Efrain Jesús Velázquez García

Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
682/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Efrain Jesús Velázquez García
  • R. Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido...Notifíquese.

  2. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, informa que no ha obtenido respuesta de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Administración, a lo solicitado por oficio SF/DJAIP/0890/2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamente en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad vinculada Director Jurídico, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, justifique las medidas efectuadas a fin de que la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Administración, de cumplimiento a lo solicitado por oficio SF/DJAIP/0890/2022, consistente en la elaboración del formato de recibo a nombre de Adriana Guadalupe Luna Marroquín, en la inteligencia que deberán realizar todas las gestiones a su alcance, a fin de que acatar el fallo. Bajo el apercibimiento, que de no acatar lo anterior, dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá a su Titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente asunto, remite copia certificada de los acuerdos de veintinueve de enero del año dos mil veinte, dictados dentro del expediente laboral número 258/E02/2015, en los que hace diversos requerimientos al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas. Ahora, en la sentencia dictada en este juicio la que concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, se estableció lo siguiente: ". la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se pronuncie, en torno a la petición contenida en los escritos de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de requerir mediante oficio al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas a fin de que acredite que realizó el cobro a la parte demandada de las aportaciones omitidas, en autos del juicio laboral 258/E02/2015.". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, acredite con las constancias correspondientes, que se pronunció en torno a la petición contenida en los escritos de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, signados por la parte actora aquí quejosa, de requerir mediante oficio al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas a fin de que acredite que realizó el cobro a la parte demandada de las aportaciones omitidas, lo anterior, dentro de los autos del juicio laboral 258/E02/2015. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 7/2021.S E N T E N C I AVistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 7/2021; promovido por Cristian Vargas Sánchez por conducto de su Defensor Público Roberto Cruz Escobedo, contra los actos que reclama del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y otra autoridad, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y requisitos de la demanda de garantías.Mediante escrito recibido el once de enero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado el veintiséis siguiente, compareció el Licenciado Roberto Cruz Escobedo, en su carácter de Defensor Público de Cristian Vargas Sánchez, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y otra autoridad, consistente en la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva (su prolongación por más de dos años), decretada en audiencia de revisión el diecinueve de diciembre de dos mil veinte, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 4, 14 segundo y tercer párrafo, 16 primer párrafo y decimocuarto, 17, 19 y 20 apartado A fracción V y B fracciones I y VII, penúltimo párrafo de la Constitución. SEGUNDO. Admisión de la demanda.En proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, admitió a trámite la demanda de garantías; la registró bajo el número 7/2021; solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al Fiscal Federal adscrito; se tramitó por separado el incidente de suspensión solicitado por el quejoso, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo y 49 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.Lo anterior porque se reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Aplicación de la norma vigente. Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. TERCERO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que reclama de la autoridad responsable: La prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva decretada en audiencia de revisión el diecinueve de diciembre de dos mil veinte. CUARTO. Existencia del acto reclamado.La Juez Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Por otra parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ''Noroeste'' con asiento en Tepic, Nayarit, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; sin embargo, al tener el carácter de autoridad ejecutora del acto reclamado que aceptó la autoridad ordenadora Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, se tiene como cierto, pues en razón de jerarquía tiene obligación de dar cumplimiento a lo ordenado por la citada autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al fallar el amparo en revisión 88/89, cuya síntesis se publica en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-I, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.- Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden; por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Causales de improcedencia. La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, por cuanto hace a la prolongación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva decretada en contra del quejoso Cristian Vargas Sánchez en audiencia de revisión de diecinueve de diciembre de dos mil veinte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica en la carpeta procesal en la cual se dictó el acto reclamado por el Tribunal responsable, consumándose irreparablemente las violaciones que pudieron cometerse con tal acto de autoridad. Para justificar lo anterior, es necesario tener a la vista el contenido de la citada disposición legal, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" La causa de improcedencia de que se hace mérito encuentra su justificación en el hecho de que, al cambiar la situación jurídica, se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva etapa procesal, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquél para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Ahora bien, del análisis del precepto legal que prevé la causa de improcedencia en estudio, se advierte que, para la actualización de la misma, es necesario que concurran los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ilustra lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, a página 219, que al rubro dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Bajo las anteriores consideraciones, debe decirse que se colman las exigencias en estudio, en virtud de que de las constancias remitidas por la Jefa de la unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias Victoria con residencia en esta ciudad mediante oficio 7622/2021, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: En veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Primera Región del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso Cristian Vargas Sánchez, dentro de la carpeta procesal CP/0298/2018, por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA. Sin que obste a lo anterior que el referido oficio remitido por la autoridad responsable haya sido recibido el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; esto es, después de celebrada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, toda vez que de conformidad al artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, por ende, en esta hipótesis se encuentra justificado atender al contenido de las constancias allegadas por la responsable y realizar un análisis de las mismas previo atender las cuestiones de fondo. Es orientador a lo anterior la Tesis aislada II.1o.P.33 K con número de registro 189524 que dispone: ''AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público.'' Entonces, de lo expuesto es inconcuso que el Tribunal responsable, al emitir sentencia condenatoria en contra del ahora impetrante de amparo, dio lugar a que quedaran irreparablemente consumadas las violaciones que se le pudieron haber ocasionado con la modificación y/o prolongación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva decretada en audiencia de revisión el diecinueve de diciembre de dos mil veinte, al operar un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. A la luz de lo considerado, si en la especie lo que reclama el quejoso Cristian Vargas Sánchez en esta vía es la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veinte por el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, debe considerarse que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que de las constancias de autos, se advierte que el propio Tribunal responsable en veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, dentro de la carpeta procesal CP/0298/2018, por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA.Por lo que al reclamarse la prolongación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva, se tiene que con posterioridad a ésta se decidió la situación jurídica de dicho quejoso, decretando en su contra sentencia condenatoria; de tal suerte, que siendo autónomas e independientes las fases del procedimiento penal, lógico es que no se podría analizar la prolongación de la medida cautelar, si de por medio existe la sentencia condenatoria dictada en contra del propio inconforme, pues con este marco de referencia, resulta evidente que las violaciones que pudieron haberse ocasionado al impetrante de amparo con la medida cautelar reclamada, quedaron consumadas irreparablemente, al haberse dictado dentro del procedimiento respectivo la sentencia condenatoria en contra del mismo, y ante esta circunstancia, desde luego que no podría decidirse sobre la constitucionalidad de la prolongación de la medida cautelar, sin afectar la nueva situación jurídica creada con el auto de plazo constitucional. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la resolución que provocó el cambio de situación jurídica, se hubiera dictado después de que se produjo la prolongación de la medida cautelar, pues el criterio que tomó en cuenta el legislador al establecer la causal que se estudia, esencialmente consiste en la irreparabilidad de las violaciones cometidas, cuya posible enmienda (en el caso de entrar al fondo de la litis constitucional y conceder el amparo), pudiera afectar la situación creada con un acto procesalmente posterior al reclamado en el juicio de amparo. En otras palabras, la frase "nueva situación jurídica", no alude exclusivamente a un mero aspecto cronológico, sino fundamentalmente a las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, y así, en la especie se presentan las dos que dan vida a la causal de que se habla, siendo la antecedente aquella en la que se encuentra el acto reclamado (etapa de investigación - intermedia); y la subsecuente (etapa de juicio oral), que conmina con el dictado de la sentencia que determina la culpabilidad o inocencia del imputado.Por ende, resulta evidente que al pronunciarse la segunda de las etapas aludidas, cambió la situación jurídica que prevalecía en la etapa procesal correspondiente. En las relatadas condiciones, este órgano está imposibilitado para analizar las violaciones esgrimidas respecto de la prolongación de la medida cautelar reclamada, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, es decir, el quejoso no puede sustraerse de esta situación generada al haberse dictado en su contra sentencia condenatoria; y por tanto, no podría restituírsele en el goce del derecho fundamental violado, por ser imposible la reposición de un procedimiento, cuyas fases son autónomas y extintivas. Cobra aplicación a lo aquí considerado la tesis de jurisprudencia 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En tal índole, es manifiesto el cambio de situación jurídica referido, a virtud de lo cual se surte la causal de improcedencia anotada, y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XVII del diverso 61, ambos de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por el licenciado Roberto Cruz Escobedo, en su carácter de Defensor Público de Cristian Vargas Sánchez, contra el acto que reclamó del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ''Noroeste'', por los motivos expuesto en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.

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