Efraín Soto Soto

Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
290/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Efraín Soto Soto
  • José Luis Soto Hurtado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se desprende que trascurrió el término legal de diez días para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintidós de octubre del año en curso, en la que este juzgado sobreseyó y se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se pronunciara al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e) de la misma legislación, así como en el numeral 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo para las partes restantes; lo anterior, en virtud de que no les causa perjuicio ante el sentido del fallo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, inciso b), fracción I, del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de este auto- puesto que se dictó sentencia en la que sobreseyó y se negó la protección de la justicia federal la protección constitucional; en el entendido de que deberá conservarse la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el proveído ordena el archivo como asunto concluido. Devolución de documentos y constancias. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 290/2021; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, recibido el diez siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común, y turnada el mismo día a este Juzgado Octavo, *** por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se citan: Autoridades responsables: "Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar del Partido Judicial de Acámbaro, Guanajuato [.] Congreso Constitucional del Estado [.] de Guanajuato [.] Gobernador Constitucional del Estado [.] de Guanajuato [.]" Actos reclamados: "Del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar del Partido Judicial de Acámbaro, Guanajuato, la decisión que tomó en la audiencia preliminar celebrada el pasado 23 de abril de 2021 dentro del Juicio Oral Ordinario ***, al negarse a decretar la disolución del vínculo matrimonial que une a mi hijo *** (sic) con la ahora tercera interesada y demandada en ese juicio *** (sic), a pesar de que mi hijo le demandó el divorcio sin expresión de causa y ella se allanó a dicha prestación, por lo tanto ni siquiera formó parte de la litis, porque el juicio continúa por haber sido reconvenido mi hijo a quien se le reclama el pago de alimentos caídos o no ministrados, pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a favor de su aún esposa y sus hijas, pago de compensación de hasta un 50% del patrimonio, suspensión de la patria potestad y pago de gastos y costas. Del Congreso Constitucional y del Gobernador del Estado ambos de Guanajuato, reclamo la inconstitucionalidad de los Códigos Civil y Procesal Civil vigentes en esta Entidad Federativa, reclamando tanto la norma general así como sus actos de creación y puesta en vigencia (expedición, promulgación y publicación). Para tal efecto, preciso que este reclamo de inconstitucionalidad de los ya citados códigos, se hace por una afectación heteroaplicativa. El acto de aplicación se dio en la audiencia preliminar celebrada el pasado 23 de abril de 2021 luego de que quedó cerrada la litis y se pidió a la ahora señalada como autoridad responsable se decretara la disolución del vínculo matrimonial toda vez que esa prestación reclamada por mi hijo y allanada por la demandada no formaba parte del litigio. El juez de la causa argumentó que no contemplaba el Código Civil esa figura de divorcio sin expresión de causa y que era postura de él no poder dictar dos sentencias en el mismo proceso porque eso estaba contemplado en diversas legislaciones pero en el Estado de Guanajuato no. Sin darnos derecho a replicar" Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Cumplida la prevención realizada, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, esta potestad admitió a trámite la demanda; formó para tal efecto el expediente 290/2021; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la representación social de la federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite por su cauce legal, se ordenó y logró el emplazamiento de la tercera interesada ***, así como de las menores de identidad reservada de iniciales ***. y ***, por conducto de su representante en el juicio natural; asimismo, se llamó a juicio a la representante especial del Instituto Federal de Defensoría Pública, con asesora de las citadas menores. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 107, y relativos de la Ley de Amparo; 48 y concernientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello es así, pues lo reclamado por una parte constituye una omisión legislativa y por tanto carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. En tanto que el diverso acto tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado, específicamente en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, en donde además tiene su sede la autoridad responsable ordenadora. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias allegadas a este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: Del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato: La determinación asumida en audiencia preliminar de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dentro del juicio familiar ***, únicamente en torno a la negativa de dictar sentencia de divorcio de forma autónoma a las diversas acciones y excepciones propuestas en el controversial. Del gobernador y Congreso del estado de Guanajuato: La omisión de legislar normas generales que regulen en el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, la figura del divorcio incausado. Tercero. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables gobernador y Congreso del estado de Guanajuato, al rendir su informe justificado negaron la existencia de la omisión legislativa a ellos atribuida. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, de la que derivó la jurisprudencia de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", resolvió el punto de contradicción relativo a si es factible o no que los jueces de distrito, ante el reclamo de actos de omisión, puedan analizar en el apartado de existencia de la sentencia, si la autoridad tiene o no el deber o aptitud de actuar, o si este aspecto es propio del fondo. Al respecto, precisó que a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, de si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en el presente caso, la verificación de si las autoridades están en aptitud legal de actuar, debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de las autoridades responsables, sino que se debe verificar que realmente no estaban constreñidas a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. Lo anterior, constituye un elemento cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. Asimismo, para efectos del caso que nos ocupa, también es importante mencionar que al resolver la controversia constitucional 14/20054, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas. Las primeras se presentan cuando el órgano legislativo simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencia". En cambio, las omisiones legislativas relativas ocurren cuando "el órgano legislativo [ha] ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. En esta línea, en dicho precedente también se distinguió entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional6; clasificación recogida en la tesis jurisprudencial de rubro "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS". Asimismo, al resolver el amparo en revisión ***, la Primera Sala del máximo tribunal del país, precisó que no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas. Al respecto, la referida Sala apuntó que existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una norma prexistente del sistema jurídico7. En cambio, como ya se señaló, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución8. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Primera Sala consideró que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa refiere que existe una omisión por parte del gobernador y Congreso del estado de Guanajuato, de legislar en torno al divorcio incausado. Lo que hace depender en "[.] la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]". Al respecto ha menester transcribir el contenido íntegro del precepto 1 del Pacto Federal, que dice: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Sin embargo, de dicha disposición legal no se advierte alguna obligación legal de manera expresa que constriña al gobernador y Congreso del estado de Guanajuato, a legislar en torno a la figura de divorcio incausado. Esto es, no se advierte ni siquiera de manera meridianamente clara, que exista un mandato expreso que los obligue a emitir una legislación respecto a esa figura de terminación de matrimonio, pues, como se vio, de la disposición normativas a partir de la cual la parte quejosa hace depender dicha omisión, no se vislumbra de manera expresa ni implícita, algún mandato en ese sentido. De ahí que, si como bien lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco del juicio de amparo, sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, es evidente que, en el caso que nos ocupa, no puede considerarse que exista una "omisión legislativa" como lo refiere la parte quejosa, al no haber quedado evidenciado que exista una obligación a cargo del gobernador y Congreso del estado de Guanajuato, a regular la figura de divorcio incausado. En tal virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó medio de convicción apto y eficaz para desvirtuar la negativa de actos de las referidas autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional por lo que hace a las omisiones legislativas reclamadas al gobernador y Congreso del estado de Guanajuato. Atento al sobreseimiento decretado, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento por cuanto a la causal de improcedencia invocada por el Congreso del Estado, dado que a nada novedoso conduciría. Cuarto. Existencia de actos. Son ciertos los actos atribuidos al juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado9. Para apoyar lo anterior, la autoridad responsable remitió un disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones emanados del juicio de origen; al que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este operador jurisdiccional10. Quinto. Antecedentes de los actos reclamados. Del análisis de las constancias allegadas al sumario (valoradas previamente), se desprenden como antecedentes relevantes de los actos reclamados los siguientes: I.*** demandó a ***, la disolución del vínculo matrimonial, el establecimiento de régimen de convivencias respecto a sus dos menores hijas, y el pago de gastos y costas. III. En audiencia preliminar verificada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dentro del juicio familiar *** de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato, iniciada a las once horas con cincuenta y un minutos, acaecieron los siguientes actos: Se apersonaron y presentaron las partes, actor *** por conducto de su apoderado legal ***, y la demandada ***. La parte actora reiteró sus pretensiones, consistentes en la disolución del vínculo matrimonial sin causa y el establecimiento de un régimen de convivencias con sus dos menores hijas. La parte demandada ratificó sus pretensiones, tales como la aceptación de divorcio, y en lo relativo al régimen de convivencias, señaló oscuridad en la demanda e improcedencia de la acción al no existir dictamen psicológico, así como las diversas excepciones de dolo y mala fe. En reconvención, se pronunció en torno al pago de alimentos caídos o no ministrados desde el doce de julio de dos mil veinte, el pago de una pensión definitiva, el pago de una compensación económica, la suspensión de la patria potestad, y el pago de gastos y costas judiciales. La parte actora, negó la procedencia y derecho de lo demandado reconvencionalmente. A las 11:58 horas, el juez procedió a fijar la litis en el asunto, que hizo consistir en: Que el actor solicita el divorcio del vínculo marital de las partes y el establecimiento de un régimen de convivencias con las menores hijas; Que la demandada aceptó la disolución del vínculo matrimonial y condiciona el régimen de convivencias a la práctica de una valoración psicológica al actor y encausamiento de las convivencias; y en acción reconvencional, el pago de los alimentos no ministrados, el pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la cónyuge y menores hijas, el pago de una compensación económica y la suspensión de patria potestad; y, - Que el actor negó lo demandado vía reconvención. En la etapa de sanción de convenio, iniciada a las 12:00 horas, la conciliadora informó que las partes no generaron acuerdos de solución, y se cerró la etapa. En la etapa de depuración del procedimiento, iniciada a las 12:01 horas, el juez responsable señaló que no existían excepciones de tipo procesal que ameriten pronunciamiento ni se actualizaba la cosa juzgada, por lo que cerró la etapa. En la etapa de admisión y preparación de pruebas, iniciada a las 12:01 horas, el juzgador de origen y las partes, se pronunciaron respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, consistentes en documentales, testimoniales, confesionales de ambas partes procesales, un informe por autoridades norteamericanas, periciales en materia de trabajo social y psicología, y diversas fotografías. En etapa de revisión de las medidas provisionales, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, y decisión sobre las solicitadas en la audiencia, iniciada a las 12:29 horas, el juzgador confirmó las decretadas inicialmente de pensión alimenticia provisional y medida de restricción; con lo que cerró la etapa. A las 12:31 horas, previo a proceder a la etapa de citación para la audiencia de juicio, la parte actora solicitó que se decretara el divorcio de las partes, y se dejara el resto del proceso para los demás aspectos; ello, ante el allanamiento de la parte demandada. A lo que, el juez de origen11 determinó: como no tenemos nosotros dentro de nuestra legislación procesal un trámite en particular que regule el divorcio incausado como así sucede con otras legislaciones, pues nosotros no podríamos emitir dos sentencias dentro de una misma causa familiar, esto no implica de ninguna manera la trasgresión a los derechos humanos porque yo no estoy imponiendo la exigencia de la acreditación de una causal para que su cliente pueda acceder al divorcio, lo único que estaremos esperando es que se lleven a cabo las etapas procesales correspondientes para que de acuerdo a las etapas que regula nuestra legislación procesal nosotros podamos tomar una decisión única donde se abarquen las cuestiones relacionadas al divorcio y los aspectos colaterales, como son la compensación, los derechos de visitas y los alimentos, entonces no puedo yo atender a su petición, no voy a dar derecho a réplica licenciado, esa es mi determinación, si usted no está conforme con ella puede acceder a los medios que tenga a su alcance para tal efecto. Lo que constituye el acto reclamado atribuido al juez de la causa. En etapa de citación a juicio, se fijó fecha y hora para tal efecto; con lo que a las 12:34 horas concluyo la audiencia respectiva. Sexto. Estudio de fondo del acto reclamado al juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato. Los conceptos de violación son infundados. Es importante destacar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha comprendido de diferentes maneras a lo largo de la historia y de las sociedades; en ese sentido, su concepto ha variado en el tiempo y en el espacio, y los diferentes grupos sociales le han dado una connotación distinta. Así, el término "persona" se ha entendido en una pluralidad de formas, hasta llegar a la actualidad, en la que se le ha dotado de un contenido teológico, legal, político y social, donde se considera como persona a todo ser humano sin distinción alguna, tal como lo reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1°, que dispone: 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." Con motivo del citado concepto universal, es que surge la necesidad de proteger a cada persona como individuo integrante de una sociedad, lo que a su vez permite arribar a la conclusión de que el ser humano es la base de la que surgen los ordenamientos jurídicos, es decir, la persona es el centro de la actividad del derecho, lo cual es un rasgo inherente a la personalidad humana. Así lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece." Establecido lo anterior, cabe precisar qué se entiende por "personalidad". Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española, la ha definido, entre otras acepciones, de la manera siguiente: 1.Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. 2.Conjunto de características o cualidades que destacan en algunas personas. 3.Conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente. De las definiciones que anteceden, se obtiene que la nota distintiva de la personalidad humana es la conjugación de cualidades y características del individuo que lo distinguen de otro, entendiéndose que dichas cualidades y características cubren todas las dimensiones del ser humano, como la física, intelectual, espiritual, psicológica y social. Bajo ese contexto, la personalidad humana debe entenderse como una suma de factores que individualizan y diferencian a la persona de su semejante. Ahora, si bien algunas de esas cualidades y características, son inherentes al ser humano y otras son adquiridas, lo cierto es que ambas están sujetas a un proceso de desarrollo del individuo. En ese orden de ideas, es posible colegir que el desarrollo de la personalidad puede apreciarse desde dos perspectivas; aquélla que la define como un proceso que se da durante toda la vida de la persona, comprendiendo el desarrollo físico y psicológico del individuo; y, la jurídica, que conceptualiza el libre desarrollo de la personalidad como una cuestión de derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, porque al involucrar en el libre desarrollo de la personalidad facetas físicas, sociales, espirituales, jurídicas, etcétera, es indispensable que exista una protección y promoción de los derechos correspondientes a las distintas cualidades humanas, pues sólo si se asegura la eficacia de los derechos fundamentales de las personas, éstas podrán realizar su verdadero desarrollo. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el transcrito precepto 1°, párrafo tercero, establece la obligación de todas las autoridades de "promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad." Así, la Carta Magna reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales tendentes a garantizar las condiciones necesarias para que las personas en el Estado Mexicano se encuentren en aptitud de desarrollar plenamente su personalidad. Sólo por mencionar algunos de esos derechos humanos reconocidos en la Constitución, se encuentran, el derecho a recibir educación, el derecho a la alimentación, a la protección de la salud, a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, todos ellos indispensables para el desarrollo de la personalidad y la autorrealización del individuo. Asimismo, los derechos de la personalidad, entre otros, el derecho a la vida, integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al estado civil, que si bien no se encuentran referidos expresamente en el texto constitucional, sí son necesarios para que el individuo desarrolle su personalidad; los que, por cierto, se encuentran reconocidos en diversos tratados internacionales de los que México es parte. En otras palabras, dichos derechos, en conjunto, permiten al individuo elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, teniendo éstos su fundamento en la dignidad humana, en virtud de la cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano, por el hecho de serlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia constitucional sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital IUS 165813, de rubro y texto: "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad." En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de la dignidad humana deriva el derecho de todo individuo a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por lo tanto, el desarrollo libre de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la decisión de contraer matrimonio o de no hacerlo, dado que este aspecto es parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por ende, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Lo anterior se desprende de la tesis sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital IUS 165822, del tenor literal: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente." En razón de lo expuesto con antelación, se afirma que la decisión de uno de los cónyuges, de disolver el matrimonio que sostiene, es una expresión del derecho al libre desarrollo de su personalidad, pues es de esta forma (divorciado de su consorte) en que desea llevar a cabo su proyecto de vida, trascendiendo dicha circunstancia a su estado civil y, en consecuencia, a la forma en que desarrolla su propia personalidad, sin que tenga que justificar su voluntad en causa alguna, pues ello es totalmente ajeno a su derecho de autorrealización. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital IUS 2008492, de contenido: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. En ese sentido, toda vez que nuestro Máximo Tribunal concluyó que es suficiente la voluntad de uno de los cónyuges de no continuar en matrimonio, para decretar la disolución del vínculo matrimonial, resulta violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el régimen de divorcio que exija la acreditación de una causal. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital IUS 2009591, del contenido literal siguiente: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante. Del criterio transcrito es posible advertir que la Primera Sala del Máximo Tribunal, determinó que el Estado tiene prohibido interferir en los planes de vida de las personas, sino por el contrario, debe facilitar la prosecución de éstos, mientras no sean contrarios al orden público o afecten derechos de terceros, por lo que consideró que las legislaciones que establecen causales que haya que acreditar para la disolución del matrimonio, son inconstitucionales. Razón por la que diversas legislaciones locales ya han adoptado en sus respectivos ordenamientos el divorcio sin expresión de causa. Precisado lo anterior, en el caso que nos ocupa, se considera infundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa en el cual señala que la responsable al considerar que en la audiencia preliminar resultaba "improcedente" acoger la petición de decretar únicamente el divorcio entre los consortes, dado el allanamiento de esta última a dicha prestación, viola sus derechos humanos al contravenir los principios sostenidos referentes a la obligación que tiene el estado en todos sus ámbitos y respecto a su actuar, de respetar el derecho humano de las partes al libre desarrollo a la personalidad, en el que el Estado no debe intervenir. Esto es así, ya que, el hecho de que la responsable se niegue a dictar sentencia en la que determine lo correspondiente única y exclusivamente a la disolución del vínculo de matrimonio, se considera que no transgrede el derecho fundamental en trato, antes bien, se hizo en estricta observancia a lo establecido por los artículos 337 del Código Civil para el estado de Guanajuato y 227 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, que señalan: Artículo 337. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes: I. Cuando la causa de divorcio estuviere comprendida en las fracciones III, V y XV del artículo 323, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables, quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda en los términos del artículo 468 de este código, y si lo hubiere se nombrará tutor. II.En todos los demás casos se estará a lo convenido por los cónyuges, siempre que a juicio del juez, no se atente contra los intereses del menor; y si no hubiere pacto al respecto, el juez decidirá sobre los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y a la custodia de los hijos menores de edad, determinando su conservación, pérdida o suspensión para uno o ambos cónyuges, independientemente del carácter de vencedor o perdedor en juicio, mirando sólo el beneficio de los menores. En su caso, y de conformidad con la fracción IV del artículo 468, llamará a quien legalmente corresponda el ejercicio de la patria potestad o designará tutor. Cuando la causa de divorcio fuera por violencia intrafamiliar, el cónyuge culpable estará impedido para ejercer la guarda y custodia de los menores, así como restringido el régimen de visitas en los términos de la resolución judicial correspondiente, procurando que estas visitas sean supervisadas; y III. En los casos de las fracciones VI y VII del artículo 323, los hijos quedarán bajo la custodia del cónyuge sano, pero el consorte enfermo conservará los demás derechos de la patria potestad." Artículo 227. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse." El artículo citado en última instancia, prevé, entre otros, el principio de congruencia que debe regir en las sentencias, del que se deduce que se deben decidir con toda precisión los puntos sujetos a la consideración del tribunal. Dicho de otro modo, el principio de congruencia consiste en que las sentencias deben atender todos los planteamientos de la litis, tal como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación, así como con base en las constancias que la integran; además de desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio y los puntos resolutivos. Como consecuencia, existen diversas situaciones por las cuales no se cumple con el principio de congruencia, entre otras, las siguientes: I.Cuando el fallo contiene determinaciones contradictorias entre sí; II.Cuando concede al actor más de lo que pide; y, III.Cuando no resuelve todas las cuestiones planteadas en la litis o resuelve puntos que no figuran en ella. Correlativamente, el principio de exhaustividad, referido a resoluciones dentro de procedimientos ordinarios, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. La resolución reclamada, como acto de naturaleza judicial o jurisdiccional, debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme al principio de congruencia establecido en el referido artículo del Código de Procedimientos Civiles y al de exhaustividad que obliga a la responsable a dirimir todas las cuestiones litigiosas; asimismo, la función de decidir el derecho implica que la sentencia debe emitirse en un solo acto, que contenga y dé respuesta a todos los puntos de la litis, relacionados con la demanda y la contrademanda. Por tanto, se insiste, para cumplir con el principio de congruencia indicado, la autoridad judicial, al dictar sus resoluciones, debe tomar en cuenta, también, todas las constancias y pruebas que obran en autos. Y el diverso numeral 337 del Código Civil del estado de Guanajuato, es claro en determinar los puntos que deben ser abordados al emitir la sentencia en juicio de divorcio, por cuanto a los hijos; siendo que en el caso, ambas partes solicitaron se pronuncie el juez sobre tales aspectos en la sentencia de divorcio. Por lo que no es factible que ahora pretenda el actor en lo principal que la autoridad responsable se pronuncie de plano sobre la disolución del vínculo matrimonial y posteriormente resuelva las diversas prestaciones deducidas en el juicio de origen, ocasionando con ello el dictado de dos sentencias para dilucidar cuestiones atinentes al mismo caso, contrariando con ello el principio de continencia de la causa de que gozan las sentencias dictadas en términos del artículo 337 del invocado código sustantivo estatal. Tienen aplicación por su orientación, las tesis con Registro digital IUS 2019998, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "DIVORCIO INCAUSADO. NO DEBE DECRETARSE EN EL TRÁMITE DEL JUICIO, EN FORMA AUTÓNOMA Y DEJARSE PENDIENTES PARA SU POSTERIOR RESOLUCIÓN LAS DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, PUES SE ROMPE CON EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA, ANTE LA EVENTUAL EXISTENCIA DE DOBLE SENTENCIA, CUANDO ÉSTA ES UNA UNIDAD INDIVISIBLE QUE DEBE GUARDAR COHERENCIA INTERNA Y, POR ELLO, NO PUEDE ESCINDIRSE EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES EN DOS RESOLUCIONES DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme a lo dispuesto en los artículos 516, 517, fracción I, 518 y 519 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por regla general, si bien es cierto que el tribunal de apelación reasume jurisdicción en la medida de lo planteado en los agravios relativos, también lo es que debe subsanar las omisiones o incongruencias que haya cometido su inferior, ante la inexistencia del reenvío; de tal forma que el tribunal de alzada está facultado -mediante la apelación- para reparar los agravios ocasionados al inconforme y dictar un nuevo fallo que confirme, modifique o revoque la sentencia de primera instancia, pues el Juez al emitirla agotó la facultad que le confiere la ley de resolver el negocio; sobre todo en controversias en materia familiar, en las que el tribunal de alzada está obligado a suplir la queja deficiente atento a lo dispuesto en el numeral 514 del código procesal civil citado. Así, como la sentencia de segunda instancia sustituye procesalmente a la de primera, previo al pronunciamiento del fondo del asunto, el tribunal de apelación debe verificar si se encuentran satisfechos todos los presupuestos y elementos procesales necesarios para emitir una sentencia que dirima todos los puntos sujetos a debate, a fin de dictar un fallo congruente, como lo ordena el artículo 57, primer párrafo, del código procesal invocado. Lo anterior, en relación con el diverso precepto 338, fracción IV,(1) del propio código, permite deducir que la sentencia, como acto jurídico de decisión, no puede declararse ejecutoriada en partes o en fracciones, sino que atendiendo al principio de "continencia de la causa", que consiste en la unidad que debe existir en todo juicio, debe declararse en forma total y completa, esto es, por todas las acciones y excepciones que dieron origen a dicha sentencia. En ese orden de ideas, si se recurre en apelación la sentencia de primera instancia, ello hace que quede sub júdice en su integridad, y el dictado de fondo que se emita debe comprender todas esas acciones y excepciones deducidas oportunamente en el juicio lo que, incluso, resulta acorde con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 157 del Código Civil para el Estado, en el sentido de que: "La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos."; por tanto, si el tribunal de alzada, al resolver la apelación decide lo relativo al derecho alimentario de la parte acreedora, pero pasa por alto que el Juez dividió la continencia de la causa, ya que en el curso del procedimiento decretó el divorcio incausado, en forma autónoma y dejó de resolver lo relativo a la cancelación o subsistencia del derecho alimentario de la parte demandada, siendo que ambas cuestiones debieron decidirse en el mismo fallo; por lo que esas omisiones del Juez inferior, ameritan que se subsanen, reasumiendo jurisdicción. Lo anterior, porque de lo contrario implicaría la eventual existencia de dos sentencias, cuando ésta es una unidad indivisible que debe guardar coherencia interna y, por ello, no puede escindirse el estudio de las acciones en dos resoluciones distintas. En esas condiciones, se transgrede el principio de congruencia establecido en el primer párrafo del artículo 57 citado, si la sentencia reclamada no contiene una decisión acorde con todos los puntos controvertidos, lo que provocará la existencia de doble sentencia de fondo; en contravención a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa jurisprudencia con registro digital IUS 195706, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Y el diverso criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital IUS 198165, del tenor literal siguiente: SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." Sin que el hecho de esperar al dictado de la sentencia que resuelva la litis decrete la disolución del vínculo matrimonial, transgreda por sí mismo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ser las propias partes quienes eligieron esa vía y pusieron ante la potestad de la autoridad jurisdiccional los puntos a debate, sin que hubiese el quejoso tildado de inconstitucional, en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo que se resuelve, el susodicho artículo 337. Finalmente, por cuanto al argumento vertido a manera de concepto de violación, en el sentido de que la responsable pasó por alto el contenido del numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al señalar que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterior por la ley, para determinar derechos y obligaciones del orden civil. Dicha expresión resulta infundada, pues precisamente al incoar la acción génesis, es que se están respetando los aludidos derechos, ya que se sometió a un juzgador competente, independiente e imparcial, y además creado con anterioridad a lo planteado, diversas acciones para ser oídos en juicio. Además, el conservar la continencia de la causa en ningún modo, contrario a lo argüido por el accionante de la tutela federal, puede ser considerado como que el procedimiento oral de divorcio deje de ser ágil y breve, pues la codificación adjetiva prevé una serie de disposiciones para ello; sin embargo, la dilación propia de un procedimiento dependerá de la actitud procedimental de las partes. Conclusión. Atento a lo descrito en líneas precedentes, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos omisivos reclamados al gobernador y Congreso del estado de Guanajuato, por los motivos expuestos en el tercer considerativo de este fallo. egundo. La justicia federal no ampara ni protege a ***, respecto de los actos reclamados al juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato, por los motivos expuestos en el último considerativo.

  3. Principal

    A sus autos el oficio por el que el director de Asuntos Jurídicos del Congreso del estado de Guanajuato, en atención a los requerimientos de autos, aclara su informe justificado y realiza diversas manifestaciones, en tal virtud; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la promoción de cuenta para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se desprende que la autoridad responsable Congreso del estado de Guanajuato no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante la misiva 5805 ni obra en el sumario constancia de que hubiesen recibido la misma1, en el sentido de que aclarara su informe justificado respectivo, bajo el siguiente contexto: -Inicio de la transcripción- Por recibido el oficio remitido por el director de asuntos jurídicos del Congreso del estado de Guanajuato, mediante el cual señala rendir el informe justificado respectivo; sin embargo, lo hace de forma inexacta, lo que trae como consecuencia requerirle la aclaración del mismo. Se explica: La parte quejosa señaló en su escrito aclaratorio como acto legislativo reclamado: "[.] Por la ausencia en nuestras legislaciones Civil y Procesal Civil que regulen el divorcio incausado tanto sustantiva corno adjetivamente es que se dijo en la demanda que eran inconstitucionales, toda vez que el legislador de Guanajuato y el titular del Ejecutivo, al no incorporar en estas legislaciones esta figura del divorcio incausado y un trámite procesal para disolver el vínculo matrimonial acorde a esta figura, no atienden la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En tanto que el oficiante en su misiva de cuenta señaló: Esto es, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado es "la ausencia legislativa" por parte del Congreso Constitucional y Gobernador del estado de Guanajuato, en tanto que la autoridad oficiante rindió su informe por cuanto al decreto de las legislaciones respectivas, no así por el acto omisivo reclamado. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable para que dentro del plazo restante de los quince días otorgados en proveído de diecisiete del mes y año en curso, aclare su informe justificado. -Conclusión de la transcripción- Por tanto, vía mensajería rápida, reexpídase la misiva de que se trata; para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data, y en su lugar se fijan las trece horas con cincuenta y tres minutos del treinta y uno de agosto próximo.

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