Efren Amaro Suárez

Expediente 936/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
936/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Efren Amaro Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos, pertinentes en las carátulas del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ****************, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 936/2021-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo; para lo cual se recuerda que el peticionario de amparo reclama: El procedimiento de designación de magistrado que sustituirá al actual magistrado Felipe Nava Lemus en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la emisión del nombramiento respectivo. El artículo 83, fracción VII, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, con motivo de su aplicación dentro del referido procedimiento. En el entendido de que, como parte del aludido procedimiento de designación, se entiende comprendida la terna que se envió al Congreso para el nombramiento del nuevo magistrado. Atento a lo anterior, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Importa tener presente que de acuerdo con el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, el juicio constitucional es improcedente en contra de las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En el caso se advierte que este juicio de amparo es improcedente en virtud de que los actos reclamados están referidos al ejercicio de una potestad que la Constitución Política del Estado de Tlaxcala confiere al Congreso del Estado para resolver de manera soberana y discrecional, por lo que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia del juicio de amparo mencionada surge cuando éste se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, condiciona la actualización del supuesto de mérito a la circunstancia de que la Constitución local correspondiente le confiera al órgano legislativo la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional. De esta manera el juicio de amparo se excluye del ámbito político en que surgen las decisiones de una legislatura federal o local, que, sin intervención de otro órgano, ejerce las atribuciones discrecionales que le autoriza el marco constitucional y legal aplicables para nombrar, suspender o remover a un funcionario. El sentido gramatical de los conceptos de facultad soberana, autónoma y discrecional, tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Federal o local, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Federal o local confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, entre otras cosas, que: La facultad de un órgano legislativo reviste características que permiten clasificarla como soberana, aunque el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, siempre que no se exija que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice que el procedimiento relativo se encuentre regulado en la Constitución Federal o local y, por tanto, que se trate de una facultad reglada; empero, el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso. Ya es este último acto el que demuestra que se está ante una facultad soberana, en tanto que la Constitución permite que sea cada legislado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto. En efecto, al resolver el amparo en revisión 324/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: "Del análisis a los precedentes antes referidos puede advertirse que si bien esta Segunda Sala sostuvo en un momento que la causal de improcedencia en estudio no podía considerarse actualizada cuando los actos reclamados (atribuidos a un Congreso) requerían de una debida fundamentación y motivación o cuando en ellos intervenían otros organismos e incluso la sociedad; lo cierto es que posteriormente varió tal criterio, para sostener que sí se surte ese motivo de improcedencia cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En este contexto, debe decirse que los Ministros que actualmente integran esta Segunda Sala consideran que en el presente caso sí se actualiza la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo vigente) en tanto la parte quejosa reclamó el procedimiento de elección de Magistrados del Poder Judicial de Jalisco y, en ese sentido, ni el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. [.] Por ende, si bien la elección de los Magistrados locales está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. [.] Tampoco es óbice que el procedimiento para la elección de Magistrados en el Estado de Jalisco se encuentre regulado en la Constitución local y, por tanto, que se trate de una facultad reglada; es decir, es verdad que se está ante una facultad reglada pues la autoridad para elegir a los Magistrados que forman parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Jalisco está obligada a observar las reglas establecidas en la Constitución del Estado para ese efecto, empero, el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación del juzgador, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso local; y es este último acto el que demuestra que se está ante una facultad soberana, en tanto que la propia Constitución permite que sea cada diputado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto. Incluso, por lo que hace a lo previsto en el último párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en el sentido de que en igualdad de circunstancias, los nombramientos de Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debe decirse que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 87/2011, determinó que dichas aptitudes no son requisitos, sino criterios orientadores para preferir a un candidato respecto de otros en igualdad de circunstancias, de modo que no puede estimarse que tales elementos sean una regla específica que las legislaturas estatales deban cumplir y, en consecuencia, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, como ya se expuso. En consecuencia, como la elección de Magistrados es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso, en uso de sus facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquellas." De la mencionada contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Época: Décima Época Registro: 2017916 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Página: 887 MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Ahora bien, como se dijo, en el caso se reclama: El procedimiento de designación de magistrado que sustituirá al actual magistrado Felipe Nava Lemus en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la emisión del nombramiento respectivo. El artículo 83, fracción VII, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, con motivo de su aplicación dentro del referido procedimiento. En ese sentido, es menester tener presente que el artículo 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece: "Articulo 83. Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requiere: [.] Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Gobernador. Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. [.]. Artículo 84. Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura, tomando como base el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII del artículo 54 de esta Constitución. Conforme a las normas legales transcritas el Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Magistrado que deba cubrir la vacante; si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. Empero, como regla general se establece que los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la legislatura. Luego, es dable sostener que la atribución que lleva a cabo el Congreso del Estado, para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se trata de una potestad soberana y discrecional, cuya regularidad no puede analizarse en el juicio de derechos fundamentales, al tratarse de la libre expresión de voluntad del órgano legislativo del Estado, que no está sujeta a la aprobación o ratificación de algún ente u un órgano diverso. Sin que sea óbice que, en determinados supuestos el Gobernador del Estado pueda designar directamente a quien deba fungir como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en tanto que esta atribución es excepcional y acontece en determinados supuestos; de manera que la regla general, y sobre la que se debe determinar la procedencia del juicio, es que el Congreso del Estado decida de manera libre y soberana, sin la aprobación de un diverso ente u órgano, quién deberá ocupar el mencionado cargo. Apoya la conclusión alcanzada, la jurisprudencia 2a./J. 25/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022075, que dice: "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos." De igual manera, es aplicable 2a./J. 133/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 166474, que dice: Novena Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 470 CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por los artículos 35, fracción IX, y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de la entidad para elegir a los Consejeros de la Judicatura local, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de ese Estado establezcan diversos requisitos a cumplir por la Legislatura Local para la elección correspondiente, como que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo." Cabe destacar que, a pesar de que los criterios jurisprudenciales antes invocados se refieren a la legislación del Estado de Jalisco, el Alto Tribunal de la Nación ha clarificado -en la jurisprudencia 2a./J. 25/2020 (10a.)- que la diversa jurisprudencia intitulada "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA", resulta aplicable al resto de las entidades federativas que tengan previsto un sistema igual, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas, en tanto que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. Por lo tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Efrén Amaro Suarez, por propio derecho, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. ( Autorización para consultar expediente electrónico y para recibir notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al expediente electrónico con el usuario EFREN. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el alta correspondiente en el sistema. De igual forma, como lo solicita el promovente, con apoyo en los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 55, 57 y 58 del acuerdo general en cita, se ordena que este proveído y todos los subsecuentes, cuya notificación no se ordene por lista, le sean notificados electrónicamente. En virtud de lo anterior, dado que la parte quejosa pidió expresamente que las determinaciones de carácter personal se le notifiquen a través de la vía electrónica, resulta innecesario pronunciarse respecto al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. ( Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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