Efraín Saldivar Solís

Expediente 804/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
804/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Efraín Saldivar Solís
  • Juez Décimo Segundo de lo Civil de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 217), se tuvo a la autoridad responsable Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla remitiendo copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *****, como apoyo a su informe justificado, el cual obra en un cuaderno auxiliar, y que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio y se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, en consecuencia se provee: Devuélvanse al Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla las constancias referidas en el párrafo que antecede, las cuales obran en un cuaderno auxiliar del presente juicio. Finalmente, devuélvanse los presentes autos al archivo, en cumplimiento al auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

  2. Principal

    DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ***** , que el Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, remitió a este Juzgado, el cual obra en un cuaderno auxiliar del presente expediente. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II del citado Acuerdo General. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL DE CUENTA, de la que se advierte que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, notificar a la parte tercero interesada *****************, el auto y la sentencia de trece de julio del año en curso, -- toda vez que el domicilio que señaló para tal efecto no existe --, en consecuencia, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de dos de mayo de dos mil diecisiete (foja 54 a 56), y que se le hizo de su conocimiento mediante diligencia de tres de mayo siguiente (foja 64), y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada dicho auto y la referida sentencia, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado o zona conurbana al mismo, de conformidad con el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo. QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... en términos del considerando cuarto de esta sentencia". "Vistos los autos, se advierte que en proveído de dos de mayo del año en curso, se reservó proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistentes en el estudio socioeconómico en el domicilio del quejoso ***************** hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, y se hubiere emplazado a la parte tercero interesada, lo que ya aconteció; por tanto, se provee: Respecto a la prueba consistente en el estudio socioeconómico que efectúe un perito en materia de trabajo social en el domicilio de la parte quejosa, se desecha toda vez que no es el medio idóneo para acreditar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen y la orden de desalojo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis P./J.41/2001, Materia Común, Novena Época, visible en la página 157, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XIII, Abril de 2001, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Por otro parte, respecto a la prueba testimonial que ofrece, no ha lugar a tenerla por ofrecida en virtud de que el quejoso no acompañó al escrito de demanda el original del interrogatorio al tenor del cual deberían ser examinados los testigos, así como las copias simples para correr traslado a cada una de las partes, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ya que éste es requisito necesario para que se tenga por ofrecida la citada prueba, para delimitar su objeto y contenido. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 2a. XXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, página 1711, registro 2009210, que a continuación se cita: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL. Conforme al precepto citado, la prueba pericial debe ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo el original del cuestionario para los peritos y las copias para cada una de las partes, y en caso de que éstas falten total o parcialmente, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días y, de no exhibirlas, se tendrá por no ofrecida. Ahora, cabe precisar que el cuestionario que deben responder los peritos y las copias para correr traslado a las demás partes, son requisitos necesarios para que se tenga por ofrecida la prueba; sin embargo, tienen funciones distintas, pues el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es el elemento medular de la prueba pericial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes su contradicción. En ese sentido, dadas sus diversas finalidades y alcances se concluye que la facultad de requerir las copias para traslado -ante la ausencia parcial o total de su exhibición- no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario se haría nugatorio el plazo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues bastaría con que sólo se anunciara la prueba pericial cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el del anuncio ni el de la propia audiencia, para que con ello el juzgador tuviera que requerir su exhibición, concediendo otros 3 días más, con lo que evidentemente el ofrecimiento se perfeccionaría con posterioridad al plazo referido, en detrimento de los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes. SEPARACIÓN DE JUICIOS En otro orden, de autos se advierte que el quejoso Efraín Saldívar Solis, promovió el presente juicio de amparo contra los actos y autoridades que a continuación se mencionan: Autoridades responsables ordenadoras: Del 1.- Juez Décimo Segundo de lo Civil de Puebla: 1.1.- La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 816/2011, en consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la diligencia de embargo, la adjudicación y el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se requiere al demandado, aquí quejoso, y/o a quien se encuentre en posesión del ****** a, para que el término de tres días entregue dicho inmueble a la parte actora, apercibido que de no hacerlo, se procederá a ordenar el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Del 2.- Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: 2.1.- El embargo derivado del juicio de alimentos 171/2014, así como los autos, decretos, resoluciones y sentencia definitiva. Cabe precisar que el quejoso en el segundo escrito aclaratorio expresamente manifestó que no señalaba como acto reclamado la falta de emplazamiento al citado juicio (foja 53). Autoridades responsables ejecutoras: Del 3. Diligenciario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla: 3.1.- La ejecución del auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Del 4.- Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla: 4.1.- La anotación marginal a efecto de que el inmueble materia del juicio ejecutivo mercantil de origen no se pueda vender ni trasladar dominio. Ahora bien, tomando en consideración que los citados actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí, en virtud de que derivan de procedimientos de distinta naturaleza (juicio ejecutivo mercantil y juicio de alimentos), reclamados a autoridades diversas, por lo que, no derivan de relaciones jurídicas del mismo hecho, ni tienden al mismo efecto, como tampoco hay razón para considerar que deben resolverse en una misma controversia; por lo que este Juzgado de Distrito, de oficio y con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, interpretados a contrario sensu, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o, ordena la separación de juicios. Al efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación; por tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí, en aras de una mejor administración de justicia. En ese orden de ideas, al considerarse que los actos reclamados deben tratarse en juicios separados, es procedente la separación de juicios respecto del en que se actúa. Sentado lo anterior, se debe aclarar que el presente juicio de amparo 804/2017 en que se actúa, versará únicamente por lo que hace a los actos reclamados por el quejoso Efraín Saldívar Solis, al Juez Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, al Diligenciario adscrito a dicho juzgado, así como al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, consistentes en: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 816/2011 y todo lo actuado, así como su ejecución. Por otro lado, el juicio de amparo que se separa, versará respecto de los actos consistentes en: El embargo derivado del juicio de alimentos 171/2014, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como los autos, decretos, resoluciones y sentencia definitiva. Es aplicable, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 78/97 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117 del Tomo VI, correspondiente al mes de Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". En consecuencia, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 114, 116, 147, 149 y 156 y relativos de la Ley de Amparo, fórmese el expediente relativo, que deberá contener copia certificada del expediente en que se actúa, para integrar el juicio que se separa, del mismo modo, remítase el cuaderno auxiliar II que se formó con motivo del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, envíense de inmediato a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que los registre y para que por su conducto, se turne al Juez de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, y continúe con la tramitación de la demanda de amparo presentada por Efraín Saldívar Solis, contra los actos reclamados consistentes en: El embargo derivado del juicio de alimentos 171/2014, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como los autos, decretos, resoluciones y sentencia definitiva"

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RAQUEL ZAMORA REYES EN REPRESENTACIÓN DE LA MENOR VICTORIA ALDIVAR ZAMORA, EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos los autos, se advierte que en proveído de dos de mayo del año en curso, se reservó proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistentes en el estudio socioeconómico en el domicilio del quejoso ***************** hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, y se hubiere emplazado a la parte tercero interesada, lo que ya aconteció; por tanto, se provee: Respecto a la prueba consistente en el estudio socioeconómico que efectúe un perito en materia de trabajo social en el domicilio de la parte quejosa, se desecha toda vez que no es el medio idóneo para acreditar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen y la orden de desalojo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis P./J.41/2001, Materia Común, Novena Época, visible en la página 157, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XIII, Abril de 2001, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Por otro parte, respecto a la prueba testimonial que ofrece, no ha lugar a tenerla por ofrecida en virtud de que el quejoso no acompañó al escrito de demanda el original del interrogatorio al tenor del cual deberían ser examinados los testigos, así como las copias simples para correr traslado a cada una de las partes, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ya que éste es requisito necesario para que se tenga por ofrecida la citada prueba, para delimitar su objeto y contenido. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 2a. XXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, página 1711, registro 2009210, que a continuación se cita: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL. Conforme al precepto citado, la prueba pericial debe ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo el original del cuestionario para los peritos y las copias para cada una de las partes, y en caso de que éstas falten total o parcialmente, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días y, de no exhibirlas, se tendrá por no ofrecida. Ahora, cabe precisar que el cuestionario que deben responder los peritos y las copias para correr traslado a las demás partes, son requisitos necesarios para que se tenga por ofrecida la prueba; sin embargo, tienen funciones distintas, pues el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es el elemento medular de la prueba pericial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes su contradicción. En ese sentido, dadas sus diversas finalidades y alcances se concluye que la facultad de requerir las copias para traslado -ante la ausencia parcial o total de su exhibición- no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario se haría nugatorio el plazo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues bastaría con que sólo se anunciara la prueba pericial cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el del anuncio ni el de la propia audiencia, para que con ello el juzgador tuviera que requerir su exhibición, concediendo otros 3 días más, con lo que evidentemente el ofrecimiento se perfeccionaría con posterioridad al plazo referido, en detrimento de los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes. SEPARACIÓN DE JUICIOS En otro orden, de autos se advierte que el quejoso Efraín Saldívar Solis, promovió el presente juicio de amparo contra los actos y autoridades que a continuación se mencionan: Autoridades responsables ordenadoras: Del 1.- Juez Décimo Segundo de lo Civil de Puebla: 1.1.- La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 816/2011, en consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la diligencia de embargo, la adjudicación y el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se requiere al demandado, aquí quejoso, y/o a quien se encuentre en posesión del inmueble identificado como lote de terreno número 55, manzana 44, Zona Uno, del ejido denominado San Baltazar Campeche, Puebla, Puebla, actualmente Avenida 97 Oriente (Jazmín) número 1645, de la colonia Granjas de San Isidro de la ciudad de Puebla, para que el término de tres días entregue dicho inmueble a la parte actora, apercibido que de no hacerlo, se procederá a ordenar el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Del 2.- Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: 2.1.- El embargo derivado del juicio de alimentos 171/2014, así como los autos, decretos, resoluciones y sentencia definitiva. Cabe precisar que el quejoso en el segundo escrito aclaratorio expresamente manifestó que no señalaba como acto reclamado la falta de emplazamiento al citado juicio (foja 53). Autoridades responsables ejecutoras: Del 3. Diligenciario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla: 3.1.- La ejecución del auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Del 4.- Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla: 4.1.- La anotación marginal a efecto de que el inmueble materia del juicio ejecutivo mercantil de origen no se pueda vender ni trasladar dominio. Ahora bien, tomando en consideración que los citados actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí, en virtud de que derivan de procedimientos de distinta naturaleza (juicio ejecutivo mercantil y juicio de alimentos), reclamados a autoridades diversas, por lo que, no derivan de relaciones jurídicas del mismo hecho, ni tienden al mismo efecto, como tampoco hay razón para considerar que deben resolverse en una misma controversia; por lo que este Juzgado de Distrito, de oficio y con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, interpretados a contrario sensu, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o, ordena la separación de juicios. Al efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación; por tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí, en aras de una mejor administración de justicia. En ese orden de ideas, al considerarse que los actos reclamados deben tratarse en juicios separados, es procedente la separación de juicios respecto del en que se actúa. Sentado lo anterior, se debe aclarar que el presente juicio de amparo 804/2017 en que se actúa, versará únicamente por lo que hace a los actos reclamados por el quejoso Efraín Saldívar Solis, al Juez Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, al Diligenciario adscrito a dicho juzgado, así como al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, consistentes en: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 816/2011 y todo lo actuado, así como su ejecución. Por otro lado, el juicio de amparo que se separa, versará respecto de los actos consistentes en: El embargo derivado del juicio de alimentos 171/2014, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como los autos, decretos, resoluciones y sentencia definitiva. Es aplicable, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 78/97 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117 del Tomo VI, correspondiente al mes de Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". En consecuencia, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 114, 116, 147, 149 y 156 y relativos de la Ley de Amparo, fórmese el expediente relativo, que deberá contener copia certificada del expediente en que se actúa, para integrar el juicio que se separa, del mismo modo, remítase el cuaderno auxiliar II que se formó con motivo del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, envíense de inmediato a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que los registre y para que por su conducto, se turne al Juez de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, y continúe con la tramitación de la demanda de amparo presentada por Efraín Saldívar Solis, contra los actos reclamados consistentes en: El embargo derivado del juicio de alimentos 171/2014, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como los autos, decretos, resoluciones y sentencia definitiva. 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