Efrain Contreras Bahena

Expediente 1183/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1183/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Efrain Contreras Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Atento a lo manifestado en la razón anterior, NOTIFICO, a la parte QUEJOSA, el acuerdo y/o resolución de once de octubre de dos mil veintitrés, por medio de lista que se fija en el local de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, y en virtud de que la parte no compareció a éste órgano jurisdiccional dentro del plazo que se le confirió SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, por las autoridades responsables y actos reclamados señalados en el considerando IV.II. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ++++, por las razones expuestas en el considerando V Y VI.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA G. N. O. Y D. I., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LA SENTENCIA DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. R E S U L T A N D O PRIMERO. **********, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que precisa en su escrito de demanda. SEGUNDO. Este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo 633/2019, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el catorce de octubre de dos mil veintiuno, fecha en la que se emitió la sentencia correspondiente y se sobreseyó en el juicio. TERCERO. Inconforme con la sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que en sesión de diez de junio de dos mil veintidós, en autos del recurso de revisión 35/2022, determinó lo siguiente: "."PRIMERO. No se sobresee en el juicio de amparo indirecto de origen. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo 633/2019 -E-V del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en términos del último considerando de la presente ejecutoria." CUARTO. *********** QUINTO. Una vez desahogados los requerimientos en cita, se celebró la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que el acto reclamado carece de ejecución al ser de naturaleza omisiva y, por tanto, es competente el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso haya presentado la demanda. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el juicio, el acto reclamado atribuido al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Tesorero Municipal, Presidente Municipal, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Director de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Fraccionamientos Condominios y Conjuntos Urbanos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Presidente de la Comisión Municipal de Fraccionamientos Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, consiste en: 1. La expedición de la licencia de construcción folio *************, otorgada a favor de la tercera interesada **********, para obra nueva de dieciocho departamentos y un local comercial en la avenida ************, de esta ciudad; y sus consecuencias, consistentes en la expedición del permiso de ocupación, la construcción y ocupación de dichos departamentos, y todos los actos administrativos derivados de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Presidente Municipal, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y del Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, porque así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Lo anterior sin que la parte quejosa hubiese realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de habérsele dado vista con los mismos. De ahí que, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades en cita, lo procedente es sobreseer respecto a las mismas en el juicio de conformidad con el artículo 67, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Tesorero Municipal, Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Directora de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Presidente de la Comisión Municipal de Fraccionamiento Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, porque así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. QUINTO. Estudio que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no advertir de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia o que las partes hubieran hecho valer alguna otra, procede entrar al estudio de la cuestión planteada en el presente juicio. SEXTO. Problema jurídico a dilucidar. Determinar si la expedición de la licencia de construcción folio ********, otorgada a favor de la tercera interesada *********, para obra nueva de dieciocho departamentos y un local comercial en la **************, de esta ciudad; y sus consecuencias, consistentes en la expedición del permiso de ocupación, la construcción y ocupación de dichos departamentos, y todos los actos administrativos derivados de los mismos; transgrede o no en perjuicio de la parte quejosa los artículos 1, 14, 16, y 133 Constitucionales. La quejosa, vía conceptos de violación concretamente señaló que el acto reclamado, como sus efectos y consecuencias del mismo, violan sus derechos humanos contenidos en diversos preceptos constitucionales y de los tratados internacionales, en lo relativo al derecho humano a la privacidad, ya que las responsables, contrariando el Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos, autorizó la colocación o construcción de 31 vanos de ventana hacia el predio de la parte quejosa, no obstante que el artículo 92 es categórico en establecer que están prohibidos tales vanos o balcones sobre muros de colindancia o hacia predios contiguos; reglamento que es de interés público y observancia general, con lo cual ha perdido toda la privacidad que le otorga el artículo 16 Constitucional. Lo hasta aquí expuesto se considera fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita. El artículo 16 Constitucional, en su primer párrafo establece lo siguiente: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXIII/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en mayo de 2008, visible a tomo XXVII, página 229; que es del tenor siguiente: "DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.". Ahora, el concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En ese tenor, la protección constitucional del domicilio exige que, con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. Orienta lo anterior, la tesis 1a. CXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en junio de 2012, visible en el Libro IX, Tomo I, página 258, que señala: "DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda.". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se precisa que, no obstante que la parte quejosa no vierte concepto de violación del por qué es ilegal la expedición de la licencia de construcción reclamada, sin embargo, precisa las razones por las que resultan ilegales los efectos y consecuencias de la misma, porque fundamentalmente se duele de una invasión a su privacidad. En su caso, los funcionarios responsables, una vez que se expide la licencia de construcción, previo a autorizar la ocupación del inmueble construido, están obligados a inspeccionar que todas las construcciones e instalaciones que se ejecuten, estén en proceso o terminadas a afecto de verificar que cumplan con las disposiciones del reglamento, entre ellas, las previstas en el artículo 92 del Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, que establece, en su fracción I, lo siguiente: "Artículo 92.- ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL. Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los siguientes requisitos: I.- Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificaciones de educación elemental y media y cuartos para encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas o patios dentro del mismo predio que satisfagan lo establecido en el Artículo 91 del presente Reglamento. El área de los vanos no será inferior a los siguientes porcentajes: Norte: 10% Sur: 15 % Este: 12 % Oeste: 11 % Están prohibidos los vanos de ventanas o balcones sobre muros de colindancia o hacia predios contiguos.". (Lo resaltado es propio) Para lo cual, se levantará Acta Circunstanciada por duplicado, en formas foliadas en que se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quien se atendió la diligencia, así como el resultado de la misma, tal como lo prevé el artículo 307 del aludido reglamento. En la especie, en el expediente del juicio de amparo, obra el oficio ********, de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Director de Licencias de Construcción, mediante el cual autorizan la ocupación de dieciocho departamentos y un local comercial, al considerar que, realizada la inspección final, la construcción se encuentra apegada a lo estipulado en la licencia de construcción. Sin embargo, las autoridades responsables no anexaron a sus informes justificados la referida inspección, contrario a ello, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el diez de octubre de dos mil veintidós, precisó que "después de haber realizado una revisión y búsqueda física en el expediente ********** relativo al oficio de ocupación, mismo que se encuentra en la Jefatura de Ventanilla Única del archivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas referente a la inspección mencionada en el referido oficio de ocupación, dicha documental no se encuentra agregada al expediente que se generó con motivo del trámite solicitado". Por lo que, existe la presunción de que la construcción no cumple con lo dispuesto en el artículo 92 Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos, específicamente en lo relativo a la prohibición de los vanos de ventanas o balcones sobre muros de colindancia o hacia predios contiguos. Máxime que, en el caso, del resultado del desahogo de la prueba pericial en ingeniería civil y arquitectura desahogada por el perito oficial designado por este juzgado federal, se obtiene que: a) ************ b) ********** Dictamen pericial al que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio, toda vez que el perito en su respectivo dictamen estableció con claridad el planteamiento del problema, los antecedentes y el análisis que realizó de los mismos, adicionalmente el perito oficial estableció las observaciones que realizó en el lugar donde practicó el dictamen, precisó las consideraciones técnicas y emitió sus conclusiones, lo cual, es suficiente para llevar al ánimo del juzgador a adoptarlos, y darles valor probatorio. En ese tenor, la prueba pericial en comento pues es la idónea para demostrar que, ciertamente, existen o no los vanos sobre la superficie que, dice la quejosa, está habitando; porque la constitucionalidad del acto reclamado en este juicio, no depende tanto de la legalidad del procedimiento administrativo que condujo a la expedición de la licencia de construcción, ni del acta que dé fe que dicha construcción cumple o no con todos los requisitos legales, sino de la existencia o no de los vanos, lo que, al quedar acreditado que sí existen, hace ilegal esa construcción en relación con la esfera jurídica de la quejosa. Es así, toda vez que, como ya se precisó, del dictamen pericial en materia de ingeniería y arquitectura del perito oficial, se concluye que las ventanas de las torres que dan hacia los inmuebles colindantes del quejoso, al estar prohibido, no cumplen con la normativa señalada en el artículo 92 del mencionado reglamento. Por lo anterior, al haberse vulnerado en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, y ajustándose al procedimiento establecido en el Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, en sus artículos 302 a 318: 1. ********** 2. Y, en su caso, tomando en cuenta el resultado de la visita de inspección que se realice, y de ser procedente conforme al Reglamento citado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, deberá sancionar a los propietarios, poseedores, titulares, Directores Responsables de Obra, Corresponsables y a quienes resulten responsables de las infracción comprobadas en la visita de Inspección, en los términos señalados en el artículo 310 y demás relativos, del Reglamento de Construcción de Cuernavaca, Morelos, entre las cuales están las siguientes: I.- Multa; II.- Suspensión de la obra; III.- Clausura de la obra; y IV.- Demolición de la obra. En la inteligencia que, la aplicación de las sanciones no será necesario agotarlas en el orden que están expuestas y que, las multas podrán aplicarse conjuntamente con cualquier otra; lo que no eximirá al infractor de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. OCTAVO. Publicidad. Con fundamento en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a los diversos numeral 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elabórese la versión pública de la presente resolución, en el entendido que se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *************, contra el acto de la autoridad precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos de las autoridades precisados en el considerando segundo, y para los efectos precisados en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Con fundamento en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a los diversos numeral 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elabórese la versión pública de la presente resolución, en el entendido que se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por: Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Enconsecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Deigual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora, para un mejor manejo de los autos, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, respetando su folio, rúbrica y entresello de origen, quedando a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado para su consulta; en el entendido que las subsecuentes actuaciones judiciales se continuarán en el presente expediente. Atento a lo anterior, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez de la vista otorgada a las partes con el informe de merito, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las doce horas con veinticinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración.

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