Efrain González Zamora

Expediente 864/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Efrain González Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ...mediante en cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de dos de agosto del año en curso. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa cumpliendo con lo requerido en el acuerdo relativo a la aclaración de la demanda. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Efraín González Zamora, reclama de las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Titular de la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región Norte I y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región Norte I, ambas con residencia en esta ciudad, la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación iniciada en su contra y recibir copias de las constancias que la integran y la detención de que fue objeto el once de julio del año en curso. 2.2 Improcedencia de la demanda. En el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales 5 fracción I y 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la diversa contenida en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 77, fracción I, de la citada legislación. 2.2.1 Interés jurídico. De la lectura del primer precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse, únicamente, por la parte a quien afecte el acto que se reclame y prescribe, además, por quién puede promoverse, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal, por su defensor o cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro más alto Tribunal del País ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. De ahí que, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar por ese solo hecho, que se tenga por acreditado el interés jurídico del quejoso, pues para ello, es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona su esfera de derechos. En el caso concreto, el quejoso reclama la negativa por parte de las autoridades responsables en mención, de dar acceso a la carpeta de investigación que se instruyen en su contra; sin embargo, la sustanciación de la indagatoria, es un acto que hasta este momento, no le causa una afectación que pueda ser protegida a través del juicio de amparo y por ende, carece de interés jurídico para instar esta vía. En efecto, para arribar a la conclusión anterior, se toma en cuenta lo que establecen los artículos 20, apartado B y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos hace referencia a los derechos del imputado de los cuales no se advierte precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B. El diverso artículo 21 constitucional, establece las facultades que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad y esta actuación no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, asimismo, se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. En los procesos penales, la investigación de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: i. Mediante una carpeta de investigación, que consta de la indagatoria que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios que presuman la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que una persona lo cometió o participó. ii. Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada, con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. El referido artículo 21 constitucional, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la carpeta de investigación, la existencia de hechos que la ley señalen como delitos y la probabilidad de que una persona los cometió o participó. De ahí que, como ya quedó expuesto, el Ministerio Público, por mandato constitucional, tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito, en contraposición a ello, el denunciado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, de ser el caso, desvirtuar las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En esa línea argumentativa, se estima que el acto reclamado en este amparo, consistente en negativa a que acceda a las constancias relativas a la integración de una carpeta de investigación en donde el quejoso aparece como denunciado, no afecta su interés jurídico, porque en términos del artículo 21 Constitucional, el Agente del Ministerio Público tiene la facultad de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos delictuosos, y en su caso, integrar una carpeta de investigación, determinando la acción penal correspondiente. Esto es, cuenta con una facultad exclusiva en la persecución de los delitos, pues la función que realiza el Ministerio Público no constituye un derecho privado, sino un derecho social, de ahí que la actuación de esa institución en la carpeta de investigación no le causa daño, perjuicio o afectación, por ser de orden público; además, será la autoridad judicial la que determinará en un momento dado librar o no la correspondiente orden de comparecencia y/o aprehensión y en ese caso, podrá impugnar dicha determinación. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público goza de las facultades de investigar los delitos y le impone la obligación de acreditarlos, es posible establecer que el acto reclamado que ahora se analiza, no le causa perjuicio al quejoso, que pueda ser combatido a través del juicio de amparo, pues éste se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de comparecencia y/o aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. De ahí que, se insista en que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5° fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal; lo anterior, toda vez que el acto reclamado no le causa afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. 2.2.1.1 Criterio legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis 2o.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 2.2.2 Acto consumado. Conforme al artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En ese sentido, la naturaleza de los actos consumados para efectos de una controversia de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, al igual que antes de las violaciones cometidas, por ende, si física y materialmente no puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, porque el fin que con ellos se pretendía se consumó de modo irreparable, es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente. De modo que, el acto reclamado consistente en la detención de que fue objeto el quejoso el once de julio del dos mil veintitrés, es en acto consumado de modo irreparable al haber producido todos sus efectos, en virtud de que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrar la libertad de la que fue privado. 2.2.2.1 Criterio legal. Sobre el tema se emitió la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Desechamiento. Tales circunstancias motivan la actualización de las causales de improcedencia advertidas, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los preceptos invocados en el estudio hecho en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    1. Archivo de asunto. Se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; además, en el cuaderno original del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 1.1 Valoración. Toda vez que el asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que este incidente de suspensión de acuerdo a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este incidente de suspensión. 1.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  4. Principal

    1. Recepción de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 20998/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por medio del cual remite el original del juicio de amparo 843/2023, promovido por ********************, en virtud de que el órgano jurisdiccional de su adscripción se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho juicio. 1.1 Se acepta competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo de estilo correspondiente. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 864/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la citada legislación, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: i. Precise de manera concreta el acto o los actos que en esta vía reclama, en virtud de que si bien, señala como tales, la retención por cuarenta y ocho horas de que fue objeto en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en esta ciudad y la negativa de acceso a la carpeta de investigación instaurada en su contra, de los hechos que narra en su escrito de demanda, se advierte que tiene temor a ser detenido de nueva cuenta, posterior a que fue puesto en libertad el trece de julio del presente año. Por tal motivo, es necesario que aclare si también señala como acto reclamado la orden de detención emitida en su contra. ii. Señale el domicilio del local comercial en el cual refiere fue detenido el once de julio de dos mil veintitrés. 4. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no cumplir la prevención en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. A su vez, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************y********************, por así haberlo solicitado. 5.1 Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3o de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica a la parte quejosa con el nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.2 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 6. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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