Efraín Ruíz Romero
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Efraín Ruíz Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021.********************Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa (Hospital General) con residencia en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede fijar la omisión que se reclama en la presente instancia constitucional.********************De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que el quejoso reclama:********************Del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y, de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con sede en Morelia:********************- La omisión de brindarle la atención médica y proporcionarle el tratamiento que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica.********************Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".********************TERCERO. CERTEZA DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y, por ende, representante legal del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán, al rendir el informe justificado negó la existencia de la omisión que se atribuye a sus representados.********************Pues al efecto señaló que dichas autoridades no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna la negativa a brindar atención médica al quejoso, o negar diversos medicamentos, además de que, se había exhortado al impetrante para que acudiera a la "Clínica SR", en el Municipio de Los Reyes, Michoacán, con la finalidad de que se le agendaran sesiones de hemodiálisis de manera subrogada; y, que se había llevado con éxito el alta del quejoso en la referida clínica.********************Empero, tomando en consideración que el estudio correspondiente a si la autoridad responsable omitió o no otorgar la atención médica que el quejoso requería atañe necesariamente al fondo del asunto, se desvirtúa la negativa informada y se tiene por cierta la omisión combatida.********************CUARTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".********************QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación propuesto resulta fundado.********************La cuestión efectivamente planteada en el disenso, se centra en que la quejosa considera que las autoridades responsables de la Secretaría de Salud de Michoacán, trastocan el artículo 4 de la Constitución Federal, al no garantizar su derecho a la salud, toda vez que no ha recibido la atención médica que requiere para su padecimiento.********************Como se anticipó, el concepto de violación es fundado.********************En efecto el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a la salud, establece:********************"Artículo 4o.- (.)******************** Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social."********************Conforme a la porción normativa recién transcrita, toda persona tiene derecho a la salud, de lo cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia.********************El Estado Mexicano ha signado convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del citado derecho (salud) y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado.********************Sobre el tópico, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él.********************Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otro progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho.********************Es ilustrativa, la tesis P.XVI/2011, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, del tomo XXXIV, agosto de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 161333, que dispone: ********************"DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". ********************El citado Alto Tribunal, ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud, se deben entender como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.********************Lo anterior, en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.********************Es aplicable, la tesis 1a.LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 457, tomo XXVIII, julio de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169316, que prevé: ********************"DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud."********************Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, refiriendo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; aunado a ello, el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.********************En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano.********************La prerrogativa fundamental en estudio entraña libertades y derechos, entre las que destaca la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; además, las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. ********************Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, la obligación estatal de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud deba entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.********************De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos; esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin.********************Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado.********************En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia titulada: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL," ha determinado que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, suministra los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos:********************a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas;********************b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios;********************c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos; y,********************d) Otros, que se prestan de conformidad con la autoridad sanitaria, como son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema.********************Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo.********************De ahí que, el derecho a la salud, se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.********************Sirve de apoyo, la tesis P.LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 6, del tomo XXX, diciembre de 2009, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165826, de literalidad siguiente:********************"DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica".********************Además, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4, párrafo cuarto de la Carta Magna, en sus artículos 2, 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población.********************Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros:********************a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y,********************b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud.********************Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud.********************Aquí, es conveniente acudir a lo establecido en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 11 y 77 bis 12, todos de la Ley General de Salud, los cuales son reproducidos al tenor siguiente:********************"Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. ********************La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.********************(.)********************Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud.********************Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. ********************Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. ********************Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente."********************De esta manera podemos observar que el principio de gratuidad en la prestación de servicios de salud, con el objeto de preservar la salud en las personas, está consagrado en favor de aquéllas que no se encuentren bajo el régimen de algún mecanismo de seguridad social, a fin de que puedan obtener sin costo alguno tanto el servicio de salud, en estricto sentido, como los medicamentos y demás insumos necesarios para preservar su integridad física, sin importar su condición social.********************Lo cual incluye, no sólo lo que podría considerarse como una atención básica, sino también las intervenciones quirúrgicas que requiera, así como los farmacéuticos y enseres hospitalarios que necesite en congruencia con su estado actual de salud.********************Dependiendo así la prestación de los servicios de salud gratuita de la Secretaría de Salud Federal, como de las entidades federativas por intervención de sus correspondientes servicios estatales de salud; de ahí que, solidariamente estarán obligados a aportar las cuotas necesarias para hacer frente a dicha necesidad, que como se dijo, está constituida como prerrogativa fundamental.********************Por ello, incumbe al Gobierno Federal establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que destinará para tal fin; siendo así la única condicionante para el ejercicio de esa prerrogativa fundamental el límite presupuestario con que cuentan las instituciones de salud para poder proporcionar la atención médica integral.********************De ahí que la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud: de ahí que si el Estado mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud.********************Tales consideraciones dieron origen a las tesis 2a.CIX/2014 y 2a.CVIII/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pueden verse en las páginas 1190 y 1192, del libro 12, noviembre de 2014, tomo I de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con números de registro 2007936 y 2007938, que disponen: ********************"DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos."********************"SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado."********************En el caso, el impetrante de amparo ********************, manifestó bajo protesta de decir verdad, que padece insuficiencia renal crónica para lo cual requiere el tratamiento renal sustitutivo denominado hemodiálisis, sin embargo, debido a que el Hospital General de Los Reyes, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán no cuenta con equipo necesario para brindarle las sesiones de hemodiálisis, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo acudía a recibir dicho tratamiento a una clínica particular en Peribán, Michoacán, cubriendo el impetrante el costo de la sesión, el traslado y los medicamentos, como son eritropoyetina, hierro y otros, no obstante, ante la falta de recursos económicos, no ha podido acudir a las sesiones de hemodiálisis que requiere.********************Ahora, la falta de atención médica que reclama a las autoridades responsables prevalece.********************En relación con lo anterior, como se advierte de las constancias que obran dentro del presente juicio, el apoderado jurídico de las autoridades responsables, al rendir el informe respectivo en relación con la suspensión de plano, hizo saber a éste órgano jurisdiccional, que después de una búsqueda en sus archivos no se encontró registro alguno a nombre del impetrante ********************, por lo que sus representadas no habían sido omisas, ni habían emitido acto negativo en dar atención médica al quejoso.********************Sin embargo, señaló que a fin de brindar el tratamiento de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), para los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica de manera subrogada, celebró contrato abierto con la empresa Arquina, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que, a efecto de que se otorgara la atención médica al quejoso debía presentarse el lunes treinta de octubre de dos mil veintitrés a las once horas con treinta minutos, en la "Clínica SR", con la finalidad de que se le agendaran sus sesiones de hemodiálisis.********************Asimismo, al rendir su informe justificado, las autoridades responsables señalaron que el alta del quejoso ante la clínica referida se llevó a cabo con éxito, y que, incluso, en ese momento se encontraba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis de manera gratuita.********************De lo expuesto, se puede concluir que, si bien es cierto, el apoderado jurídico de las autoridades responsables señaló, que el quejoso estaba recibiendo la atención médica que requería para su padecimiento, también es verdad, dichas manifestaciones son insuficientes para considerar cumplida la obligación de garantizar la satisfacción del derecho a la salud del solicitante de amparo, debido a que la atención que se le brinda derivó del cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, es decir, no provino de la iniciativa propia de las responsables, cuya omisión o falta de atención representa la base de la violación al derecho humano impetrado en este asunto.********************Máxime, que la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a éste a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar los padecimientos del quejoso.********************En esas condiciones, con las acciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano, no es dable tener por resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo.********************En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación que se estudia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por ********************.********************SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a ******************** el amparo solicitado a efecto que:********************Las autoridades responsables Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y, la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con sede en Morelia: ********************a) Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad gestione las acciones necesarias para que éstas, o bien a través de la clínica o del centro hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se le siga proporcionando al quejoso ********************, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar su padecimiento de insuficiencia renal crónica. Lo que implica a los médicos en la especialidad que fuere necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos más idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. ********************b) Asimismo, deberán realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine el número de hemodiálisis semanales que necesita, a efecto de garantizarle las mismas. ********************c) Para efecto de lo anterior, será obligación del quejoso para gozar de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Los Reyes, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán, para que sea valorada médicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto.********************d) Se ordena a las autoridades responsables, que se cercioren de que en el expediente médico del quejoso ********************, se asiente la anotación relativa a los efectos para los que se otorgó la concesión del presente juicio de amparo, relacionados con los padecimientos de insuficiencia renal crónica, que le fue diagnosticado; así como para que las constancias relativas al cumplimiento de la presente ejecutoria se integren a dicho expediente.********************Cobra puntual aplicación, la tesis CCCXLIII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 969, del libro 24, noviembre de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010420, que dice:********************"DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes."********************SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión reclamada del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y, de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con sede en Morelia, consistente en la falta de atención médica y proporcionarle el tratamiento que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica, por los motivos expresados en el considerando quinto y para los efectos descritos en el correlativo sexto del presente fallo.********************SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió y firma (electrónicamente), René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.****************************************La suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa dentro del juicio de amparo 726/2023, promovido por ********************, contra actos del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán; y de otra autoridad. Conste.****************************************El veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.
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En quince de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio, el cual quedó registrado con el número de folio 14489. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito del Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Hospital General de Los Reyes, Michoacán; en atención a su contenido, se le tiene informando que una vez que solicitó a la empresa ********************, ********************, información sobre la suspensión del servicio de hemodiálisis, ésta le hizo saber que las sesiones de hemodiálisis a los pacientes habían sido reanudadas, por lo que el quejoso podía acudir a recibir su tratamiento sin inconveniente. Con el oficio de cuenta se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
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En catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio registrado con el número de folio 14315. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito y anexo del Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán; en atención a su contenido, se le tiene informando que la parte quejosa se encuentra recibiendo atención médica de manera subrogada, toda vez que el servicio de brindar sesiones de hemodiálisis no se encuentra suspendido. Con el oficio de cuenta se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
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En treinta de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, el cual se registró con el folio 13436. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene remitiendo copia de la resolución interlocutoria de dieciocho de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 101/2013, del índice de dicho órgano jurisdiccional, lo que se ordena tomar en cuenta al momento de calificar el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
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