Efrain Tello Rosas
Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/08/2021
Partes del expediente
- Gloria Coyotl Gachupín
- Efrain Tello Rosas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de agosto de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado resuelve recurso de queja. Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, pronunciada en el recurso de queja 48/2021 de su índice, así como el juicio de amparo indirecto 151/2021-III y en cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el recurso de queja. SEGUNDO. .Se modifica el acuerdo dictado el tres de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el expediente de amparo indirecto 151/2021. TERCERO. Se desecha la demanda constitucional por lo que respecta al acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la omisión de notificar la resolución dictada el trece de febrero de dos mil veinte, en el expediente 543/2019. CUARTO. Se determina que el juez de distrito es legalmente incompetente para conocer de la demanda respecto al acto consistente en el acuerdo dictado el trece de febrero de dos mil veinte, en el expediente 543/2019, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. QUINTO. Remítase copia certificada de esta sentencia y del juicio de amparo indirecto 151/2021, del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, a fin de que por su conducto sea enviado a este tribunal como amparo directo, por lo que respecta al acto consistente en la resolución dictada el trece de febrero de dos mil veinte, en el expediente 543/2019 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla." Acúsese recibo de estilo a la Superioridad, respecto de la ejecutoria pronunciada el uno de julio de dos mil veintiuno y del expediente original del juicio de amparo 151/2021-III. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este juzgado federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Archivo. Ahora, al no existir diligencias que realizar archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, y las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Visto el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja 48/2021 de su índice, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad remite copias certificadas. Agréguese el oficio y anexo del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el que en atención al requerimiento efectuado en proveído del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, remite copias certificas del juicio ejecutivo mercantil 543/2019 de su índice, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento dado que mediante proveído del tres de marzo de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de Efraín Tello Rosas y Gloria Coyotl Gachupín, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de veintidós de febrero de la presente anualidad, en el sentido de precisar como acto reclamado la falta de notificación del acuerdo que decretó la caducidad en el juicio ejecutivo mercantil 543/2019 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, es procedente su desechamiento por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Causal de improcedencia (definitividad) Ahora bien, respecto del referido acto reclamado, este órgano jurisdiccional, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: ... De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra actos respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En este contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la falta de notificación del acuerdo que decretó la caducidad en el juicio ejecutivo mercantil 543/2019 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." Del citado precepto normativo, se desprende la posibilidad de impugnar la notificación cuando alguna de las partes en un procedimiento considere que fue realizada en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad, que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio, sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. En este contexto, por medio del juicio de amparo la parte quejosa reclama la falta de notificación del acuerdo que decretó la caducidad en el juicio ejecutivo mercantil 543/2019 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, que según aduce le tuvo que ser practicada por el Diligenciario adscrito al Juzgado responsable. De ahí que resulta incuestionable que estaba en condiciones de impugnar la referida notificación a través del incidente de nulidad de notificaciones, que prevé el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues a través de ese medio de defensa ordinario se puede controvertir la notificación en comento, así como la omisión de practicarla, lo cual pudo realizar dentro de los tres días siguientes a que tomó conocimiento de la omisión que pretende reclamar. Se afirma lo anterior, dado que el incidente tiene como finalidad dejar sin efectos lo actuado a partir de la indebida notificación, esto es, las actuaciones efectuadas después de emitido el auto de caducidad, a fin de que se practique de nueva cuenta conforme a derecho, por ende, debe agotarse dicho incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo expuesto, por las consideraciones jurídicas expuestas, la Jurisprudencia 1a./J. 77/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 111 de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." De igual forma, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". Máxime, que de conformidad a la jurisprudencia temática número P./J. 4/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 6, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL"; en los incidentes de nulidad de notificaciones se tiene la posibilidad de analizarse tanto los vicios propios de la notificación, como la forma en la que ésta se ordenó, por lo que se corrobora que debió agotar previamente el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente. Por tanto, debe sostenerse que respecto de la notificación reclamada debió agotar la parte quejosa el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. No se desatiende que en el escrito de demanda la parte quejosa refirió desconocer lo actuado en el juicio de origen, a partir de la emisión del auto de caducidad; sin embargo, tomando en consideración que le reviste el carácter de parte demanda en el expediente de origen, al cual afirma haber comparecido, deja claro que la garantía de audiencia que consiste en el derecho de ser oída y vencida en juicio, no le fue vulnerado, pues al ser parte en el juicio, tiene la oportunidad de promover lo que a su derecho convenga. De esa manera, al no haber interpuesto el medio de defensa ordinario contemplado para combatir la falta de notificación reclamada, la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo, respecto del mencionado acto reclamado por la parte quejosa, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja el presente expediente. Representante común. En otro contexto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como representante común de la parte quejosa a Efraín Tello Rosas, sin perjuicio que con posterioridad pueda ser sustituido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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