Efrain Ruiz Limon
Expediente 357/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Efrain Ruiz Limon
- Juan Carlos García Lara
- Y.B.G.C. (en su representación Marina Faviola Cuaxilo Saldaña)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercero interesado se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico, conforme al artículo 99, Título Tercero, Capítulo Uno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. En tales condiciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la declaratoria que es conservable, por lo que una vez cumplidos tres años, a partir del dictado del presente proveído, será transferido. Por otra parte, se hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales presentados por las partes, susceptibles de ser devueltos. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada (foja 295). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota de cuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 84 a 174), este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa en lo principal, por vicios de fondo, para los efectos siguientes: 1.- La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2.- Dicte otra en la que tomando en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria, analice debidamente todo el caudal probatorio existente, estableciendo si del análisis de la prueba pericial, sentencia penal absolutoria, testimonial y presuncional, se justificaron los extremos de la acción ejercida y en específico la conducta dolosa de los demandados que se estableció en los hechos de la demanda y que refiere el artículo 1379 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, esto es, si se demostró o no que el derecho de los aquí quejosos al denunciar un hecho ilícito o un delito, sólo se ejercitó a fin de causar daño al accionante, sin utilidad para el titular del derecho (.)". Ahora bien, por resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (foja 182), la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación 23/2022, de su índice; asimismo, el uno de junio de dos mil veintitrés, dictó una nueva sentencia; no obstante, por resolución de diez de julio de esta anualidad se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 244 a 253). Con motivo de lo anterior, la Sala responsable mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia de uno de junio de dicho año (foja 266); y con fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, procedió a dictar una nueva (fojas 281 a 294), en la que:1.- Analizó el caudal probatorio existente, estableciendo que del análisis de la prueba pericial, sentencia penal absolutoria, testimonial y presuncional, se aprecia que no se justificaron los extremos de la acción ejercida y en específico la conducta dolosa de los demandados que se estableció en los hechos de la demanda y que refiere el artículo 1379 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 2.- Asimismo, consideró que no se demostró que el derecho de los quejosos al denunciar un hecho ilícito o un delito, sólo se haya ejercido a fin de causar daño al accionante, sin utilidad para el titular del derecho. 3.- Así, concluyó confirmar la sentencia de primera instancia y declarar improcedente la acción intentada. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, este Órgano Colegiado estima que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo que nos ocupa. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de agosto de este año, desahogó la vista ordenada por este Órgano Colegiado, en relación con la nueva sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde substancialmente manifiesta (fojas 310 a 327): a).- Que existe incumplimiento porque la responsable sólo repite lo asentado en la primera sentencia que constituyó el acto reclamado, existiendo irregularidades e inconsistencias, por lo que es ilegal, pues no se toma en consideración lo establecido en la ejecutoria de amparo. b).- Ya se había declarado por determinación de diez de julio de dos mil veintitrés, que no estuvo cumplida la ejecutoria de amparo; siendo, que mediante la nueva sentencia de catorce de agosto de esta anualidad, no se cumple con tal ejecutoria, pues no se siguieron los lineamientos de la misma, por lo que es incongruente. c).- Se vulneran sus derechos con la nueva determinación, pues no se realiza un estudio congruente y exhaustivo, por lo que no se hace un análisis de las pruebas como se ordenó en la ejecutoria de amparo, por lo cual no le asiste la razón a la responsable, siendo errónea su apreciación al dictar el nuevo fallo y analizar la prueba pericial en victimología, sin tomar en consideración que el perito no exhibió su cédula profesional en el momento de aceptar su cargo, por lo que existe una falta de exhaustividad en el análisis de las constancias existentes. d).- La Sala al haber reasumido jurisdicción, debió analizar las pruebas ofrecidas estableciendo que con las mismas el accionante no justificó sus pretensiones. e).- No se tomó en consideración que TRH, cuando se presentó la demanda ya no era representante legal de la demandada, por lo cual no se estudiaron los medios de convicción y la nueva sentencia es ilegal; máxime que el accionante no cumplió con la carga de demostrar los extremos de la acción. f).- En el asunto penal se libró orden de aprehensión en contra del actor en el juicio civil, pero ello no origina que estén obligados los quejosos al pago reclamado, siendo que el actor no aportó pruebas suficientes para justificar sus hechos, por lo que no cumplió con su carga procesal. g).- La nueva sentencia no está debidamente fundada y motivada, pues si bien se tiene por no demostrada la acción y se confirma la sentencia de primer grado, incurre en el mismo error, pues aun cuando se hace alusión que las pruebas son insuficientes para acreditar la acción, debió analizar todo el caudal probatorio, lo que no se hizo, por lo que la actuación de la sala carece de sustento legal; de ahí, que no se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas y no se da cumplimiento al fallo protector. h).- No se justificó que los quejosos ejercitaran un derecho adquirido del patrón que se consideró agraviado y por ello se denunciaron los hechos, cuando de la sentencia penal absolutoria se estableció que sí existió delito, por lo cual no se analizó debidamente esa prueba por la responsable; siendo que la Sala sólo se concreta a hacer una relación de los antecedentes y de diversos artículos que no son aplicables en la especie. i).- Asimismo, tampoco se analizan las pruebas presuncionales, cuando con el enlace de ellas con las actuaciones se desprende que no se acreditó la acción, por lo que existen inconsistencias, cuando no existió actuación dolosa, por lo que es contrario lo resuelto por la responsable, cuando el actor era el obligado a demostrar los hechos en los que funda su pretensión. j).- De ahí, que lo resuelto por la Sala es incorrecto, ya que no se justificó la procedencia del reclamo, existiendo contravención a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, existiendo defecto y exceso en la nueva sentencia, por lo que existe inconformidad con la nueva determinación. Al respecto, debe decirse que son inoperantes las anteriores manifestaciones de la parte quejosa, de acuerdo con lo siguiente. En efecto, de la lectura de las anteriores manifestaciones, se aprecia que la impetrante refiere que existe defecto o exceso en el cumplimiento, pues la responsable repite lo asentado en la primera sentencia que constituyó el acto reclamado, sin que se realice un análisis de todas las pruebas, cuando el actor no cumplió con la carga de demostrar los extremos de la acción, por lo que la nueva sentencia no está debidamente fundada y motivada, pues si bien se tiene por no demostrada la acción y se confirma la sentencia de primer grado, no se analizó todo el caudal probatorio. Como se advierte, a través de los anteriores razonamientos, la quejosa hace alusión a cuestiones de fondo relacionadas con el análisis de las pruebas, que no son propios de estudio en la presente inconformidad, sino que en todo caso son materia de análisis en un nuevo juicio de amparo en contra del fallo emitido por la Sala responsable el catorce de agosto de dos mil veintitrés. Además, como se dijo, este Órgano Colegiado estima que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, pues del análisis del nuevo fallo emitido por la responsable, se aprecia que sí analizó el caudal probatorio existente, estableciendo que del análisis de la prueba pericial en victimología, sentencia penal absolutoria, testimonial y presuncional, se aprecia que no se justificaron los extremos de la acción ejercida y en específico la conducta dolosa de los demandados que se estableció en los hechos de la demanda y que refiere el artículo 1379 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; asimismo, consideró que no se demostró que el derecho de los quejosos al denunciar un hecho ilícito o un delito, sólo se haya ejercido a fin de causar daño al accionante, sin utilidad para el titular del derecho; así, es que concluyó que confirmaba la sentencia de primera instancia y declarar improcedente la acción intentada De ahí, que contrario a lo que asevera la parte aquí inconforme, la ejecutoria de amparo quedó debidamente cumplida, sin excesos o defectos. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada (foja 295). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota de cuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 84 a 174), este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa en lo principal, por vicios de fondo, para los efectos siguientes: 1.- La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2.- Dicte otra en la que tomando en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria, analice debidamente todo el caudal probatorio existente, estableciendo si del análisis de la prueba pericial, sentencia penal absolutoria, testimonial y presuncional, se justificaron los extremos de la acción ejercida y en específico la conducta dolosa de los demandados que se estableció en los hechos de la demanda y que refiere el artículo 1379 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, esto es, si se demostró o no que el derecho de los aquí quejosos al denunciar un hecho ilícito o un delito, sólo se ejercitó a fin de causar daño al accionante, sin utilidad para el titular del derecho (.)". Ahora bien, por resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (foja 182), la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación 23/2022, de su índice; asimismo, el uno de junio de dos mil veintitrés, dictó una nueva sentencia; no obstante, por resolución de diez de julio de esta anualidad se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 244 a 253). Con motivo de lo anterior, la Sala responsable mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia de uno de junio de dicho año (foja 266); y con fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, procedió a dictar una nueva (fojas 281 a 294), en la que:1.- Analizó el caudal probatorio existente, estableciendo que del análisis de la prueba pericial, sentencia penal absolutoria, testimonial y presuncional, se aprecia que no se justificaron los extremos de la acción ejercida y en específico la conducta dolosa de los demandados que se estableció en los hechos de la demanda y que refiere el artículo 1379 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 2.- Asimismo, consideró que no se demostró que el derecho de los quejosos al denunciar un hecho ilícito o un delito, sólo se haya ejercido a fin de causar daño al accionante, sin utilidad para el titular del derecho. 3.- Así, concluyó confirmar la sentencia de primera instancia y declarar improcedente la acción intentada. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, este Órgano Colegiado estima que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo que nos ocupa. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de agosto de este año, desahogó la vista ordenada por este Órgano Colegiado, en relación con la nueva sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde substancialmente manifiesta (fojas 310 a 327): a).- Que existe incumplimiento porque la responsable sólo repite lo asentado en la primera sentencia que constituyó el acto reclamado, existiendo irregularidades e inconsistencias, por lo que es ilegal, pues no se toma en consideración lo establecido en la ejecutoria de amparo. b).- Ya se había declarado por determinación de diez de julio de dos mil veintitrés, que no estuvo cumplida la ejecutoria de amparo; siendo, que mediante la nueva sentencia de catorce de agosto de esta anualidad, no se cumple con tal ejecutoria, pues no se siguieron los lineamientos de la misma, por lo que es incongruente. c).- Se vulneran sus derechos con la nueva determinación, pues no se realiza un estudio congruente y exhaustivo, por lo que no se hace un análisis de las pruebas como se ordenó en la ejecutoria de amparo, por lo cual no le asiste la razón a la responsable, siendo errónea su apreciación al dictar el nuevo fallo y analizar la prueba pericial en victimología, sin tomar en consideración que el perito no exhibió su cédula profesional en el momento de aceptar su cargo, por lo que existe una falta de exhaustividad en el análisis de las constancias existentes. d).- La Sala al haber reasumido jurisdicción, debió analizar las pruebas ofrecidas estableciendo que con las mismas el accionante no justificó sus pretensiones. e).- No se tomó en consideración que TRH, cuando se presentó la demanda ya no era representante legal de la demandada, por lo cual no se estudiaron los medios de convicción y la nueva sentencia es ilegal; máxime que el accionante no cumplió con la carga de demostrar los extremos de la acción. f).- En el asunto penal se libró orden de aprehensión en contra del actor en el juicio civil, pero ello no origina que estén obligados los quejosos al pago reclamado, siendo que el actor no aportó pruebas suficientes para justificar sus hechos, por lo que no cumplió con su carga procesal. g).- La nueva sentencia no está debidamente fundada y motivada, pues si bien se tiene por no demostrada la acción y se confirma la sentencia de primer grado, incurre en el mismo error, pues aun cuando se hace alusión que las pruebas son insuficientes para acreditar la acción, debió analizar todo el caudal probatorio, lo que no se hizo, por lo que la actuación de la sala carece de sustento legal; de ahí, que no se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas y no se da cumplimiento al fallo protector. h).- No se justificó que los quejosos ejercitaran un derecho adquirido del patrón que se consideró agraviado y por ello se denunciaron los hechos, cuando de la sentencia penal absolutoria se estableció que sí existió delito, por lo cual no se analizó debidamente esa prueba por la responsable; siendo que la Sala sólo se concreta a hacer una relación de los antecedentes y de diversos artículos que no son aplicables en la especie. i).- Asimismo, tampoco se analizan las pruebas presuncionales, cuando con el enlace de ellas con las actuaciones se desprende que no se acreditó la acción, por lo que existen inconsistencias, cuando no existió actuación dolosa, por lo que es contrario lo resuelto por la responsable, cuando el actor era el obligado a demostrar los hechos en los que funda su pretensión. j).- De ahí, que lo resuelto por la Sala es incorrecto, ya que no se justificó la procedencia del reclamo, existiendo contravención a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, existiendo defecto y exceso en la nueva sentencia, por lo que existe inconformidad con la nueva determinación. Al respecto, debe decirse que son inoperantes las anteriores manifestaciones de la parte quejosa, de acuerdo con lo siguiente. En efecto, de la lectura de las anteriores manifestaciones, se aprecia que la impetrante refiere que existe defecto o exceso en el cumplimiento, pues la responsable repite lo asentado en la primera sentencia que constituyó el acto reclamado, sin que se realice un análisis de todas las pruebas, cuando el actor no cumplió con la carga de demostrar los extremos de la acción, por lo que la nueva sentencia no está debidamente fundada y motivada, pues si bien se tiene por no demostrada la acción y se confirma la sentencia de primer grado, no se analizó todo el caudal probatorio. Como se advierte, a través de los anteriores razonamientos, la quejosa hace alusión a cuestiones de fondo relacionadas con el análisis de las pruebas, que no son propios de estudio en la presente inconformidad, sino que en todo caso son materia de análisis en un nuevo juicio de amparo en contra del fallo emitido por la Sala responsable el catorce de agosto de dos mil veintitrés. Además, como se dijo, este Órgano Colegiado estima que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, pues del análisis del nuevo fallo emitido por la responsable, se aprecia que sí analizó el caudal probatorio existente, estableciendo que del análisis de la prueba pericial en victimología, sentencia penal absolutoria, testimonial y presuncional, se aprecia que no se justificaron los extremos de la acción ejercida y en específico la conducta dolosa de los demandados que se estableció en los hechos de la demanda y que refiere el artículo 1379 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; asimismo, consideró que no se demostró que el derecho de los quejosos al denunciar un hecho ilícito o un delito, sólo se haya ejercido a fin de causar daño al accionante, sin utilidad para el titular del derecho; así, es que concluyó que confirmaba la sentencia de primera instancia y declarar improcedente la acción intentada De ahí, que contrario a lo que asevera la parte aquí inconforme, la ejecutoria de amparo quedó debidamente cumplida, sin excesos o defectos. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Escrito de ERL, por propio derecho y Automóviles de Sa*a A*a, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su Administrador TRH, respecto al domicilio y autorizada que señala dígasele a los ocursantes que deberán estarse a lo acordado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós.. Finalmente, se les tiene desahogando la vista ordenado mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés.
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