Efraín Andrés Pascual

Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
972/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Efraín Andrés Pascual

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que por una parte se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. d) Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se tiene por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes en los términos a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII del aludido acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. EFRAÍN ANDRÉS PASCUAL, mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado en la misma fecha a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Segundo Vocal del Comité de Vida Vecinal de la Colonia del Valle, localizada entre la colonia Las Peñas de Oaxaca de Juárez y Emiliano Zapata de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, de quien reclamó, entre otros actos, la prohibición de recortar y demoler una parte de un canal de concreto que obstruye la entrada y salida de la casa que habita. La parte quejosa considera transgredidos los derechos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo, con el número 972/2022, se ordenó admitir a trámite, solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguido el trámite la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues se promueve contra un acto de naturaleza administrativa, de los que conoce este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado en este juicio. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al enunciar los actos reclamados. Lo anterior, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Con base en lo acotado, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario del amparo EFRAÍN ANDRÉS PASCUAL, reclama de manera destacada a la autoridad responsable sustancialmente: la prohibición de recortar y demoler una parte de un canal de concreto que obstruye la entrada y salida del inmueble que habita ubicado en calle Moctezuma, casa 112, de la colonia del Valle, así como el requerimiento de acreditación de la propiedad de ese inmueble y autorización para el recorte y demolición del citado canal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de haber quedado debidamente notificada para tal efecto, como se corrobora de la constancia de notificación (foja 14); por lo cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le atribuye. Por lo anterior, quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, y por tanto lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causas de improcedencia. No existen causas de improcedencia invocadas por las partes o alguna que este órgano jurisdiccional deba hacer valer de oficio, por lo que procede el estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio. Este juzgado considera que debe negarse la protección Constitucional solicitada por las razones siguientes. El artículo 117 en su primer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. " De ahí que, en los casos en los que la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, debe presumirse cierto el acto reclamado siempre que no exista en el sumario prueba alguna que desvirtúe tal presunción; más, quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Es importante destacar que la presunción a que se hace referencia, se limita a la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que los que el quejoso basa su acción de amparo, de conformidad con el criterio 2a./J. 7/94, de la Octava Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 17, con número de registro 206350, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." En apoyo se invoca además, la tesis I.15o.A.29K sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2541, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto.". Y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 248, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulado: "INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada para ese efecto, de ninguna manera puede determinarse que los actos reclamados sean inconstitucionales, pues la falta de informe justificado solamente presume cierto el acto que se reclama, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De ahí que, la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, no es suficiente para determinar que el acto reclamado sea inconstitucional, pues ese incumplimiento solamente presume cierto el acto que se reclama, pero deja a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando este no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Luego, si la carga de la prueba de los hechos que determinan la legalidad del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa y ésta se abstuvo de ofrecer prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, se estima procedente negar a debe negar a EFRAÍN ANDRÉS PASCUAL, el amparo solicitado contra actos del Segundo Vocal del Comité de Vida Vecinal de la Colonia del Valle, localizada entre la colonia Las Peñas de Oaxaca de Juárez y Emiliano Zapata de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. SEXTO. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 77, y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EFRAÍN ANDRÉS PASCUAL, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte, se encuentra transcurriendo el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad responsable Segundo Vocal del Comité de Vida Vecinal de la colonia Del Valle localizada entre las colonias Las Peñas de Oaxaca de Juárez y Emiliano Zapata de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, rinda su informe justificado; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las OCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. De autos se advierte, las autoridades responsables Director General y Directora del Área Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no han dado cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo al quejoso Rayde Rosalío López Uriarte, para el efecto de que reciba atención médica especializada respecto al padecimiento de diabetes que presenta y se dé seguimiento al tratamiento médico respectivo, se le otorguen los medicamentos prescritos y se realicen los trámites necesarios para que reciba medicamentos, aparatos, calzado y ropa especial para diabéticos prescritos por el médico. En autos de cinco y nueve de agosto de la presente anualidad se tuvo al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, y al Director Jurídico en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", respectivamente, informando los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en el presente juicio. Así, a la fecha las responsables no han informado sobre el correspondiente cumplimiento; no obstante el requerimiento efectuado en auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, Director General y Directora del Área Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

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