Efren Amaro Suarez
Expediente 403/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Efren Amaro Suarez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del expediente principal relativo al juicio de amparo número 403/2022-K, del índice de este órgano jurisdiccional, así como testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el tribunal en cita, en sesión remota ordinaria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja administrativo *** interpuesto por el quejoso ***. Acúsese a la superioridad oficiante el recibo correspondiente. Resolución en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el auto de once de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo indirecto 403/2022-K." Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. En virtud de lo anterior, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual transcribe el auto de dos de mayo del año en curso, dictado en el recurso de queja ***, de su índice, e informa que dicho Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el escrito signado por ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de once de abril del año en curso, que desecho la demanda de amparo; atento a ello, se provee: Remítase el expediente en que se actúa, así como el original del escrito de expresión de agravios al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se tramita. Intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en que deberá constar copia certificada de la demanda que dio origen a este juicio, del auto recurrido y del recurso que se interpone, así como copia de este proveído. Una vez que obre la constancia de notificación del presente acuerdo, sin necesidad de mayor trámite, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa, así como el original del escrito de expresión de agravios y el informe correspondiente, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta Ciudad, en turno, para la substanciación del recurso que se tramita.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Atento a lo anterior, se procede a proveer lo conducente respecto de la citada demanda de amparo. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo ***, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otros actos, contra las resoluciones de las legislaturas de los Estados, por virtud de la cual se elija a un funcionario público en los casos en que las constitución local correspondiente, otorgan esa facultad de manera soberana o discrecional. Bajo ese contexto, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo deriva ineludiblemente de que el acto o decisión del Congreso local, se emita en ejercicio de una facultad soberana o discrecional, es decir, estas últimas características son las condicionantes que el órgano de amparo debe verificar se actualicen para decidir si la demanda de amparo debe desecharse de plano al concretizarse una causal de improcedencia notoria y manifiesta o bien, debe admitirse y dársele el trámite correspondiente. Así, es indispensable definir qué se entiende por decisión soberana o discrecional, a efecto de estar en posibilidad de concluir si la elección de un Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala se erige como un acto con esas características emitido por el Congreso del Estado y, en consecuencia, si resulta improcedente el juicio de amparo cuando el acto reclamado lo constituye dicha designación. En se orden de ideas, la palabra "soberano" se entiende como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. De la transcripción que antecede se advierte que el Constituyente local otorgó al Congreso del Estado la facultad exclusiva de designar a los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. En efecto, la facultad de nombrar a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, conferida por la ***, es de naturaleza autónoma, en tanto que la propia Constitución no exige, bajo ningún supuesto, que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Además, que los Diputados que integran el Congreso del Estado se constituyen como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Así, cuando el Congreso del Estado de Tlaxcala elige a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a integrar debidamente a un órgano constitutivo de uno de los Poderes Estatales -Poder Judicial- ello en cumplimiento al mandato de la ***. En consecuencia, la decisión del órgano legislativo, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Lo anterior, aunado a que la decisión de la Legislatura del Estado de Tlaxcala se constituye como soberana en los términos apuntados, cierto es también que se configura como discrecional, en tanto que, aun cuando la Constitución Política del Estado constriñe al aludido órgano a emitir un acto decisorio a partir de una propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, le concede la libertad de decidir a la persona que, bajo un ejercicio prudencial, considera la más apta para ocupar el cargo de Magistrado. Es decir, la discrecionalidad de la decisión del Congreso del Estado no radica en la posibilidad de emitir o no un acto determinado, sino en que, dentro de la atribución exclusiva que le otorga el constituyente local, puede decidir cuál, dentro de los candidatos propuestos por el Gobernador, a su juicio, reúne la idoneidad requerida para desempeñarse como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; sin que dicha discrecionalidad sea arbitraria, en tanto que es la propia Constitución Estatal la que establece parámetros de decisión (requisitos para ser Magistrado, procedimiento de elección, etapas o temporalidad de la elección, etcétera) que la aludida legislatura debe ponderar, en un ejercicio democrático, para elegir a la persona que desempeñará el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, es claro y evidente, que la elección de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala como facultad exclusiva del Congreso local se traduce en una decisión soberana y discrecional contra la cual no procede el juicio de amparo, es decir, se constituye como una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Del análisis a los precedentes antes referidos puede advertirse que si bien esta Segunda Sala sostuvo en un momento que la causal de improcedencia en estudio no podía considerarse actualizada cuando los actos reclamados (atribuidos a un Congreso) requerían de una debida fundamentación y motivación o cuando en ellos intervenían otros organismos e incluso la sociedad; lo cierto es que posteriormente varió tal criterio, para sostener que sí se surte ese motivo de improcedencia cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En este contexto, debe decirse que los Ministros que actualmente integran esta Segunda Sala consideran que en el presente caso sí se actualiza la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo ***) en tanto la parte quejosa reclamó el procedimiento de elección de Magistrados del Poder Judicial de Jalisco y, en ese sentido, ni el artículo ***, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En efecto, el precepto en cita (vigente en el año dos mil dieciséis en que se inició el procedimiento de elección reclamado) dispone: "***" Del precepto transcrito se advierte que si bien en el procedimiento de elección de Magistrados interviene también el Consejo de la Judicatura del Estado, en tanto dicho órgano es quien propone a los candidatos al cargo, lo cierto es que finalmente, quien elige de manera independiente al nuevo Magistrado, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado. Por ende, si la elección del Magistrado no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. En este contexto, resulta pertinente retomar las consideraciones anteriormente vertidas por esta Sala en el sentido de que el Congreso del Estado de Jalisco es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos; y por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo, y por ende, cuando el Congreso elige a los Magistrados, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el texto constitucional local, en cumplimiento al propio mandato de éste. Por ende, si bien la elección de los Magistrados locales está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Al respecto cabe señalar que si bien la característica referida (fundamentación y motivación) es necesaria en los procedimientos de ratificación, como los que se analizaron en la citada contradicción de tesis, en tanto que allí el Congreso debe valorar el desempeño del Magistrado respectivo y exponer las razones para ratificarlo o no; lo cierto es que esas características no aplican en el caso de elección de Magistrados. Ello, ya que si bien en los procedimientos de elección, corresponde a la Comisión de Justicia calificar que los candidatos reúnan los requisitos para ocupar el cargo de magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que someta a consideración de la asamblea; lo cierto es que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Por esta razón, se justifica que en el acta de sesión sólo esté plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación. Sostener lo contrario sería irrazonable, en la medida que llevaría al extremo de exigir que cada diputado presente en la sesión exponga a la asamblea los motivos por los cuales vota a favor de alguno de los aspirantes de la lista que elaboró la Comisión de Justicia, y los motivos por los cuales no se pronuncia en pro de cada uno de los restantes. En este sentido, dado que en el amparo no podría juzgarse si las razones o motivos que llevaron a tal o cual diputado a votar por un determinado aspirante al cargo de Magistrado, son correctas o no, resulta lógico que el amparo resulte improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. (.) Incluso, por lo que hace a lo previsto en el último párrafo del artículo *** en el sentido de que en igualdad de circunstancias, los nombramientos de magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debe decirse que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional ***, determinó que dichas aptitudes no son requisitos, sino criterios orientadores para preferir a un candidato respecto de otros en igualdad de circunstancias, de modo que no puede estimarse que tales elementos sean una regla específica que las legislaturas estatales deban cumplir y, en consecuencia, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, como ya se expuso. En consecuencia, como la elección de Magistrados es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso, en uso de sus facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquellas." Ahora bien, del examen de las disposiciones de las Constituciones del Estado de Jalisco y de Tlaxcala, así como del contenido de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ***, válidamente puede concluirse que el contenido de dicho criterio jurisprudencial *** sí resulta aplicable analógicamente al proceso y elección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala por lo que ve a los actos propios del Congreso de dicha entidad federativa; y, por tanto, el juicio de amparo interpuesto en su contra resulta improcedente, como lo determinó el A quo en la sentencia que se recurre. Lo anterior, toda vez que el procedimiento de elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco inicia con la convocatoria que para tales efectos realiza el Congreso local, a lo que le sigue el envío, por parte del Consejo General de Poder Judicial del Estado, de una lista, de cuando menos, el doble del número de magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos para ello y tienen aptitud para ocupar dicho cargo, y que el Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos. En la hipótesis de que el congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo General del Poder Judicial someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos precisados en el párrafo anterior; si también fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dichas listas hubiere obtenido mayor número de votos. Procedimiento que difiere notablemente del previsto por la Constitución del Estado de Tlaxcala y que, por el contrario, se equipara al de la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se envía una terna de entre la que puede escoger el órgano legislativo y en caso de rechazarla por completo, el ejecutivo manda una nueva de la cual, si se declina nuevamente, se confiere la facultad de escoger quien ocupará el puesto al citado ejecutivo. En consecuencia, el proceso de selección de magistrados en el Estado de Tlaxcala evidentemente es una decisión soberana de las autoridades responsables y por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Por otro lado, en relación al citado acto reclamado por lo que hace al Gobernador del Estado de Tlaxcala, de oficio advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, toda vez que el acto reclamado no constituye una determinación definitiva. A efecto de contextualizar sobre la improcedencia de la demanda de amparo, es necesario puntualizar lo siguiente: "***" De los artículos citados se desprende cuándo es procedente el juicio de amparo, ya que permiten identificar la clase de actos reclamables en amparo indirecto, puesto que se refiere a aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa la quejosa, trascendiendo al resultado de la resolución y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que el procedimiento administrativo no es un acto complejo sino un complejo de actos vinculados con una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo indirecto solo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene o es sujeto de un procedimiento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. Luego, si la regla general es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin menoscabo de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por tanto, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva o actos en el procedimiento que son de imposible reparación, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no solo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque solo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. En el caso concreto, se advierte que dentro del procedimiento de designación del Magistrado que sustituya a la ex-magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala Rebeca Xicohténcatl Corona, la participación de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala consistente en el sometimiento de una terna a consideración del Congreso del Estado, no es la última resolución dentro de ese procedimiento, pues aquella que sí lo es, es la designación del órgano legislativo de la persona que habrá de ocupar el cargo. Tampoco se trata de acto que tenga sobre el hoy quejoso una ejecución que sea de imposible reparación, pues produce afectación inmediata a algún derecho fundamental del mismo, como lo es la propiedad, vida, libertad, intimidad, etcétera, esto es, sus efectos son meramente intraprocesales. Así, de lo antes reseñado se desprende que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia. Sin que pase desapercibido para este juzgador que la parte quejosa reclama también el primer, segundo, y tercer párrafo de la fracción ***; sin embargo, como ha quedado expuesto en los párrafos precedentes, al no ser procedente el juicio de derechos fundamentales en contra de su acto de aplicación -procedimiento de selección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia-, es claro que sería incongruente el estudio sobre la constitucionalidad o no de la norma reclamada de manera aislada. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Se autoriza a cualquier secretario y actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Se tiene como correo electrónico ***, y número telefónico ***, los cuales se utilizarán únicamente a efecto de entablar comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones. No pasa inadvertido que el promovente señala diversos domicilios para oír y recibir notificaciones -físico y electrónico-; sin embargo, dada la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, es imperioso privilegiar el trabajo a distancia por lo que las notificaciones electrónicas será la única vía por la cual se realizaran las notificaciones respectivas. Así, se le tiene proporcionando el nombre de usuario: "***"; a fin de que se encuentre en posibilidad de consultar vía internet el expediente electrónico y recibir notificaciones. Atento a ello, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena al Analista Jurídico (SISE) adscrito a este juzgado, realice la autorización correspondiente para que la citada usuaria, se encuentre en posibilidad de consultar vía internet el expediente electrónico, promover lo que a su derecho convenga y recibir notificaciones en el presente sumario constitucional, mediante la vía electrónica. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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