Efrain Meza Figueroa
Expediente 1490/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Efrain Meza Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; glósese a los autos la devolución de la pieza postal relativa al oficio 15628/2020, dirigido a la autoridad denominada Director General de Ingenieros de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, de la que se advierte la imposibilidad que el servicio postal mexicano tuvo al efectuar la entrega de la comunicación que indica, dirigida a la aludida autoridad. No obstante, del informe justificado rendido por dicha autoridad (fojas 312 y 317), se advierte que el domicilio actual y correcto es el ubicado en Campo Militar, número 1-J, predio Reforma, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11200, Ciudad de México; por tanto reenvíese el citado oficio al domicilio correcto, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Efraín Meza Figueroa; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes dela Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ausencia del Jefe de la misma, en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la ciudad de México, autoridad responsable, las copias certificadas de las constancias que remitió relativas al acto reclamado, las que adjuntó al informe justificado y complementario que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con treinta y cinco minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2135/2020, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa debidamente asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1490/2018-8, promovido por Efraín Meza Figueroa. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistente en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana y las documentales que adjuntó a dicho escrito (fojas 32 a 89, así como las constancias que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistente en siete tomos en copias certificadas del expediente administrativo de retiro, así como el expediente clínico del quejoso Efraín Meza Figueroa de su índice, los cuales obran por cuerda separada. Al respecto la secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta con los escritos signados por el quejoso, recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 201 a 206), y el once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 339 a 343), registrados con el folio 22145 y 3945, mediante el cual formula alegatos, y hago constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Al respecto la Secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al referido quejoso formulando alegatos para los efectos legales conducentes y por recibido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1490/2018-8, promovido por Efraín Meza Figueroa, contra actos del General, Secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, EFRAÍN MEZA FIGUEROA solicitó amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS El oficio número 28805 de fecha 31 de agosto del 2018, emitido por el Director General de Ingenieros, el Acuerdo 87965 de fecha 31 de agosto del 2018, emitido por el C. General Secretario de la Defensa Nacional y oficio D.P.E 1.0.2.1/16440/2018 emitido por el Director General Prestaciones Económicas de 27 de julio del 2018. AUTORIDADES RESPONSABLES General, Secretario de la Defensa Nacional. 2 Director General de Ingenieros de la Defensa Nacional 3 General de División Diplomado de Estado Mayor, Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas SEGUNDO. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el número de expediente 1228/2018; y, en ese propio auto, la Jueza Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente por razón de territorio (fojas 97 a 103). TERCERO. RECEPCIÓN DE AUTOS Y AVOCAMIENTO. El juicio de amparo 1228/2018, fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 47077/2018, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y, turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, cuyo titular por acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 108 a 112), se avocó al conocimiento de la demanda de amparo; ordenó registrar el asunto con el expediente 1490/2018-8; se admitió a trámite, se requirió el informe justificado únicamente a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. DESIGNACIÓN DE NUEVO TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. Mediante oficio SEADS/043/2019, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó a este Juzgado que en sesión ordinaria de la referida data, el Pleno designó a Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo del aludido año; QUINTO. SE CELEBRÓ AUDIENCIA Y SE DICTÓ SENTENCIA. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, a las once horas con cincuenta minutos se desahogó la audiencia constitucional y el veintiocho de ese mismo mes y año se dictó la sentencia respectiva, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Efraín Meza Figueroa (fojas 359 a 386). SEXTO. EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. El quejoso Efraín Meza Figueroa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado por este juzgado Federal (fojas 403 a 423). Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con el que acompañó el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 251/2019, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, quien resolvió en auxilio del Tribunal oficiante, en donde determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo para el efecto de que se previniera al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quien atribuyó como acto reclamado el oficio D.P.E.1.0.2.1/16440/2018 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho; asimismo, ordenó la notificación personal del quejoso con relación al informe justificado y sus anexos, rendido por el Secretario de la Defensa Nacional y se requiriera para que manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo, con relación al nuevo acto vinculado al originalmente reclamado; lo cual se le notificó por lista el veintiocho de febrero de dos mil veinte y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede. SÉPTIMO. REQUERIMIENTO AL QUEJOSO. En auto de veintisiete de febrero del presente año, se requirió al quejoso Efraín Meza Figueroa, a fin de que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación que se le hiciera del proveído en mención, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quien atribuyó como acto reclamado el oficio D.P.E. 1.0.2.1/16440/2018, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Asimismo, con la vista del informe justificado y sus anexos, rendido por el Secretario de la Defensa Nacional, se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo con relación al nuevo acto vinculado al originalmente reclamado a dicha responsable, consistente en el dictamen de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se continuaría el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo; sin que la parte quejosa haya hecho lo propio. Así, mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le hicieron efectivos los apercibimientos decretados en dicho proveído, por lo que no se tuvo como autoridad responsable en el presente asunto al Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quien atribuyó como acto reclamado el oficio D.P.E. 1.0.2.1/16440/2018, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, así tampoco por ampliada la demanda en relación al referido acto reclamado. OCTAVO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". NOVENO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente asunto y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El oficio número 28805, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Director General de Ingenieros de la Defensa Nacional. El acuerdo 87965, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional. El oficio D.E.P. 1.0.2.1/16440/2018, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Director General de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables General Secretario de la Defensa Nacional (fojas 144 a 188) y Director General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (foja 312 a 317), al momento de rendir su correspondiente informe justificado, reconocieron como cierto el acto reclamado. De ahí que debe tenerse por cierto el acto reclamado de dichas responsables, pues su manifestación en cuanto a la aceptación de su existencia constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA QUEDA ACREDITADA POR LA CONFESIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, prevé respecto a la certeza de los actos reclamados dos situaciones: la primera, el supuesto de que las autoridades responsables no rindan su informe justificado, y los actos no sean en sí mismos inconstitucionales, caso en el cual queda a cargo de la parte quejosa aportar las pruebas pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad alegada; y la segunda, cuando habiendo rendido informe las autoridades responsables no acompañan copia certificada en que conste el acto reclamado; en este segundo supuesto, la falta de exhibición de las copias certificadas de las constancias en que apoyan su resolución no siempre hace imposible el estudio de la constitucionalidad de los actos, porque puede suceder que las propias autoridades reconozcan expresamente los actos reclamados. Siendo así, el a quo está en la posibilidad de estudiar la constitucionalidad de los actos y con base en ese supuesto negar o conceder el amparo solicitado; pero no aludir que por la falta de exhibición del oficio en que pudiera constar el acto reclamado debe llegarse a la conclusión de negar el amparo." De igual manera es aplicable al respecto, la Jurisprudencia cuyo texto dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, se debe de tener por cierto el acto consistente en el oficio 1.0.2.1./16440/2018, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, ya que de constancias de autos se advierte su existencia. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL OFICIO D.P.E. 1.0.2.1/16440/218 EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De conformidad con los preceptos legales transcritos, la improcedencia del juicio de amparo indirecto puede derivar de los demás supuestos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Asimismo, se advierte que una de las obligaciones del quejoso al formular su demanda de amparo, consistente en el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables. Ahora, de constancias de autos se advierte que el quejoso reclamó, entre otros actos, el oficio D.P.E. 1.0.2.1/16440/2018 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en el que el Director General de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas le informó al aquí quejoso Efraín Meza Figueroa lo siguiente: ".Se hace la aclaración que la Resolución Definitiva del 23 de mayo de 2018 en la que se le concede una compensación, y no una liquidación como usted cita en su redacción, fue emitida por la H. Junta Directiva de este Organismo tomando como base el SGB-XI-30814 del 12 de febrero de 2018, mismo que señala que el motivo de baja de retiro forzoso es por haberse incapacitado en actos fuera del servicio. Por lo anterior, cabe destacar que los artículos 188, 196 y 198 de la Ley del Instituto vigente establecen y regulan el actuar de la H. Junta Directiva en el Procedimiento Administrativo de Retiro, de tal manera que dicho Órgano Colegiado carece de facultades para determinar cuestiones que se relaciones con la emisión de la Declaración Definitiva de Procedencia de Retiro, como lo es la causal de retiro por la incapacidad que padece. Ahora bien, el haber de retiro, corresponde únicamente a los militares que se encuentran en alguna de las situaciones que enmarca el artículo 33 de la Ley en cita, que a la letra dice: ".Artículo 33. Tienen derecho al 100% del haber de la jerarquía que se reconozca para efectos de retiro, como base de cálculo para determinar el monto del haber de retiro en la forma establecida en el artículo 31 de esta Ley: I. Los militares incapacitados en acción de armas o a consecuencia de lesiones recibidas en ella; II. Los militares que tuviesen las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial, que se incapaciten en actos propios de su servicio; III. Los militares incapacitados en otros actos del servicio o a consecuencia de éstos, siempre que su incapacidad se clasifique en la primera categoría, de conformidad con las tablas del artículo 226 de esta Ley. También tienen derecho si tienen 14 o más años de servicio, y IV. Los militares que hayan cumplido 30 o más años de servicios." Dejando así de manifiesto que su situación no actualiza ninguno de los supuestos anteriores, pero si el de la fracción segunda del numeral 36 del mismo ordenamiento, mismo que procedo a redactar para pronta referencia: ".Artículo 36. Tienen derecho a compensación los militares que tengan cinco o más años de servicio, sin llegar a veinte, que se encuentren comprendidos en los siguientes casos: I. Haber llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley; II. Haberse incapacitado en actos fuera de servicio; III. Estar en el caso previsto por la fracción V del artículo 24 de esta Ley; IV. Haber causado baja en el activo y alta en la reserva los soldados, marineros y cabos que no hayan sido reenganchados, y V. El personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría de origen por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato." Por lo anterior, resulta improcedente su inconformidad, dejando así en claro que en ningún momento se ha violentado algún derecho que usted ostenta tener, aunado a esto, las actuaciones de este Instituto se han realizado en estricto apego a la norma." Ahora bien, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el propio quejoso Efraín Meza Figueroa, en contra de la sentencia dictada por este juzgado Federal el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, remitió la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 251/2019, Por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio, para que se previniera al quejoso, si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quien atribuyó como acto reclamado el oficio D.P.E. 1.0.2.1/16440/2018, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, y así integrar debidamente la Litis constitucional. Atendiendo a dicha indicación, por auto de veintisiete de febrero del presente año, se requirió al quejoso Efraín Meza Figueroa, a fin de que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación que se le hiciera del proveído en mención, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la autoridad de mérito. Asimismo, con la vista del informe justificado y sus anexos, rendido por el Secretario de la Defensa Nacional, se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo con relación al nuevo acto vinculado al originalmente reclamado a dicha responsable, consistente en el dictamen de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se continuaría el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo. Por tanto, tomando en consideración que el quejoso no hizo manifestación al respecto, en auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le hicieron efectivos los apercibimientos mencionados, y no se tuvo como autoridad responsable en el presente asunto al Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quien atribuyó como acto reclamado el oficio D.P.E. 1.0.2.1/16440/2018, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, así tampoco por ampliada la demanda en relación al acto reclamado señalado por dicho oficio. Por lo anterior, el suscrito juzgador se encuentra impedido para analizar la legalidad del oficio D.P.E. 1.0.2.1/16440/2018 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, ante la falta de señalamiento concreto de la autoridad que emitió dicho oficio, pues se estaría pasando por alto un presupuesto procesal del amparo en el sentido de la carga que tiene la parte quejosa de señalar con exactitud a las autoridades responsables a quienes atribuye los actos que tilda de inconstitucionales. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia VI.2o. J/205 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, página 468, Registro 208065, Novena Época, que dice: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En esa tesitura, también resulta aplicable el diverso criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a. CLXIV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Página 113, registro 194684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En las relatadas consideraciones, al no haberse llamado como autoridad responsable ordenadora al Director General de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. DESESTIMACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RESTANTES. Sea que las partes las aleguen o no, el órgano jurisdiccional está constreñido a su estudio oficioso al tenor de lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, por lo que se estudiarán las invocadas por las autoridades responsables. Da vigor además a lo dicho, la jurisprudencia número 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." El General Secretario de la Defensa Nacional y Director General de Ingenieros de la Defensa Nacional, aduce en su informe de ley, que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." Los artículos en mención refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derecho que le causan los actos reclamados, salvo en los casos de excepción que la propia Ley de Amparo reconoce. Precisado lo anterior, se debe tener en cuenta que el quejoso laboró como soldado adscrito al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, motivo por el cual esa relación es de trabajo aun cuando se regule por la legislación administrativa, como distingo de la netamente laboral. Ahora, el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:. V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; ." La suplencia de la queja deficiente constituye una excepción al principio de estricto derecho, cuyo objeto es suprimir tecnicismos que obstaculicen la impartición de justicia en relación con las personas que se encuentren en un estado mayor de vulnerabilidad, buscando una mayor protección a los quejosos y recurrentes, y convirtiendo de este modo al juicio de amparo en un instrumento más eficaz, lo cual derivaría en un notorio beneficio de determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja. En tales circunstancias, los juzgadores de amparo, en los supuestos establecidos en la ley reglamentaria, se encuentran obligados constitucionalmente a examinar oficiosamente la legalidad de las resoluciones ante ellos reclamadas, y de llegar a advertir alguna ilegalidad, procederán a revisar si hubo o no argumentos que pudieren respaldar la irregularidad detectada, a fin de declararlo fundado, y en caso contrario, suplir su deficiencia. Entonces, acorde con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo. En otras palabras, la suplencia de la queja deficiente opera aun cuando la relación entre el empleador y el empleado esté regulada por el derecho administrativo; lo que ocurre en el caso, pues a pesar de que la relación entre los miembros de las fuerzas armadas, sea de naturaleza administrativa, el precepto legal en cuestión permite que se actualice la aludida figura. Lo anterior se afirma precisamente porque, los militares, quedan comprendidos en el texto de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, relativo al régimen de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, esto es, guardan una relación administrativa con el Estado. En congruencia con lo anterior, la suplencia establecida en la citada fracción aplica en favor de los militares, pues la relación Estado-empleado existente con aquéllos, es de carácter administrativo. En ese orden de ideas, y toda vez que nos encontramos en uno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, relativos a la suplencia de la queja deficiente, es que resulta infundada la casual propuesta por la autoridad responsable. Máxime que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa sí realiza argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que se prejuzgue sobre la procedencia de dichos argumentos, lo cual, será materia de análisis en la etapa correspondiente; sin embargo, se insiste, sí formula argumentos tendentes a inconformarse con el acto reclamado. Entonces, si el quejoso señaló en sus conceptos de violación, la pretensión o lo que se reclama, así como la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, resulta inconcuso que se encuentran vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se planteó. Lo anterior es así, pues los conceptos de violación no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción habitual. En tales circunstancias, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia propuesta. Por otra parte, también hacen valer la diversa causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acuerdo 87965 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se dispuso que el aquí quejoso Efraín Meza Figueroa, causara baja de la 18/a. Compañía de Mantenimiento (Tenosique, Tabasco) y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en uno de septiembre de dos mil dieciocho, causara alta en situación de retiro, por padecer trastorno psicótico agudo poliformo, sin síntomas de esquizofrenia (F230), es una consecuencia lógica y necesaria emitida por la Honorable Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es infundada la causal de improcedencia que se invoca. Para mayor claridad, conviene tener presente que el numeral 61, fracciones XIII y XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 217 del ordenamiento legal invocado con antelación dispone: ".Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Por su parte, la jurisprudencia número diecisiete, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 12, establece lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- El Amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De la transcripción de los preceptos que anteceden, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente si se interpone contra un acto que derive de otro que se consintió, ya sea este consentimiento expreso, que se advierta de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o que sea tácito como en el caso que nos ocupa. En ese orden, las condiciones necesarias para la improcedencia de un amparo, por reclamarse en él actos derivados de actos consentidos son los siguientes: a) Que entre los actos consentidos y los actos derivados de éstos exista una relación de causalidad, en el sentido de que los segundos no pueden realizarse sin los primeros; lo que nos lleva a afirmar que los actos derivados de otros consentidos son: 1) los que consisten en la repetición de éste; 2) los que son consecuencia legal y necesaria; y, 3) los que van implícitos o están comprendidos en él. b) El acto origen del reclamado debe haber sido notificado al quejoso, pues no puede decirse que un acto es consecuencia de otro diverso, si éste no se dio a conocer al quejoso, porque precisamente para que haya consentimiento se requiere haber conocido el acto y no haberlo impugnado en su momento oportuno. c) El acto origen del reclamado debe ser susceptible de recurrirse en amparo o a través de algún medio de defensa legal o recurso administrativo previsto por las leyes respectivas, ya que de lo contrario, no es posible hablar del consentimiento del acto, para los efectos del amparo. d) El acto origen del reclamado en amparo debe causar, por sí solo, perjuicios al quejoso; esto es así, porque no basta para sobreseer en el amparo, que una resolución o providencia sea consecuencia legal, forzosa o directa de otra resolución anterior, sino que es necesario que la resolución primera afecte los derechos o intereses del quejoso, pues si estos se vulneran mediante otro acto posterior, y el quejoso no tenía capacidad legal para interponer recurso alguno contra dicha resolución primera, por no haber afectación directa, indudablemente no puede decirse que consintió un acto que por no causarle por sí solo perjuicios no recurrió, pues es hasta el momento en que un acto afecta la esfera jurídica del gobernado cuando nace la acción para impugnarlo. A través del acuerdo 87965, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el General Secretario de la Defensa Nacional decretó la baja del quejoso del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en virtud de padecer trastorno psicótico agudo poliformo, sin síntomas de esquizofrenia (F230) el cual se encuentra comprendido en la fracción 109 de la Primera Categoría de las tablas de enfermedades del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, concediéndose únicamente compensación por quince años de servicio por la cantidad de $270,421.68 (doscientos setenta mil cuatrocientos veintiún pesos 68/100 moneda nacional), incapacidad adquirida fuera de actos del servicio. En ese sentido, si bien lo resuelto por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas incide en el acuerdo reclamado por el quejoso, la multirreferida baja se materializó en virtud de que con motivo de aquella resolución, ya no se le pueden designar tareas propias de dicha institución y por ello, se coloca en la hipótesis establecida para causar baja, pero el hecho de que se haya determinado el beneficio económico a que tendría derecho el quejoso y que en contra de tal determinación haya omitido interponer el recurso de revisión administrativa o el juicio de nulidad, no quiere decir que a virtud de la determinación del citado Instituto, puede estimarse la baja como consentido por el hecho de no haber interpuesto el recurso que refiere en contra de tal determinación, cuando éste deriva de un procedimiento diverso. De igual forma, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en la que aduce que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra el acuerdo 87965, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual se determinó su baja y alta de situación de retiro, de tal suerte que, si no agotó dicho recurso, opera el principio de definitividad. Lo anterior toda vez que la autoridad refiere que se trata de un acto que puso fin a un procedimiento, por lo que el peticionario de amparo debió agotar dicho medio de impugnación antes de acudir al juicio de amparo, porque el juicio de nulidad tiene como efecto nulificar, revocar o modificar el acto reclamado, por tratarse de una resolución que puso fin al procedimiento que se instauró para que éste causara baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiros, por lo que, insiste la autoridad que debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes de acudir al juicio de garantías, porque de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicho Tribunal conocerá de los juicios que se promueven contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo. Precisando que, el principio de definitividad que rige el juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de extraordinario de defensa constitucional, que quejoso debe, previamente a su promoción, agotar tales instancias que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, toda vez que en el caso no se surtió alguna excepción a dicho principio. No es acertada la manifestación de la autoridad responsable, relativa a que debió acudir al juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; La porción normativa transcrita prevé la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de las resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin embargo, tal hipótesis legal en el particular no se actualiza, debido a que el acuerdo 87965 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se sustenta, esencialmente, en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional. Además, el quejoso no está obligado a promover el juicio contencioso administrativo antes de la presentación de la demanda de amparo, toda vez que, al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tratándose de actos relacionados con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, está limitada al supuesto previsto en el artículo 14, fracción V, de su abrogada ley orgánica, en el que se establece: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. (.)". En efecto, según los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, el supuesto de procedencia del juicio contencioso administrativo previsto en el artículo transcrito no se puede ampliar a hipótesis diversas, razón por la cual, en el caso concreto, no sería viable exigir que el quejoso agotara dicho medio de defensa cuando resulta improcedente. Dicho criterio se refleja en las jurisprudencias 2a./J. 91/2014 (10a.) y 2a./J. 69/2015 (10a.), de rubros: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LAS ÓRDENES DE BAJA DE LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS POR COLOCARSE EN SITUACIÓN DE NO PODER CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES MILITARES Y, POR TANTO, ÉSTOS CARECEN DE DERECHO PARA RECLAMAR LA NEGATIVA O REDUCCIÓN DE SUS PENSIONES O PRESTACIONES SOCIALES ANTE ESE TRIBUNAL". "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESPUESTAS NEGATIVAS DE LA AUTORIDAD CASTRENSE A LA SOLICITUD DE PRESTACIONES LABORALES, CIVILES O ADMINISTRATIVAS FORMULADAS POR MILITARES". Jurisprudencias que siguen siendo aplicables y obligatorias para este órgano jurisdiccional, dado que el contenido del artículo 3, fracción VI, de la Ley Orgánica del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es exactamente el mismo, como se desprende de la siguiente transcripción: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. (.)". Asimismo, refiere que tal opción de interponer el medio de impugnación se encuentra previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión o la vía jurisdiccional que corresponda, al efecto dicho numeral establece: "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." De lo transcrito, se desprende la posibilidad que tiene los gobernados para recurrir los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, a través del recurso de revisión tramitado en sede administrativa o bien intentar la vía jurisdiccional que corresponda; sin embargo, de la interpretación del artículo se desprende que dicho medio de impugnación tiene el carácter de ser optativo; por consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso o medio de impugnación correspondiente, previamente a la promoción del juicio constitucional, pues dado que es optativo de dicho medio de impugnación, no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza. En esas condiciones, no se puede obligar a la parte quejosa a acudir ante la instancia administrativa a inconformarse respecto del acto reclamado, tomando en consideración que la propia naturaleza del medio de impugnación es de carácter opcional; de ahí que no pueda supeditarse la procedencia del juicio de amparo, previo al agotamiento del recurso señalado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 109/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 232, tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados que se rijan por ese ordenamiento, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden de manera optativa impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso de revisión en mención previamente a la promoción del juicio constitucional, pues dada la optatividad de dicho medio de impugnación, no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, máxime si como en la especie, se actualiza una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (ordenamiento legal que derogó las disposiciones del Código Fiscal de la Federación relativas al juicio contencioso administrativo) mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, los que consisten en: 1) circunscribir la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obligar al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obligar a ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constreñir a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales considera se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condicionar el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establecer que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. Por tanto, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados pueden acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." En ese orden, es contundente que no procedía el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resultaba improcedente para impugnar el acuerdo 87965 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario de la Defensa Nacional, en el cual se decretó la baja del quejoso en el servicio activo, así como el oficio 28805, con el que se notifica dicho acuerdo, por lo que no era exigible que el quejoso lo agotara antes de promover el juicio de amparo indirecto, razón por la cual no se actualiza la causa de improcedencia referida por dicha autoridad. Al no existir otra causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, hecha valer por las partes, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Al no existir alguna otra causal de improcedencia invocada por las partes, o que a juicio de este juzgado opere de oficio, se procede al estudio del fondo del presente asunto. La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación, que las autoridades responsables al emitir el acto reclamado violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: 1. Que el acuerdo de 87965, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se ordenó la baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, comunicado mediante oficio 28805/A-Rets trasgreden sus derechos fundamentales, así como sus derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados en relación a Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y culturales, dado que carecen de fundamentación y motivación. 2. Que es ilegal que la autoridad responsable señalara que quedó debidamente sustanciado el procedimiento administrativo de retiro por encontrarse comprendido en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 24, en relación con la fracción 109 de la Primera Categoría de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 126 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a pesar de que no ha quedado sustanciado en su totalidad el procedimiento administrativo. 3. Que aplica de forma errónea la fracción IV del artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social, en virtud de que es aplicable la fracción III, que establece: " quedar incapacitado en otros actos del servicio como consecuencia de ello.", puesto que, durante el procedimiento administrativo de baja que se le inició en su contra, en las diversas inconformidades, primero en la Declaración Provisional de Retiro contenida en el oficio número SGB-XE-20262 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que fue emitido por Director General de Justicia Militar, basándose para hacerlo en el dictamen Psiquiátrico de Médicos Militares Jorge Lothar Flores Vázquez y Eduardo de la Cruz Honorato, mismo que se encuentra transcrito en el citado oficio, así mismo en el Parte Oficial rendido por el Comandante del 18/a Compañía de Manteniendo de la VII Región Militar, Tenosique Tabasco, contenido en el radiograma número SPAA/7310 de diecinueve de agosto de dos mil dieciseis. 4. Que tiene derecho a pasar de activo a retiro por incapacidad como consecuencia de actos del servicio, ya que al momento en que ingresó al Ejército se encontraba sano, ya que le practicaron los exámenes necesarios para efecto de comprobar que se encontrara sano y que no tuviera enfermedad alguna, dentro de las que se encuentran el Trastorno Psicótico Agudo y Poliformo sin síntomas de esquizofrenia, que es el que padece desde el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, la autoridad responsable tenía la obligación de practicarle los exámenes necesarios en términos de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por lo que, si dicha autoridad fue omisa en practicarle los citados exámenes para efecto de haber podido detectar la enfermedad que padece, es únicamente responsabilidad de dicha autoridad. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer. En principio, cabe resaltar que se considera correcta la determinación tomada por la responsable al declarar la baja del quejoso, pues se advierte que dicho acto se encuentra fundado y motivado, ya que en el acuerdo 87965, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional con sede en la Ciudad de México, concluyó el trámite administrativo de retiro que inició el Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa (C-8005512), por padecer Trastorno Psicótico Agudo Polimorfo, sin síntomas de Esquizofrenia (F230), el cual se encuentra comprendido en la fracción 109 de la primera categoría de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; asimismo, dispuso lo siguiente: ".se dispone que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, cause baja de la 18/a. Compañía de Mantenimiento (Tenosique, Tab.), y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y con fecha 1/o. de septiembre del mismo año, alta en situación de retiro, en la que según resolución de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual entre otros aspectos señala que se concede al C. Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa (C-8005512), Compensación por 15 años de servicios efectivos y 35 años de edad, con la cuota única de $270,421.68 (Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Veintiún Pesos 68/100), que se integra por los conceptos y cantidades siguientes: el equivalente a 24 meses de los haberes de su grado, por la cantidad de $142,327.20 (Ciento Cuanta y Dos Mil Trescientos Veintisiete Pesos 20/100), el equivalente al 80% de dicho haber por la cantidad de $113,861.76 (Ciento Trece Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 76/100) y el 10% de su haber correspondiente a la Condecoración de Perseverancia de 5/a. Clase, por 10 años ininterrumpidos, por la cantidad de $14,232.72 (Catorce Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 72/100), conforme al Presupuesto de Egresos vigente del 1/o. de enero del 2017, que se cubrirá directamente al interesado en una sola exhibición, cuando cause baja del servicio activo y alta en situación de retiro, debiendo otorgar el finiquito respectivo." Determinación que correctamente tomó la responsable en base a las siguientes consideraciones: * De las constancias de autos se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil tres, el quejoso en el presente juicio de amparo, ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el 2º. Batallón de Construcción, como soldado de Zapadores el cuatro de septiembre de dos mil tres (foja 39 y 128 del tomo I de prueba). * Constancia de hechos de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, siendo las siete horas con veinte minutos (07:20 horas), en donde Efraín Meza Figueroa se encontraba en el interior de su alojamiento, cuando repentinamente salió del mismo y efectúo disparos sin razón aparente sobre el área verde de la parte norte de alojamiento de personal de oficiales de la 38ª. Zona Militar en Tenosique, Tabasco, y posteriormente en los límites del campo de futbol de esa unidad (foja 8 del tomo I de prueba). * Acta informativa de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Teniente de Zapadores Fernando Pacheco Ramón (C-9287330), perteneciente a la Décima Octava Compañía de Mantenimiento de la Séptima Región Militar, en Tenosique, Tabasco, que involucra al Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa (C-8005512), en el que siendo aproximadamente las siete horas con veinte minutos, el aquí quejoso efectúo cuatro disparos sin razón aparente con su arma individual, y posteriormente fuera del dormitorio efectúo dos disparos más, gritando dicho oficial "allá van", insistiendo "allá van", efectuando tres disparos más, por lo que, al ver tal situación se resguardó en las instalaciones en lugares seguros para evitar ser lesionados. * Mediante certificado médico de doce de septiembre de dos mil dieciséis, los Mayores Médicos Cirujanos Jorge Lothar Flores Vázquez y Eduardo de la Cruz Honorato, especialistas en Psiquiatría, adscritos al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, certificaron que el Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa (C-8005512), presentaba Trastorno Psicótico Agudo Polimorfo, sin síntomas de Esquizofrenia (F230), padecimiento comprendido en l fracción 109, de la Primera Categoría de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (fojas 24 a 26 del tomo I de prueba). * Dictamen médico de relación de causalidad de siete de junio de dos mil diecisiete, emitido por los médicos militares especialistas en psiquiatría Damián Pantoja Villagómez y César Federico Franco Herrera, quienes determinaron que el citado padecimiento no tiene relación de causalidad con las actividades que ha desempeñado durante su permanencia en ese Instituto Armado, toda vez que es un trastorno fundamentalmente psicosocial, de origen multifactorial, es decir, que no obedece a causa única, documentándose en su expediente clínico que ese trastorno se inició abruptamente con presencia de alteraciones sensoperceptuales de tipo alucinaciones auditivas y visuales, con ideas paranoides y de persecución (fojas 43 a 54 del tomo I de prueba). * Ampliación de dictamen de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido por los médicos militares especialistas en psiquiatría Damián Pantoja Villagómez y Juan Rogelio Ríos Morales, en el que determinaron que la presentación de trastornos mentales, como en el presente caso depende de múltiples factores y no únicamente de la exposición a determinados eventos o dinámicas sociales, por adversas que pudieran considerarse como lo eran las militares (fojas 107 a 120 del tomo I de prueba). * Por acuerdo 114298 de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciséis, el General Secretario de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México, ordenó a la Dirección General de Justicia Militar, el inicio del procedimiento administrativo de retiro del Teniente Meza Figueroa. * Por oficio SGB-XI-20262 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, la Dirección de Justicia Militar, emitió la Declaración Provisional de Retiro del Teniente Efraín Meza Figueroa, por presentar Trastorno Psicótico Agudo Polimorfo, sin síntomas de Esquizofrenia (F230), resolviendo que el mismo, no fue contraída en actos del servicio y tampoco a consecuencia de los mismos (fojas 65 a 81 del tomo I de prueba). * Mediante escrito de diez de agosto de dos mil diecisiete, el Teniente Efraín Meza Figueroa manifestó inconformidad con la referida Declaración Provisional de su Retiro. * Oficio SGB-XI-30814 de doce de febrero de dos mil dieciocho, la Dirección General de Justicia Militar, emitió la Declaración Definitiva de Retiro del Teniente Efraín Meza Figueroa, desahogando la inconformidad planteada y resolviendo que la incapacidad del militar en comento, no fue contraída en actos del servicio, remitiendo al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el incidente administrativo de retiro, con el fin de que el citado Instituto emitiera la resolución correspondiente (fojas 268 a 318 del tomo I de prueba). * El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Honorable Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, emitió el Dictamen correspondiente al trámite administrativo de retiro del referido Oficial. * En oficio número 307-A.-10.-6563 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, expediente 511.16/601508, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que sanciona el acuerdo de veintitrés de mayo de dos ml dieciocho, emitido por la Honorable Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por carecer de facultades para determinar cuestiones relacionadas con la declaración definitiva de procedencia de retiro, ya que dicha facultad le corresponde únicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de que la Junta Directiva solo tiene competencia en el procedimiento de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, para resolver sobre la procedencia el beneficio, su naturaleza y monto en base a la documentación que emitió la Secretaría de origen que en la especie se trata de la declaración definitiva, en la que se reconoce la personalidad militar, se determina la jerarquía en el activo para efectos de retiro, se precisa específicamente la causa o causas de retiro acreditadas y en las que se fijan las situaciones dentro del activo y los cómputos de servicios formulados por dichas secretarías, modificando así la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y ratificando la cuota asignada al Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa, por quince años de servicios completos y treinta y cinco años de edad, compensación por retiro forzoso por encontrarse incapacitado para el activo en actos fuera del servicio y estar comprendida su incapacidad en la fracción 109 de la Primera Categoría de las Tablas de Enfermedades previstas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. * Lo anterior, dio origen al acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, con el que la Dirección General de Justicia Militar, concluyó el trámite administrativo de retiro que en su momento inició al Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa, en el que se determinó que presenta una incapacidad de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del numeral 24 del ordenamiento legal en comento y que la misma no la adquirió en actos del servicio; la cual le impide desarrollar las actividades militares en forma óptima; obligando con ello al suscrito a colocar en situación de retiro al citado militar. * Limitaciones que le provocan al Teniente de Zapadores Efraín Meza Figueroa, Trastorno Psicótico Agudo Polimorfo, sin síntomas de Esquizofrenia (F230), para el desempeño de las diversas actividades militares, puesto que una de las condiciones para permanecer en las Fuerzas Armadas, es contar con un estado de salud óptimo, como consecuencia de la naturaleza de las actividades militares. De lo anterior, se desprende que el quejoso causó baja del Servicio Activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en virtud de encontrarse incapacitado en primera categoría para el servicio activo de las armas, por padecer trastorno psicótico agudo polimorfo, sin síntomas de esquizofrenia (F230), toda vez que dicho padecimiento le provoca alteraciones sensoperceptuales de tipo alucinaciones auditivas y visuales, con ideas paranoides y de persecución, sintomatología que le genera las siguientes limitaciones: No puede participar en acciones cívicas. No puede realizar obras sociales que tiendan al progreso del país. No puede auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. No puede participar en operaciones contra la delincuencia organizada, para garantizar la seguridad interior de la Nación. En casos de necesidades públicas y atendiendo la situación actual de la sociedad, NO puede participar en operaciones para reducir la violencia en nuestro país, toda vez que dichas actividades implican esfuerzo y desgaste físico, estando expuesto a situaciones de alerta donde se necesita personal que goce de plena salud y tomando en consideración su padecimiento, dichos factores ponen en riesgo no solo la vida y seguridad del Oficial en comento, sino también la de sus compañeros e incluso de personas civiles que se encuentren a su alrededor, toda vez que presenta alucinaciones, ideas paranoides de persecución, ilusiones y perturbaciones de la percepción, sintomatología que se presenta repentinamente. En caso de desastre, por el Trastorno Psicótico Agudo Polimorfo, sin síntomas de Esquizofrenia (F230), que padece el Teniente Meza Figueroa, no puede prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, de sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, ya que no puede integrarse a los equipos de auxilio a la población, en virtud de que las actividades que ejecutan son por demás extenuantes, por el desgaste y el esfuerzo físico que se realiza para llegar a lugares inaccesibles, a fin de rescatar a personas que están imposibilitadas para trasladarse por si mismas, incluso, el mencionado militar por su padecimiento, no puede llevar alguna carga (persona u objeto); circunstancias por las que se considera que no puede formar parte de los equipos de búsqueda, rescate y reconstrucción de zonas afectadas por fenómenos naturales (terremotos, huracanes). Para su defensa, resulta riesgoso que ante una situación de defensa no se pueda actuar con eficacia y eficiencia, debido a la falta de un óptimo estado de salud de sus integrantes. Lo que generó que se le otorgue una compensación Compensación por 15 años de servicios efectivos y 35 años de edad, con la cuota única de $270,421.68 (Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Veintiún Pesos 68/100), que se integra por los conceptos y cantidades siguientes: * El equivalente a 24 meses de los haberes de su grado, por la cantidad de $142,327.20 (Ciento Cuanta y Dos Mil Trescientos Veintisiete Pesos 20/100); * El equivalente al 80% de dicho haber por la cantidad de $113,861.76 (Ciento Trece Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 76/100); * El 10% de su haber correspondiente a la Condecoración de Perseverancia de 5/a. Clase, por 10 años ininterrumpidos, por la cantidad de $14,232.72 (Catorce Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 72/100), conforme al Presupuesto de Egresos vigente del 1/o. de enero del 2017. Lo que pone de manifiesto, que las autoridades responsables no vulneraron los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado que fundaron y motivaron su determinación, acorde a los puntos citados con antelación. En efecto, no le asiste la razón al quejoso cuando argumenta que las autoridades trasgreden sus derechos humanos consagrados en la Constitución, así como tratados en relación a derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales por lo siguiente: Si bien es cierto que su relación laboral con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es de naturaleza administrativa, en virtud de que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecen las reglas que norman las relaciones de trabajo, en el apartado A, regula los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones laborales entre particulares (patrón-trabajador), los cuales se rigen por la Ley Federal del Trabajo; resulta que en el apartado B, se norman los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones entre los Poderes y sus trabajadores, reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Así, en el apartado B del artículo 123 constitucional, el legislador trató de equiparar dichas relaciones a los de naturaleza laboral en beneficio y protección de los trabajadores, considerando al Estado como un patrón único en su tipo; no obstante ello, la fracción XIII, excluye del referido régimen a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, los cuales se gobernarán por sus propias leyes y ordenamientos especiales; por lo que, la relación que guardan éstos con la administración pública es de naturaleza administrativa. Para entender el porqué de la exclusión y consecuente régimen especial en que se ubican los militares, entre otros, conviene traer al caso, las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94 que, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "Es importante señalar que ese esfuerzo de asimilación no comprende, no puede comprender, a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cuatro grupos: XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. Al establecer esta exclusión, nuestra Carta Magna coincide con los principios de derecho internacional, en cuyo seno se gestó el trato innovador que modernamente se dispensa a los empleados públicos. En efecto, desde que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) se creó en 1919 durante la primera postguerra mundial, para recomendar normas mínimas de trabajo y concertar convenios internacionales sobre temas laborales, ha insistido en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y en la organización de los empleados públicos, sobresaliendo su interés en la conservación del empleo y en la sindicalización, aspectos que en aquella época no sólo eran novedosos, sino de logro difícil y complicado. En el convenio número 2 de veintinueve de octubre de mil novecientos diecinueve, se insta a los miembros a tomar medidas en contra del desempleo (artículo 1o.), apelación que se reitera y amplía en los convenios números 44 de cuatro de junio de mil novecientos treinta y cuatro; 88 de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho; y 122, de diecisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho. Asimismo, en el convenio número 87 de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, se establece el derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización `previa' a constituir las organizaciones que estimen convenientes en defensa de sus intereses; más completo es el convenio 151 `Sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública' de siete de junio de mil novecientos setenta y ocho, pues además de garantizar la libertad sindical de los empleados públicos (artículos 4o. y 5o.), concede facilidades a los representantes sindicales para desempeñar sus funciones, precisándose que tal concesión `...no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la determinación o servicio prestado' (artículo 6o., inciso 2); recomienda establecer procedimientos de negocios entre las partes, y otros métodos independientes o imparciales como la conciliación y arbitraje, para la solución de conflictos (artículo 8o.), etcétera, pero muy importante resulta subrayar que aun estos dos últimos convenios no incluyen a la totalidad de los empleados públicos al área de su plena protección o tutela. Así, el convenio 87 de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho establece en su artículo 9, inciso 1, que `La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente convenio'; y el artículo 1o. del convenio 151, después de asentar las reglas de que se aplicarán a todas las personas empleadas por la administración pública (inciso 1), hace las salvedades en los incisos 2 y 3 de que `2.- La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 3.- La legislación nacional deberá determinar, asimismo, hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía. Como se ve, los cuatro grupos indicados (militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior), constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-obrero se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional, seguramente porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo". La contradicción de tesis 11/94, originó la jurisprudencia 24/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, de rubro y contenido: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito". En ese orden, los militares no gozan del derecho de estabilidad laboral, entendida como la permanencia del trabajador en su fuente de trabajo, dada las características de sus funciones, siendo así facultad del Estado, por razón de sus necesidades, mover de sus cargos o sujetar a determinado plazo los servicios de dichos subordinados. Esto se confirma con la exposición de motivos de la iniciativa del decreto de reformas a las fracciones XI y XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, publicado el diez de noviembre de mil novecientos setenta y dos que, en su parte conducente, estableció: "...por otra parte, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, son instituciones surgidas del pueblo que tienen la responsabilidad de defender la integridad, la independencia y la soberanía nacionales; de organizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de desastre, así como cooperar con ella y sus autoridades en la realización de obras sociales y de todas aquéllas orientadas al progreso del país. Por lo que si a sus miembros en el activo se les proporcionan prestaciones semejantes a las que en esta iniciativa se proponen para los servidores públicos, no se hace sino equiparar en derechos a los que dentro de las fuerzas armadas sirven con lealtad al país. Por lo anterior, la posible realización de la promesa hecha a los servidores públicos, que abarcaría también a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, si el órgano revisor de la Constitución aprueba la presente iniciativa, representará un nuevo y vigoroso acto de solidaridad social...". De lo anterior se desprende que, el trato que constitucionalmente se da a los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como al personal del servicio exterior, es distinto al de los trabajadores al servicio del Estado. De modo que tal discernimiento, por sus características representa prácticamente un principio constitucional, el cual se ha conservado desde su inclusión en el Pacto Federal. En ese sentido, el trato excepcional para los militares se materializa en los derechos laborales que, incluso, fue reconocido por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 315 (Compilación de 1985, Quinta Parte), en la que se señaló, en lo conducente, que: "...el susodicho apartado B contiene las normas básicas aplicables en las relaciones de trabajo, de todas las personas que presten sus servicios a las diferentes dependencias que integran el Gobierno Federal, con la única excepción contenida en la fracción XIII, que señala que los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes. La reglamentación de las bases anteriores está contenida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado...". No debe perderse de vista que, el hecho de que los militares no gocen de estabilidad laboral, no implica la ruptura de las relaciones que guardan con las instituciones castrenses; de ahí que, el legislador haya señalado los supuestos por los cuales cesa o termina de manera justificada esa relación, incluso, a pesar de que la misma sea injustificada o, no se ubique en los supuestos previstos por la norma, teniendo el gobernado a su alcance medios de defensa para cuestionar tales actos. Así, la orden de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del que se duele el ahora disconforme, no transgrede sus derechos laborales, menos aún los de su familia, tomando en consideración el padecimiento de trastorno psicótico agudo polimorfo, sin síntomas de esquizofrenia (F230), padecimiento comprendido en la fracción 109 de la primera categoría de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el procedimiento en el que se determinó que presenta una incapacidad, de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del numeral 24 del ordenamiento legal citado y que la misma no la adquirió en actos de servicio, la cual le impide desarrollar las actividades militares en forma óptima, colocándolo en situación de retiro. Además, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 6. Los mexicanos que decidan prestar sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, en forma voluntaria, firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas Fuerzas Armadas por un tiempo determinado". Tal precepto dispone que, para que los mexicanos que decidan prestar sus servicios a las Instituciones Armadas de tierra y aire, basta con que firmen el contrato respectivo, manifestando precisamente su conformidad para permanecer en las Fuerzas Armadas en un tiempo determinado. El grado de Soldado constituye el primer escalafón dentro de la jerarquía militar, la asignación de uno u otro grado de una persona al ingresar y darse de alta en el ejército, depende de la modalidad que adoptó, por lo que por una parte encuentre justificación la temporalidad en el contrato de enganche respecto al Soldado que se incorpora para prestar sus servicios, pues tal limitante obedece a que dicho personal no es de carrera, por lo que, no adquiere el derecho de permanencia, estando sujeta la prestación de servicios de los Soldados a las necesidades del propio Ejército y del contrato que al respecto se generó. Así, el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señala: "Artículo 154. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá reenganchar al personal de Cabos y Soldados de las Clases de Arma y Servicio, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios. En caso contrario, este personal causará baja en el Servicio Activo y alta en la Reserva correspondiente. En el caso de los Soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los de reenganche admitidos, será como máximo de nueve años". De dicho numeral se desprende que, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá reenganchar al personal de Cabos y Soldados de las clases de Armas y Servicios, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios, en caso contrario, el personal causará baja en el servicio activo y alta en la reserva correspondiente, por cuanto hace a los Soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y reenganche admitidos, será como máximo nueve años. Por su parte, los artículos 5 y 6 de la citada ley orgánica, son del contenido siguiente: "Artículo 5. Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por norma Constitucional pertenecen al Servicio Militar Voluntario o al Servicio Militar Nacional." "Artículo 6. Los mexicanos que decidan prestar sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, en forma voluntaria, firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas Fuerzas Armadas por un tiempo determinado". Lo anterior evidencia que un soldado forma parte del servicio militar de manera voluntaria y que al firmar el contrato de enganche correspondiente manifiesta su conformidad para permanecer en las Fuerzas Armadas por un tiempo determinado (9 años). Resulta que lo antes señalado, se actualizó en el caso, pues como se desprende de autos, el quejoso contaba con el cargo de Soldado de Zapadores, por lo que no formó parte de la carrera profesional ni su servicio podía ser permanente, de ahí que no puede alegar una trasgresión a sus derechos laborales con el acuerdo que determina su baja del servicio activo. Respecto a los argumentos sintetizados en los numerales 2, 3 y 4, también devienen infundados. Cabe precisar que, la exclusión establecida en el artículo 123, apartado "B", fracción XIII de la Constitución Federal, respecto de los militares, al establecer que se regirán por sus propias leyes, es coincidente con los principios del derecho internacional, rama que se ha ocupado ampliamente del trato innovador que modernamente se dispensa a esos empleados públicos. En efecto, desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se creó, en 1919, durante la primera post-guerra mundial, para recomendar normas mínimas de trabajo y concertar convenios internacionales sobre temas laborales, ha insistido en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y en la organización de los empleados públicos, sobresaliendo su interés en la conservación y estabilidad del empleo, así como en la sindicalización, aspectos que en aquella época no sólo eran novedosos, sino de difícil concreción. Así los documentos que contienen los conceptos señalados son: El Convenio Número 2 del veintinueve de octubre de mil novecientos diecinueve, donde se insta a los miembros a tomar medidas en contra del desempleo (artículo 1o.). Lo anterior se reitera y amplía en los Convenios 44 del cuatro de junio de mil novecientos treinta y cuatro; 88 del diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho; y, 122 del diecisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho. Asimismo, en el Convenio Número 87 del diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, se establece el derecho de los "trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa" a constituir las organizaciones que estimen convenientes en defensa de sus intereses; y más completo es el Convenio 151 denominado: "Sobre la protección del derecho de 'sindicación' y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública" del siete de junio de mil novecientos setenta y ocho, pues además de garantizar la libertad sindical de los empleados públicos (artículos 4o. y 5o.), concede facilidades a los representantes sindicales para desempeñar sus funciones, precisándose que tal concesión "... no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio prestado." (artículo 6o., inciso 2); recomienda establecer procedimientos de negociación entre las partes y otros métodos independientes e imparciales como la conciliación y el arbitraje, para la solución de conflictos (artículo 8o.), etcétera. En este punto es importante acotar que, aun los dos últimos convenios (el 87 y el 151) no incluyen a la totalidad de los empleados públicos a su plena protección o tutela. De esta forma, el Convenio 87 del diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho establece en su artículo 9o., inciso 1, que: "La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente convenio". Y el artículo 1o. del Convenio 151, después de asentar las reglas de que se aplicarán a todas las personas empleadas por la administración pública (inciso 1), hace las salvedades de los incisos 2 y 3 de que: "2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial". "3. La legislación nacional deberá determinar, asimismo, hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía". Como puede observarse, los cuatro grupos indicados en la doctrina de derecho internacional (militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior) coinciden puntualmente, con la excepción constitucional del artículo 123 constitucional, en el apartado B, fracción XIII, misma que jurídicamente se encuentra reconocida y aceptada en el consenso del exterior pues los cuerpos militares, de armada, marina y policiales, así como el servicio exterior, desempeñan servicios públicos cuyo objetivo es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se vayan suscitando para el Estado. Lo anterior se confirma con la exposición de motivos de la iniciativa del decreto de reformas a las fracciones XI y XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, publicado el diez de noviembre de mil novecientos setenta y dos que, en su parte conducente, estableció: "... Por otra parte, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, son instituciones surgidas del pueblo que tienen la responsabilidad de defender la integridad, la independencia y la soberanía nacionales; de organizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de desastre, así como cooperar con ella y sus autoridades en la realización de obras sociales y de todas aquéllas orientadas al progreso del país. Por lo que si a sus miembros en el activo se les proporcionan prestaciones semejantes a las que en esta iniciativa se proponen para los servidores públicos, no se hace sino equiparar en derechos a los que dentro de las fuerzas armadas sirven con lealtad al país. Por lo anterior, la posible realización de la promesa hecha a los servidores públicos, que abarcaría también a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales, si el órgano revisor de la Constitución aprueba la presente iniciativa, representará un nuevo y vigoroso acto de solidaridad social...". Conforme a lo anterior, resulta inconcuso que el trato que constitucionalmente se da a los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como al personal del servicio exterior, es distinto al de los trabajadores al servicio del Estado. En ese orden de ideas, en el caso no se violaron las reglas del procedimiento administrativo de origen, además de que el hecho de que el inconforme no cuente con estabilidad en el empleo, como se ve tiene una justificación constitucional, jurisprudencial y convencional. Máxime que, como lo estableció la autoridad responsable que el derecho a la protección de la salud, se traduce en la obligación que tiene el estado de establecer los mecanismos necesarios, para que todos los mexicanos tengan acceso a los beneficios de salud, que comprende entre otras cuestiones, la asistencia médica y el suministro de medicamentos y que uno de sus mecanismos, lo constituyen los diversos regímenes de seguridad social, que contempla precisamente el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando además el apartado B fracción XIII, de dicho ordenamiento legal que los militares y marinos se regirán por sus propias leyes, y por lo tanto, en materia de salud serán tutelados por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la cual establece dentro de los beneficios del derecho a la salud, la asistencia médico- quirúrgica y farmacéutica (suministro de medicamentos) y hospitalaria así como rehabilitación de los incapacitados. Disfrutan del derecho de asistencia médica todos los miembros de las fuerzas armadas que se encuentran en activo, así como aquellos que perciben un haber de retiro o los familiares de estos, que reciben una pensión y en caso de incapacidad de militares y marinos, cuando la misma tenga su origen en actos del servicio. Así entonces, si la incapacidad que presenta el teniente Efraín Meza Figueroa, no fue contraída en actos del servicio, y no prestó sus servicios al instituto armado cuando menos por veinte años, no se le puede proporcionar el servicio médico integral, una vez que causa baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, acorde a lo establecido en el artículo 35 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, máxime cuando su baja se dio por actos fuera de servicio. Por lo que, si al teniente Efraín Meza Figueroa no se le proporciona por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el servicio médico integral a él y a sus derechohabientes, es porque no se generó esa prestación al momento de pasar a situación de retiro, lo cual no se puede considerar como una afectación a su derecho a la protección de la salud, ya que lo puede ejercer válidamente a través de los distintos mecanismos que para tal efecto prevé la ley general de salud, la cual señala que las instituciones de seguridad social, previos requisitos que satisfagan proporcionarán el citado servicio, como el caso del seguro popular, que se encuentra considerado en el programa nacional de salud, el cual según el contenido del "Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación del seguro popular", establece en sus líneas estratégicas brindar protección a la población que carece de seguridad social incorporando un sistema de aserguramiento para todos los mexicanos, creado a partir del dos mil dos, el cual puede ser utilizado por el militar aquí quejoso, para no quedar desprotegido en su derecho a la salud y continuar atendiéndose su padecimiento. Tiene sustento a lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Página 261, Materia Constitucional Laboral, Registro 174442, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY RELATIVA, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. No puede estimarse que el artículo 29, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis, sea violatorio del principio de igualdad y no discriminación, toda vez que los militares retirados y los pensionados civiles, no se encuentran en igualdad de circunstancias, pues aun cuando ambos son servidores públicos, la naturaleza de la relación que guardan con la institución en que prestan sus servicios es diferente. En efecto, los militares tienen una relación de naturaleza administrativa con la institución en la que prestan sus servicios, lo cual encuentra sustento en el hecho de que las fuerzas armadas en nuestro país son garantes de las instituciones legalmente constituidas, defensoras de la soberanía nacional y coadyuvantes en la resolución de problemas de la población civil, de ahí que su control requiera de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, mientras los demás servidores públicos, tienen una relación laboral, que se rige por lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional. En tal virtud, la distinción consistente en que el artículo 29 impugnado no tome en cuenta las compensaciones adicionales y reconocimientos generales para el cálculo del haber de retiro de los militares, mientras el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado considere para el cálculo del monto de las pensiones de dichos trabajadores: el sueldo presupuestal, el sobresueldo y compensaciones, no transgrede el principio de igualdad, pues el trato diverso entre tales sujetos descansa en una base objetiva y razonable y no se proyecta sobre una situación de igualdad de hecho que produzca la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas. Tampoco puede considerarse que la referida distinción constituya una discriminación constitucionalmente vedada, pues ésta como quedó señalado, obedece a la distinta naturaleza de la relación entre Estado y los militares y el Estado y los demás servidores públicos, no así a una cuestión discriminatoria prohibida por el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, además que la referida distinción se justifica en virtud de que el concepto "compensación" es distinto para las legislaciones que se analizan, pues mientras para la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas la compensación se otorga en una sola erogación, para la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puede otorgarse discrecionalmente en cuanto a su monto y duración, situación que justifica que para el cálculo del haber de retiro el legislador no haya considerado la compensación como sí lo hizo tratándose de los demás servidores públicos." Así como la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, Página 157, Materia Laboral, Registro 915332, Novena Época, que dice: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO.- Conforme a la jurisprudencia sustentada por este Alto Tribunal, la prueba pericial médica es la idónea para determinar, tanto si el origen de una enfermedad es de carácter profesional, como el grado de incapacidad que le provoque al trabajador. Sin embargo, establecer una regla general, aplicable a la universalidad de los casos, para tener por acreditado el señalado vínculo causal, involucraría cargas procesales adicionales innecesarias y sin soporte legal, o bien, un desequilibrio entre las partes contendientes, al extremo de provocar laudos condenatorios basados en la simple afirmación del actor sustentada nada más que en el desahogo de una pericial médica que no arroje la convicción necesaria para tal fin. En atención a ello, si se trata de una enfermedad cuya profesionalidad se presume, o sea, de aquellas enumeradas en la tabla a que se refiere el artículo 513, de la Ley Federal del Trabajo, el dictamen médico que concluya sobre la existencia del padecimiento y el grado de la incapacidad, es suficiente para determinar dicho origen, sin perjuicio de que el demandado rinda pruebas que desvirtúen esta presunción, conforme al numeral 476 de la misma ley; fuera de este supuesto, es decir, tratándose de enfermedades no contempladas en la tabla de referencia, el peritaje debe establecer además, si existe o no una relación causal entre el padecimiento y el trabajo (relación directa) o el medio ambiente laboral (relación indirecta), así como especificar cuál es esa relación y los medios de que se valió el perito para su determinación y, para que el dictamen del experto alcance valor probatorio pleno, deberá encontrarse robustecido con el resultado de la visita que haga al lugar o centro de trabajo, para constatar cuáles eran o son las condiciones ambientales en que se vino desarrollando la actividad o profesión, si esto puede obtenerlo por sí mismo, o bien, auxiliado por un técnico o científico que se encargue de perfeccionar, esclarecer o ampliar las conclusiones del dictamen primigenio, salvo que en autos existan constancias de las que se desprendan los datos en cuestión, incluso otros dictámenes periciales relacionados con esas condiciones. Lo anterior, sin demérito de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje actúen, en los términos previstos en el artículo 782, de la ley de la materia, en el sentido de ordenar con citación de las partes, el examen de lugares o reconocimiento por peritos, a fin de practicar las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad." Por todo lo anterior, este juzgador considera que el acuerdo 87965 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario de la Defensa Nacional, en el cual se decreta la baja del quejoso en el servicio activo, así como el oficio 28805, con el que se notifica dicho acuerdo, se encuentran debidamente fundados y motivados. Aunado a que el procedimiento administrativo seguido en contra del aquí quejoso Efraín Meza Figueroa, por padecer Trastorno Psicótico Agudo Polimorfo, sin síntomas de Esquizofrenia (F230), se encuentra comprendido en la fracción 109 de la primera categoría de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, sin que por otra parte, se advierta que en el caso sea necesario suplir su deficiencia. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 108 a 112), dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Efraín Meza Figueroa, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Efraín Meza Figueroa; en contra del acto y de la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual -en vía de notificación-transcribe el acuerdo de tres del presente mes y año, dictado en el amparo en revisión 251/2019, de su índice, del que se desprende que admitió el recurso de revisión adhesivo hecho valer por Antelmo Alarcón Rosales, en su carácter de Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ausencia temporal de su Titular, quien actúa en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, autoridad señalada como responsable, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
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