Efraín Andrés Pascual

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Efraín Andrés Pascual

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    pral 60/2022 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Tribunal acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se remitieron para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Además, informa que dicho tribunal admitió a trámite el medio de impugnación citado y lo radicó con el recurso de queja 39/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 60/2022 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Remisión de constancias. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la parte quejosa quedó notificada el uno de febrero del año en curso del acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja. En esas condiciones, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de veintisiete de enero del año en curso, se remite al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, para la substanciación de ese medio de impugnación: a) copia certificada de todas las constancias que integran este expediente, b) el original del escrito por el que se interpuso ese recurso, así como el c) informe sobre la materia de la queja, para la substanciación de ese medio de impugnación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este expediente a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este expediente a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 60/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Interpone queja. Agréguese el escrito firmado por el quejoso ** , mediante el cual exhibe escrito en el que interpone recurso de queja y expresa agravios; en esas condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley antes invocada, una vez notificada la parte quejosa de este proveído, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al cual se adjuntará: el a) original del escrito por el que se interpuso ese recurso, así como b) copia certificada de todas las constancias que integran este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, para la substanciación de ese medio de impugnación. Sin que sea necesario dar vista por el plazo de tres días a la parte quejosa para que señale las constancias necesarias que deberán remitirse al Tribunal de Alzada; en razón de que se enviará copia certificada de todo lo actuado en este expediente; ello, a efecto de no retardar la tramitación del recurso de queja. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 60/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito del quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de enero del año en curso. Por lo anterior, se advierte, que la parte quejosa cumplió con todas las prevenciones insertas en el proveído de trece de enero del año en curso; por lo tanto, es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, el quejoso precisó como acto reclamado en su escrito de demanda lo siguiente: Mientras que en su escrito aclaratorio indicó lo siguiente: De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama, en esencia, del juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Decimotercer Circuito: El hecho que el juez federal al desecharle un recurso interpuesto en auto de siete de enero de este año (el cual ya impugnó ante al Tribunal Colegiado), en lo subsecuente el juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Decimotercer Circuito deseche recursos que interponga durante todo procedimiento en el juicio mercantil 1262/2021. Respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causa de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por lo que se refiere a la segunda porción normativa trascrita, impone que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio y que, de manera concomitante, es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten, de momento en forma real y efectivamente, sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, tales presupuestos, para la procedencia del juicio de amparo, no se encuentran satisfechos, puesto que la parte quejosa reclama en este asunto, en esencia: Del juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Decimotercer Circuito: Que en lo subsecuente el juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Decimotercer Circuito deseche recursos que interponga el quejoso durante todo procedimiento en el juicio mercantil 1262/2021. En tales condiciones, resulta inconcuso que dicho acto reclamado es de naturaleza futura e incierta; por tanto, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente del amparo, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues la parte quejosa refiere en el escrito de cuenta que interpuso recurso contra el auto de siete de enero del año en curso ante el Tribunal Colegiado, por lo cual de lo que se duele es que la autoridad responsable, al indicar que "los jueces de Distrito no pueden revocar sus propias determinaciones, excepto para regularizar el procedimiento", en el futuro el juez responsable no le admita ningún recurso en todo el procedimiento del juicio mercantil 1262/2021, lo que evidencia que es un acto futuro e incierto; en la medida de que es incierto, en primer lugar, que la parte aquí quejosa promueva recursos en dicho juicio; en segundo, que la responsable le deseche dichos medios de impugnación; por ello, no se advierte que la parte quejosa se encuentre resintiendo una afectación real y actual en su esfera jurídica. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce del derecho vulnerado y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad, como sucede en el caso, en que el perjuicio no se evidencia que exista al momento de ejercerse la acción, sino que se reclama la posible negación de admitir recurso en el referido juicio mercantil; considerar lo contrario y admitir la demanda, se posibilitaría el ejercicio del control constitucional apoyado en meras expectativas y no así en actos reales y concretos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, página 15, registro 206346, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por ello, se actualiza la causa notoria de improcedencia en mención; como así lo ilustra la tesis XIX.2o.11 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se comparte; visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, registro 203353, cuyo contenido literal es: "ACTOS INMINENTES. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías procede en el fondo sólo contra actos ciertos y actuales, no inminentes, ya que resultaría imposible tratar de decidir sobre la inconstitucionalidad del contenido de actos que aún no se actualizan, y por ende, se desconocen sus términos." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 284557, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción I, 6°, 107, fracción IV, y 113, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR, por improcedente, la demanda de amparo promovida por el licenciado Efraín Andrés Pascual. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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