Efraín Ruiz García
Expediente 5/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Efraín Ruiz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, con un anexo, a través del cual acusa recibo de los oficios 10874/2019 y 14185/2019 de trece de marzo y cinco de abril de dos mil diecinueve, por los que se hizo de su conocimiento la sentencia y acuerdo emitidos en esa data. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste que no obren los acuses de recibo de los oficios 10874/2019 y 10875/2019 de trece de marzo de dos mil diecinueve, dirigidos a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, y tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz; toda vez que el sentido de la citada resolución no les causa ningún agravio, al haberse sobreseído el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente principal una vez transcurridos cinco años es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar en autos alguno. Finalmente, toda vez que la sentencia de trece de marzo de este año ha quedado firme, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, como justificación de su informe, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 170/2018, de su índice, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
En Córdoba, Veracruz, a las diez horas del trece de marzo de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 5/2019, promovido por ***********, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada Margarita Morrison Pérez, Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada Mónica Morales Sánchez, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta la audiencia sin la comparecencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Escrito de demanda de amparo formulado por *********** (fojas 2 y 3), informe justificado rendido por la autoridad responsable, y las constancias que remitió como justificación a su informe de ley, con las que se ordenó formar un tomo de pruebas (foja 22). Asimismo, hace constar que el tercero interesado, ***********, fue emplazado el diez de enero de este año (fojas 26). Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el período probatorio: la Secretaria hace constar que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 22), se tuvieron por admitidas las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa; y que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral ***********, de su índice. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas y desahogadas las probanzas detalladas en el párrafo que precede, dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el periodo de alegatos: la Secretaria hace constar que en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (foja 36), se tuvo al Representante Social adscrito, formulando manifestaciones mediante pedimento ministerial, y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene al Representante Social adscrito a este órgano jurisdiccional formulando alegatos, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo; luego, al no haber más alegatos qué relacionar, se da por concluido este período procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la correspondiente: S E N T E N C I A Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 5/2019, promovido por ***********, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, los cuales consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ***********, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, de quien reclamó: - La omisión de dictar el laudo dentro de los autos del juicio laboral ***********, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de siete de enero de dos mil diecinueve, éste Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 12 a 14). TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. En esta misma fecha, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que de la autoridad responsable reside dentro de la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción, y de que se trata de un acto que no tiene ejecución al ser un acto omisivo en términos del numeral 37 de la ley de la materia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de dictar el laudo dentro de los autos del juicio laboral ***********, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, al momento de rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado, y anexó copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral ***********, de su índice, en apoyo a su informe de ley, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, calidad que se demuestra por contener el sello y firma del funcionario que las expide, lo cual denota la existencia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia 814, que se consulta en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado en sentido contrario, de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En ese entendido, como se adelantó, en el caso el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral *********** del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; y al respecto es necesario tener presente el contenido de la norma que prevé el plazo que tiene la responsable para dictar el laudo correspondiente. Los artículos 884 a 890, de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito". Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". Disposiciones de las que se advierten los plazos y términos en que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. De las mencionadas disposiciones se obtiene el término con que cuenta la Junta para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, una vez declarado el cierre de la instrucción en el controvertido de que se trate, a saber: 1. Dentro del término de diez días siguientes deberá formularse, por escrito, el proyecto de resolución en forma de laudo, con los requisitos que indica el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo. 2. Elaborado el proyecto respectivo, deberá entregarse una copia a cada uno de los miembros de la Junta, quienes dentro del término de cinco días hábiles, de su recepción, podrán solicitar la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; en este último caso, la Junta, con citación de las partes, fijará día y hora para el desahogo de la diligencia que corresponda dentro del término de ocho días (artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo). 3. Transcurrido el término a que se refiere el artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo (cinco días hábiles a partir de la recepción del proyecto de laudo), o bien, desahogadas las diligencias que en ese término se hubieren solicitado (desahogadas dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de los cinco días hábiles), el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes contados a partir de cualquiera de los dos supuestos antes mencionados (artículo 887 del a Ley Federal del Trabajo). 4. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el resultado (artículo 888, de la Ley Federal del Trabajo). Si el proyecto fuere aprobado sin modificación alguna, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si se hicieren modificaciones al proyecto, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado (artículo 889, de la Ley Federal del Trabajo). Engrosado el laudo, el secretario recogerá las firmas de los miembros de la Junta, y una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Por tanto, el término máximo para emitir el laudo en un asunto en el que se ha declarado cerrada la instrucción, es de treinta y tres días hábiles contados a partir de que decretó dicho cierre instructivo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2ª./J.33/2019, estableció que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo de treinta y tres días hábiles en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Por tanto, si en el presente caso, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se turnaron los autos del expediente laboral *********** del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, tal como se advierte de las constancias que remitió la Junta responsable (foja 110 del tomo de pruebas), el plazo de treinta y tres días hábiles que le otorga la Ley Federal del Trabajo a la autoridad responsable para el dictado del laudo transcurrió del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho al veintinueve de enero de dos mil diecinueve, previo descuento de los días inhábiles y de los días en que la responsable se encontraba gozando de su periodo vacacional (del trece de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero de dos mil diecinueve); y el indicado término de cuarenta y cinco días naturales transcurre del treinta de enero al quince de marzo de la presente anualidad; entonces, dado que la demanda de amparo se promovió el cuatro de enero de dos mil diecinueve, es evidente que no han transcurrido los plazos referidos para el dictado y notificación del laudo respectivo, por lo que no se advierten elementos objetivos de que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Atento a lo expuesto, se evidencia que el efecto jurídico que produce el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral *********** de su índice, en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo -cuyo asunto se turnó para dictar sentencia el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho-, es meramente de carácter intraprocesal, pues sus efectos o consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que incide únicamente en la tramitación del citado juicio, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir resolución favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Asimismo, se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 1086, libro 30, tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de siete de enero de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información (fojas 12 a 14). Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, por tanto, se tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el cuarto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo...
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el pedimento de cuenta, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, para ser tomado en consideración en su momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto de la copia certificada que solicita en el ocurso que se provee, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la sentencia que se dicte en el presente asunto, expídase la misma.
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