Efren Castañeda Esparza

Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
877/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Efren Castañeda Esparza
  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California
  • Ayuntamiento de Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio promovido por Efrén Castañeda Esparza; consecuentemente, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, previa revisión de la Secretaria encargada del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"); archívese este asunto como totalmente concluido

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que firma la Apoderada Legal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, tercero interesado en el presente asunto; mediante el cual se apersona al presente juicio. Asimismo, téngasele designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito y como delegados los profesionistas que refiere, sin que sea el caso tenerlos por autorizados como lo señala en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que como autoridad con carácter de tercero interesada, no está facultada para designar autorizados . Luego, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones a los pasantes en derecho que relaciona para tal efecto.

  3. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que firma el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe con justificación y remite las constancias con las que apoya el mismo, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente 22/2020-III de su índice. Asimismo, se le tiene señalando como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto; de igual manera, señala cuenta de correo electrónico y números telefónicos, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio, de lo cual se toma el debido conocimiento. Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso Efrén Castañeda Esparza, reclama la omisión del tribunal señalado como responsable de proveer respecto la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral señalado con antelación. De acuerdo con ello, el análisis del oficio que se atiende y de las constancias adjuntas al mismo, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 22/2020-III, de su índice, se advierte que en veinte de agosto de dos mil veintiuno, el tribunal responsable dictó auto en el que proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes del citado asunto laboral, señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas que fueron admitidas. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo - diecinueve de agosto de dos mil veintiuno- el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no había emitido pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el multicitado juicio laboral 22/2020-III; también lo es, que con posterioridad a ello, la responsable el veinte de agosto de la presente anualidad, dictó el acuerdo correspondiente; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.

  4. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dos de septiembre de esta anualidad: gréguese el oficio que firma el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe con justificación y remite las constancias con las que apoya el mismo, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente 22/2020-III de su índice. Asimismo, se le tiene señalando como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto; de igual manera, señala cuenta de correo electrónico y números telefónicos, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio, de lo cual se toma el debido conocimiento. Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso Efrén Castañeda Esparza, reclama la omisión del tribunal señalado como responsable de proveer respecto la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral señalado con antelación. De acuerdo con ello, el análisis del oficio que se atiende y de las constancias adjuntas al mismo, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 22/2020-III, de su índice, se advierte que en veinte de agosto de dos mil veintiuno, el tribunal responsable dictó auto en el que proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes del citado asunto laboral, señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas que fueron admitidas. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo - diecinueve de agosto de dos mil veintiuno- el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no había emitido pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el multicitado juicio laboral 22/2020-III; también lo es, que con posterioridad a ello, la responsable el veinte de agosto de la presente anualidad, dictó el acuerdo correspondiente; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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