Efraín González Pérez
Expediente 781/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Efraín González Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se aprecia que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en autos; en consecuencia, se tiene por NO PRESENTADA la demanda que dio origen a este asunto.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero Familiar en el Estado, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de julio del año en curso, ya que remite copia certificada de las constancias que se le solicitaron, asimismo, manifiesta que en el juicio de origen no se nombró tutor a nombre de los menores; no obstante lo anterior, se reserva acordar lo conducente a la demanda de amparo, hasta en tanto la parte quejosa desahogue los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, a tres de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Efraín González Pérez, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Estado y otras autoridades, fórmese expediente; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 781/2018-VII-2. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente en cuanto a su admisión, con apoyo en los artículos 108, fracciones II, IV y V, 110 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, por escrito, y con siete copias necesarias para distribuirlas de la siguiente manera: tres para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, dos más para formar el incidente de suspensión y otra más para darle intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. Toda vez que en el escrito de demanda se advierte que por una parte aduce reclamar el emplazamiento y notificación al juicio de origen 195/2009, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Estado, y por otra, el convenio que pone fin al matrimonio; asimismo, la resolución interlocutoria y definitiva que indica; por tanto, se requiere para que aclare cuál es el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa a fin de ubicar la litis sobre el fondo del asunto, pues con ello se salvaguarda su derecho fundamental a una justicia pronta y completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, en virtud de que del contenido de la demanda de amparo no se aprecia con claridad lo reclamado por el promovente. 2. Informe en qué términos fue aprobado el convenio que refiere en el escrito de demanda y de ser posible, lo transcriba o exhiba copia del mismo. 3. Manifieste cuál es el contenido de la resolución interlocutoria que aduce fue pronunciada en el expediente 195/2009, del índice del Juez Tercero Familiar en el Estado, asimismo, lo transcriba o exhiba copia de ésta. 4. Proporcione el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen 195/2009, del índice del Juez Tercero Familiar en el Estado. Esto en virtud de que dichos datos son necesarios para que el suscrito pueda emitir una resolución apegada a derecho dentro del incidente de suspensión solicitado, pues está en juego el interés superior del menor. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio de orientación la tesis con número de registro 2002665, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la foja 2238, del tomo 3, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL DERECHO A LA CONVIVENCIA DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS MENORES DE EDAD. EL JUZGADOR PUEDE RECABAR DE OFICIO PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER RESPECTO A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Es jurídico sostener que para decretar una medida cautelar consistente en la suspensión provisional del derecho a la convivencia de los progenitores con sus hijos menores de edad, el Juez puede recabar oficiosamente pruebas para mejor proveer, pues de conformidad con el artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; con la sola limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. En ese contexto, tratándose de una medida cautelar de suspensión provisional del derecho a la convivencia con hijos menores de edad, el juzgador de primera instancia podrá proveer, para que antes del dictado de la medida se escuche a éstos en audiencia, a fin de tener más elementos para decretarla. Lo anterior se justifica porque toda medida cautelar debe atender a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora; así, si de los datos proporcionados por la promovente de la medida no quedan claros esos elementos y de concederse su petición cautelar, ésta podría establecerse de forma endeble, sin garantizar la estabilidad de los menores, cuando -en contraposición- los órganos del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas están obligados a garantizar el interés superior del menor en cumplimiento de los documentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, de donde derivan obligaciones internacionales protectoras de los infantes. Por otro lado, si bien es cierto que la legislación procesal del Estado no establece para dictar una medida cautelar la obligación del Juez a fin de recabar pruebas oficiosamente, para mejor proveer, también lo es que no se encuentra prohibido; además, no debe perderse de vista que las citadas medidas son accesorias de un juicio principal, por ello deben aplicarse las mismas reglas y, si para el proceso principal se permite recabar pruebas para el mencionado efecto, no existe razón jurídica para prohibir ese tema a la medida cautelar, con la limitación de ser las pruebas de desahogo sumario pues, una vez desahogadas, deberá dictarse inmediatamente la resolución correspondiente; en ese contexto, el acuerdo donde se provea respecto a la medida no podrá postergarse. Lo expuesto permitirá proveer una medida cautelar adecuada, real, pertinente y justificada a través del análisis de verosimilitud y probabilidad, con el objeto de evitar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lograda a través de un conocimiento provisional, que se encuentre acreditado con pruebas de fácil desahogo y valoración. Consecuentemente, no podrá afectar un acto de autoridad donde el juzgador se allegue de pruebas de sumario desahogo para mejor proveer respecto de la medida cautelar; máxime, cuando está en juego el interés superior del menor." 5. Proporcione el nombre de sus menores hijos, y exprese si promueve la demanda por propio derecho o en representación de dichos menores, en caso de ser así, exhiba documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, a través de los atestados que comprueben el entroncamiento respectivo, pues no exhibe documento alguno con el que acredite ser padre de los citados menores. Prevención que se efectúa en términos de los artículos 10, párrafo segundo y 11 de la Ley de Amparo, así como en la tesis P./J. 43/96, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en la página cuarenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación con el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO, EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Se apercibe a la parte promovente que si es omisa en cumplir con el requerimiento antes indicado, se acordará lo que en derecho corresponda. 6. Indique si sus menores hijos cuentan con tutor o representante especial en el juicio de origen y de ser así, proporcione su nombre y domicilio, a fin de estar en aptitud de emplazarlo a este juicio, en virtud de que le recae el carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. 7. Manifieste quién ostenta la guarda y custodia de los infantes. Se apercibe a la parte promovente, que si es omisa en cumplir con los requerimientos precisados en los puntios 1, 2, 3, 4, 6 y 7, la demanda de que se trata se tendrá por NO PRESENTADA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En diversa tesitura, con fundamento en los artículos 79 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se solicita atentamente al Juez Tercero de lo Familiar del Estado, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las constancias que integran el expediente 195/2009 de su estadística. Además, informe si dentro del juicio de origen, se designó un tutor a los citados menores, y para el caso de ser afirmativa la respuesta, proporcione el nombre y domicilio, a fin de estar en aptitud de emplazarlo como tercero interesado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término que se indica, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Esto en virtud de que dichos datos son necesarios para que el suscrito pueda emitir una resolución apegada a derecho dentro del incidente de suspensión solicitado, pues está en juego el interés superior del menor. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio de orientación la tesis con número de registro 2002665, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la foja 2238, del tomo 3, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL DERECHO A LA CONVIVENCIA DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS MENORES DE EDAD. EL JUZGADOR PUEDE RECABAR DE OFICIO PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER RESPECTO A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Es jurídico sostener que para decretar una medida cautelar consistente en la suspensión provisional del derecho a la convivencia de los progenitores con sus hijos menores de edad, el Juez puede recabar oficiosamente pruebas para mejor proveer, pues de conformidad con el artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; con la sola limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. En ese contexto, tratándose de una medida cautelar de suspensión provisional del derecho a la convivencia con hijos menores de edad, el juzgador de primera instancia podrá proveer, para que antes del dictado de la medida se escuche a éstos en audiencia, a fin de tener más elementos para decretarla. Lo anterior se justifica porque toda medida cautelar debe atender a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora; así, si de los datos proporcionados por la promovente de la medida no quedan claros esos elementos y de concederse su petición cautelar, ésta podría establecerse de forma endeble, sin garantizar la estabilidad de los menores, cuando -en contraposición- los órganos del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas están obligados a garantizar el interés superior del menor en cumplimiento de los documentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, de donde derivan obligaciones internacionales protectoras de los infantes. Por otro lado, si bien es cierto que la legislación procesal del Estado no establece para dictar una medida cautelar la obligación del Juez a fin de recabar pruebas oficiosamente, para mejor proveer, también lo es que no se encuentra prohibido; además, no debe perderse de vista que las citadas medidas son accesorias de un juicio principal, por ello deben aplicarse las mismas reglas y, si para el proceso principal se permite recabar pruebas para el mencionado efecto, no existe razón jurídica para prohibir ese tema a la medida cautelar, con la limitación de ser las pruebas de desahogo sumario pues, una vez desahogadas, deberá dictarse inmediatamente la resolución correspondiente; en ese contexto, el acuerdo donde se provea respecto a la medida no podrá postergarse. Lo expuesto permitirá proveer una medida cautelar adecuada, real, pertinente y justificada a través del análisis de verosimilitud y probabilidad, con el objeto de evitar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lograda a través de un conocimiento provisional, que se encuentre acreditado con pruebas de fácil desahogo y valoración. Consecuentemente, no podrá afectar un acto de autoridad donde el juzgador se allegue de pruebas de sumario desahogo para mejor proveer respecto de la medida cautelar; máxime, cuando está en juego el interés superior del menor." Se tiene como domicilio para oír notificaciones el indicado en la demanda de conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo y como autorizado al Licenciado Sergio Martínez Álvarez, quien contará con todas las facultades a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la ley en cita, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, desde ahora se ordena la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la Ley de la materia, sin necesidad de razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. Con apoyo en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 5, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 6 a 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, la información confidencial y los datos de identificación que relacionen a las partes, estarán reservados; además, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el Licenciado GUILLERMO BALTAZAR Y JIMÉNEZ, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien actúa asistido de la Licenciada Brenda Elizabeth Padilla Ramírez, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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