Efraín Ruíz Meneses
Expediente 1951/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1951/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 23/01/2017
Partes del expediente
- Efraín Ruíz Meneses
- Coordinador general jurídico de la secretaría de la contraloría del gobierno del estado de puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presente autos, de los que se advierte que por oficio recibido en este juzgado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, remitió copia certificada de la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revocación 33/2013. Asimismo, mediante proveído de dos de enero de dos mil diecisiete se requirió al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que informara en caso de no haber realizado el pago de la remuneración correspondiente al quejoso, con motivo la sanción impuesta en términos de la resolución reclamada, practicara dicho pago. Bajo ese contexto, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el cinco de enero de dos mil diecisiete, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitió copia certificada del oficio SC-SGI-SIT-546/2016, signado por la Delegada en Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla. En mérito de lo anterior, mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que tal acuerdo se notificó a la última de las partes [quejosa] el doce de enero de dos mil diecisiete, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto debe decirse que por sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos de que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de uno de septiembre de dos mil quince, emitida dentro del expediente de revocación 33/2013, y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, emitiera una nueva en la que declarara prescrita la facultad sancionadora para fincar responsabilidad al quejoso. 2. En caso de que no se hubiera realizado el pago de la remuneración correspondiente, con motivo de la sanción impuesta en términos de la resolución reclamada, se efectuara el pago aludido. Por lo anterior, del examen de las documentales exhibidas por la responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: El Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, el trece de septiembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la resolución de uno de septiembre de dos mil quince, emitida dentro del expediente de revocación 33/2013 y, dictó otra, en la que revocó la diversa determinación de doce de junio de dos mil trece, en la que el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Infraestructura había impuesto al hoy quejoso Efraín Ruíz Meneses, como sanción administrativa inhabilitación temporal de un año para desempeñar empleo, cargo y comisión en el servicio público estatal y sanción económica por la cantidad de $172,102.33 (ciento setenta y dos mil ciento dos pesos con treinta y tres centavos M.N.). Asimismo, dicha autoridad remitió copia certificada del oficio SC-SGI-SIT-546/2016, signado por la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, del cual se advierte que no se había realizado ningún acto tendente a la ejecución de la resolución de mérito. De ahí que no existía ningún pago pendiente por remunerar a favor del quejoso, con motivo de la sanción impuesta en términos de la resolución reclamada. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la nueva Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Se determina que este asunto no es de relevancia documental
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Coordinadora General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en atención a los requerimientos de doce de diciembre de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada del oficio SEDU001/2011. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Coordinadora General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en atención a los requerimientos de doce de diciembre de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada del oficio SEDU001/2011. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 102 a 113), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso Efraín Ruiz Meneses, para lo cual la autoridad responsable Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla debía realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de uno de septiembre de dos mil quince emitida dentro del expediente de revocación 33/2013, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, emita una nueva en la que declare prescrita la facultad sancionadora para fincar responsabilidad al quejoso dentro del expediente administrativo SEDU01/2011. 2. En caso de que no se haya realizado el pago de la remuneración correspondiente, como motivo de la sanción impuesta en términos de la resolución reclamada, deberá efectuar el pago correspondiente." En ese entendido, por oficio recibido el dieciséis de diciembre de mil dieciséis el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría remitió copia certificada de la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil dieciséis dentro del expediente de recurso de revocación 33/2013, en la que subsanó los vicios que le fueron señalados en la sentencia dictada en este expediente, a saber, dejó insubsistente la emitida el doce de junio de dos mil trece, en la que el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Infraestructura impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en inhabilitación temporal de un año para desempeñar empleo, cargo y comisión en el servicio público estatal y sanción económica y ordenó girar oficio para que la autoridad de origen realizará lo siguiente: En caso de que haya ejecutado la sanción administrativa el encausado sea restituido en pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales, esto es, la Delegación de marras realice las gestiones tendentes al pago de los salarios que por la sanción imputada al encausado que ante la declaratoria de prescripción dejo de percibir desde su inhabilitación. Sin embargo, a la fecha no se ha informado a este juzgado federal el estado procesal que guarda dicha revocación para tener por cumplida la sentencia, es decir, que en caso de que no se haya realizado el pago de la remuneración correspondiente al quejoso, como motivo de la sanción impuesta en términos de la resolución reclamada, deberá efectuarse el pago correspondiente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la ejecutoria A.R. 112/2016. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, en caso de incumplimiento, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la nueva Ley de Amparo.
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