Efraín Badillo Sosa
Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Efraín Badillo Sosa
- Secretario de la Defensa Nacional
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que conforme a los puntos II y III, de la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y reanudar el trámite y resolución de los expedientes, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se levanta la suspensión procedimental y se hace del conocimiento de las partes que en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura acordó la primera adscripción, de manera interina, de la licenciada Dinorah Hernández Jiménez, como titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional a través del oficio SEADS/1394/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción en ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción; lo anterior, a efecto de no dejarlas en estado de indefensión, no irrogarles perjuicio alguno y no vulnerar las reglas que rigen el procedimiento; así como para los efectos previstos en los artículos 52, segundo párrafo de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación, por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden de ideas, se integra a los autos el oficio firmado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2" con sede en la Ciudad de México, en el que devuelve el oficio de nueve de diciembre de dos mil trece, mediante el cual se impuso una sanción a Javier Olea Carrillo, quien ocupaba el cargo de Vocal del Consejo de Honor y Justicia José Félix Rodríguez Apaseo, quien ostentaba el cargo de Secretario del Consejo de Honor y Justicia y Emmanuel Chávez Pérez Apaseo, quien ocupaba el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos, de la entonces Secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad de México, en virtud de que no fueron localizados dichos sancionados, así como se contó ni existieron mayores datos que permitan llevar a cabo el cobro de multa impuesta; por lo que se ve en la imposibilidad jurídica y material para realizar su cobro y solicita que en el caso que del contenido del presente asunto se deduzca que es improcedente el cobro de la medida de apremio impuesta, ya sea por un asunto totalmente concluido o alguna otra razón por la cual haya dejado de surtir efectos, se le informe lo correspondiente. En atención a ello, y toda vez que el presente expediente ya se encuentra archivado como asunto concluido, infórmese a la autoridad oficiante que a ningún fin práctico conduce el dar continuidad el cobro de la sanción impuesta a las personas referidas; por lo que únicamente, se toma conocimiento de lo indicado. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio. SEGUNDO. La notificación y publicación de la presente sentencia se efectuará en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA."
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que en sesión de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mismo que estableció como medidas especiales del veintiséis de enero al nueve de febrero de este año, el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Asimismo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. Precisado lo anterior, con la demanda de amparo presentada en línea por Efraín ***; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 99/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la falta de contestación a su escrito de petición de doce de enero de dos mil veintiuno. Con base en lo anterior, la suscrita advierte que no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Artículo. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se citan a continuación: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. [.] Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refiere el artículo 4, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
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