Efraín Mercado Gomeztagle

Expediente 1040/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1040/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Efraín Mercado Gomeztagle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1040/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cuatro de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse cuatro anexos; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la resolución de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe...sentencia que en lo conducente establece: ...Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1040/2018-V, promovido por EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, por derecho propio, y RESULTANDOS: PRIMERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio dos mil dieciocho, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado al día siguiente, EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y del Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Unidad de Negocio Centro Sur, de quienes reclamó lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO La resolución interlocutoria que recayó al recurso de revocación, de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del Juicio 343/2015-3 por la autoridad responsable.". SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda se registró con el número 1040/2018-V y previo el cumplimiento a la prevención que se formuló a la parte quejosa por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda respecto a los actos reclamados al Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Unidad de Negocio Centro Sur y se admitió respecto a los demás actos y autoridad. Por consiguiente se solicitó su informe justificado, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le corresponde, asimismo, se ordenó emplazar con el carácter de tercera interesada a LISSETE ANGÉLICA GUEVARA ADAME y, finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio y donde tiene lugar tal ejecución. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral de la demanda de amparo, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de controversia familiar sobre divorcio necesario, expediente 343/2015-3 radicado en el Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí tercera interesada, contra el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, que decretó a cargo de EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, el pago de una pensión provisional a favor del menor con iniciales, I.M.G., por el equivalente al veinticinco por ciento, del salario mensual y demás prestaciones totales ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente de trabajo (Comisión Federal de Electricidad), con excepción de los descuentos ordinarios señalados en la ley; que se debe pagar por parcialidades adelantadas, en forma quincenal, por conducto de la madre del menor, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME. Dicho lo anterior, es cierto el acto reclamado en virtud de que al rendir su respectivo informe justificado, así lo aceptó la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 35). Lo que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones practicadas en el expediente 343/2015, remitidas como apoyo al informe con justificación, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. TERCERO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Al no advertirse que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos violación son infundados, motivo por el cual debe negarse al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: El tres de julio de dos mil quince, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME promovió juicio de divorcio necesario en contra de EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, en el que esencialmente demandó la disolución del vínculo matrimonial; la guarda y custodia del menor con iniciales, I.M.G.; así como la pérdida de la patria potestad; además, solicitó como medidas provisionales: 1) La guarda y custodia del citado menor; 2) La separación del demandado del domicilio conyugal; y 3) El depósito del menor en el domicilio ubicado en Calle Pino, número 14, Colonia El Ocote, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos (fojas 2 a 7 del anexo III). Se radicó el juicio ante la Juez responsable, bajo el expediente 343/2015, quien en el auto de admisión de demanda de catorce de septiembre de dos mil quince, fijó una pensión provisional a cargo del aquí quejoso y a favor del menor con iniciales, I.M.G., por un monto mensual de $2,050 (DOS MIL CIENCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (fojas 49 a 51 del anexo III). Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, solicitó aumento del monto de la pensión provisional fijada a favor del menor; así como el otorgamiento de pensión provisional a su favor (foja 51 del anexo IV); en respuesta, la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, emitió el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, por el que se modificó el monto de la pensión provisional a favor del menor, pasando de $2,050 (DOS MIL CIENCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a la cantidad equivalente al veinticinco por ciento del salario mensual y demás prestaciones totales ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente de trabajo (Comisión Federal de Electricidad), con excepción de los descuentos ordinarios señalados en la ley; que se debe pagar por parcialidades adelantadas, en forma quincenal, por conducto de aquélla, en el carácter de madre del menor; sin embargo omitió respuesta sobre la pensión provisional solicitada por la actora del juicio (fojas 520 y 521 del anexo IV). Por conducto de su Abogado Patrono, la actora del juicio natural, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, interpuso recurso de revocación (fojas 540 a 542 del anexo IV), resuelto mediante interlocutoria de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en la que se declaró fundado tal medio de defensa, modificándose el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, para conceder, además de la pensión a favor del menor, otra para la actora, a cargo de EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, por el equivalente al quince por ciento del salario mensual y demás prestaciones totales ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente de trabajo (Comisión Federal de Electricidad), con excepción de los descuentos ordinarios señalados en la ley; que se debe pagar por parcialidades adelantadas, en forma quincenal; que deben ser retenidas por dicho patrón y entregarse directamente a la acreedora. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Esencialmente el quejoso sostiene como conceptos de violación, lo siguiente: Que si bien el juzgador está facultado para decretar medidas provisionales como los alimentos, sólo podrán otorgarse si se actualizan las condiciones que se desprenden de los artículos 35, 36 y 37 del Código Familiar del Estado de Morelos. Explica que el 35 dispone que los alimentos derivan del matrimonio; sin embargo, que no basta este sólo origen, sino que el que los reclama debe acreditar que se encuentra en la hipótesis del artículo 36, es decir, ser acreedor alimentario, siendo considerado con ese carácter aquélla persona que no pueda bastarse a sí misma, razón por la cual en términos del artículo 37, se deberá acreditar estar imposibilitado para obtener alimentos, por su edad, como el caso de los menores o adultos mayores; o su estado físico o mental, incapacidad, o cuando por cualquier motivo esté impedida para desarrollar una actividad remunerada. Luego, que conforme a los artículos 240, 259 y 260 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, para concederse los alimentos como medida provisional a uno de los cónyuges, éste debe acreditar estar legitimado para ello; por lo que el Juez debe valorar los medios de prueba para determinar la necesidad o urgencia de la medida, sin actuar parcialmente a favor de alguna de las partes. Que en autos no se aprecia la existencia de la necesidad, ni la urgencia para decretar la medida provisional, pero la concedió para satisfacer el gusto de la actora, con parcialidad, apartándose de los principio de equidad e imparcialidad. Aduce igualmente el quejoso, que en el acto reclamado la Juez sostiene el otorgamiento de la medida precautoria de alimentos, únicamente en la manifestación de LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, consistente en que dejó de trabajar a petición de su cónyuge, ante el embarazo del menor con iniciales I.M.G.; más, no argumenta si es que después de nacido aquélla retornó a su vida laboral o cuánto tiempo duró su inactividad, o si hubo prohibición del cónyuge varón para que trabajara. Además, que se desprende de autos que el tiempo que duró el matrimonio bajo vida en común, él cumplió proporcionando alimentos tanto a ella y la hija de ésta, producto de otro matrimonio; así como al menor hijo de ambos. Por lo tanto, que no existía razón para que la juez responsable determinara alimentos provisionales, a favor de LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, por no acreditarse la necesidad ni la urgencia, en virtud de no tener impedimento físico o mental para proveerse sus propios alimentos. En la resolución reclamada, la Juez natural justificó el decretar alimentos provisionales a favor de LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, aduciendo que de acuerdo al artículo 37 del Código Familiar del Estado de Morelos, los cónyuges deben darse alimentos, dicha norma se cita enseguida: "ARTÍCULO 37.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ENTRE CONYUGES. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por los artículos 65 y 737 de este Código. (REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2008) En caso de disolución de concubinato o matrimonio, los alimentos se otorgarán siempre y cuando algún cónyuge o concubino acredite estar imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su edad, estado físico y mental, incapacidad o cualquiera otro que le impida desarrollar una actividad remunerada, así como acredite tener la necesidad de recibirlos en virtud de no contar con bienes que le permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos necesarios.". Además, que en términos del artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, los alimentos pueden solicitarse como medida provisional en el juicio de divorcio, y que se habían satisfecho los requisitos previstos en dicha disposición, que es del tenor literal siguiente: "(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE ABRIL DE 2015) ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos.". Por cuanto al título a virtud del cual se pidieron, estableció que se justificaba porque LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME seguía unida en matrimonio con el aquí quejoso, como constaba en acta de matrimonio exhibida. Respecto a la posibilidad de quien deba otorgarlos, señaló que quedaba acreditado en autos que EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, cuenta con un ingreso fijo al ser empleado de la Comisión Federal de Electricidad. En lo relativo a la urgencia, especificó que LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME había sostenido en la solicitud de alimentos, que su cónyuge y demandado del juicio natural, una vez que se enteraron del embarazo del menor con iniciales I.M.G. le había solicitado que dejara laborar a fin de que se dedicara a su cuidado. Por ende, que esto le impide desarrollar una actividad laboral para allegarse los alimentos que requiere. Que ese hecho fue aceptado por el demandado al contestar la demanda. Por lo tanto, que a tales declaraciones les otorgaba eficacia probatoria de conformidad con el artículo primer párrafo parte final del artículo 260, así como el 404, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, para decretar la medida provisional solicitada por la cónyuge. Además, que en términos del propio artículo 260 en cita, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos, precisamente por haber manifestado la solicitud de su cónyuge para dejar de laborar ante el embarazo del menor hijo de ambos para que ella se dedicara a su cuidado, y que esto había sido aceptado por el demandado. Al respecto, se estima que es infundado el concepto de violación en el que sostiene el quejoso que no se surten las condiciones previstas en los artículos 35, 36 y 37 del Código Familiar para el Estado de Morelos, puesto que fue correcto que la juez responsable estableciera que los alimentos provisionales fijados derivaron del matrimonio, por en efecto, aún subsiste entre las partes del juicio, de ahí que LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, como cónyuge tiene legitimación para solicitar alimentos en calidad de acreedora alimentaria. Además, porque contrario a lo que refiere el peticionario de amparo, la Juez natural también justificó en su resolución, que existía la necesidad y urgencia de que se proporcionaran alimentos provisionales a la cónyuge mujer, ante la imposibilidad para dárselos por sí misma, en razón de haber abandonado el empleo con que contaba antes de embarazarse del menor con iniciales I.M.G., procreado con el deudor alimentista, y haberse dedicado a su cuidado. Ello a petición de su cónyuge, EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE; como se menciona en el hecho seis de la demanda del juicio natural, mismo que fue aceptado por éste al contestar la demanda, como lo refirió la juez en el acto reclamado. Consecuentemente, es infundado que la acreedora debiera justificar la necesidad y urgencia de los alimentos, pues con independencia de que la juez correctamente apreció en la resolución combatida la existencia de dichas condiciones; lo cierto es que el propio artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos prevé que para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberá acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, y que ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Lo que denota que el rigor probatorio exigido para tener por satisfecho el requisito de la urgencia es de un bajo estándar. En todo caso, en la resolución combatida la juez de lo familiar, precisamente hizo referencia a que LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, narró en la demanda inicial, que su cónyuge le pidió abandonar el empleo que tenía, ante el embarazo del menor hijo de ambos, hecho reconocido por EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE en la contestación de demanda; de ahí que acorde con la norma antes citada, tal manifestación de necesidad y urgencia se estima suficiente para efecto de la fijación provisional de alimentos. Además, es cierto que el artículo 37 del Código Familiar para el Estado de Morelos, señala que en caso de disolución de concubinato o matrimonio, los alimentos se otorgarán siempre y cuando algún cónyuge o concubino acredite estar imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su edad, estado físico y mental, incapacidad o cualquiera otro que le impida desarrollar una actividad remunerada, así como acredite tener la necesidad de recibirlos en virtud de no contar con bienes que le permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos necesarios. Sin embargo, la porción normativa invocada por el quejoso, es inaplicable al caso, porque se refiere a la procedencia de los alimentos en caso de disolución del concubinato o matrimonio como parte de la condena; siendo que, como lo señaló el juez en la resolución reclamada, todavía subsiste el matrimonio entre los cónyuges; lo que se corrobora mediante las constancias del juicio natural, de las que se desprende que no se había emitido sentencia definitiva a la fecha de presentación del otorgamiento de la pensión, como tampoco al emitirse la interlocutoria que dirimió el recurso de revocación. Por lo tanto, no le asiste razón en cuanto a que a aquí tercero interesada, tuviera la fatiga procesal de acreditar tales extremos. Es igualmente infundado el argumento consistente en que la juez responsable no argumentó si después de nacido el hijo menor de edad, la cónyuge retornó a su vida laboral o cuánto tiempo duró su inactividad, o si hubo prohibición del cónyuge varón para que trabajara; porque en todo caso, al quejoso correspondía la carga de acreditar esas circunstancias ante el propio órgano jurisdiccional previo a la emisión del acto reclamado. Por último, conviene establecer que si bien es cierto que el simple hecho de que la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos, pues si bien el Código Familiar para el Estado de Morelos no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 37 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 34 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 37 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 46 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En el mismo orden de ideas, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda alimentos argumentando que tiene necesidad de ellos porque se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se lo pidió el cónyuge varón y ello constituyó su contribución en la vida marital, se debe presumir, tal como correctamente lo hizo la Juez natural, que tal argumentación es cierta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Todo lo anterior, por identidad de razón jurídica, encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2003217, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 6/2013 (10a.), Página: 619, que se cita a continuación: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias.". Por otro lado, es infundado igualmente el diverso concepto de violación relativo a que se desprende de autos del conflicto familiar, que el tiempo que duró el matrimonio bajo vida en común, él cumplió proporcionando alimentos tanto a ella y la hija de ésta, producto de otro matrimonio; así como al menor hijo de ambos y que no se juzga con perspectiva de género, discriminándolo por su condición de cónyuge varón. Ello, porque contrariamente a sus aseveraciones, presumir ciertas las aseveraciones de la cónyuge mujer acerca de la necesidad y urgencia de recibir alimentos, es un juzgamiento con perspectiva de género, y no un proceder discriminatorio de parte de la juzgadora natural; puesto que tal y como se dijo ya, para el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación es un hecho innegable que en México, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que deben asumir, la mayoría de las mujeres se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido. De ahí que el proceder de la autoridad judicial responsable, al fijar alimentos provisionales a favor de la cónyuge mujer y a cargo del aquí quejoso, no se estime discriminatorio en su perjuicio, pues en ninguna parte de la resolución se estableció que el motivo de ello obedeciera exclusivamente a su condición de varón; por el contrario, se argumentó en torno a la necesidad y urgencia de que se concediera a aquélla los alimentos provisionales, en atención a su condición particular de mujer que abandonó su empleo ante el embarazo del menor hijo de las partes del juicio de divorcio, hecho aceptado por el aquí quejoso, como bien se sostiene en el acto reclamado. En lo conducente, por analogía, apoya el criterio anterior, la tesis de la Décima Época, Registro: 2016847, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: XXVII.3o.59 C (10a.), Página: 2408, del rubro y texto: "ALIMENTOS. CUANDO LA EX CÓNYUGE MUJER QUE LOS SOLICITA ADUCE QUE TIENE NECESIDAD DE ELLOS PORQUE DURANTE EL MATRIMONIO SE DEDICÓ AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DEBE TENERSE POR CIERTA ESA MANIFESTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Si bien es cierto que en términos del artículo 837 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo la obligación de ministrar alimentos es recíproca y, en ese sentido, la norma que lo prevé no hace distinción en razón de género, también lo es que cuando la ex cónyuge mujer demanda el pago de alimentos argumentando que tiene necesidad de ellos, porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos durante el tiempo que duró el matrimonio y, a consecuencia de ello, asevera que carece de bienes o no tiene los suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, que no está en condiciones de trabajar o de encontrar un trabajo remunerado o sus posibilidades de encontrarlo son limitadas, debe presumirse que esa argumentación es cierta, con base en una perspectiva de género. Lo anterior, porque es un hecho innegable que en México, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que deben asumir, la mayoría de las mujeres se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido.". Finalmente, a la luz de lo expuesto, es infundado que la juez responsable hubiera emitido el acto reclamado sin fundamentación ni motivación, ya que como se ha dejado establecido, citó los preceptos legales así como las razones por las que estimó que eran aplicables, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a emitir el acto reclamado. Como igualmente es infundado que la responsable hubiera actuado con parcialidad a favor de la parte actora, pues este juzgador de amparo advierte que el acto reclamado, antes bien, obedeció a esos fundamentos y motivos indicados. Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que tampoco se acredita la trasgresión a los numerales 1, 4, 14, 16 y 17 de la Carta Magna. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación y no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso. Por lo expuesto, fundado; se RESUELVE ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, respecto de la sentencia interlocutoria de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en juicio de controversia familiar expediente 343/2015, por la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1040/2018-V, promovido por EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, por derecho propio, y RESULTANDOS: PRIMERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio dos mil dieciocho, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado al día siguiente, EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y del Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Unidad de Negocio Centro Sur, de quienes reclamó lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO La resolución interlocutoria que recayó al recurso de revocación, de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del Juicio 343/2015-3 por la autoridad responsable.". SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda se registró con el número 1040/2018-V y previo el cumplimiento a la prevención que se formuló a la parte quejosa por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda respecto a los actos reclamados al Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Unidad de Negocio Centro Sur y se admitió respecto a los demás actos y autoridad. Por consiguiente se solicitó su informe justificado, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le corresponde, asimismo, se ordenó emplazar con el carácter de tercera interesada a LISSETE ANGÉLICA GUEVARA ADAME y, finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio y donde tiene lugar tal ejecución. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral de la demanda de amparo, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de controversia familiar sobre divorcio necesario, expediente 343/2015-3 radicado en el Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí tercera interesada, contra el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, que decretó a cargo de EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, el pago de una pensión provisional a favor del menor con iniciales, I.M.G., por el equivalente al veinticinco por ciento, del salario mensual y demás prestaciones totales ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente de trabajo (Comisión Federal de Electricidad), con excepción de los descuentos ordinarios señalados en la ley; que se debe pagar por parcialidades adelantadas, en forma quincenal, por conducto de la madre del menor, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME. Dicho lo anterior, es cierto el acto reclamado en virtud de que al rendir su respectivo informe justificado, así lo aceptó la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 35). Lo que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones practicadas en el expediente 343/2015, remitidas como apoyo al informe con justificación, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. TERCERO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Al no advertirse que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos violación son infundados, motivo por el cual debe negarse al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: El tres de julio de dos mil quince, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME promovió juicio de divorcio necesario en contra de EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, en el que esencialmente demandó la disolución del vínculo matrimonial; la guarda y custodia del menor con iniciales, I.M.G.; así como la pérdida de la patria potestad; además, solicitó como medidas provisionales: 1) La guarda y custodia del citado menor; 2) La separación del demandado del domicilio conyugal; y 3) El depósito del menor en el domicilio ubicado en Calle Pino, número 14, Colonia El Ocote, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos (fojas 2 a 7 del anexo III). Se radicó el juicio ante la Juez responsable, bajo el expediente 343/2015, quien en el auto de admisión de demanda de catorce de septiembre de dos mil quince, fijó una pensión provisional a cargo del aquí quejoso y a favor del menor con iniciales, I.M.G., por un monto mensual de $2,050 (DOS MIL CIENCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (fojas 49 a 51 del anexo III). Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, solicitó aumento del monto de la pensión provisional fijada a favor del menor; así como el otorgamiento de pensión provisional a su favor (foja 51 del anexo IV); en respuesta, la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, emitió el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, por el que se modificó el monto de la pensión provisional a favor del menor, pasando de $2,050 (DOS MIL CIENCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a la cantidad equivalente al veinticinco por ciento del salario mensual y demás prestaciones totales ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente de trabajo (Comisión Federal de Electricidad), con excepción de los descuentos ordinarios señalados en la ley; que se debe pagar por parcialidades adelantadas, en forma quincenal, por conducto de aquélla, en el carácter de madre del menor; sin embargo omitió respuesta sobre la pensión provisional solicitada por la actora del juicio (fojas 520 y 521 del anexo IV). Por conducto de su Abogado Patrono, la actora del juicio natural, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, interpuso recurso de revocación (fojas 540 a 542 del anexo IV), resuelto mediante interlocutoria de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en la que se declaró fundado tal medio de defensa, modificándose el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, para conceder, además de la pensión a favor del menor, otra para la actora, a cargo de EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, por el equivalente al quince por ciento del salario mensual y demás prestaciones totales ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente de trabajo (Comisión Federal de Electricidad), con excepción de los descuentos ordinarios señalados en la ley; que se debe pagar por parcialidades adelantadas, en forma quincenal; que deben ser retenidas por dicho patrón y entregarse directamente a la acreedora. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Esencialmente el quejoso sostiene como conceptos de violación, lo siguiente: Que si bien el juzgador está facultado para decretar medidas provisionales como los alimentos, sólo podrán otorgarse si se actualizan las condiciones que se desprenden de los artículos 35, 36 y 37 del Código Familiar del Estado de Morelos. Explica que el 35 dispone que los alimentos derivan del matrimonio; sin embargo, que no basta este sólo origen, sino que el que los reclama debe acreditar que se encuentra en la hipótesis del artículo 36, es decir, ser acreedor alimentario, siendo considerado con ese carácter aquélla persona que no pueda bastarse a sí misma, razón por la cual en términos del artículo 37, se deberá acreditar estar imposibilitado para obtener alimentos, por su edad, como el caso de los menores o adultos mayores; o su estado físico o mental, incapacidad, o cuando por cualquier motivo esté impedida para desarrollar una actividad remunerada. Luego, que conforme a los artículos 240, 259 y 260 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, para concederse los alimentos como medida provisional a uno de los cónyuges, éste debe acreditar estar legitimado para ello; por lo que el Juez debe valorar los medios de prueba para determinar la necesidad o urgencia de la medida, sin actuar parcialmente a favor de alguna de las partes. Que en autos no se aprecia la existencia de la necesidad, ni la urgencia para decretar la medida provisional, pero la concedió para satisfacer el gusto de la actora, con parcialidad, apartándose de los principio de equidad e imparcialidad. Aduce igualmente el quejoso, que en el acto reclamado la Juez sostiene el otorgamiento de la medida precautoria de alimentos, únicamente en la manifestación de LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, consistente en que dejó de trabajar a petición de su cónyuge, ante el embarazo del menor con iniciales I.M.G.; más, no argumenta si es que después de nacido aquélla retornó a su vida laboral o cuánto tiempo duró su inactividad, o si hubo prohibición del cónyuge varón para que trabajara. Además, que se desprende de autos que el tiempo que duró el matrimonio bajo vida en común, él cumplió proporcionando alimentos tanto a ella y la hija de ésta, producto de otro matrimonio; así como al menor hijo de ambos. Por lo tanto, que no existía razón para que la juez responsable determinara alimentos provisionales, a favor de LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, por no acreditarse la necesidad ni la urgencia, en virtud de no tener impedimento físico o mental para proveerse sus propios alimentos. En la resolución reclamada, la Juez natural justificó el decretar alimentos provisionales a favor de LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, aduciendo que de acuerdo al artículo 37 del Código Familiar del Estado de Morelos, los cónyuges deben darse alimentos, dicha norma se cita enseguida: "ARTÍCULO 37.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ENTRE CONYUGES. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por los artículos 65 y 737 de este Código. (REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2008) En caso de disolución de concubinato o matrimonio, los alimentos se otorgarán siempre y cuando algún cónyuge o concubino acredite estar imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su edad, estado físico y mental, incapacidad o cualquiera otro que le impida desarrollar una actividad remunerada, así como acredite tener la necesidad de recibirlos en virtud de no contar con bienes que le permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos necesarios.". Además, que en términos del artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, los alimentos pueden solicitarse como medida provisional en el juicio de divorcio, y que se habían satisfecho los requisitos previstos en dicha disposición, que es del tenor literal siguiente: "(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE ABRIL DE 2015) ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos.". Por cuanto al título a virtud del cual se pidieron, estableció que se justificaba porque LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME seguía unida en matrimonio con el aquí quejoso, como constaba en acta de matrimonio exhibida. Respecto a la posibilidad de quien deba otorgarlos, señaló que quedaba acreditado en autos que EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, cuenta con un ingreso fijo al ser empleado de la Comisión Federal de Electricidad. En lo relativo a la urgencia, especificó que LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME había sostenido en la solicitud de alimentos, que su cónyuge y demandado del juicio natural, una vez que se enteraron del embarazo del menor con iniciales I.M.G. le había solicitado que dejara laborar a fin de que se dedicara a su cuidado. Por ende, que esto le impide desarrollar una actividad laboral para allegarse los alimentos que requiere. Que ese hecho fue aceptado por el demandado al contestar la demanda. Por lo tanto, que a tales declaraciones les otorgaba eficacia probatoria de conformidad con el artículo primer párrafo parte final del artículo 260, así como el 404, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, para decretar la medida provisional solicitada por la cónyuge. Además, que en términos del propio artículo 260 en cita, LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos, precisamente por haber manifestado la solicitud de su cónyuge para dejar de laborar ante el embarazo del menor hijo de ambos para que ella se dedicara a su cuidado, y que esto había sido aceptado por el demandado. Al respecto, se estima que es infundado el concepto de violación en el que sostiene el quejoso que no se surten las condiciones previstas en los artículos 35, 36 y 37 del Código Familiar para el Estado de Morelos, puesto que fue correcto que la juez responsable estableciera que los alimentos provisionales fijados derivaron del matrimonio, por en efecto, aún subsiste entre las partes del juicio, de ahí que LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, como cónyuge tiene legitimación para solicitar alimentos en calidad de acreedora alimentaria. Además, porque contrario a lo que refiere el peticionario de amparo, la Juez natural también justificó en su resolución, que existía la necesidad y urgencia de que se proporcionaran alimentos provisionales a la cónyuge mujer, ante la imposibilidad para dárselos por sí misma, en razón de haber abandonado el empleo con que contaba antes de embarazarse del menor con iniciales I.M.G., procreado con el deudor alimentista, y haberse dedicado a su cuidado. Ello a petición de su cónyuge, EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE; como se menciona en el hecho seis de la demanda del juicio natural, mismo que fue aceptado por éste al contestar la demanda, como lo refirió la juez en el acto reclamado. Consecuentemente, es infundado que la acreedora debiera justificar la necesidad y urgencia de los alimentos, pues con independencia de que la juez correctamente apreció en la resolución combatida la existencia de dichas condiciones; lo cierto es que el propio artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos prevé que para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberá acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, y que ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Lo que denota que el rigor probatorio exigido para tener por satisfecho el requisito de la urgencia es de un bajo estándar. En todo caso, en la resolución combatida la juez de lo familiar, precisamente hizo referencia a que LISETTE ANGÉLICA GUEVARA ADAME, narró en la demanda inicial, que su cónyuge le pidió abandonar el empleo que tenía, ante el embarazo del menor hijo de ambos, hecho reconocido por EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE en la contestación de demanda; de ahí que acorde con la norma antes citada, tal manifestación de necesidad y urgencia se estima suficiente para efecto de la fijación provisional de alimentos. Además, es cierto que el artículo 37 del Código Familiar para el Estado de Morelos, señala que en caso de disolución de concubinato o matrimonio, los alimentos se otorgarán siempre y cuando algún cónyuge o concubino acredite estar imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su edad, estado físico y mental, incapacidad o cualquiera otro que le impida desarrollar una actividad remunerada, así como acredite tener la necesidad de recibirlos en virtud de no contar con bienes que le permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos necesarios. Sin embargo, la porción normativa invocada por el quejoso, es inaplicable al caso, porque se refiere a la procedencia de los alimentos en caso de disolución del concubinato o matrimonio como parte de la condena; siendo que, como lo señaló el juez en la resolución reclamada, todavía subsiste el matrimonio entre los cónyuges; lo que se corrobora mediante las constancias del juicio natural, de las que se desprende que no se había emitido sentencia definitiva a la fecha de presentación del otorgamiento de la pensión, como tampoco al emitirse la interlocutoria que dirimió el recurso de revocación. Por lo tanto, no le asiste razón en cuanto a que a aquí tercero interesada, tuviera la fatiga procesal de acreditar tales extremos. Es igualmente infundado el argumento consistente en que la juez responsable no argumentó si después de nacido el hijo menor de edad, la cónyuge retornó a su vida laboral o cuánto tiempo duró su inactividad, o si hubo prohibición del cónyuge varón para que trabajara; porque en todo caso, al quejoso correspondía la carga de acreditar esas circunstancias ante el propio órgano jurisdiccional previo a la emisión del acto reclamado. Por último, conviene establecer que si bien es cierto que el simple hecho de que la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos, pues si bien el Código Familiar para el Estado de Morelos no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 37 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 34 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 37 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 46 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En el mismo orden de ideas, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda alimentos argumentando que tiene necesidad de ellos porque se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se lo pidió el cónyuge varón y ello constituyó su contribución en la vida marital, se debe presumir, tal como correctamente lo hizo la Juez natural, que tal argumentación es cierta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Todo lo anterior, por identidad de razón jurídica, encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2003217, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 6/2013 (10a.), Página: 619, que se cita a continuación: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias.". Por otro lado, es infundado igualmente el diverso concepto de violación relativo a que se desprende de autos del conflicto familiar, que el tiempo que duró el matrimonio bajo vida en común, él cumplió proporcionando alimentos tanto a ella y la hija de ésta, producto de otro matrimonio; así como al menor hijo de ambos y que no se juzga con perspectiva de género, discriminándolo por su condición de cónyuge varón. Ello, porque contrariamente a sus aseveraciones, presumir ciertas las aseveraciones de la cónyuge mujer acerca de la necesidad y urgencia de recibir alimentos, es un juzgamiento con perspectiva de género, y no un proceder discriminatorio de parte de la juzgadora natural; puesto que tal y como se dijo ya, para el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación es un hecho innegable que en México, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que deben asumir, la mayoría de las mujeres se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido. De ahí que el proceder de la autoridad judicial responsable, al fijar alimentos provisionales a favor de la cónyuge mujer y a cargo del aquí quejoso, no se estime discriminatorio en su perjuicio, pues en ninguna parte de la resolución se estableció que el motivo de ello obedeciera exclusivamente a su condición de varón; por el contrario, se argumentó en torno a la necesidad y urgencia de que se concediera a aquélla los alimentos provisionales, en atención a su condición particular de mujer que abandonó su empleo ante el embarazo del menor hijo de las partes del juicio de divorcio, hecho aceptado por el aquí quejoso, como bien se sostiene en el acto reclamado. En lo conducente, por analogía, apoya el criterio anterior, la tesis de la Décima Época, Registro: 2016847, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: XXVII.3o.59 C (10a.), Página: 2408, del rubro y texto: "ALIMENTOS. CUANDO LA EX CÓNYUGE MUJER QUE LOS SOLICITA ADUCE QUE TIENE NECESIDAD DE ELLOS PORQUE DURANTE EL MATRIMONIO SE DEDICÓ AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DEBE TENERSE POR CIERTA ESA MANIFESTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Si bien es cierto que en términos del artículo 837 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo la obligación de ministrar alimentos es recíproca y, en ese sentido, la norma que lo prevé no hace distinción en razón de género, también lo es que cuando la ex cónyuge mujer demanda el pago de alimentos argumentando que tiene necesidad de ellos, porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos durante el tiempo que duró el matrimonio y, a consecuencia de ello, asevera que carece de bienes o no tiene los suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, que no está en condiciones de trabajar o de encontrar un trabajo remunerado o sus posibilidades de encontrarlo son limitadas, debe presumirse que esa argumentación es cierta, con base en una perspectiva de género. Lo anterior, porque es un hecho innegable que en México, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que deben asumir, la mayoría de las mujeres se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido.". Finalmente, a la luz de lo expuesto, es infundado que la juez responsable hubiera emitido el acto reclamado sin fundamentación ni motivación, ya que como se ha dejado establecido, citó los preceptos legales así como las razones por las que estimó que eran aplicables, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a emitir el acto reclamado. Como igualmente es infundado que la responsable hubiera actuado con parcialidad a favor de la parte actora, pues este juzgador de amparo advierte que el acto reclamado, antes bien, obedeció a esos fundamentos y motivos indicados. Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que tampoco se acredita la trasgresión a los numerales 1, 4, 14, 16 y 17 de la Carta Magna. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación y no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso. Por lo expuesto, fundado; se RESUELVE ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A EFRAÍN MERCADO GOMEZTAGLE, respecto de la sentencia interlocutoria de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en juicio de controversia familiar expediente 343/2015, por la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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