Efrain Abarca Castro

Expediente 1298/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1298/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Margarito Santana Cortez
  • Efrain Abarca Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve (foja 44 a 50), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero realizara lo siguiente: Acuerde los escritos presentado por el apoderado de los quejosos, el veintiuno y veintiocho de septiembre, y siete de noviembre de dos mil dieciocho en el juicio laboral 720/2006. El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. II. Trámites de la responsable. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por oficio 214/2019, remitió copia certificada del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 720/2006; del que se conoce que tuvo al Director General de Recaudación de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, informando la imposibilidad para hacer efectiva la multa impuesta a María de Jesús López del Moral, en auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho; por lo que a efecto de no dilatar el procedimiento, ordenó continuar con el procedimiento de ejecución y requirió de nueva cuenta al al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, para que en el término de quince días exhiba la cantidad de $251,610.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL a favor de Margarito Santana Cortes y la cantidad de $379,216.38 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) a favor de Efraín Abarca Castro, apercibiéndolo con una multa de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en la región de conformidad con el artículo 95 de la Ley 51 del Estado; por lo que, se dijo a la parte actora, que debería estarse a lo acordado en dicho proveído, en relación a los escritos presentados por su apoderado el veintiuno y veintiocho de septiembre, y siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó se imponga la multa fijada a la parte demandada. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el oficio y anexo en mención, descritos en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales convinieran, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó personalmente a la autorizada de la parte quejosa el siete de marzo de dos mil diecinueve (foja 74) y se giró oficio al tercero interesado. IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable cumplió con la ejecutoria al acordar los escritos presentados por el apoderado de los quejosos, el veintiuno y veintiocho de septiembre, y siete de noviembre de dos mil dieciocho en el juicio laboral 720/2006; colmando con ello, los efectos precisados en la sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, remite copia certificada del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral ****. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero residente en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obligan a: Acordar los escritos presentados por el apoderado de los quejosos el veintiuno de septiembre, veintiocho de septiembre y siete de noviembre, todos de dos mil dieciocho, en el juicio laboral *****. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con 49/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Par dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se difiere para las once horas del veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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