Efrain Ruiz Álvarez

Expediente 1205/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1205/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Efrain Ruiz Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve. Al efecto se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A.- ARCHIVO. Ahora, del estado de autos se evidencia que no hay diligencia o trámite alguno por realizar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B.- VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Trasferencia, digitalización depuración destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia para documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión respectivo. D.- REGISTROS CORRESPONDIENTES. Finalmente, como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobiernos; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes E.- DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. F.- DEVOLUCIÓN DE TOMOS. En atención a que el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, (autoridad no responsable) quien en cumplimiento a lo requerido en auto de veintitrés de octubre del año en curso, remitió copia certificada del oficio de puesta a disposición, detención legal y auto de término constitucional resuelto en contra del aquí quejoso. (I tomo), resulta innecesaria su retención, por lo cual, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; tratándose de una reproducción de su original, no es necesario requerir el acuse de recibo.

  2. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. ESTA SENTENCIA SERA PUBLICABLE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN SU ULTIMO CONSIDERANDO...

  3. Principal

    Visto; el oficio de cuenta suscrito por el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual realiza diversas manifestaciones. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el mismo, asimismo en diverso de veinticuatro de octubre del año en curso, se tuvo por recibida la documental que aduce en el multicitado oficio.

  4. Principal

    I. El estado de autos se advierte que, se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las parte en proveído de catorce del mes y año en curso, a fin de que manifiesten lo que a su derecho corresponda respecto del informe justificado rendido por el Juez de Control Región Uno, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. II. El oficio de cuenta recibido vía correo electrónico institucional, suscrito por el Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por medio del cual en vía de alcance al diverso SSPC/CERSS-14/CINT/DG/DJ/267/2019, de tres de octubre de esta anualidad, aclara su informe justificado. Al efecto, se acuerda: A. Respecto al punto I, atento a lo anterior, y para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. B. En relación al punto II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de favorecer el pleno derecho a una justicia pronta y expedita, y atendiendo a la intención de legislador en la exposición de motivos de la nueva Ley de Amparo, así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, al proponer emprender un proceso de modernización con el propósito de contar con herramientas que permitan avanzar hacía una impartición de justicia más expedita; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable oficiante aclarando su informe justificado, por lo que con su contenido, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que contiene, la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Por otra parte, toda vez que de la aclaración del informe que se provee se advierte que, la autoridad oficiante se encuentra dando cumplimiento al oficio 6671-A, derivado de la causa penal 53/2017, del índice del Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio telegráfico al Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que dentro del término de veinticuatro, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe el estado procesal de la causa penal 53/2017, específicamente si ya resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Efraín Ruiz Álvarez, y de ser así remita copia certificada del auto de término constitucional, lo cual es necesario para resolver el presente asunto. Apoya a lo anterior la tesis, cuyo rubro y contenido es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto." Se apercibe a la autoridad en comento que de no remitir las constancias solicitadas dentro del plazo otorgado o de no manifestar el impedimento legal que tienen para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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