Efrain Jaimes Jaimes

Expediente 601/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
601/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Efrain Jaimes Jaimes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Efraín Jaimes Jaimes, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio presentado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, por el cual informa la vinculación del expediente 1918/2022 de su índice al juicio en que se actúa, circunstancia de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el ocho de marzo del dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia, dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 81, fracción I inciso d) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales correspondientes. En ese orden, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por ***, por el cual desahoga la prevención de diecinueve de abril del año en curso. Por lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: Vista la demanda de derechos promovida por Efraín Jaimes Jaimes, contra actos de la Juez Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial con residencia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otra autoridad. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 188643, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Así, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Como se puede apreciar, el contenido del referido artículo revela la existencia del principio de definitividad, mismo que consigna la obligación de combatir el acto reclamado, previo a promover el juicio de amparo, a través de los medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rija el acto reclamado, salvo las excepciones que se detallan; lo anterior revela que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, de manera que su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de otros medios legales ordinarios. En ese sentido, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por regla general obliga a quien pretende acudir al escrutinio constitucional que previamente agote la vía recursiva ordinaria contemplada por la ley reglamentaria del acto, siempre que a través de ésta, el acto pueda ser modificado, revocado o anulado; de manera que puedan ser remediadas las violaciones de las que se duela la persona, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa. Cabe destacar que los medios de impugnación que contemple la ley reglamentaria del acto, deben ser idóneos, aptos y suficientes para modificar, revocar o anular el acto de autoridad, de lo contrario sería ilusorio el derecho fundamental de acceso a un recurso efectivo que asiste a la persona gobernada, de manera que también es importante que la autoridad de amparo verifique esa situación. Entonces, procede verificar si contra el acto respecto del cual, el quejoso solicita se ejerza escrutinio constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé algún mecanismo de defensa que les permitiera modificar, revocar o anularlo, por lo que resulta conveniente transcribir el contenido de los artículos 456, 465 y 467 de la codificación penal adjetiva en comento: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. (.) En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda". "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba". De lo transcrito se observa que el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria del acto-, prevé dos mecanismos de defensa para impugnar determinaciones judiciales, a saber: I. Revocación; y II. Apelación. El numeral 467 señala que, cuando se impugnen actos atribuibles al juez de control, el recurso de apelación procede solamente contra determinadas actuaciones, entre las que no se encuentra la determinación que califique el cumplimiento dado al acuerdo reparatorio y fija fecha para la audiencia intermedia; en tanto que el precepto 465 transcrito, dispone que la revocación se hará valer en cualquier fase del procedimiento penal, contra resoluciones de mero trámite que no requieran sustanciación. De lo anterior se obtienen las siguientes premisas: a) Que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga la autoridad judicial; y b) Que debe interponerse en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación. Además, su procedencia no está sujeta a un catálogo limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que la norma contiene un enunciado abierto que permite a las partes interponer el recurso contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin sustanciación entendiéndose como autos de mero trámite, aquellas decisiones que no involucran pronunciamiento por parte de la autoridad, en torno al fondo del asunto planteado. Ahora, para entender cuáles son las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, resulta prudente acudir al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme". La interpretación de dicho numeral revela, que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio; mientras que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. Así, se deduce que el recurso de revocación puede promoverse desde que se celebra la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, pues en estas etapas es donde tiene participación la autoridad judicial. Expuesto lo anterior, es necesario tener presente qué debe entenderse por: "decisiones de mero trámite y sin substanciación". Las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso; sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. Mientras que, una determinación resuelta sin sustanciación es aquella que no sigue un procedimiento específico; es decir, que se resuelve sin estar precedida de etapas procesales. Desde la apreciación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sustanciación tiene un enfoque concreto y para su delimitación debemos remitirnos a la exposición de motivos del proceso legislativo, expedida el cuatro de abril de dos mil trece, misma que en su parte medular, regula en el punto trece lo siguiente: "El de revocación. Para decisiones de mero trámite, tomadas dentro o fuera de la audiencia; sin que en el primer supuesto haya precedido debate". La transcripción previa revela que el legislador, en el texto vigente de la disposición legal que regula el recurso de revocación, sustituyó el segundo supuesto de procedencia -no deben estar precedidas por debate entre las partes-, como inicialmente se planteó en la exposición de motivos, por el concepto "sin sustanciación"; de manera que en una interpretación teleológica, es decir, la que busca descubrir la finalidad y objetivo que originó su creación, es dable otorgar significado al concepto de sustanciación de la hipótesis normativa. En ese contexto, una resolución sin sustanciación se refiere a determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación; esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante; por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano. Por ende, si bien el principio de contradicción que rige el procedimiento en el sistema de justicia penal adversarial y oral, sustenta la intervención de las partes, no en todas las actuaciones judiciales o diligencias se otorga audiencia a los contendientes, debido a la trascendencia de la actuación, o bien, pueden existir actuaciones o acuerdos entre ellas que no lo ameriten. Conforme a lo anterior, se puede concluir que la sustanciación a que se refiere el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que se trate de resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado, de manera que no se puede limitar únicamente a la falta de debate entre las partes contendientes, sino a la falta de un trámite específico previamente establecido. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), registro digital: 2022001, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico". Consecuentemente, la procedencia del recurso de revocación no requiere interpretación adicional, pues los supuestos respectivos son claros. En el caso concreto, de los antecedentes plasmados en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no interpuso, previo a promover el juicio amparo indirecto, el recurso de revocación en contra del acto reclamado, consistente en la determinación emitida en audiencia de veinticuatro de marzo del año en curso, por el Juez Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro de la causa penal 387/2022, en la que se señaló fecha para la celebración de la audiencia intermedia, por lo que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sobre el tema, se cita por ilustrativa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, registro: 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Es así, pues el acto reclamado se trata de un auto de mero trámite porque a través de éste no se realizó algún pronunciamiento de fondo, sino que, el juzgador solamente se limitó a señalar fecha para que tuviera verificativo la audiencia intermedia, en términos del artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin más, lo que de ninguna manera se entiende como decisión sobre algún punto de controversia. Asimismo, se dictó sin sustanciación, pues el juez no debió seguir algún procedimiento establecido por la norma, como dar vista a las partes o emplazarlas para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sino que fijó de plano, data para celebrar la audiencia intermedia. Adicionalmente, debe decirse que la revocación constituye un mecanismo de defensa idóneo para modificar, revocar o anular la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, atribuido a la Jueza Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro de la causa penal 387/2022, pues la vía recursiva citada tiene como propósito que la autoridad judicial, a solicitud de la parte procesal, revise nuevamente su decisión y resuelva lo procedente, es decir, si la confirma o emite otra en sentido diverso, de ahí su idoneidad para modificar, revocar o anular el acto. Lo anterior, aunado a que el auto recurrido, no es un acto que para el impetrante importe peligro de privación de vida, ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o cualquiera de los vedados por el numeral 22 de la Constitución Política Federal; tampoco se traduce en una orden de aprehensión o de reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de su libertad, resolución que niegue libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, decida sobre alguna incidencia de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte su libertad personal; tampoco se observa que se accione el escrutinio constitucional debido a que el promovente sea persona extraña en el juicio de origen y tampoco está impugnando su vinculación a proceso. De acuerdo con lo expuesto, pues como se indicó, cuando la decisión impugnada no involucra pronunciamiento por parte de la autoridad judicial sobre el fondo del asunto, ésta es de mero trámite. Además, la expresión "resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación" no se traduce en que la base normativa del recurso de revocación sea insuficiente y tampoco que exista necesidad de realizar interpretación adicional para determinar la procedencia del mecanismo de defensa, porque, como se señaló, la diferencia entre la apelación y revocación radica en que la primera regula de manera expresa los casos de procedencia y la revocación opera contra decisiones que no impacten en el fondo del asunto, sino que, como se dijo, solo aborden asuntos relacionados con el trámite del procedimiento, lo cual claramente abarca el señalamiento de fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia, pues ese acto de ninguna manera impacta en la litis sobre la cual versa la disputa entre la representación social y el implicado y su defensa. Por tanto, en el presente caso, no se advierte, incluso indiciariamente, que la base normativa que regula la procedencia del recurso de revocación sea insuficiente y, mucho menos, que se requiera emprender interpretación adicional del numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales para conocer que la fijación de fecha para la celebración de la audiencia intermedia, constituye un auto de mero trámite. Sin que escape a la visión de este órgano jurisdiccional que la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece una excepción adicional al principio de definitividad, la cual establece que se podrá promover de forma directa el amparo indirecto, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, en los casos en que el artículo que haga alusión al referido recurso ordinario tenga que sujetarse a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. Sin embargo, dicha excepción tampoco se actualiza en el caso concreto, puesto que, como se dejó ver párrafos atrás, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, es más que evidente que ya no exista duda en torno a lo que dicho precepto legal establece y como debe entenderse. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en el criterio 2a./J.86/2018 (10a.), registro digital: 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materias: Penal, Común, Décima Época, registro digital 2021251, página 283, del rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". No se desatiende que la parte quejosa solicita, ante su calidad de imputado, que se supla en su beneficio la deficiencia de la queja; sin embargo, su solicitud en ese aspecto resulta improcedente, pues dicha figura no puede ir más allá de su finalidad, que lo es, subsanar la deficiencia de sus argumentos. Dicho de otro manera, la suplencia a que alude la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, no puede subsanar el incumplimiento del principio de definitividad, sino, únicamente su deficiente argumentación; por tanto, si la parte quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto reclamado le concede, no puede más que concluirse que no existe posibilidad de aplicar en su beneficio la referida suplencia. Sobre dicho tópico, se cita el criterio I.3o.C.835 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 163725, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. SU PROCEDENCIA Y ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente, pues no existe duda en que se pueda formar un criterio distinto. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano