Efraín Álvarez Arias

Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
14/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Efraín Álvarez Arias

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por José Eduardo Márquez Campos, apoderado jurídico de las autoridades responsables Secretaria de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán y del Director del Hospital General de Apatzingán; atento a su contenido, previa copia que se deje en autos, remítase el comunicado de cuenta al Juzgado Quinto de Distrito de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en virtud de que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Ana Luisa Gómez Ibarra, en favor de Efraín Álvarez Arias o Efraín Álvares Arias; para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 429/2023, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de once de enero del año en curso, del que se advierte que tuvo por recibido el juicio de amparo 14/2023, promovido por ********************, en favor de ********************, asimismo que dicho Juzgado se avocó al conocimiento del citado juicio registrándolo bajo el número 29/2023-V; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, glósese el comunicado OCC/C11/JDM/14/2023, que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B de Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que a fin de compensar las cargas de trabajo respecto de la incompetencia planteada en el presente juicio de amparo, el mismo se dio de alta en la carga de trabajo del Juzgado Quinto de Distrito, y de baja en este juzgado Octavo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda firmada electrónicamente por ********************, quien promueve demanda de amparo en favor de ********************, contra los actos reclamados y autoridades que a continuación se precisan: Director del Hospital General de Apatzingán, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Autoridades, de las cuales reclama: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************. SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO. Tomando en consideración que la promovente reclama la falta de atención médica y tratamiento para la enfermedad que padece ********************, diagnosticada como insuficiencia renal crónica y que en el Hospital Regional de Apatzingán, Michoacán, se niegan en proporcionarle el tratamiento que necesita para vivir, toda vez que manifestaron que no cuentan con infraestructura para brindar el tratamiento. Importa aclarar que la promovente de amparo indica que el quejoso directo, ha acudido a una clínica particular denominada "Plenitud" en Apatzingán, Michoacán, a fin de que le realicen las sesiones de hemodiálisis, cubriendo el gasto total. En ese contexto, se tiene que el acto que se reclama encuadra en el supuesto normativo del numeral 15 de la Ley de Amparo, como aquellos actos de autoridad que ponen en peligro la vida del quejoso; por tanto, es evidente que ante la omisión de no prestarle la atención médica que requiere el promovente, se pone en riesgo su existencia. En efecto, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere el promovente que tiene una enfermedad grave que, al no ser atendida, debido a la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, se pone en peligro la vida del quejoso. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. Sobre este tema, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.. Además, el derecho humano a la salud, se encuentra consagrado en el 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." "Artículo 12 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental." Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." De lo anterior, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental. En el caso, en estudio la parte quejosa, en su demanda de amparo, solicita atención médica al Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán, para que le practiquen las hemodiálisis que requiere, luego, de lo asentado en la demanda, el peticionario de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que las autoridades no cuentan con las máquinas que se requieren, para realizar sesiones dialíticas, así como médico especialista. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Para que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen a la brevedad en cuál hospital o centro de salud se debe prestar el servicio de hemodiálisis a la parte quejosa y lo cubran; Le sean proporcionados los medicamentos denominados Eritropoyetina y hierro que refiere el quejoso le son necesarios para vivir Debiendo tomar en cuenta que conforme a la Ley General de Salud en su artículo 77-bis 5, apartado B), fracciones I y VII, corresponde a los Gobiernos de las entidades federativas: "ARTICULO 77 Bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) (.) B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en la presente Ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad; (.) VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables." En la inteligencia, de que si el servicio médico se proporciona subrogado en Instituciones diversas, debe ser puesto a disposición del quejoso. En todo lo anterior, las autoridades responsables tomarán en cuenta el lugar de residencia del quejoso, su edad y su estado de salud y deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, considerando que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de oficio a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables: Una vez que la refieran al hospital o centro que la atenderá y que haya sido, efectivamente, atendida informen el estado de salud del solicitante del amparo. Informen el plan o tratamiento médico para el promovente de que se trata. Indiquen si el quejoso necesita algún o algunos medicamentos; así como si en efecto requiere de la hemodiálisis para la atención de su enfermedad, y de ser así, si ya se los proporcionaron, para el caso de no ser así, expliquen los motivos. Ahora bien, toda vez que, una de las autoridades responsables tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para las responsables, con independencia del medio empleado, deberán confirmar su recepción; ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. REMISIÓN DE DEMANDA A DIVERSO JUZGADO Por otro lado, de las manifestaciones formuladas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se desprende que manifestó la existencia de diverso juicio de amparo, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Así de la consulta de la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 160/2021, se desprende que se combate el acto reclamado consiste en: Por lo tanto, ambos juicios tienen intima vinculación y esta Juzgadora estima que, corresponde el conocimiento de la demanda de amparo de cuenta al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos siguientes: En efecto, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en sus artículos 45 y 46 disponen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: *** II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. **** Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo.****. Esto es, para que proceda la aplicación de la forma de relación, que excluya la aplicación de la forma aleatoria, necesariamente la tramitación de un juicio de amparo debe relacionarse con un diverso juicio de origen, del que ya se resolvió en otro juicio de amparo, pues de no considerarse así podría traer como consecuencia que se dictaran fallos contradictorios. Ello obedece, en razón de que el conocimiento previo es una circunstancia que atiende a la situación de que al haber tenido el primer juzgador el análisis de un asunto sometido a su potestad a efecto de emitir la resolución respectiva; al presentarse posteriores asuntos pueda aprovechar el conocimiento del asunto anterior y, de esta forma, esté en posibilidad de pronunciarse al respecto. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J46/2011, estableció que la competencia por turno, sólo es aplicable para decidir respecto al turno de asuntos de competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma oficina de correspondencia común que debe atender al sistema aleatorio. Jurisprudencia que se identifica con el número 2ª./J46/2011, publicada en la página 585, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL." Por lo anterior, es que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; y por lo tanto, se estima, que quien debe conocer y resolver de la demanda de amparo es el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por haber tenido conocimiento previo del asunto. Ello es así, porque tanto dicho órgano jurisdiccional como este Juzgado Octavo de Distrito, residen en el mismo circuito Judicial (Décimo Primer Circuito); ambos concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio; tienen una misma oficina de correspondencia común; y además, existe un conocimiento previo de una demanda de amparo, promovida por el mismo quejoso, contra actos esencialmente relacionados con el que se reclama, respecto de la misma autoridad. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase al Juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, la demanda de cuenta, en términos de lo dispuesto por artículo 46, fracción II, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, asimismo, solicítesele atentamente a la Jueza Federal para que informe la resolución que recaiga a la presente determinación. JUICIO EN LÍNEA. Como lo solicita la parte promovente, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "AnaLuisa02", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas por así haberlo solicitado, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y la segunda acredito estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se tiene al promovente señalado el número telefónico ********************, y correo electrónico anagomez1190@hotmail.com, para entablar comunicación con al misma. HABILITACIÓN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

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