Efigenio Merino Guerrero
Expediente 81/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Efigenio Merino Guerrero
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el licenciado... en su carácter de asesor jurídico del quejoso, el que se registró con el número de queja 48/2019; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por el licenciado... en su carácter de asesor jurídico del quejoso mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo; por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la demanda de amparo y de lo actuado en este asunto, así como original y copia de la constancia de notificación de cuenta al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que la superioridad determine lo que en derecho proceda de conformidad con el numeral 103 de la ley de materia. En tales condiciones, de acuerdo a lo previsto por el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de ser cierto que este órgano de control constitucional, emitió el proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, sin embargo, se aclara que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en tal proveído, a lo que se remite en obvio de repetición. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del amparo en revisión 1034/2018, formado con motivo de los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dichos recursos, el tribunal de alzada, resolvió: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación el sobreseimiento que decretó la a quo en los considerandos tercero y quinto de la sentencia materia del presente recurso de revisión, respecto del acto de ejecución reclamado al Administrador Local de Recaudación, con sede en Torreón, Coahuila, así como del acto combatido al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, consistente en la publicación de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia que se revisa. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Rosales Morales, contra los restantes actos que reclamó del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en los términos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la sentencia recurrida". Acúsese recibo de estilo y agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Ahora bien, las autoridades que hubieren realizado actos materiales de ejecución del acto reclamado, son a quienes corresponde el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con dicha ejecutoria dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, remita la constancia en copia certificada que acredite fehacientemente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es, lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 82, fracción II, inciso 3) y 82-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en el recibo de diez de mayo de dos mil dieciocho, expedido por la Administración Fiscal General a nombre de la quejosa con número de referencia 759688303. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades que enteró en el referido recibo, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se continuará con el procedimiento previsto en el dispositivo 193 de la ley reglamentaria, esto es, se abrirá el incidente de inejecución, según lo dispone la jurisprudencia 1ª./J./58/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuyo criterio dice lo siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal". En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no estén en funciones, pudiendo ser enjuiciado por ese motivo, aunque hubiere dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
- Principal
Agréguense los oficios DCOA/340/2019 y DCOA/341/2019 remitidos por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado y designa al licenciado... como asesor jurídico federal del quejoso... en la prosecución del presente juicio; lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; personalmente al quejoso al lugar donde se encuentre recluido y al licenciado... en su carácter de asesor jurídico de los quejosos
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