Efraín Tzipani Escalera Treviño.

Expediente 1579/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 43 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1579/2022
Año
2022
Actuaciones
43
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Efraín Tzipani Escalera Treviño.
  • Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
  • Secretario y/o Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto Civil de Magdalena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de junio de dos mil veintitrés. Incorporación de oficio. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Sahuaripa, Sonora, con el cual acusa recibo de las misivas por las cuales se les comunicó de la declaración de ejecutoria y el archivo del presente sumario, de lo anterior se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Sin que sea necesario valorar el destino del expediente físico del duplicado del incidente en el que se actúa, por no haberse formado en atención a lo establecido por el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con diecinueve minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes justificados de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, vista dicha certificación y el estado procesal de autos, se advierte que en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; en consecuencia, atento al contenido del informe justificado, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** Civil; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, Efraín Tzipani Escalera Treviño por propio derecho, promovió demanda de amparo, en contra de los actos atribuidos al ciudadano titular del Poder Ejecutivo Federal, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Se admite la demanda. El veintiocho siguiente, se desechó parcialmente la demanda respecto de las autoridades denominadas Secretaría General de Acuerdos de Hermosillo y Secretaría General de Acuerdos Oral de Hermosillo, y se admitió a trámite por las demás, se les solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, Inexistencia de autoridades. Previa prevención, mediante autos de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y treinta de enero de dos mil veintitrés se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables denominadas: secretario y/o actuario adscritos al Juzgado de la Secretaría General de Acuerdos Oral de Hermosillo; secretario y/o actuario adscritos a la Dirección General de servicios de Cómputo de Hermosillo; secretario y/o actuario adscritos al Juzgado de la Secretaría General de Acuerdos de Hermosillo; Dirección General de Servicios de Cómputo de Hermosillo; y, juez y secretario y/o actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto de San Luis Río Colorado, Sonora. Audiencia Constitucional. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia Constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracciones I y V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto de aplicación de la porción normativa que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el ámbito territorial en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La inconstitucionalidad de los artículos 1168, 1175 y 1177 del Código de Comercio; asimismo los numerales 384, 385, 386, 387, 388 y 389 de Código Federal de Procedimientos Civiles, atribuidos al ciudadano titular del Poder Ejecutivo Federal, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, ambas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por haber participado en los procedimientos legislativos respectivos. El acto de aplicación de los mencionados textos normativos a través del dictado de medidas cautelares, providencias precautorias, medidas de aseguramiento o requerimiento de pago, orden de embargo o cualquier otra que tenga como finalidad afectar bienes propiedad del quejoso atribuida las autoridades responsables, con excepción de las nombradas en el inciso que antecede. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado precisado bajo inciso b) a las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado: Juez, actuaria y secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad -foja 25-; Juez Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad -foja 26-; Juez, actuaria y secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad -foja 27-; Juez, secretaria de acuerdos y actuaria notificadora y ejecutora del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad -foja 32-; Juez y actuaria del Juzgado Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio de esta ciudad -foja 33-; Juez y actuaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad -foja 34-; Secretaria Primera de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil -foja 35-; Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, ciudad-foja 36-; Actuaria ejecutora y notificadora del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil -foja 37-; Juez y secretarios primero y segundo de acuerdos del Juzgado Segundo Oral Mercantil "A" de esta ciudad, -foja 38-; Juez, secretaria primero de acuerdos y secretario de acuerdos del Juzgado Segundo Oral Mercantil "B" de esta ciudad -foja 39-; Actuarios del Juzgado Segundo Oral Mercantil de esta ciudad -foja 40-; Juez Primera Oral Mercantil "A", de esta ciudad -foja 41-; Juez, secretaria primera de acuerdos y actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, de esta ciudad -foja 42-; Juez, secretario y actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Ures, Sonora -foja 51 y 79-; Jueza y secretaria, adscritas al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora -foja 75-; Juez, secretario y actuaria adscritos al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora -foja 77 y 120-; Juez y actuarias adscritas al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora -foja 80 a la 85-; Actuario Primero Ejecutor y encargado de Despacho por Ministerio de Ley adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora -foja 86 y 118-; Encargado de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Navojoa, Sonora; así como secretarios y actuarios de dicho órgano -foja 91 y 122-; Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Altar, con residencia en Caborca, Sonora, encargada del Despacho por Ministerio de Ley -foja 92-; Secretaria y actuario segundo ejecutor adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Altar, con residencia en Caborca, Sonora, encargada del Despacho por Ministerio de Ley -foja 93-; Secretario Primero de Acuerdos, encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de San Luis Rio Colorado -foja 95-; Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora -foja 96-; Actuaria y encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora -foja 98, 136 y 252-; Actuaria Primera del Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora -foja 99-; Secretaria Primera de Acuerdos "B", encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado de Primera Instancia Mixto "B" del Distrito Judicial de Magdalena, Sonora, y el actuario adscrito a dicho órgano -foja 105-; Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álamos, Sonora, y el actuario ejecutor adscrito a dicho juzgado -foja 106, 107 y 262-; Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Guaymas, Sonora -foja 108-; Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Huatabampo, Sonora -foja 126-; Juez y secretaria adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora -foja 127-; La secretaria de acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley y actuaria, ambos adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora -foja 129 y 131-; Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil con sede en Ciudad Obregón, Sonora -foja 142-; Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Sahuaripa, Sonora -foja 147-; Juez adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, por sí y en representación del secretario y/o actuario adscritos a ese juzgado -foja 152-; Juez, secretaria y actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora -foja 153-; Juez y actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora -foja 155-; Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, por las secretarias de Acuerdos Primera y Segunda, así como por los actuarios Ejecutores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos adscritos a referido órgano jurisdiccional -foja 270-; Juez, secretaria y actuario ejecutor adscritos al Juzgado Primero Oral de lo Mercantil del Distrito de Cajeme, Sonora -foja 285-. No se omite precisar que no resulta dable presumir cierto el acto atribuido a diversas autoridades ejecutoras, no obstante fueron omisas en rendir su informe, a pesar de encontrarse debidamente emplazadas al sumario, en virtud de que no se encuentran facultadas para ejecutar de motu proprio actos de ejecución, máxime si las autoridades ordenadora lo negaron, de ahí que se estimen inexistentes los acto que se les reclaman a las siguientes autoridades: Secretarios de acuerdo y actuarias adscritas al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Huatabampo, Sonora -foja 279, 280 y 289-; Secretario y/o actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia Mercantil de Hermosillo -foja 68-; Secretario y/o actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Mercantil de Hermosillo -foja 71-; Secretario y/o actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto de Sahuaripa -foja 219-; Secretario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Arrendamiento Inmobiliario de Hermosillo -foja 74-; Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran la negativa que se desprende de las manifestaciones realizadas por las autoridades responsables; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los referido acto reclamado. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con el acto de aplicación precisado bajo el inciso b) del apartado que antecede y, por ende, respecto al mismo se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Es menester señalar que la causa de sobreseimiento causada por la inexistencia de los actos de aplicación, atribuidos a las autoridades responsables enunciadas en párrafos precedentes, debe hacerse extensiva también respecto de la acción constitucional relativa a las porciones normativas reclamadas precisadas bajo el inciso a) del aparatado III, pues su procedencia se encuentra condicionada a la de los actos a través de los cuales se individualizan éstas. Ello es así en virtud de que la pretensión del juicio biinstancial contra leyes es combatir el acto de aplicación para así destruir la lesión producida por la ley que lo funda. Sirve de apoyo a lo expuesto en la jurisprudencial 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de texto y rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 2a./J. 95/2005, visible en la página 328, tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del tenor literal: LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación. En ese sentido, no es óbice a la anterior determinación el hecho de que respecto de la legislación tildada de inconstitucional, sea notoria su existencia, y por ende no esté sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, ello en virtud de las razones ya expuestas. Decisión. En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto de aplicación reclamado a las autoridades responsables precisado bajo inciso b) del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Causa de sobreseimiento que se hace extensiva a las leyes tildadas de inconstitucionales precisadas en el inciso a). En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por las accionantes del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 50916, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; se Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Efraín Tzipani Escalera Treviño contra los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en los considerandos III y IV por las razones expuestas en el último de los referidos, ambos de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

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