Efraín Sánchez Gómez

Expediente 315/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
315/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Efraín Sánchez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio 6039/2017, con el cual se le remitió las constancias relacionadas con el juicio de amparo 315/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Asimismo, informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres meses a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de marzo de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 315/2017-4-A. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Chiapas "1", con residencia en esta ciudad. 2. Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", con residencia en esta ciudad. 3. Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Chiapas "1", con residencia en esta ciudad. 4. Administración General Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1", con residencia en esta ciudad. 5. Administrador Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad. 6. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Tapachula, Chiapas. 7. H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Tapachula, Chiapas. 8. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Coordinación General de Política Fiscal de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad. 9. Dirección de Auditoria Fiscal de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 10. Departamento de Visitas Domiciliarias de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 11. Departamento de Revisiones de Escritorios de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 12. Dirección de Cobranza de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 13. Policía Federal Ministerial Adscrito a la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. 14. Ministerio Público Federal Especializado, Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México. 15. Procurador General de la República, con residencia en la Ciudad de México. 16. Delegado de la Procuraduría General de la República, en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 17. Procurador Fiscal de la Federación, con sede en la Ciudad de México. 18. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con sede en la Ciudad de México. 19. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. 20. Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 21. Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 22. Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 23. Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 24. Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 25. Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 26. Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 27. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 28. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 29. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 30. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 31. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 32. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad 33. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad 34. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 35. Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, los artículos 1, 37 y 38 de la Ley de Amparo, expresamente disponen: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 37: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca" El artículo 1, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades o de particulares en los casos señalados en la propia ley. El artículo 37 transcrito en su primer párrafo, prevé como regla general que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para su conocimiento radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En tanto que el artículo 38 establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más cercano dentro del circuito a que pertenezca el Juzgado. El quejoso asigna el carácter de autoridades responsables ejecutoras a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, residentes en esta ciudad; lo que deviene que este Juzgado Federal carezca de legal competencia para conocer de la demanda de amparo, y que éste no puede ser declinado a los órganos jurisdiccionales que se encuentran en esta ciudad, al haber sido también señaladas como responsables, por lo que atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del que se advierte que los juzgados inmediatos son los ubicados en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por lo que lo procedente es declinar la competencia al Juez de Distrito en Turno, con residencia en esa ciudad. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 88/2006; visible a página 75, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007. COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Conviene señalar que el artículo 48 de la Ley de Amparo, dispone: Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estime carecer de competencia, lo remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Asimismo, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, señala: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. De las transcripciones anteriores se desprende que en los casos de notoria incompetencia del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el Juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos mencionados en el artículo 15, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al Juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el Juez de Distrito sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, le remitirá con sus anexos al Juez de Distrito que corresponda. En el caso particular, el quejoso reclama las ordenes de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución atribuidas a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, residentes en esta ciudad, así como los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; y otras diversas autoridades, de modo que no se está en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no es un acto de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni se advierte que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; pues, promueve el amparo por propio derecho. En efecto la orden de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución, constituyen actos que se ubican dentro de un procedimiento judicial y, por ende, no se surte alguno de los supuestos contemplados en el numeral 15 de la Ley de Amparo, para proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados; por el contrario, recibidas este tipo de demandas, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, se deben remitir con sus anexos al Juez de Distrito que se considere competente. Máxime que como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito tendrá el carácter de autoridad responsable, durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5, fracción II, de la Ley de la materia, puesto que con independencia de que este Juzgado haya emitido o no la orden de aprehensión o alguno de los demás que constituyen los actos reclamados, tendrá durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues pasa a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez; por ende, no podría otorgar la suspensión sobre sus mismos actos, salvo casos excepcionales (hipótesis limitativas previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo), siendo además evidente que estaría en curso un impedimento en términos del artículo 51 fracción IV, de la Ley de Amparo. Además por oficio CJF/DGEPJ/OCC/5286/2010, suscrito por el Director General de Estadística y Planeación Judicial, comunicó que las órdenes de detención no ejecutadas, de arresto, de aprehensión y de reaprehensión, dejaron de considerarse como urgentes. Sin resolver sobre su admisión ni respecto a la suspensión del acto reclamado, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en Turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a fin de que se avoque al conocimiento de la misma, lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo; solicítese atentamente al Juez Federal, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia planteada y acusar el recibo correspondiente. Con copia de este acuerdo y de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizada de la parte quejosa en términos restringidos a Ana Karina López Gómez, por haberlo solicitado así expresamente la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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