Efraín Anaya Barrón
Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/11/2021
Partes del expediente
- Efraín Anaya Barrón
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo del resto de las partes para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; por lo que, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Audiencia Constitucional En Tepic, Nayarit, a las diez horas con veintiocho minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo número 848/2020, promovido por Efraín Anaya Barrón. La licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida de la secretaria Julia Esther Santos Flores, que autoriza y da fe, la declaro abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron presenciar la presente audiencia por videoconferencia en el equipo de cómputo que este juzgado destinó para ello, acorde con el Acuerdo General 21/2020; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico coinciden con las que obran en electrónico. Abierta la audiencia. La suscrita secretaria da lectura de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la secretaria en funciones de juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La suscrita secretaria da cuenta a la secretaria en funciones de juez con las constancias en copia certificada del juicio laboral 154/2014 que remitió en alcance de su informe con justificación la autoridad responsable. A lo que la secretaria en funciones de juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental referida, la cual será tomada en consideración el momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La suscrita secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. A lo que la secretaria en funciones de juez determina. No habiendo diligencia pendiente por desahogar, se cierra dicha etapa. Luego, lo conducente es dictar sentencia respectiva. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 848/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Que por escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, Efraín Anaya Barrón demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en lo que al caso acontece contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. Acto reclamado: "A).-Lo constituye la DENEGACIÓN DE JUSTICIA consistente en la omisión de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, respecto de pronunciarse al escrito presentado con fecha 17 de octubre del 2019, mediante el cual solicité que se me tuviera señalando nuevas autorizados (sic) legales para que promuevan lo que a mi derecho corresponda dentro del juicio laboral con número de expediente 154/2014 del índice del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, en el cual el compareciente soy parte actora, debido a que la autoridad señalada como responsable extravió el expediente mencionado anteriormente, violando con ello mi derecho de acceso pleno a la administración de justicia, pues es imposible celebrar dicha audiencia y seguir con la secuela procesal de dicho juicio." Lo anterior porque, a su parecer, el acto que le reclama resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de amparo de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de trece de agosto de dos mil veinte se registró bajo el número de expediente 848/2020 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la presente acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33 fracción IV, 107 fracción V de la Ley de Amparo y 55 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad laboral que reside en el Estado de Nayarit, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, reclama: -La omisión de proveer respecto del escrito presentado por la parte actora aquí quejosa el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 154/2014 del índice del referido tribunal. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe de ley. Documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los dispositivos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del arábigo 2° de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se encuentra demostrada la existencia de la omisión reclamada. CUARTO. Sobreseimiento del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Por ello, es que de forma oficiosa, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, como se abundará enseguida. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. En suma, los efectos de los actos reclamados cesan cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, la parte quejosa mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve ante la autoridad responsable, solicitó que se revocaran a sus autorizados legales, así como el domicilio procesal señalado en los autos del juicio laboral 154/2014 del índice del referido tribunal, -hasta ese momento- y se le tuvieran señalando a los nuevos autorizados legales y domicilio procesal indicados en dicho ocurso. Ahora, durante el trámite de este juicio -el uno de septiembre de dos mil veintiuno- se recibieron en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable, de las que se advierte la petición referida y su correspondiente respuesta de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 98 y 99, del tomo de prueba que obra por separado). La cual fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de la firma de recibido en la copia del acuerdo en comento, por la autorizada de la parte actora aquí quejosa, con la leyenda: "Recibí acuerdo de fecha 16-mar-21 Yeraldin Mendoza Hdez -día ilegible- Marzo 2021", (foja 98 del tomo de prueba que obra por separado) documental con la que además se dio vista a la parte quejosa en este juicio de amparo. En dicho acuerdo se advierte que la autoridad responsable determinó tener por hechas las manifestaciones de la parte actora aquí quejosa y en atención a su solicitud se le tuvo como nuevas autorizadas a las personas que para tal efecto señaló y como nuevo domicilio procesal el referido en su escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, presentado ante el tribunal responsable. De lo reseñado se advierte que lo proveído por la responsable es congruente con la petición que la parte quejosa realizó a través del escrito respectivo. En consecuencia, los efectos de la falta de contestación que constituye el acto reclamado desaparecieron total e incondicionalmente, al haber sido acordada la petición de la parte quejosa por la autoridad responsable, la cual fue notificada a esta, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto que Efraín Anaya Barron reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esa ciudad, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la secretaria Julia Esther Santos Flores, que autoriza y da fe. m. terán
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del juicio de origen 154/2014 de su índice, en atención al requerimiento formulado en los presentes autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos y dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Luego, dado su voluminosidad y para su mejor manejo, guárdese por separado el legajo de copias certificadas que acompaña la autoridad en comento. Finalmente, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del once de agosto de dos mil veintiuno, designó a la licenciada Alva Miranda Ramírez como Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit con motivo de la readscripción de la licenciada Isaura Romero Mena a diverso órgano jurisdiccional; lo anterior, hasta en tanto la citada comisión así lo determine, o bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba nuevo titular.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe con justificación y remitiendo constancias en que apoyó el acto que se le reclama, sin que estas se encuentren completas. Por tanto, de conformidad con el dispositivo 117 de la ley de la materia, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérasele a la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que reciba el oficio con el presente proveído inserto, se sirva remitir copias debidamente certificadas del juicio laboral 154/2014, de su índice, las cuales deberán de estar completas, ordenadas y legibles, esto es, hasta la última actuación dentro del juicio laboral en comento o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, toda vez que resultan necesarias a fin de resolver conforme a derecho corresponda el presente juicio de amparo; apercibida, que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la ley de la materia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Reitérese a las partes, que en caso de ser su deseo de presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. NOTIFÍQUESE.
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