Efraín Moreno de la Cruz
Expediente 188/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Efraín Moreno de la Cruz
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero, diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por Cuauhtémoc Bravo Almonte, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias certificadas que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 188/2018; y VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 188/2018. R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Efráin Moreno de la Cruz, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO: "La negativa de acordar con prontitud las promociones presentadas por el suscrito, lo que resulta en una dilación y paralización total procesal observada en el expediente número 295/2004, del índice del Libro de Gobierno de la Autoridad Responsable H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE GUERRERO." SEGUNDO.- Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 188/2018, y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral en su etapa de ejecución, que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo, establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda en relación con las demás constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que Efraín Moreno de la Cruz, como parte actora reclama de la autoridad responsable la dilación o paralización del juicio laboral 295/2004, en su etapa de ejecución, derivado de la omisión de acordar las promociones que le presentó los días veintidós y veintisiete de marzo, veintisiete de abril, veintiuno de junio, cinco de julio y quince de agosto, todos del año dos mil diecisiete, y como consecuencia, no proveer lo necesario para hacer cumplir el laudo condenatorio emitido el dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo reconoció el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora además con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 295/2004, remitidas como apoyo a su informe justificado; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su ordinal 2º, ya que de su contenido se advierte que con anterioridad a la presentación de la demanda, la junta responsable no había acordado las promociones que refirió la parte quejosa, aunque dicha responsable aclaró que tal aceptación únicamente corresponde a las promociones presentadas los días veintidós de marzo, veintisiete de abril y veintiuno de junio, de dos mil diecisiete; porque aclaró que no localizó los escritos que indicó la parte quejosa, fueron presentados los días de veintisiete de marzo, cinco de julio y quince de agosto del año próximo pasado, sin que la parte quejosa demeritara esto último. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable" En ese tenor, resulta entonces que el juicio de amparo es improcedente si el acto reclamado ha quedado consumado de manera irreparable, entendiéndose por ello, la imposibilidad jurídica o material que se tiene -aun concediéndose la protección de la Justicia de la Unión- para restituir las cosas al estado que guardaban antes de que tuviera lugar la violación reclamada. Sobre el particular, resulta ilustrativa por identidad jurídica, la tesis integrada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 16, del Tomo 5 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Ahora bien, en el caso el acto que reclama la parte quejosa deriva de la dilación o paralización total del procedimiento de ejecución dentro del juicio laboral 295/2004, derivado de la omisión de acordar los escritos presentados el veintidós de marzo, veintisiete de abril y veintiuno de junio, todos de dos mil diecisiete; y como consecuencia, no proveer lo necesario para hacer cumplir el laudo ahí pronunciado; sin embargo, de las constancias que allegó el tribunal laboral responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se deriva que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (catorce de marzo de dos mil dieciocho), la autoridad no sólo emitió respuesta en torno a los ocursos de referencia, sino también declaró prescrito el derecho de aquella parte procesal para ejecutar el laudo, por lo que ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Lo reseñado con antelación pone de relieve la imposibilidad de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales relacionados con la prosecución procesal dentro de la etapa de ejecución en el juicio de origen, en virtud de la declaración de prescripción; lo cual hace patente que el acto reclamado -la dilación o paralización procesal- haya quedado consumado de manera irreparable, pues aun estimándose fundados los conceptos de violación que se esgriman, ya no se pueden retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de que tuviera lugar la trasgresión reclamada, porque es materialmente imposible restituirle al quejoso los "agravios" ocasionados con motivo de la dilación acusada, habida cuenta que este juzgado está legalmente impedido para analizar la legalidad del auto de catorce de marzo pasado. Ilustra el tema de actos consumados de modo irreparable, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el número de registro 337936, foja 738, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Materia Común, Quinta Época, que textualmente los define así: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." Por lo anterior, es procedente concluir que en el presente asunto queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es decretar también su sobreseimiento, por lo que ve a la autoridad y el acto de que se trata. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 188/2018, promovido por Efraín Moreno de la Cruz, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Cuauhtémoc Bravo Almonte, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad sobre la ampliación de la demanda de amparo que solicita, habida cuenta que dicho autorizado carece de facultades para hacerlo. Resulta aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, del Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Notifíquese.
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