Efraín Espejel Muñoz

Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
386/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Efraín Espejel Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de julio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 386/2023-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 71/2023, del índice del Tribunal oficiante, cuyo punto resolutivo establece lo siguiente: "[.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Efraín Espejel Muñoz, contra el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo indirecto 386/2023-III. [.]." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documento. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes) con Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.sonia

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Efraín Espejel Muñoz, por conducto de su autorizado en términos amplios Manuel Castañeda Hernández, en contra del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 71/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de abril de dos mil veintitrés.****************************************Quejoso interpone recurso de queja.****************************************Agréguese a los autos el escrito signado por ********************en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo.****************************************En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado.****************************************Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente.****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintitrés de marzo del año en curso. Ahora bien, del escrito aclaratorio se advierte lo siguiente: Por tanto, el presente juicio de amparo únicamente se tramitara por los actos siguientes: Actos reclamados. Se desecha demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Luego, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, también de la ley de la materia. Sentado lo anterior, cabe señalar que el promovente reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Delegado Estatal en Tlaxcala de dicha dependencia: Luego, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, también de la ley de la materia, pues, considerando que los actos que se atribuyen a la autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, y por ende, susceptibles de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra actos de autoridad y no cuando ésta actúa en un plano de coordinación, es decir, cuando se encuentra en un plano de igualdad con los particulares. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el gobernado. En la especie, la parte quejosa reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de su Delegado Estatal, actos que se consideran no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se puede considerar acto de particular que se conduce como autoridad o equivalente a los de autoridad, según se verá a continuación. En primer término, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio protector de derechos fundamentales, se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo las anotadas consideraciones, se revela que, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con facultad de imperio), a fin de estar en aptitud de analizar la cuestión efectivamente planteada contra la conducta impugnada en la vía extraordinaria. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la omisión reclamada por la parte quejosa, parte de la premisa equivocada de que la autoridad que designa como responsable, en esencia, no ha dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral ******************** tramitado ante la ********************, en el que son parte demanda el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como su Delegado Estatal, derivado de la relación laboral que existió entre aquélla y el citado Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como se desprende de los anexos que acompaño la parte quejosa a su escrito inicial de demanda. Lo que evidencia que dicha autoridad, se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, como ocurre en el caso, por lo que las autoridades municipales mencionadas, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino derivada de la relación laboral con el particular actor, aquí parte quejosa, esto es un grado de coordinación, lo que incluso constituyó la materia del litigio planteado en el juicio del que emanan los actos reclamados. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2007066, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 699, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." (Énfasis propio). Criterio jurisprudencial que resulta aplicable al caso, en razón de que las legislaciones que fueron materia de análisis al resolver la contradicción de tesis que lo originó, contemplan un sistema de ejecución de laudos similar al previsto en los artículos 92, 125, 153 al 159 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala sus Municipios. Al respecto, en la ejecutoria de contradicción de tesis la Sala consideró: "32. De los numerales transcritos sobresale lo siguiente:  El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios podrá imponer las mismas sanciones previstas en el artículo 157 (2), para hacer cumplir sus determinaciones.  Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda.  El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan.  El tribunal despachará auto de ejecución, cuando se le pida, comisionando a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera el cumplimiento de la resolución. 33. Como puede observarse, las legislaciones burocráticas de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, desarrollan en similares términos el procedimiento que deberán seguir los tribunales de trabajo respectivos, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. 34. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto en las legislaciones en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 35. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-SS, en sesión de diez de septiembre de dos mil ocho, esta Segunda Sala interpretó el contenido de los artículos 147, 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, (3) en el sentido de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa. 36. El anterior criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.- (transcribe su contenido) 37. Conforme al criterio indicado y teniendo en cuenta que las legislaciones burocráticas estatales de Quintana Roo y Yucatán contienen, en esencia, normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 38. Entonces, puede concluirse que los tribunales burocráticos estatales de Quintana Roo y Yucatán, al igual que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y conforme a la normativa que los rige, cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa. 39. Siendo ésa la lógica de las normativas del Estado de Quintana Roo y Yucatán, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. 40. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. 41. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de los Estados de Quintana Roo y Yucatán a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo,(4) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece." En las anotadas condiciones, toda vez que la conducta reprochada a la autoridad responsable, evidentemente estriba en la falta de cumplimiento al laudo ya mencionado y al prever la legislación aplicable al juicio originario, un procedimiento completo para llevar a cabo su ejecución, es donde se aprecia el plano de igualdad en que se encuentran las partes; en consecuencia, no se trata de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Así se determinó en la jurisprudencia con contradicción de tesis 2a./J. 34/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable al caso concreto y que a la letra dice: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". No obsta a lo anterior, que dicho criterio hace mención a la legislación estatal, pues ello no impide aplicarlo de manera temática en los laudos dictados conforme a la Ley Federal de Trabajo, pues tal ley federal también contempla el procedimiento respectivo para ejecutar el laudo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, concretamente en su Título Quince que regula los procedimientos de ejecución de los laudos. De modo que, a pesar de que en el juicio de origen se aplicó la Ley Federal del Trabajo, ello no es obstáculo para que se actualice la causa de improcedencia invocada, porque dicha ley prevé los mecanismos para ejecutar el laudo. Bajo las anotadas condiciones, se evidencia que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuestión que al haber sido analizada en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable analizar en el auto inicial relativo a la demanda con que se da cuenta, conforme al criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)". Lo anterior, además, guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Al respecto, es menester destacar que dicho criterio fue determinado por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja laboral 301/2022 de su índice, en sesión celebrada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, derivado del juicio de amparo 1354/2022 de la estadística de este juzgado federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

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