Efrain Cisneros Ortiz
Expediente 593/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Efrain Cisneros Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Consideración previaDel estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Estado de autos Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho; entonces, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO la resolución aludida para todos los efectos legales a que haya lugar. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseyó en el juicio de amparo. Mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva de este juicio de control constitucional es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva) solicitada por la parte quejosa. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos (treinta y noventa días siguientes), procédase a la destrucción y depuración de los cuadernos mencionados, observándose lo dispuesto en el penúltimo y último párrafos del numeral 18, así como lo referido en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente, así como en la del cuaderno original del incidente de suspensión. Devolución de documentos Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se requirió virtud a la naturaleza de los actos que se reclamaron. Anotaciones De lo anteriormente determinado, háganse las anotaciones de las anteriores determinaciones en los libros de gobierno respectivos, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19, por ello; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Consideración previaDel estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Estado de autos Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho; entonces, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO la resolución aludida para todos los efectos legales a que haya lugar. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseyó en el juicio de amparo. Mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva de este juicio de control constitucional es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva) solicitada por la parte quejosa. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos (treinta y noventa días siguientes), procédase a la destrucción y depuración de los cuadernos mencionados, observándose lo dispuesto en el penúltimo y último párrafos del numeral 18, así como lo referido en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente, así como en la del cuaderno original del incidente de suspensión. Devolución de documentos Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se requirió virtud a la naturaleza de los actos que se reclamaron. Anotaciones De lo anteriormente determinado, háganse las anotaciones de las anteriores determinaciones en los libros de gobierno respectivos, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19, por ello; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-593/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, Efraín Cisneros Ortiz solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades siguientes: Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; Director Encargado del Hospital de Alta Especialidad en Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; y, Subdirector del Hospital de Alta Especialidad en Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. El promovente de amparo estimó que tales autoridades le violentaban los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 4 y 16. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 37, 73, 74 y 107 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado lo emitieron autoridades con domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar la omisión de brindar atención médica (procedimiento quirúrgico), respecto del padecimiento de salud que le aqueja al promovente de amparo denominado coxartrosis derecha. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Si bien las autoridades responsables Delegado en Michoacán y Subdirector del Hospital de Alta Especialidad, ambos dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado fueron omisas en rendir el informe de ley lo que de conformidad con el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, conllevaría a presumir cierto el acto que se les atribuye, lo cierto es que los mismos no son actos propios, ya que ellas no brindan de forma directa atención médica. En esa medida, toda vez que el peticionario de amparo no aportó medio de convicción alguno tendente a desvirtuar la negativa de existencia del acto reclamado aducidos por las autoridades responsables mencionadas en el párrafo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que se atribuyó a las citadas autoridades responsables. Resultan aplicables, la jurisprudencias 284 y 18, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, respectivamente, cuyos rubros son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." y "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, pues de las constancias que remitió esa autoridad (relativas al expediente clínico del solicitante de amparo) se advierte que hasta la fecha de la presentación de la demanda no le habían proporcionado la atención médica quirúrgica que requería, ello atendiendo al padecimiento de coxartrosis derecha diagnosticado. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional; es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se estima actualizado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Desaparece lo que originó el juicio constitucional y, con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. De lo anterior se sigue que los efectos de lo reclamado por la parte quejosa se interrumpen o finalizan. Es decir, se destruyen en forma total e incondicional. De modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Como si se hubiera otorgado el amparo. Entonces, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 216, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, con número de registro 1002264, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o realiza aquello que se había abstenido de hacer; esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de lo que se ataca. También, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto u omisión, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención. Implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos; puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto u omisión. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Lo cual no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se estima lo anterior, porque el peticionario de amparo accionó este sumario constitucional el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, narrando en su escrito de demanda, así como el escrito aclaratorio de veinticinco de septiembre del año en curso, que acudió en reiteradas ocasiones (como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) al nosocomio del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, con sede en esta ciudad, donde le informaron que no sería atendido sino "(.) hasta el 02 de Diciembre de 2020 (.)", pues había otras prioridades minimizando el problema de salud que le aqueja al promovente de amparo. Padecimientos que fueron diagnosticados como coxartrosis derecha, la cual requería de intervención quirúrgica a fin de realizar una prótesis en artroplastia total de cadera (ATC). Ante tales acontecimientos la parte quejosa acudió a esta instancia judicial con el propósito de que, a la brevedad, las autoridades responsables lo ingresaran al nosocomio correspondiente y le efectuaran el procedimiento quirúrgico antes mencionado. Ahora bien, de las constancias que remitió el Director del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado consistente en el expediente clínico del promovente de amparo, se advierte, en esencia, lo siguiente: Que el ocho de octubre del dos mil veinte el directo quejoso ingresó a quirófano con el propósito de realizar el procedimiento quirúrgico requerido, el cual fue realizado por el médico José Padilla Cuevas (Coordinador de traumatología) en esa misma data; y, Que el diez de octubre siguiente, el quejoso egresó del nosocomio, pues ya se le había realizado la cirugía de artroplastia total de cadera derecha. Así, al haber recibido el quejoso la atención médica al proporcionarle la intervención quirúrgica requerida, se generaron efectos similares a aquéllos como si se hubiere dictado una sentencia concediéndole la protección de la Justicia Federal, contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados en la presente instancia constitucional ya no inciden en su esfera jurídica. En consecuencia, en el presente caso cesaron los efectos del reclamado, esto es, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho humano violado. Por tanto, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 395 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 417, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, con número de registro 1002461, que textualmente señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No obstante lo anterior, se informa al peticionario de amparo y autoridad responsable que esta decisión se tomó con base en el seguimiento demostrado al diagnóstico y tratamiento que se otorgó al peticionario de amparo, empero, eso no quiere decir que en lo sucesivo deben abstenerse de otorgar el servicio de salud cuando sea solicitado, dejando expedito el derecho de éste de accionar nuevo juicio biinstancial, en caso de que eventualmente la responsable se negara a seguir con las consultas externas o realizarle un nuevo plan quirúrgico de ser este necesario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 74 a 77, y 124 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Efraín Cisneros Ortiz, contra actos de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto, en los términos precisados en los considerandos tercero y quinto.
- Principal
Pedimento legalVisto el alegato 254/2020 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la ley en aplicación, ténganse por hechas sus manifestaciones que en vía de pedimento legal realiza, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Digitalización de proveídoFinalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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