Efraín Salazar Benavidez

Expediente 762/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
762/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Efraín Salazar Benavidez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al veinticinco del mes y año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de dos del mismo mes y año, dentro del juicio de amparo número 762/2017; Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa y, por tanto, la parte quejosa no exhibió billete de depósito. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de dos del mes y año en curso, donde se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. AleM.

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. En dos de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el escrito registrado bajo el folio 13155.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese al sumario para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por Pantaleón García Adame, perito en materia de topografía de las autoridades responsables Subsecretario de Desarrollo Urbano, Subsecretario de Infraestructura Vial y Secretario de Infraestructura, todos de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido y advirtiéndose de autos que a la fecha este juzgado no cuenta con perito en la materia antes citada para que auxilie a este juzgado en el desahogo de la prueba de inspección u ocular adminiculada a la pericial en ubicación y localización de predios o lotes urbanos e Ingeniería Civil ofrecida por la parte quejosa; dígase al promovente que una vez se cuente con el experto en cita, se procederá a fijar fecha y hora para la celebración de dicho medio de prueba; por lo que no se autoriza al promovente a realizar actos tendientes al levantamiento topográfico en conflicto, hasta en tanto este juzgado ordene su desahogo. Por otra parte, toda vez que el Director de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, residente en esta ciudad, ha sido omiso en dar contestación a la petición formulada por este juzgado en el sentido de que se sirva nombrar un profesionista que funja como perito oficial de este juzgado en materia de topografía, en virtud de la prueba de inspección u ocular adminiculada a la pericial en ubicación y localización de predios o lotes urbanos e Ingeniería Civil ofrecida por la parte quejosa; requiérasele de nueva cuenta para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que le sea notificado este proveído, señale un profesionista en la referida materia (topografía), e efecto de que coadyuve con este juzgado en la celebración de dicho medio de prueba. Se le apercibe que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EFRAÍN SALAZAR BENAVIDEZ, LA DETERMINACIÓN DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado veinticinco de septiembre del año en curso, remite copia certificada del auto en que se ordenó regularizar el procedimiento y de la constancia de notificación y/o emplazamiento a las demandadas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y/o PENSIONISSSTE al juicio laboral 82/2017, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de emplazar a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y/o PENSIONISSSTE al juicio laboral 82/2017. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio de cuenta, recibido en este Juzgado el veintinueve de septiembre del año en curso, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco del mismo mes y año, remitió entre otras constancias, la copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y/o PENSIONISSSTE al juicio laboral 82/2017; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de agosto del año en curso), la autoridad responsable llevó a cabo el emplazamiento de la mencionada demandada. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que no había sido llamada a juicio ni emplazado una de las partes dentro del juicio laboral 82/2017, por lo que al lograrse dicho emplazamiento debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el emplazamiento de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y/o PENSIONISSSTE, han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."

  4. Principal

    El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con los oficios registrados bajo los folios 12785 y 12784 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede esta ciudad (por conducto de su Presidenta) y actuario adscrito a la citada junta; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 119 de la ley de la materia en consulta, se tiene como prueba de las autoridades responsables oficiantes, la documental que anexa a su informe; misma que dada su propia y especial naturaleza, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Ahora, atendiendo que la constancia que remiten las autoridades de mérito, se advierte que el veintiuno del mes y año en curso, se difirió la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del expediente laboral 82/2017, en razón de que no se presentó persona alguna que representara a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y/o PENSIONISSSTE, ordenando su diferimiento y el emplazamiento respectivo. Por tanto, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, solicítese a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede esta ciudad, que de no tener inconveniente legal, dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita la notificación y/o emplazamiento de la referida demandada, o bien, copia fotostática certificada de ella; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE. Ajc.

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