Efraín Ponce Lara
Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Efraín Ponce Lara
- Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales En el Estado, Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia respecto del acto reclamado. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintidós.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez Especializado en Materia Laboral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del cuaderno de exhorto 111/2022-I de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: "Omisión de emplazar a las partes demandas Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos en el juicio expediente del expediente laboral 152/2022-II, del índice del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz con Residencia en Xalapa." Asimismo, en el apartado de antecedentes entre otras cuestiones, indicó: "1.- En fecha 04 de agosto de 2022, la autoridad responsable admitió la demanda presentada por Efraín Ponce Lara en contra de Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva Del Estado Subsidaria de Petróleos Mexicanos en la vía especial como conflicto individual de seguridad social, ordenando notificar a las demandadas en el domicilio ubicado en Edificio Administrativo del Activo de Producción Poza Rica-Altamira, planta baja, interior del campo Pemex, colonia Herradura, Poza Rica, Ver., C.P. 93370 por medio de exhorto a través del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en Poza Rica. 2.- El 07 de septiembre de 2022 el suscrito promovió ante la autoridad responsable que se le informara de estado del exhorto dirigido al Juzgado Local de Poza Rica, a lo cual la autoridad responsable acordó que todavía no se había recibido el exhorto por parte del Juzgado exhortado, requiriendo a dicha autoridad a efecto de que informe el estado procesal de la comunicación oficial enviada. 3.- El 30 de septiembre de 2022 acuerda que al momento no existe constancias de la diligencia encomendada al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en Poza Rica, por lo que nuevamente requiere a dicho Juzgado a efecto de que informe el estado procesal de la comunicación oficial enviada. 4. A la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo, no existen constancias de que se haya realizado el emplazamiento a las demandadas, habiendo transcurrido ya 40 días, desde la presentación de la demanda. Así también, en sus conceptos de violación, precisó: "(.) De los anteriores artículos se desprende que los tribunales que reciban un exhorto deberán diligenciarlo en dentro de los cinco días siguientes a su recepción, a menos que existan circunstancias extraordinarias que impidan realizar la diligencia en dicho término, a lo cual podrán aumentar, sin que exceda de quince días. Así también, se establece un procedimiento, para el caso de que la autoridad exhortada demore en realizar la diligencia ordenada, el cual consiste primeramente en un recordatorio y si a pesar de ello no se realiza la diligencia, la autoridad exhortante deberá poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda al ámbito de actuación del exhortado por actualizarse un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 48 Bis de esta Ley. (.) Ahora bien en el presente asunto se observa que desde el 04 de agosto de 2022, el Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento a las demandadas por medio de exhorto al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en Poza Rica, Ver., el cual recibió el exhorto el 08 de agosto de 2022, posterior a ello, el 08 de septiembre de 2022 el Tribunal Federal emitió un acuerdo recordatorio a la autoridad exhortada a efecto de que informara respecto del estado procesal de la comunicación oficial enviada. Sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, existan constancias de a diligencia encomendada, por lo tomando en cuenta que el Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en Poza Rica recibió el exhorto del 08 de agosto de 2022, a la fecha (06 de octubre de 2022) han transcurrido 40 días hábiles, lo cual claramente supera en exceso el término máximo que la Ley Federal del Trabajo prevé para la diligencia de exhortos. Por lo tanto, la omisión del Juzgado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, ha generado una violación a los derechos humanos de mi representado previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. (.) Así también, el Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa, ha omitido poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda al ámbito de actuación del exhortado, por actualizarse un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 48 Bis de esta Ley. Es por lo anterior que solicito el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a las demandadas Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva Del Estado Subsidaria de Petróleos Mexicanos, a efecto de que se obligue a las autoridades responsable a realizar el emplazamiento de acuerdo a sus respectivas obligaciones y de igual forma poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda al ámbito de actuación del exhortado, por actualizarse un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 48 Bis de esta Ley." De lo anterior, se obtiene evidentemente que la dilación del emplazamiento de Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos al expediente de conflicto individual de seguridad social 152/2022-II, del índice del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado, es precisamente en atención la falta de diligenciación del exhorto girado para tal efecto al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el consisten en: La omisión de diligenciación del exhorto 217/2022, orden 241/2022, emitido en el expediente de conflicto individual de seguridad social 152/2022-II del índice del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado, girado al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a efecto de emplazar a Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS Una vez precisado lo anterior, e impuesta de la totalidad de constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, toda vez que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De acuerdo al numeral en comento el sobreseimiento del juicio de amparo cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En ese sentido, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, precisamente de las remitidas respectivamente por las autoridades responsables en copia certificada, consistentes en expediente de conflicto individual de seguridad social 152/2022-II y del cuadernillo de exhorto 111/2022-I, a la cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme con lo establecido en el precepto 2° de la Ley de Amparo; se obtiene en lo que interesa que: 1. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, el Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, admitió a trámite la demanda promovida por Efraín Ponce Lara en contra de Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos, por lo cual radicó el expediente de conflicto individual de seguridad social 152/2022-II, y con el fin de emplazar a la parte demandada giró el exhorto 217/2022, orden 241/2022, al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, en atención a lo solicitado por la parte actora, el Secretario Instructor del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, requirió al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que informara lo atiente al exhorto que le fue enviado. 3. El treinta de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Instructor del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, nuevamente requirió al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que informara lo atiente al exhorto que le fue enviado. 4. El once de octubre de dos mil veintidós, el Secretario Instructor del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, tuvo por devuelta la aludida comunicación oficial, en la que se asentó la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, motivo por el cual, motivo por el cual se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días legalmente computado manifestara lo que a su interés legal convenga y en su caso señale dato o elemento que estime conveniente para facilitar la localización del domicilio de la parte demandada. Precisado lo anterior, debe indicarse que si en el presente juicio de amparo se reclama la omisión de diligenciación del exhorto 217/2022, orden 241/2022, emitido a fin de de emplazar a Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaría de Petróleos Mexicanos, y si dentro de los autos del expediente de laboral 152/2022-II del índice Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, se advierte que ya se tuvo por devuelta la comunicación oficial enviada para tal efecto, y que por tal motivo se requirió al actor para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a la imposibilidad de emplazamiento, o bien, aporte mayores elementos a fin de lograr su legal llamamiento a juicio; resulta evidente que se han desvanecido las violaciones alegadas por la disconforme como si se hubiera dictado una sentencia de amparo a su favor; por lo que los efectos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, devolviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, actualizándose así la causa de improcedencia del juicio por cesación de efectos. Al respecto, debe decirse que los efectos de un acto reclamado cesan cuando se revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho que estimó violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En tal sentido, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la referida causa de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Dicho de otro modo, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, el acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Robustece lo anterior la tesis 2a XLVIII/98, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Esta misma razón opera por mayoría de criterio, cuando existe una causa directa de sobreseimiento de las previstas en el numeral 63 de la Ley de Amparo, pues si la improcedencia contemplada en el arábigo 61 de la misma norma genera el sobreseimiento, éste también puede declararse fuera de audiencia cuando sobreviene una causa directa del citado precepto 63, como muerte del quejoso, desistimiento, o bien, como en el caso, la cesación de efectos. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas del día de hoy. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en la forma prevista en la Ley de Amparo y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del conflicto Individual de Seguridad Social 152/2022, de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Dado el volumen de las constancias de mérito y para un mejor manejo de las presentes actuaciones, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, respetando su entresello, folio y rúbrica. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. Finalmente, respecto a las constancias a que hace alusión en su informe, estese en espera que sean recepcionados en este juzgado, para acordar lo que en derecho corresponda.
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