Efrain Benitez Morales
Expediente 470/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Efrain Benitez Morales
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 470/2022-VII. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. se declara que el referido acuerdo causó estado. el presente expediente constituye un asunto concluido. se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 470/2022-VII. Puebla, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales firmada por , por su propio derecho, contra actos de los Jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, de la lectura integral2 de la demanda, se advierten irregularidades en el acto reclamado a las autoridades responsables. El quejoso señala diversos Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con sede en San Francisco, Totimehuacan, Puebla; a la Fiscalía General de la Republica, Delegación Estatal en Puebla, con sede en Puebla; Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones judiciales del Estado y la Fiscalía General del Estado de Puebla. De igual forma, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".Reclamo de esta autoridad el aseguramiento , así como cualquier consecuencia de hecho o de derecho y demás actos de ejecución material que deriven o sean consecuencia de este acto reclamado." Sin embargo, es menester precisar que, los artículos 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la forma en que se habrán de ejecutar el aseguramiento de bienes, sin que dicho enunciados normativos prevean la intervención de alguna autoridad judicial. Además, con independencia a ello, el artículo 6, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como el diverso 40, fracción VII, de la Ley de la Fiscalía General de la Republica, disponen que corresponde a los Agentes del Ministerio Público decretar el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o productos de delito. Entonces, es incongruente el señalamiento del Fiscal General del Estado de Puebla y la Delegada de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Puebla; pues, si bien dichas autoridades tienen a cargo la institución del Ministerio Público, lo cierto es que las atribuciones de dicha institución se ejercen a través de diversas figuras, esto es, los agentes investigadores, cuerpos de seguridad pública y demás auxiliares directos e indirectos. Y, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, debe entenderse como autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, en este caso, el aseguramiento del vehículo referido en la demanda de amparo. Entonces, si bien esta operadora jurídica tiene presente que el quejoso señala ser una persona extraña al procedimiento, lo cierto es que esa circunstancia no implica que este pueda señalar a cualquier autoridad como responsable, si de sus propias atribuciones legales es evidente que, las mismas, carecen de atributos para emitir el acto reclamado. En otras palabras, esa circunstancia no lo exime de señalar autoridades que, al menos, tengan las facultades legales para decretar el aseguramiento reclamado; pues, se insiste, es axiomático que, las autoridades referidas en la demanda de amparo no pueden emitir una determinación de esa envergadura; sobre todo, las autoridades judiciales. En efecto, el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los supuestos en los cuales el ministerio público debe solicitar a la autoridad judicial la autorización para efectuar un acto de investigación y, si bien dichos supuestos son referidos de manera enunciativa más no limitativa, lo cierto es que, en el caso particular, los antecedentes de la demanda permiten deducir que el aseguramiento del vehículo derivó de la detención de la persona que lo conducía, es decir, no se ubica en algún acto de investigación, sino en el ejercicio de la faculta ministerial que se prevé en el numeral 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, resulta patente que las autoridades señaladas como responsables -en su totalidad- carecen de facultades para dictar, ordenar o ejecutar el acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo marca + lo cual actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Ello, porque a pesar de que el acto atribuido tiene los atribuidos de un acto de autoridad, lo cierto es que las autoridades señaladas como tal, carecen de facultades legales para dictar, ordenar o ejecutar el mismo. Sin que resulte necesario aclarar la demanda de amparo, es decir, requerir el señalamiento de los agentes del ministerio público que, en su caso, pudieron decretar o ejecutar el aseguramiento del referido vehículo; pues, no existen elementos para advertir que el impetrante de amparo pretendió señalar a dichas autoridades y, en su caso, aclarar ese punto. Por el contrario, el análisis de la litis planteada, en la forma en que fue precisada en la demanda de amparo, resulta improcedente; sin embargo, esa circunstancia no impide que el quejoso pueda plantear de nueva cuenta la acción de protección de derechos, pero con la precisión correcta de las autoridades responsables, sin que ello implique que deba conocer con precisión de que autoridad llevó a cabo el aseguramiento; pues, como se advierte de la demanda de amparo resulta un tercero extraño autoridades responsables tuvieran los atributos legales para llevar a cabo el acto atribuido. Domicilio y autorizados del quejoso. Toda vez que el quejoso solicito de manera expresa que las notificaciones se realizaran por medio del usuario , este será el medio utilizado para realizar dichas notificaciones. De ahí que con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como revisar el expediente electrónico, a través del usuario ", dada la solicitud expresa de la parte quejosa. Luego, se instruye al secretario que habilite la notificación electrónica al usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Además, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Janis Polette Martínez Tenorio y a Jorge Luis Vázquez Velasco, ya que los mismos tienen registradas sus cédulas profesionales registradas en el sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y a los otros profesionistas con las restricciones de dicho artículo, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el mencionado sistema. Notifíquese; de manera electrónica a través del usuario autorizado y cúmplase.
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