Efraín González Torres
Expediente 1038/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 70 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 70
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- Efraín González Torres
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos
- A. M. O.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 70.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su momento archívese el presente asunto por estar concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, tomando en consideración lo anteriormente, expuesto y al ser innecesaria su estadía en este órgano jurisdiccional, se ordena devolver a la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, las copias certificadas que adjuntó a su oficio de nueve de julio de dos mil veintiuno, con las que se formó un tomo de cuaderno de prueba, sin que sea necesario se acuse de recibo a este Juzgado, pues en el oficio correspondiente que derive de este auto, se deberá asentar la recepción de dichas constancias.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo en el expediente en que se actúa como totalmente concluido. se considera susceptible de destrucción tanto el duplicado como el original del referido incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que no obra en ellos la constancia de notificación de la sentencia dictada en autos el veinte de septiembre de dos mil veintidós, correspondiente a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en obvio de mayores dilaciones, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial que corresponda a efecto de que, de inmediato, realice la notificación de que se trata, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquese dicha notificación por medio de lista, como se ordenó en proveído de siete de julio de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase SENTENCIA DE VEINTE DE SEPTEIMBRE D3EL DOS MIL VEINTIDOS QUE A LA LETRA INDICA :VISTOS para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1038/2020-VIII-B, promovido por Efraín González Torres, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1 y 4, constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el dos de octubre de dos mil veinte, Efraín González Torres acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Secretaría de Gobernación, del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" y del Subdirector de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", que más adelante serán precisados. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Una vez recibida la demanda por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, se formó el expediente, se registró bajo el número 1038/2020-VIII-B y se previno a la parte quejos para que aclarara su demanda. Así, una vez cumplimentado el referido requerimiento, mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los anexos que la acompañaron, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión: La aprobación y expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente, sus artículos 13 y 40, fracción XV. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación y orden de publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente, sus artículos 13 y 40, fracción XV. La expedición del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado "Prevención y Readaptación Social", en concreto, sus artículos 1, 6 y 8, fracciones II y XX. La expedición del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en específico, sus artículos 1, 2, 3, fracción II, 4, 6, 101 y 104. De la Secretaría de Gobernación: El refrendo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente, sus artículos 13 y 40, fracción XV. Del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social: El oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se le comunicó la terminación de los efectos del nombramiento del quejoso como Especialista en SG y Mantenimiento PRS A y consecuente separación del cargo; lo anterior, como primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales. Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" y del Subdirector de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente": La ejecución del oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Gobernación y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a las responsables legislativas, se corrobora con la publicación de los propios ordenamientos legales impugnados, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por otro lado, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" y el Subdirector de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", fueron omisos en rendir sus respectivos informes justificados, no obstante de haber sido notificados oportunamente para dicho fin, al así advertirse de los acuses de recibo de los oficios números 23759/2020 y 23760/2020, que obran a fojas 55 y 56 del sumario; por tanto, de conformidad al numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en el considerando que antecede. A lo anterior, tiene aplicación la tesis II.1o.P.35K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XV, Marzo de 2002, página 1363, que expone: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." Además, tales certezas se corroboran con las constancias que fueron remitidas por las propias autoridades responsables, en especial con la consistente en copia certificada del oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte; así como con las copias certificadas del juicio laboral con número de expediente 5967/2020, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, por así contemplarlo el artículo 2° de la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia, cuyo análisis se realiza por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo y, la tesis de jurisprudencia número ochocientos catorce, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no le partes, cualquiera que sea la instancia". Sentado lo anterior, debe decirse que respecto del acto reclamado a la Secretaria de Gobernación se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Cierto, los referidos numerales establecen que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se reclame por vicios propios el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o su publicación; ahora bien, el acto atribuido a la Secretaría de Gobernación, se hace consistir, precisamente, en el refrendo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente, sus artículos 13 y 40, fracción XV, el cual no es impugnado por vicios propios, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; y por tanto, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto que le atribuye a la Secretaria de Gobernación. En este mismo sentido, tampoco se analizarán los conceptos de violación, ni los fundamentos del acto reclamado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, consistente en el oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se comunicó al quejoso la terminación de los efectos del nombramiento del quejoso como Especialista en SG y Mantenimiento PRS A, y consecuente separación del cargo, pues respecto de esa autoridad se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se analizan. Así es, sobre el particular, los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, de la intelección de esos artículos se obtiene que la procedencia del juicio de amparo indirecto depende de dos condiciones: Que a quien emita el acto, le revista el carácter de autoridad. Que con el actuar de la autoridad se violen los derechos fundamentales del gobernado consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que el quejoso desempeñaba el cargo de Especialista en SG y Mantenimiento PRS A, por lo que resulta inconcuso que la determinación contenida en el oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el sentido de dar por terminados los efectos del nombramiento que ostentaba, aquí combatida, deviene de una relación laboral, en la que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, funge con el carácter de patrón. En efecto, de acuerdo a lo establecido por los Tribunales Federales a través de los diversos criterios emitidos al respecto, a fin de determinar ante qué situación se encuentra el particular, esto es, para establecer si a quien se atribuyen los actos le reviste el carácter de autoridad es necesario atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no, parar tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; además, de analizar si se ejerció algún tipo de facultades con fundamento en una ley de origen público, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública. En el caso concreto, de acuerdo al marco normativo antes expuesto, se determina que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, autoridad señalada como responsable, actúa en su carácter de patrón en el ámbito de derecho laboral que rige las relaciones de dicha institución y, por ello, en este caso, no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, porque sus actos no se encuentran envestidos de esa facultad de imperio que le son otorgadas a través del poder público. Tiene aplicación, a contrario sensu la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 118, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Se afirma lo anterior, toda vez que de la copia certificada del nombramiento de veinticinco de agosto de dos mil seis, que obra a foja 114 de actuaciones -documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo-, se advierte que, como se adelantó, el quejoso se desempeñaba como Especialista en SG y Mantenimiento PRS A, adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, Centros Federales de Readaptación Social en la República Mexicana, en el que además, se precisó las funciones de su cargo, las cuales consistían en: "Comprobar los trabajos de reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, aire acondicionado, refrigeración y de gas y el mantenimiento en general del equipo y mobiliario en cocinas, talleres y oficinas, supervisar las actividades de barrido y trapeado de pisos, limpieza de paredes y mobiliario de las instalaciones del Centro Federal, comprobar los trabajos de albañilería, carpintería, herrería, tanto en reparación, sustitución, como elaboración de nuevas adecuaciones, supervisar las actividades de lavado, secado y planchado de la ropa de los internos y la adecuada operación de las máquinas de lavado, secado y planchado, con el fin de garantizar los tiempos y calendarios establecidos, comprobar la recepción, almacenamiento y distribución de los insumos, artículos y bienes diversos del Centro Federal, a fin de facilitar el desarrollo de las actividades programadas de cada departamento, obtener el control de los materiales en el almacén de materia prima y producto terminado de las empresas, de acuerdo con los lineamientos establecidos para coadyuvar a las actividades laborales asignadas a los internos, atender las solicitudes de insumos farmacéuticos, tales como: medicamente de uso general y controlado, materiales de curación, laboratorio, hospital, rayos x, para uso de los internos-pacientes así como llevar el control de entrada y salida de los mismos."; por tanto, resulta inconcuso que no se ubica en alguno de los supuestos que contempla el artículo 123, apartado B, inciso XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no realizaba funciones similares a la de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estaban sujeto al sistema de carrera policial, como lo indicó la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social al momento de rendir su informe justificado. Cierto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 93/2012, determinó que sólo los miembros de las instituciones policiales que realicen efectivamente la función de policía y que, por tanto, estén sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetos al régimen de excepción previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional y, en consecuencia, los demás miembros que aun perteneciendo a dichas instituciones, no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantendrán una relación de naturaleza laboral con la institución policial de mérito y, por tanto, se regirán por la fracción XIV del multicitado precepto constitucional. Ello, en virtud de que a la luz de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, se promueve que los servidores públicos que efectivamente estén facultados para ejercer las atribuciones propias de la función policial se sujeten a un régimen excepcional que garantice a la sociedad, una labor sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y que satisfagan los fines generales de la seguridad pública, es decir, que se salvaguarde la integridad y derechos de las personas, se preserven las libertades, el orden y la paz públicos. Por tanto, ante el incumplimiento de los principios rectores de la función policial, los miembros de las instituciones -bajo la delimitación señalada- podrán ser removidos de su cargo en las condiciones que circunscribe el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional y la legislación secundaria aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), visible en la página 957, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se concluye que el hecho de que el quejoso prestara sus servicios en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", perteneciente al Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, no implica que se ubique en alguno de los supuestos que contempla el artículo 123, apartado B, inciso XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho régimen de excepción de derechos, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial, lo que en la especie no acontece, pues se insiste, de la copia certificada del nombramiento de veinticinco de agosto de dos mil seis, se evidencia que el solicitante del amparo se desempeñaba como Especialista en SG y Mantenimiento PRS A. En esas condiciones, resulta inconcuso que en la especie, el oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, no se trata de un acto de autoridad, dirigido contra un particular, sino, propiamente de un acto emitido por el Estado, conforme a las atribuciones legales conferidas, en relación con uno de sus trabajadores, el que debe cumplir con esa disposición por provenir de su superior jerárquico; ello, en razón de que el quejoso se desempeñaba laboralmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", perteneciente al Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, de lo que se colige que la autoridad que señala como responsable, no actuó con el imperio que le otorga la ley, sino que, se insiste, su acto se realiza en el plano de patrón-trabajador. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página número 157, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ESTADO COMO PATRÓN Y COMO AUTORIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La relación laboral burocrática puede darse perfectamente entre el trabajador y el Estado como patrón, y todos los conflictos que en esa relación existan, deben dirimirse ante el tribunal de arbitraje, porque el estado patrón actúa en un plano de relación laboral, despojado de imperium. En cambio, cuando el propio Estado actúa en una relación de supra a subordinación respecto a sus trabajadores, en forma unilateral con imperium y coercibilidad, fincando una responsabilidad administrativa a un servidor público, ello es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo pues es el Estado como autoridad y una supuesta responsabilidad del servidor público, la que se dirime". Sobre el particular resultan ilustrativas las tesis publicadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles bajo los encabezados y datos de localización siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". (Tesis: 2a. XXXVI/99, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307) "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". (Tesis: 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39). Lo anterior se corrobora con las constancias que fueron allegadas al sumario en que se actúa, consistentes en copias certificadas derivadas del juicio laboral con número de expediente 5967/2020, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, previamente valoradas, de las que se advierte que el que el hoy quejoso y otros, demandaron diversas prestaciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de la terminación de sus nombramientos, procedimiento en el que se encuentran señaladas las once horas con treinta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para que se continúe con la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, según se advierte de las copias digitalizadas que de dicho expediente remitió el aludido tribunal, mediante oficio recibido vía correo electrónico institucional por este órgano jurisdiccional el treinta de agosto último; lo que sin duda patentiza que, como se adelantó, el acto aquí reclamado consistente en el oficio PRS/11015/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se le comunicó la terminación de los efectos del nombramiento del quejoso como Especialista en SG y Mantenimiento PRS A y consecuente separación del cargo, no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que ve al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, de conformidad con la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" y al Subdirector de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", por haber sido señaladas sólo como ejecutoras y no reclamarse sus actos por vicios propios sino en vía de consecuencia. En sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." De igual forma, el presente sobreseimiento se hace extensivo a los diversos actos reclamados a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante la improcedencia del juicio de amparo en contra del oficio que el quejoso alegó se trataba del primer acto de aplicación de las normas reclamadas, resulta inconcuso que no se puede analizar la constitucionalidad de los mencionados numerales, ante la imposibilidad de analizar su acto de aplicación. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y el criterio sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, tesis 346, página 400, y en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 217-228 primera parte, página 27, de rubros siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1º, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Efraín González Torres, contra los actos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Secretaría de Gobernación, del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" y del Subdirector de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
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