Efraín Rey Fuentes López

Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
732/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Efraín Rey Fuentes López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Efraín Rey Fuentes López, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 732/2018, que le corresponde. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. La competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en los numerales 37 y 38 de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. LEY DE AMPARO: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del análisis del precepto 37 se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en el lugar en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y se siga ejecutando en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo cual, en principio, debe calificarse el acto reclamado a fin de establecer si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. El análisis de la ejecución se debe llevar a cabo vinculando los efectos de los actos reclamados con la garantía constitucional que se encuentre en juego, es decir, se deben ponderar las consecuencias directas que produce el acto, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. De lo anterior, se advierte que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los jueces; empero, no obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica de los referidos actos, pues existen casos en los que se impugnan actos dictados en un juicio o procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de un determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias legales en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo, es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. De la demanda de amparo en examen, se advierte que el promovente en el capítulo de autoridades y actos reclamados, manifiesta lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: C. Juez segundo de Distrito. C. Juez tercero de Distrito. C. Juez cuarto de Distrito. C. Juez sexto de Distrito. C. Juez octavo de Distrito. C. Agente titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA: Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR, al C. Coordinador de la Coordinación Estatal de la Policía Federal. IV. ACTOS RECLAMADOS: La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas ." Así, se advierte que el quejoso reclama, fundamentalmente, una orden de detención y/o aprehensión y cita con el carácter de responsable ordenadora al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco. Por tanto, la competencia para conocer del juicio constitucional que nos ocupa debe fijarse acorde a lo establecido en el ordinal 37 antes transcrito, pero al considerar lo estipulado en el precepto 38, en cuanto dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Luego, es evidente que este tribunal carece de competencia para conocer del presente juicio, toda vez que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, son atribuidos a este órgano jurisdiccional, pues se le tiene señalado como autoridad ordenadora, lo que implica que no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, se concluye que en este caso, nos encontramos en la hipótesis prevista en el artículo 38 de la ley de la materia. En las anotadas condiciones, previa copia certificada que se deje en autos, remítase el presente juicio, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, a efecto de que haga las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito de esa ciudad, a fin de que en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto; y acuse el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que en el líbelo actio el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado; sin embargo, no es dable pronunciarse sobre la medida provisional solicitada, toda vez que se declaró incompetente para conocer del sumario, además los actos aquí impugnados no son de los que contempla el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni aquellos referidos en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, por lo que no exige su tramitación de manera inmediata. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Luis Martínez Romano y Armando Cabrera Martínez. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. De conformidad con los ordinales 1, 2, 3 y 9°de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Asimismo, dígase a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autoriza la expedición de copias, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, haciéndoles saber que pueden acudir para el fotocopiado y recepción de ellas en cualquier día hábil y hora hábil, previa firma de recibido que se deje en autos para constancia, en el entendido que cuando las requieran, deberán acudir con el servidor público encargado del expediente a fin de solicitarlas. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que el presente juicio de amparo se incorporará con el expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.

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