejosa resultan infundados por lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que, contario, a lo afirmado por la parte quejosa, el quejoso en su carácter de parte ofendida y querellante, contó en toda intervención en el procedimiento de origen con el apoyo de asesoría jurídica y representación legal en la defensa de sus intereses. Lo que se corrobora con la simple lectura de las constancias de autos, en específico con el registro de querella de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se hizo constar que el denunciante Efrén Falcón Becerril compareció a formular querella, la cual presentó por escrito y ratificó en todas y cada una de sus partes, a quién obra constancia de lectura de sus derechos con fundamento en los artículos 1 y 20 apartado C de la Constitución Federal, 24 de la Constitución del Estado de Querétaro, 131, fracción II, 211, fracción I, inciso a), 223, 224 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 6, 16 y 17 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y 10 de la Ley de Protección de Víctimas, Ofendidos y personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro y además, que contó con la asistencia del asesor jurídico Iván López Muñoz, quien acreditó el carácter de licenciado en derecho con la cédula profesional 3841653, quien aceptó y protestó el cargo conferido; asesoría jurídica que de igual forma contó en la audiencia de veinte de abril de dos mil veintidós, en la que fue asistido por sus dos asesores jurídicos particulares que estaban presentes Rogelio López Nava e Iván López Monroy quienes aceptaron y protestaron el cargo, identificándose con cédulas profesionales 12711262 y 3841653, respectivamente. De ahí que no tenga razón el quejoso en cuanto a que no contó con la asistencia de asesoría jurídica, pues al contestar las preguntas que le fueron formuladas en su entrevista por la fiscalía, estuvo asesorado por profesionista en derecho particular, quien firmó además el acta respectiva; aunado a que las preguntas a que hace referencia relativas a que indicara en qué hace consistir el delito de fraude y el momento en que se percató que se trataba de un fraude, se advierte fueron encaminadas precisamente al esclarecimiento de los hechos narrados en la querella presentada por escrito a fin de resolver lo correspondiente conforme a la facultad de investigación Constitucional y legal de la fiscalía, sin que de dichas preguntas se advierta una exigencia para que respondiera en cierto sentido técnico o legal, sino únicamente que el ofendido explicara la razón de su querella por fraude y la fecha en que se percató de su actualización. Por otra parte, se considera que la resolución reclamada se encuentra apegada a derecho, pues la Juez de control, con base en el principio de contradicción, emitió ésta con base en lo aducido de manera verbal por la parte inconforme aquí quejosa y la fiscal, respetando con ello el equilibrio procesal entre las partes. Esto es, se pronunció directa y congruentemente respecto los argumentos jurídicos propuestos por las partes. Lo que encuentra justificación en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, con registro digital 2017641, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Y en la diversa tesis I.5o.P.67 P (10a.) sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2579, con registro digital 2017509, de contenido: "ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR DEL MINISTERIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL AGOTARSE EN SU CONTRA EL RECURSO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL PROPIO CÓDIGO, ES EN LA AUDIENCIA DE CONTROL RELATIVA DONDE DEBEN DESTACARSE LAS OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y QUE TRASCENDIERON AL SENTIDO DE AQUELLA DETERMINACIÓN MINISTERIAL. Bajo el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, existe la etapa de investigación, cuya parte inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; en ella, el órgano técnico ministerial tiene el deber de investigación penal, por ende, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. En este sentido, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial puede legalmente culminar y/o determinarse, entre otras hipótesis, con un no ejercicio de la acción penal, bajo un criterio de oportunidad, reserva o archivo temporal o por medio de una abstención de investigar (artículo 253 del código invocado). De ahí que cuando se impugna esta última decisión, al agotarse en su contra el recurso previsto en el artículo 258 de dicho código, es menester que en la audiencia de control relativa, se destaquen, por la parte procesal correspondiente, las omisiones en que haya incurrido el Ministerio Público en la investigación de los delitos y que hayan trascendido para resolver en tal sentido dicha abstención; ello es así, porque la audiencia de control indicada es la oportunidad para que el impugnante controvierta esas omisiones, para que el órgano de control judicial advierta si efectivamente el actuar del órgano investigador tuvo justificación o no y, además, si influyeron en la decisión ministerial asumida." En efecto, se estima que la Juez de Control en las consideraciones resumidas en el apartado que antecede, para arribar a la conclusión de que la determinación de la fiscalía de abstenerse de investigar por haber prescrito la acción penal, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, exponiendo los fundamentos y razones por las cuales arribó a dicha resolución. En efecto, para justificar lo anterior se atiende a las siguientes cuestiones relevantes. Delito de fraude. Se debe tener presente que el delito de fraude, por el cual presentó querella la parte quejosa, es un delito de acción, pues la conducta del agente produce un hecho, consistente en el engaño; asimismo, es de comisión por omisión, ya que también se puede presentar mediante un no hacer, cuando éste produce un resultado material -aprovechamiento del error-. Respecto al resultado material, es derivado de la conducta, porque con la acción o su comisión por omisión, se produce un cambio en el mundo exterior, lesionando el bien jurídico tutelado por la norma penal, consistente en un detrimento patrimonial del sujeto pasivo. Figura de la querella Ahora bien, el artículo 207 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece, que el delito de fraude se perseguirá a petición de parte ofendida, dispositivo legal el cual, es del contenido siguiente: ARTICULO 207.- Los delitos contra el patrimonio previstos en los Capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno del Título Décimo, sólo se perseguirán por querella de la parte ofendida, con excepción de lo previsto en el artículo 203. (REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 1992) Los delitos previstos en los Capítulos Primero y Segundo del presente Título, sólo se perseguirán por querella del ofendido cuando el sujeto activo sea ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado o pariente por afinidad de aquél. Igual requisito de procedibilidad se requerirá para perseguir a los terceros que hubieren intervenido en el hecho. Cabe recordar que la querella es un presupuesto de procedibilidad o condición mínima para que el Ministerio Público investigue los hechos presumiblemente delictivos y, en su momento, ejerza la acción penal; en ese tenor, la doctrina sostiene que, en términos generales, la querella se exige en aquellos delitos que interesan aún más al particular ofendido que a la sociedad . Es así que en delitos como el analizado, sin la presentación de querella de la parte ofendida, no es legalmente factible que el Ministerio Público inicie la investigación y, menos aún, que en su caso ejerza acción penal. Prescripción Por otra parte, con relación a la prescripción se entiende como una causa de extinción de la responsabilidad criminal, fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos y su fundamento radica en consideraciones de seguridad jurídica, pues se trata de impedir que los individuos -inculpados- carezcan indefinidamente de certeza y confianza sobre su situación legal por hechos que realizaron en el pasado. Al respecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 17/2009, se remitió a las consideraciones sustentadas en diversa ejecutoria y resaltó que la prescripción en materia penal es la autolimitación que el propio Estado se impone para perseguir las conductas que pueden constituir delitos, o bien, ejecutar las penas impuestas a los sujetos activos de los mismos en una sentencia firme, debido al tiempo transcurrido. Agrega la Primera Sala del Máximo Tribunal, en lo que aquí interesa, que las razones señaladas se complementan con una de mayor relevancia y entidad, que consiste en darle certeza jurídica al gobernado, de que en determinado tiempo ya no será objeto de persecución por parte del Estado o del cumplimiento de una sanción por él impuesta. La finalidad de dar al ciudadano seguridad jurídica obedece a la necesidad de la tranquilidad que da la limitación de la actividad del Estado, toda vez que no es posible que el gobernado esté indefinidamente sujeto a la zozobra que implica el saber que en cualquier momento puede ser privado de su libertad, así, aun cuando aparentemente el posible sujeto activo de una conducta tipificada como delito se vea beneficiado con la figura de la prescripción, en realidad, al tratarse de una forma de autolimitación del propio Estado, realmente a la larga resulta favorecida la sociedad cuando sus integrantes no ven en el sistema represivo una constante causa de intranquilidad, sino como uno de los medios para lograr una reintegración a la convivencia social. De esta manera, realmente la prescripción de la acción penal y el poder sancionador del Estado constituyen una limitante para éste a favor de la esfera de derechos de los gobernados. Contradicción de tesis que derivó en la jurisprudencia 1a./J. 54/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009, página 348, de registro digital 166877, que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO QUERELLA, SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). El primer párrafo del artículo 124 del Código Penal para el Estado de Oaxaca señala que la acción penal que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia; mientras que su segundo párrafo establece una remisión normativa en el sentido de que para los delitos perseguibles mediante querella, también operarán las reglas de la prescripción previstas para los perseguibles de oficio, siempre y cuando se satisfagan dos requisitos: 1. que se haya presentado la querella, y 2. que la autoridad persecutora haya deducido la acción penal ante el órgano jurisdiccional respectivo. Por tanto, atento a los artículos 124, 127 y 128 del citado Código, tratándose de delitos perseguibles por querella, sólo son aplicables las reglas generales de la prescripción de la acción penal para los delitos que se persiguen de oficio si se interrumpió el plazo para la prescripción y, mediando querella, se consignó la averiguación previa." Ahora bien, el Código Penal para el Estado de Querétaro contempla la figura de la prescripción de los delitos, en los numerales del 111 al 124, y en lo que interesa el artículo 113 y 114, prevé: "Artículo 113.- Los plazos de prescripción de la pretensión punitiva serán continuos y se contarán: I.- A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; II.- A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; III.- Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado, y IV.- Desde la cesación de la consumación en el delito permanente." "Artículo 114.- El derecho para formular la querella prescribirá en un año, contado a partir del momento en que el ofendido o el legitimado para formular aquélla tenga conocimiento del hecho, y en tres años, independientemente de esta circunstancia. Si el requisito inicial de la querella se hubiese ya satisfecho y deducido la acción ante los tribunales, se observará lo previsto por la Ley para los delitos perseguibles de oficio." Como puede apreciarse, la legislación en comento prevé, la prescripción de la acción penal en la temporalidad específica de un año contado a partir del momento en que el ofendido o el legitimado para formular aquélla tenga conocimiento del hecho, y en tres años, independientemente de esta circunstancia. Caso concreto Así en el caso que nos ocupa, como se puntualizó, los hechos que motivaron la querella fueron en esencia que el quejoso Efrén Falcón Becerril, celebró un contrato privado verbal de compraventa, con la persona moral Residencial Dolce Mondo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su director general y representante legal Juan Carlos Flores Muñiz, respecto del inmueble ubicado en calle Paseo de los Toros, número 1820, terreno 10, manzana 8, etapa 2, casa marcada con el número 28, de la tercera etapa del fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, condominio Dolce Terranova II, Querétaro, inmueble que refirió fue pagado en su totalidad y cuya posesión le fue entregada formalmente en enero de dos mil diecisiete. Sin embargo, al gestionar su formalización de la escritura pública ante notario público, se le informó que dicho inmueble contaba con un gravamen, por lo que el nueve de septiembre de dos mil veinte, acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y le fue entregado un certificado de gravamen respecto de dicho inmueble, donde se dio cuenta que en efecto, contaba con el gravamen relativo a un crédito otorgado a la misma parte vendedora, Juan Carlos Flores Muñiz; en virtud de lo anterior, el quejoso presentó la querella correspondiente a dichos hechos el ocho de octubre de dos mil veintiuno. De ahí que, dada la naturaleza en cómo se desarrollaron los hechos, se considere, en este asunto que, respecto a su forma de consumación, el delito de fraude se pueda clasificar como un ilícito instantáneo, pues en el momento en que la parte quejosa tuvo conocimiento de manera cierta y fehaciente del gravamen que reportaba el inmueble fue que se actualizó la consumación del hecho que la ley califica como delito de fraude, pues éste se actualiza desde la obtención de un lucro indebido, datos obtenidos de la querella de la parte quejosa, que se estiman suficientes pues se narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, necesarias para determinar el hecho. En este sentido, la interrogante resolver es ¿a partir de qué momento se debe contabilizar el citado lapso de prescripción en el presente asunto? En efecto, a fin de determinar, cuándo inicia el cómputo de la prescripción de la acción persecutoria del delito de fraude genérico, en el caso que nos ocupa, se debe atender a que el ofendido tuviera conocimiento del hecho y de quién lo cometió, para así estar en aptitud de establecer el momento en que deba iniciarse el cómputo, conforme a los artículos 113 y 114, ya transcritos. Por lo tanto, si como en el caso, se obtuvo el lucro indebido desde el instante en que el ofendido aquí quejoso tuvo conocimiento que el inmueble presentaba un gravamen, lo que ocurrió de manera fehaciente el nueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se le entregó el certificado de gravamen respecto del inmueble materia de la compraventa, no existe duda que a partir de este día el delito se consumó, porque el imputado ya no podía realizar la escritura correspondiente; de ahí que el criterio PC.XVIII. J/14 P (10a.) que alude, no sea aplicable al caso concreto, ya que, en la especie la parte quejosa sí tuvo conocimiento cierto y fehaciente en fecha cierta de la conducta e imputado, además que en dicha ejecutoria se abordó el tema del fraude genérico tratándose de entregas de dinero a favor del sujeto activo, supuesto diferente al aquí analizado. En consecuencia, a partir de esta fecha, nueve de septiembre de dos mil veinte, comenzó el plazo para que se actualizara la prescripción, por lo que, conforme al artículo 114 del Código Penal para el Estado, si se considera el plazo de un año a partir de que tuvo conocimiento la parte quejosa de los factores ya precisados, este concluyó el nueve de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, si la querella la presentó el ocho de octubre de dos mil veintiuno, a dicha fecha ya estaba prescrita la acción penal, tal como lo convalidó la jueza responsable. Resulta ilustrativa y sirve de apoyo la tesis I.2o.P.165 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1831, de registro digital 169243, de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA O ACTO EQUIVALENTE. De conformidad con el artículo 107, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal (vigente en dos mil uno), existen dos hipótesis de prescripción de la acción penal tratándose de la formulación de querella o acto equivalente; en el primer supuesto, si el ofendido no tiene conocimiento del delito y del delincuente, entonces desde que el ilícito se consumó, atendiendo a su naturaleza, deberán transcurrir tres años sin que se satisfaga tal requisito de procedibilidad para que prescriba el derecho de la víctima del delito; pero si ésta adquiere tal conocimiento dentro de aquel plazo, entonces a partir de esa fecha se excluye tal supuesto y adquiere vida jurídica la segunda hipótesis, por lo que comenzará a correr un año, sin que importe que se exceda de los tres años señalados; ahora, en el diverso caso de que ya han transcurrido tres años sin que se formule querella y posterior a ello obtiene el conocimiento señalado, no puede afirmarse válidamente que es a partir de esta fecha cuando comienza a correr un año, porque ya entonces se ha concretizado el primer supuesto." Y en lo conducente, el criterio VI.2o.39 P del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 291, del registro digital 203405, que dice: "FRAUDE. DELITO DE. PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. De conformidad con el artículo 131 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito; sin embargo para computar el término de la prescripción, en los casos a que se refieren los artículos 402, 403, fracción III y 404, fracción II del ordenamiento legal invocado que prevé el delito de fraude específico, debe atenderse al momento en que el ofendido tuvo conocimiento de los hechos delictivos." En virtud de lo antes expuesto, también resultan infundadas las manifestaciones de la parte quejosa relativas a que la Juez responsable debió ordenar la reapertura de la investigación, ordenar a la fiscalía el desahogo de diversas pruebas, abrir otras líneas de investigación y realizar diversas actuaciones, pues al convalidarse la determinación de la fiscalía precisamente lleva consigo el efecto de se abstenga de realizar investigación en relación a los hechos que se pusieron de su conocimiento e inhibirse en cuanto a una persecución penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada." En otro orden de ideas, es infundado lo alegado en cuanto a que se violó su derecho humano de acceso a la justicia con motivo de la pandemia COVID-19, pues por una parte contrario a lo que afirma, la prescripción no ocurrió con motivo de haber transcurrido un mes como se afirmó en una parte de su motivo de disenso, sino un año en términos del artículo 114 del Código Penal del Estado de Querétaro, por lo que si bien es un hecho notorio que existía durante la contingencia sanitaria un confinamiento social y un semáforo sanitario en diversas temporalidades, ello en ningún momento implicó una limitación al quejoso para acudir presencialmente o bien a través del sistema de citas que menciona ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, como así lo hizo, más de un año después de recibir el certificado de gravámenes en relación al inmueble que compró, pues al ser una actividad esencial estratégica para el funcionamiento del país, la seguridad pública así como la procuración e impartición de justicia, nunca dejó de prestar servicio a la sociedad. Máxime que el Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el treinta de marzo de dos mil veinte por el Consejo de Salubridad General, como el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo siguiente, que ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, ampliado al 30 de mayo de dos mil veinte, por diverso publicado el veintiuno de abril de dos mil veinte; así como las diversas suspensiones que alude el quejoso tuvieron lugar de forma anterior al nueve de septiembre de dos mil veinte, en que comenzó a correr el plazo de la prescripción de un año a la que se ha hecho mención; por lo que en todo caso, bastaba que la parte quejosa acudiera ante el Ministerio Público para realizar su denuncia correspondiente para tal efecto, sin que se advierta dato o indicio de que lo hubiera hecho con anterioridad a la fecha en que se recibió su querella. Lo anterior aunado a que inclusive el ofendido como profesionista contador público y licenciado en derecho, se infiere que cuenta con la noción mínima que ante algún agravio o afectación legal en su persona o bienes, está en aptitud de acudir ante las instancias correspondientes para obtener justicia en cuanto a su reclamo. Lo expuesto permite concluir, que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues al efecto la juez de Control atendió exhaustiva, puntual y directamente el cuadro fáctico de las circunstancias y hechos sometidos ante su potestad así como las consideraciones de la fiscalía para resolver en la manera en que lo hizo para determinar su facultad de abstenerse de investigar, exponiendo para ello los preceptos jurídicos aplicables (artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), así como en la exposición concreta de las circunstancias tomadas en consideración para la emisión del acto (que la fiscalía a su vez citó los fundamentos y preceptos aplicables), existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 34/2017 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a resolver la Contradicción de Tesis 68/2015, publicada el seis de abril de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Finalmente, es infundado igualmente lo alegado en la última parte de sus conceptos de violación, en relación a que la resolución reclamada resulta violatoria de sus derechos fundamentales previstos en el artículo 1º Constitucional, así como 1º y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al limitarse su derecho humano de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, toda vez que de dichas disposiciones no se desprende que las cuestiones planteadas por los gobernados necesariamente deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, pues de ninguna manera tal rector debe ser considerado como integrante de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas dado que finalmente, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. A lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con registro digital 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En tales condiciones, al ser infundados, los argumentos hechos valer por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 124, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa xxxxxxxxxxxx, respecto del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones y los fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el doctor en derecho Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, quien actúa ante el licenciado Oscar Fernando Ramírez Hernández, secretario que autoriza y da fe.
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Visto el estado de autos, se advierte que no media el plazo de ocho días entre el informe que rindió la autoridad responsable y la notificación a las partes como lo refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere el verificativo de la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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