Efraín Adolfo Gutiérrez Matus
Expediente 723/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Efraín Adolfo Gutiérrez Matus
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, de conformidad en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en el citado Acuerdo General. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido se tiene que: Mediante resolución de veintiuno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, por una parte sobreseyó y por otra determinó conceder la protección constitucional a Isaías Martínez Galindo; resolución que fue recurrida y en ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 64/2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento. Consiguientemente, en sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, este juzgado sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Isaías Martínez Galindo, misma que causo ejecutoria el dos de diciembre de dos mil veintidós, requiriéndose a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la sentencia de mérito, la cual había sido concedida para el efecto de que: Las autoridades responsables mediante resolución determinaran que al haberse dado la remoción del aquí quejoso sin respetar su garantía de audiencia, se ordenara a los entes públicos correspondientes: El pago de la indemnización que correspondiera y demás prestaciones a que tuviera derecho. Que su reinstalación no procedía. Que tanto el quejoso, como en su caso, sus coasegurados, tenían derecho a los servicios de salud, hasta en tanto se pagara la indemnización y las prestaciones a que tuviera derecho el servidor público. Tanto en el expediente personal del quejoso, como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, se realizara la anotación de que el mismo fue separado de manera injustificada, de su cargo de policía o elemento de seguridad pública. Tal concesión se hizo extensiva a los actos de ejecución. Tras varios informes de las autoridades responsables, respecto a las gestiones realizadas, así como los diversos requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, mediante proveído de once de abril del presente año se admitió a trámite el incidente innominado para cuantificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, promovido por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa y se ordenó correr traslado a las partes, a fin de que en el término de tres días siguientes a su legal notificación, manifestarán lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Es así que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables realizaron manifestaciones y ofrecieron pruebas en el trámite del incidente innominado señalado en el párrafo que antecede, y que previo diferimiento, se señalaron las once horas con veinticinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos en el mismo. No obstante lo anterior, en auto de dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo por recibida la comparecencia de diecisiete de mayo anterior, mediante la cual el quejoso Isaías Martínez Galindo y la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, comparecieron debidamente identificados a dar cumplimiento a lo requerido en diverso auto de diez de mayo del año que transcurre, esto es, a formalizar el acuerdo conciliatorio respecto al fallo protector dictado en el presente asunto a que llegaron mediante convenio de cumplimiento de ejecución de la sentencia, procediendo a firmar dicho convenio y en la cual se hizo constar la entrega de dos cheques; el primero con número 12527157, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n), y el segundo con número16588475, por la cantidad de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 m.n.), ambos con fecha quince de mayo del presente año, expedidos por la institución bancaria BBVA; dicho acuerdo se integró a la comparecencia de mérito. Del contenido del convenio de referencia, se advirtió que el aquí quejoso ratificó en todas y cada una de sus partes el mismo; por lo que aceptó el pago ahí establecido, desistiéndose de continuar con el trámite de ejecución del fallo protector y solicitó que se decretara el cumplimiento del mismo. Sin embargo, impuesta esta juzgadora federal de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advirtió que el fallo protector se encontraba parcialmente cumplido, pues no se remitieron hasta ese momento, aquellas que acreditaran que se efectuó la anotación en el expediente personal del quejoso, así como del Registro Nacional de Seguridad Pública, de que este fue separado de su cargo de manera injustificada, por lo que en el auto señalado (dieciocho de mayo de dos mil veintitrés) se requirió a la autoridad responsable a efecto de que en el término de tres días remitiera las constancias de las que se desprendiera haber realizado tal anotación. Es así que en auto de veintinueve de mayo de la presente anualidad, se tuvo a las responsables Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Director del Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, remitiendo copia certificada del oficio PMS/DESPS/059/2023 de tres de marzo de dos mil veintitrés; el oficio original DJ-SSC-1011/2023 de veintidós de marzo del presente año; y la impresión de la constancia de baja, emitida electrónicamente por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se realizó la anotación de que el aquí quejoso fue dado de baja injustificadamente. Con las constancias respectivas se dio vista a las partes a efecto que realizaran manifestación alguna. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable: Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitiera la autoridad responsable en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que: Por cuanto respecta al efecto de la concesión de amparo se tiene que: Respecto al inciso a) del fallo protector, las responsables, mediante convenio de cumplimiento de ejecución de la sentencia y la entrega de dos cheques; el primero con número 12527157, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n), y el segundo con número16588475, por la cantidad de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 m.n.), ambos con fecha quince de mayo del presente año, expedidos por la institución bancaria BBVA, procedieron a la indemnización correspondiente y demás prestaciones al quejoso. Por lo que hace a los incisos b) y c) de la sentencia amparadora, no reinstalaron al servidor público y en cuanto a los servicios de salud a que tenían derecho tanto el quejoso como sus coasegurados, tal prerrogativa ha dejado de surtir efecto dado que la misma estaba condicionada a que se pagara la indemnización y las prestaciones a que tuviera derecho el servidor público, lo que en la especie ha ocurrido. En lo relativo al inciso d) de la concesión de amparo, se realizó la anotación respectiva en el sentido de que el quejoso, en su carácter de servidor público, fue dado de baja de manera injustificada. Una vez expuesto lo anterior se concluye que las responsables dieron cumplimiento exacto a la ejecución de amparo, en razón que: Procedieron a la indemnización correspondiente y demás prestaciones del quejoso y se realizó la anotación correspondiente en el expediente del mismo así como en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que el trabajador fue dado de baja de manera injustificada. Por ello lo que procede es declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, puesto que las responsables se ajustaron a los efectos de la concesión del amparo otorgado. De lo antes expuesto, se considera que la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado por separado); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al Área coordinadora de archivos dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, por cuanto al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión definitiva, procede la destrucción de dicho cuaderno, conforme al artículo 20, fracción III, del citado ordenamiento, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y dentro de los treinta días naturales siguientes deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Araceli San Martín Aguilar, autorizada del quejoso *******s, por el cual, manifiesta que ya se dictó la sentencia materia del acto reclamado, misma que fue debidamente notificada al citado quejoso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Por otro lado, agréguense a los autos el oficio y anexo de la Jueza del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; en consecuencia, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte la documental pública que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente número 2257/2017, la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa que el licenciado Marco Antonio Díaz Martínez y el licenciado Daniel Solano Vivanco, han dejado de laborar en la Institución del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; por lo tanto, designó a la licenciada Marissa Liliana Castañeda Enríquez, para representar al menor víctima de identidad reservada identificado con las iniciales M.P.P., siendo esta último la que ostente el cargo de asesor jurídico del menor citado dentro del proceso penal de origen. En tales condiciones, se ordena llamar a juicio a la licenciada Marissa Liliana Castañeda Enríquez, para que funja con su calidad del representante del menor de identidad reservada con iniciales M.P.P., dentro del presente juicio. En tales condiciones, se comisiona al Actuario para que, previo cercioramiento de que sea la persona buscada, emplace al presente juicio de amparo a la licenciada Marissa Liliana Castañeda Enríquez, en su calidad del representante del menor de identidad reservada con iniciales M.P.P, en el domicilio ubicado en Calle José María Morelos número 5, Colonia Centro, de la Ciudad de Tlaxcala, con una copia simple de la demanda; auto admisorio de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, de la resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo y del presente proveído, haciéndole saber que la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional son las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS y el derecho que tiene de apersonarse en representación del menor quejoso. Asimismo, en el momento de la diligencia la requiera para que dentro del término de tres días contado a partir del que sea legalmente emplazada, señale domicilio en la Ciudad de Tlaxcala y/o Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, o bien en su caso, señale usuario para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, SIN NECESIDAD DE ULTERIOR ACUERDO, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se les harán mediante lista de acuerdos Notifíquese y emplácese a la asesora de la víctima. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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