Efrain Villaseca Olivera
Expediente 590/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Efrain Villaseca Olivera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal contra al auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Envíese al archivo el presente asunto.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por el cual remite el exhorto que se envió para notificar al quejoso el proveído de tres de septiembre del presente año. Comunicación de la que se advierte que al fedatario hizo constar que el domicilio señalado por el quejoso no existe; por tanto, se ordena notificar por medio de lista de estrados, la determinación judicial de tres de septiembre de dos mil quince, el presente acuerdo, así como los subsecuentes de carácter personal. (Auto de tres de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, comunica a este Órgano Jurisdiccional el contenido del proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo directo 397/2015 de la estadística de ese Tribunal, del cual se advierte que declaró firme el auto de catorce de agosto del año en curso, por medio del cual la Superioridad declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo que remite. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: a) Original del juicio de amparo directo 397/2015; y, b) Copia certificada del expediente 553/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Cuatro. c) Copia simple de la demanda con sello original de recepción del Tribunal de Alzada. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese orden, en acatamiento a lo ordenado por el citado Tribunal, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Efraín Villaseca Olivera, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 590/2015. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, es por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. De la demanda es posible advertir que el quejoso reclama la sentencia de quince de mayo de dos mil quince, donde el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, declinó la competencia a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que ésta, a su vez, analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación correspondiente. Ahora, es preciso tener en cuenta el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]" El dispositivo transcrito establece un catálogo de hipótesis en las que el juicio de amparo resulta improcedente, empero, no es limitativo de las que ahí se estipulan, ya que su última fracción prevé que la improcedencia del amparo puede derivar de otras disposiciones que establece la Constitución o la propia Ley. Al respecto, resulta conveniente precisar que en el artículo 107 de la ley de la materia, se estatuyen las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que cuando el acto no actualiza alguna de las ahí establecidas, la promoción del juicio constitucional se torna improcedente. En el caso particular, como punto de partida debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente a partir de tres de abril de dos mil trece. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del numeral trascrito se advierte que el juicio de amparo procede contra resoluciones de incompetencia [declinar o inhibir la competencia o el conocimiento del asunto]; sin embargo, no debe estarse a la interpretación literal de dicha disposición para la procedencia del asunto, pues tiene que atenderse el sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo, esto es, la resolución reclamada tiene que tener el carácter de definitiva. Lo anterior tiene sustento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos, salvo las excepciones que expresamente establece la propia ley, como cuando se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, los que afecten la libertad personal, afecten a personas extrañas, entre otros. En ese tenor, también debe puntualizarse que el juicio constitucional es "extraordinario", su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales, que desde luego estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, el cual establece que dicho juicio es procedente únicamente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el que puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En un sentido general, la definitividad comprende los casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate, es decir, ya sea porque se agotaron los medios de defensa, ya sea que no proceda alguno de ellos o, que se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo; únicamente así podrá estimarse que el acto reclamado es definitivo para los efectos del juicio de amparo. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esa característica de definitividad está presente en los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Así, se tiene que el artículo 170, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el juicio en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; y su segundo párrafo, dispone que por ese tipo de sentencias o laudos son las que decidan el juicio en lo principal; y resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Ese mismo principio está implícito, en general, respecto de diversos actos impugnables en el juicio de amparo indirecto, lo cual se corrobora, ya que éste sólo procede respecto de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa al quejoso trascendiendo al resultado de la resolución [artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo]. También se advierte dicho principio de definitividad cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, en el supuesto, en que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución [artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo]. Lo anterior pone de manifiesto que el sistema prevalente en el juicio de amparo -como medio excepcional- privilegia que la solución jurídica del asunto encuentre respuesta primaria y completa ante la potestad común, de ahí que la intervención del Juez de Amparo sólo se requerirá cuando el asunto tenga cierto grado de depuración jurídica que ya no pueda ser analizada por esas autoridades, es decir, hasta que sea definitivo. Bajo ese contexto, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento, es la definitividad del acto reclamado, ya sea porque contra ese acto ya se agotaron los medios ordinarios, ya sea porque no proceda alguno de ellos o, bien, porque la determinación impugnada es la final; en consecuencia, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el mismo sentido, esto es, el juicio de amparo sólo procede contra las resoluciones de incompetencia cuando se trata de una determinación final. Consecuentemente, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria no puede considerarse como un acto definitivo, ya que involucra un pronunciamiento incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. Desde esa óptica, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces podrá asumirse que el asunto será conocido y, en su caso, resuelto por determinada autoridad. Ello es así, en virtud de que si no se acepta la competencia y el asunto regresa a la autoridad que previno, de insistir en su incompetencia, se entablará un conflicto competencial cuya solución es diversa al juicio de amparo. En ese tenor, se concluye que cuando se reclama la determinación de incompetencia de una autoridad jurisdiccional, el juicio de amparo resulta improcedente, ya que carece de carácter de definitivo, pues está sujeta a que dicha competencia sea aceptada por la autoridad a la que se le declinó. No es obstáculo que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, ya que la definitividad en el juicio de amparo es un principio rector del mismo que se encuentra inmerso en la constitución y en la propia ley de amparo, tal y como se ha expuesto en párrafos precedentes. Ahora, en el caso particular, el acto reclamado lo constituye la sentencia de quince de mayo de dos mil quince, dictada en el juicio agrario TUA-553/2014, a través de la cual el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 declinó competencia para conocer del asunto que promovió el quejoso, en favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que ésta, a su vez, analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación correspondiente. Sin embargo, tal determinación no tiene el carácter de definitiva, ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte, como se advierte del análisis de la resolución de quince de mayo de dos mil quince dictada en el juicio agrario TUA-553/2014. En efecto, del análisis de la resolución citada se desprende que, inicialmente, el Tribunal Unitario Agrario determinó que la litis del juicio TUA-553/2014 consistía en determinar, si resultaba procedente o no el reconocimiento a la parte actora -hoy quejoso- de que cumplía y acreditaba los requisitos establecidos en el artículo 200 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, a fin de que estuviera en aptitud de obtener la unidad de dotación de tierras que solicitó respecto al ejido Laguna de Costa Rica, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, que habían sido declaradas vacantes y a disposición del Ejecutivo Federal mediante sentencia de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete dentro del expediente número TUA-34-099/1997. De igual forma, en la resolución de mérito se sostuvo que conforme a la sentencia dictada en el diverso expediente TUA-34-099/1997, el núcleo de población denominado Laguna de Costa Rica perdió derechos respecto a las tierras que le fueron dotadas por resolución presidencial del catorce de octubre de mil novecientos sesenta y seis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de ese año, por tanto, éstas habían quedado a disposición del Ejecutivo Federal para los fines legales que correspondan, de tal manera que tales tierras ya no eran propiedad del poblado que originalmente fue el beneficiado y que actualmente se encuentran a disposición del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y, por tanto, esas tierras tienen el carácter de terrenos nacionales en términos del artículo 158 fracción II de la Ley Agraria. Asimismo consideró que, conforme a las facultades previstas en la Ley Agraria y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde a esa Dependencia del Ejecutivo Federal regularizar la superficie de tierra puesta a su disposición dejándola en condiciones para que se den los supuestos contenidos en el artículo 90 de la citada Ley Agraria y cuenten con las condiciones de que se constituya un nuevo ejido. Concluyó que dado que la superficie en controversia no es ejidal, no se encuentra en los supuestos del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y, por tanto, determinó: 1. Suspender de plano el proceso; 2. Con fundamento en el artículo 168 de la Ley Agraria ordenó remitir todo lo actuado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que ésta, a su vez, analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación; y, 3. Una vez que se reciba la aceptación de la competencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá archivarse la copia certificada del expediente como asunto total y definitivamente concluido. De lo anterior se desprende que la decisión de declararse incompetente contenida en la resolución de quince de mayo de dos mil quince no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que la misma se encuentra condicionada a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acepte la competencia para conocer y resolver en torno al problema jurídico suscitado en el juicio TUA-553/2014. Esto es, la determinación asumida se encuentra sujeta a que la citada autoridad administrativa determine si acepta o no conocer y resolver el asunto instado por la parte actora -hoy quejosa-. Lo que se corrobora con el contenido del acuerdo de catorce de agosto de dos mil quince, dictado por el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el que se sostuvo, que el tribunal agrario no dotó a las acciones antes señaladas -suspensión de procedimiento y declaratoria de incompetencia- de una naturaleza definitiva ni concluyente, pues supeditó su firmeza a la aceptación de competencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al sostener: Por ello, no se puede considerar como una resolución que pone fin al juicio, toda vez que la autoridad responsable puede encontrarse en dos supuestos: (i) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acepta y se avoca al conocimiento del asunto. Hipótesis en la que procedería al archivo del asunto como totalmente concluido; y, (ii) La autoridad antes referida no acepta la competencia y devuelve los autos al tribunal agrario, siendo entonces que esta última tendrá que emitir pronunciamiento respecto si retoma o no el conocimiento del asunto. Consideraciones de la Superioridad que se estiman aplicables y que permiten concluir que la declaración de incompetencia no constituye una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la misma no se ha tornado definitiva. Por tal motivo -se insiste- la determinación contenida en la resolución de quince de mayo de dos mil quince no tiene el carácter de definitiva ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte, lo que hace improcedente el juicio de amparo, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que si bien esta última fracción establece la procedencia contra resoluciones de incompetencia, lo cierto es que las mismas deben tener la calidad de definitivas, conforme a lo ya expuesto en líneas precedentes. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 62 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que la parte quejosa cita en su escrito de demanda. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a fin de que se sirva notificar el presente proveído al promovente, en el domicilio citado en el escrito de demanda [se anexa copia]; además, deberá requerirlo para que en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo de diversa comunicación oficial del índice de este Juzgado Federal e informa que se ordenó su diligenciación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- Efrain Sánchez Catzin66/2022
- Efraín Sanchez Villanueva119/2017
- Efraín Sánchez Villanueva579/2017
- Efrain Sanchez Villanueva661/2016
- Efraín Sánchez Villanueva855/2018
- Efrain Sosa Puc66/2016
- Efren Acosta López1012/2018
- Efrén Acosta López889/2023
- Efren Rivas Vargas547/2023
- Eidy Benita Tuz Vásquez1029/2022
- Eladilo Cordova García653/2018
- Eladio Balam Chooc185/2018