Efigenia Cabrera Villalobos y Otros.

Expediente 776/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
776/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Efigenia Cabrera Villalobos
  • Efigenia Cabrera Villalobos y Otros.
  • Graciela Rojas Betanzos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se negó la protección constitucional en relación con las diversas actuaciones combatidas, sin que los disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo pronunciado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo por un lado se sobreseyó respecto de unos actos reclamados y, por otro, se negó la protección constitucional en relación con las diversas actuaciones combatidas conforme a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el ordinal 18, fracción I, inciso b), del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las quince horas con veinticinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, el licenciado Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del secretario Gamaliel Sánchez Cruz, que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juez declara abierta la audiencia. El secretario certifica que este expediente se encuentra integrado para proceder a la celebración de la audiencia constitucional, pues, obran en autos las constancias necesarias para resolver el mismo; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y se emplazó a juicio a los terceros interesados. El juez acuerda; dada cuenta con la certificación que antecede, de la que se desprende se encuentra debidamente integrado este juicio de amparo, se procede a la celebración de la audiencia constitucional. RELACIÓN DE CONSTANCIAS El secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran las siguientes: Demanda de amparo promovida por (1) Graciela Rojas Betanzos, (2) Niceida Toledo Sánchez, (3) Delfina Jiménez Ríos, (4) Esteban Couder Alonso, (5) Sofía Alvarado Rojas, (6) Lambertina Regalado Martínez, (7) María de los Ángeles López Santiago, (8) Bruno Javier Suárez Molina, (9) María de Jesús López Santiago, (10) Juan López Castillo, (11) Conrado Matus Montaño, (12) Sofía Barragán Ordaz, (13) Natalia Peña Hernández, (14) Reyna Jiménez García, (15) Rosita Contreras Piñón, (16) Sonia Nolasco Betanzos, (17) Gloria Jarquín Jiménez, (18) Rosario Santiago Valencia, (19) María Guadalupe Gómez Fuentes, (20) Fidencio Guzmán López, (21) Guadalupe Galicia Antonio, (22) María Luz Benítez Meza, (23) Gloria Villalobos Ceballos y (24) Efigenia Cabrera Villalobos. 2) Auto de prevención de dos de diciembre de dos mil veinte. 3) Auto admisorio de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 4) Informes justificados de las responsables. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda; así como las que anexaron las responsables como apoyo a su informe justificado y de la prueba pericial en materia contable desahogada. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera: Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace relación de los formulados por las partes. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 776/2020, promovido por Graciela Rojas Betanzos y otros, contra de los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. I. Antecedentes Según consta en autos, a juicio de los quejosos (1) Graciela Rojas Betanzos, (2) Niceida Toledo Sánchez, (3) Delfina Jiménez Ríos, (4) Esteban Couder Alonso, (5) Sofía Alvarado Rojas, (6) Lambertina Regalado Martínez, (7) María de los Ángeles López Santiago, (8) Bruno Javier Suárez Molina, (9) María de Jesús López Santiago, (10) Juan López Castillo, (11) Conrado Matus Montaño, (12) Sofía Barragán Ordaz, (13) Natalia Peña Hernández, (14) Reyna Jiménez García, (15) Rosita Contreras Piñón, (16) Sonia Nolasco Betanzos, (17) Gloria Jarquín Jiménez, (18) Rosario Santiago Valencia, (19) María Guadalupe Gómez Fuentes, (20) Fidencio Guzmán López, (21) Guadalupe Galicia Antonio, (22) María Luz Benítez Meza, (23) Gloria Villalobos Ceballos y (24) Efigenia Cabrera Villalobos, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de emitir, la última de las nombradas, el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, mediante el cual, les hace del conocimiento que el mecanismo para incrementar la pensión que tienen otorgada es con base en el índice nacional de precios al consumidor y no con base al salario mínimo. II. Trámite del juicio de amparo Graciela Rojas Betanzos y otros, promovieron el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido en esa misma fecha en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señaló como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades los actos reclamados que se precisarán más adelante. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Previo requerimiento, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 776/2020; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en materia de Administrativa, en el que se discute la constitucionalidad de diversas disposiciones de observancia general con motivo de un acto de aplicación que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo permite establecer como actos reclamados de las autoridades responsables los siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, en sus respectivas competencias. La aprobación, expedición y promulgación de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis; particularmente respecto de su artículo 2, fracción III. La aprobación, expedición y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres; y de manera particular los artículos 15, 57, segundo párrafo, 63 y 64 de dicha ley por vicios propios. Del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. El oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, por el cual en contestación a su escrito de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, les informa que el cálculo de los incrementos a las pensiones que les fueron previamente otorgadas se toma como referencia el valor del índice nacional de precios al consumidor y no el salario mínimo, el cual reclama como primer acto de aplicación de la norma que estima inconstitucional (Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización). V. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México, tal y como lo manifestaron la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República, al momento de rendir sus respectivos informes justificados, lo que se corrobora con las propias publicaciones de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización y la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, de donde se advierte su participación. Además, esa certeza es implícita a los actos reclamados, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el precepto 2° de la Ley de Amparo; así como con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma, cobra vigencia, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, no rindió su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificados de la petición del mismo (foja 386); por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presumen ciertos los actos reclamados por los quejosos, aunado a que de igual manera en los procesos legislativos que se impugnan se advierte su participación . También es cierto el acto que reclaman al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, pues si bien al rendir su informe justificado, negó su existencia; lo cierto es que dicha negativa la hizo derivar de que, en el acto aludido, no realizó acto de aplicación alguno de la ley reclamada. Sin embargo, tal consideración pone de manifiesto la existencia del oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, que constituye propiamente el acto reclamado, razón por la cual dicho acto debe tenerse por cierto; máxime que su existencia se corrobora con el original del oficio en comento que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como con el desahogo de la prueba pericial contable presentada por el perito oficial de este juzgado el ocho de octubre de dos mil veintiuno y ratificada el quince de octubre siguiente, en la que determinó que a través del referido oficio se les hace del conocimiento a los quejosos que el mecanismo de actualización anual de sus pensiones a partir del dos mil diecisiete, es con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con el salario mínimo, datos de prueba que cuentan con valor probatorio pleno. VI. Procedencia Examinada la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o se realice de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, las autoridades Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, sostienen que respecto al acto reclamado en el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, no agotó el principio de definitividad, ya que dicho oficio puede ser recurrido mediante el juicio de nulidad. Para determinar si resulta fundada o no la propuesta de la autoridad responsable, se tiene presente el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Del numeral transcrito, se advierte que, tratándose de actos provenientes de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley del acto para revocar, anular o modificar el acto de autoridad, lo que constituye el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. No obstante, este principio admite diversas excepciones, tal y como se expone en la tesis de jurisprudencia 2a. LVI/2000 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 156, que dispone lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En el caso, la parte quejosa impugna la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el medio de difusión respectivo el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo 2º, fracción III, con motivo del primer acto de aplicación en el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte; de ahí, que se estime actualizada una excepción al principio de definitividad, por lo que contrariamente a lo que refiere la autoridad responsable, la parte quejosa no está obligada, previamente a la promoción del juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa; por tanto, es infundada la causa de improcedencia propuesta. De igual forma, el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República, hizo valer como causa de improcedencia del presente juicio de amparo, la contenida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que expone que no se ocasiona perjuicio alguno en la esfera jurídica de la quejosa con las normas tildadas de inconstitucionales. Tal motivo de improcedencia deviene infundado. A efecto de demostrar lo anterior, conviene citar las porciones normativas aludidas, las cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De lo que se colige, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado para aquél que resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional presupone: 1) La existencia de un derecho legítimamente tutelado; y, 2) La afectación de ese derecho, por el acto de autoridad. De modo que al ser transgredido ese derecho por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Por su parte, el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Bajo ese contexto, se aprecia que contrario a lo alegado por la indicada autoridad responsable, el interés jurídico con el que comparece la quejosa a instar la presente acción constitucional, se encuentra demostrado con el acto concreto de aplicación de la norma controvertida de naturaleza heteroaplicativa, esto es, a través del oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte; suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que hace del conocimiento de los justiciables que la norma aplicada para efectos del incremento de su pensión como jubilados, son los artículos 15, 57, 63 y 64 de la Ley de esa institución, así como el artículo 2º de la Ley para determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización; acto condicionado que indefectiblemente incide de manera directa y simultánea en la esfera patrimonial de la quejosa y con ello acredita su interés jurídico en esta sede. Habida cuenta que, además, aduce la peticionaria del amparo se vulnera directamente su derecho de seguridad social protegido por la Carta Magna, de ahí, que se estime que el acto reclamado sí afecta su esfera jurídica. A su vez el representante del Presidente de la República, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, por considerar que se trata de actos consentidos tácitamente, toda vez que la parte quejosa no los atacó desde el momento en que se percató de la supuesta disminución de pensión, de ahí que se actualice la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para dar respuesta a las causas de improcedencia mencionadas, en primer término, resulta relevante el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 179/2003-SS. Ese criterio se emitió respecto de la oportunidad de la demanda de amparo intentada por los trabajadores para reclamar la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de su aplicación en la retención efectuada por su patrón. Al respecto, se sostuvo que el acto en virtud del cual un particular en auxilio de la Administración Pública retiene por primera vez un impuesto causado por el o los conceptos que prevé una norma que se tilda de inconstitucional, debe considerarse como el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito. En caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, lo que solo puede acontecer siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones Consecuentemente, para tener por actualizado el consentimiento tácito de los incrementos otorgados en las actas de sesión, no basta con que esté demostrado que, en un recibo, talón de pago o nómina se ajustó la pensión, sino que, además, es necesario que se demuestre que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los fundamentos y motivos de las actas que autorizaron esos incrementos, ya sea de manera personal o por algún medio de difusión, lo que no se demuestra en este caso. En efecto, de las documentales que obran en el expediente no se advierte que con anterioridad al juicio se hayan expresado puntualmente los fundamentos y motivos que sirvieron a la autoridad para emitir las actas de incremento, ni que se hayan comunicado a los pensionados, de ahí no esté acreditado el conocimiento completo de los actos controvertidos con anterioridad a la presentación de la demanda y ampliación. En esa óptica, si en la demanda y ampliación, la parte promovente manifestó conocer el acto de aplicación a través del oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte notificado el trece de noviembre de dos mil veinte, y la demanda fue presentada el treinta de noviembre de la anualidad citada, es patente que se encuentra dentro del plazo de quince días que establece la ley de la materia para promoverlas; habida cuenta que tampoco obra elemento de convicción alguno que pruebe el consentimiento expreso de la parte inconforme del segmento normativo que controvierte; por lo que es notoriamente infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Al margen de lo anterior, conviene precisar que la acción para reclamar el ajuste de incremento pensionario es imprescriptible, tal como el Máximo Tribunal lo desarrolló en las tesis que se transcriben: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*). En la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. No obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles, por lo que la acción para exigir las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley relativa vigente). Luego, el alcance de la citada jurisprudencia es establecer que aunque esté prescrita la acción para reclamar determinadas diferencias, ello no implica la prescripción del derecho del pensionado para demandar los incrementos y las demás diferencias resultantes, por los montos vencidos respecto de los cuales no se actualice la prescripción." "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 248 de la ley relativa vigente) es imprescriptible el derecho a la jubilación y a la pensión, dado que su función esencial es permitir la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios. En esa virtud, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. Bajo este tenor, tal derecho no se encuentra ubicado en ninguno de los supuestos sujetos a prescripción del numeral en comento, sino en la hipótesis general de que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, porque dichas diferencias derivan directa e inmediatamente de esos derechos otorgados al pensionado y cumplen la misma función." De ahí que no se considere actualizada la causal invocada. Continuando con el estudio de las causales hechas valer por el representante del Ejecutivo Federal, éste, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, aduce que la parte quejosa, no formuló conceptos de violación, en contra de los artículos 15, 57, 63 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado antes citada. De los numerales transcritos, se advierte que el juicio de garantías resulta improcedente en aquellos casos en que el demandante del amparo no exprese conceptos de violación. Con el fin de corroborar el aserto anterior, es pertinente invocar los artículos en que se sustenta dicha causal de improcedencia, que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: VIII. Los conceptos de violación." La responsable invoca la causal de improcedencia de referencia, al señalar que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en relación a los actos reclamados consistente en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente los artículos 15, 57, 63 y 64; sin embargo, en atención a que los quejosos tienen la calidad de trabajadores jubilados que controvierten ajuste a sus pensiones, este operador jurídico, queda obligado a suplir la deficiencia de los conceptos de violación en favor de los impetrantes del amparo; lo que se examinará a partir de la prerrogativa procesal de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que resulta aplicable en términos de la tesis 2a. XCV/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 10, septiembre 2014, Tomo I, página 924, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS." Motivo por el cual, es infundado el motivo de improcedencia que indica. Asimismo, la representación del Mandatario federal alega que es improcedente el juicio de amparo, conforme lo dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, por no poderse concretar los efectos de sentencia, ya que ante una eventual sentencia concesoria de amparo, existiría imposibilidad jurídica y material para poder restituir a la quejosa del pleno goce de la garantía violada. La aludida causa de improcedencia, resulta infundada. Tales porciones normativas, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Se estima lo anterior, toda vez que en el caso, la quejosa reclama la inconstitucionalidad de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo del acto concreto de aplicación contenido en el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, de ahí que la promulgación y publicación de los que se duele no sean actos consumados, ya que ante una eventual concesión de la protección constitucional es posible restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos violados, como lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis aislada número LXX/89, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE LA APROBACIÓN DE UNA LEY PARA EFECTOS DEL AMPARO. Tanto la Constitución General de la República como la Ley Reglamentaria de sus Artículos 103 y 107, establecen el amparo contra leyes, regulando los distintos términos para la presentación de la demanda. Por otra parte, la interposición del juicio de amparo en contra de una ley tiene como finalidad precisamente evitar su aplicación en perjuicio del quejoso y, en caso que ya haya sido aplicada, que el acto de aplicación quede sin efecto. En tal virtud, la aprobación o expedición de una ley no puede considerarse como un acto consumado de modo irreparable para efectos del juicio de garantías, máxime que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada. En otro punto, la autoridad responsable argumenta que se actualiza lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX y XII en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, razón por la cual no se genera un perjuicio a la parte quejosa, así como que el acto reclamado únicamente constituye un perjuicio económico y no jurídico. Dichos argumentos, tendentes a acreditar que se actualiza la improcedencia del juicio en términos del precepto que se invoca, deben desestimarse, toda vez que guardan estrecha relación con el estudio de fondo, determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI (enero de 2002), Materia Común, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Hecho el anterior pronunciamiento respecto de las causas de improcedencia, sin que el suscrito resolutor advierta que se actualice alguna diversa, procede el análisis de los motivos de inconformidad. VII. Estudio de Fondo Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante durante el estudio de esta sentencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa manifiesta que resulta contrario a lo establecido en el artículo 123, apartado A), fracción VI de la Constitución, que se utilice la Unidad de Medida y Actualización, en materia de seguridad social para el incremento de las pensiones otorgadas, puesto que vulnera la naturaleza jurídica de las pensiones de seguridad que están vinculadas a salarios mínimos, al ser la base de la remuneración de todos los trabajadores. Asimismo, que se transgrede en su perjuicio la garantía de audiencia y legalidad establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política al no haberse hecho del conocimiento de los quejosos el inicio de ningún procedimiento que tuviese como finalidad ajustar o disminuir las pensiones otorgadas a su favor, ni mucho menos detallar los cálculos de las diferencia que en su caso les perjudican. Agregan, que el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, lesiona el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado b, fracción IX, inciso a), de la máxima ley del país, al establecer un trato distinto a los jubilados de los trabajadores en activo, pues discrimina a los primeros por ser pensionados. Lo anterior se considera infundado, sin que en el caso exista materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. Para corroborar el aserto anterior, se debe tener en cuenta que en términos de lo resuelto en la contradicción de tesis 200/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo, conforme a las siguientes consideraciones. En principio, la superioridad partió por considerar tanto el motivo y objetivo establecido por el Constituyente Permanente, como el texto mismo de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reformaron los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución. Analizó entonces la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional, que tuvo lugar a partir de tres iniciativas y de ello derivó que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo tuvo como fundamental y principal objetivo hacer realidad el mandato del artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, y lograr así que los salarios mínimos fueran suficientes para satisfacer las necesidades normales de una persona jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de las hijas y los hijos. Destacó que el Poder Constituyente advirtió que la realidad dista mucho de satisfacer ese mandato constitucional, en tanto que el salario mínimo no había sido un instrumento con un solo objetivo, pues no sólo se utilizaba como la mínima remuneración que deben percibir los sujetos trabajadores, sino también como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen obligaciones diversas como multas, el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, supuestos para elevar un acto jurídico a escritura pública, cuotas y topes de aportaciones al sistema de seguridad social, entre otros. En tal virtud, cuando el salario mínimo se incrementaba, se ajustaban a la alza todos los montos que se le vinculaban. Explicó que esta indexación generó el establecimiento y actualización del salario mínimo con base en criterios de inflación, en lugar de productividad social y económica, lo que ocasionó una pérdida del poder adquisitivo de más del ochenta por ciento porque un incremento en el salario mínimo no sólo se traducía en un aumento en la remuneración mínima de los sujetos trabajadores, sino también en el aumento de las obligaciones a las que el salario mínimo se encontraba vinculado. Señaló que para permitir la recuperación del salario mínimo y de su poder adquisitivo el Constituyente Permanente estimó necesario eliminar toda función que el salario mínimo cumpliera como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. Dicho de otra manera, era necesario suprimir cualquier elemento ajeno al concepto del salario mínimo que, como un ancla, funcionara para contener, detener y frenar su recuperación e impidiera su real incremento. Así, al desindexar el salario mínimo de sus elementos ajenos y crear una nueva unidad de cuenta, dicho elemento "salario" podría iniciar sin obstáculos su recuperación. Este objetivo representaría la guía de solución al problema planteado en la contradicción, pues de la reforma a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, la segunda sala de la corte suprema derivó que, con el primero de los citados preceptos constitucionales, corresponde al organismo rector y coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es decir, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal hoy Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. En tanto que en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, se estableció expresamente que quedaba prohibido que el salario pudiera ser empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Enfatizó que en este mismo precepto se mantuvo y, por tanto, reiteró la previsión constitucional de que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos y las hijas. Los salarios mínimos profesionales deberán considerar, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Añadió que conforme al régimen transitorio correspondiente a las citadas disposiciones constitucionales, la reforma en materia de desindexación del salario mínimo entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Aseveró que el poder legislador ordinario quedó vinculado a emitir la legislación reglamentaria de la mencionada unidad de medida dentro de los siguientes ciento veinte días naturales a partir de la publicación del mencionado decreto. En tanto se promulgara la ley, se determinó que el valor inicial de la Unidad de Medida y Actualización sería equivalente al del salario mínimo y su actualización se realizaría con base en la variación interanual correspondiente al Índice de Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año anterior. Además, se determinó que, a la fecha de entrada en vigor del decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales y del entonces Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de ellas, se entenderían referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Con estas bases, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la fijación del monto máximo de la pensión, es decir, si la fijación del monto máximo o "tope máximo" de la pensión es o no una medida de cuenta o una referencia, que pueda impactar en la recuperación del salario mínimo. En primer lugar, estimó necesario tomar en cuenta que en los criterios que dieron origen a la presente contradicción, los órganos colegiados contendientes analizaron el monto límite de una pensión jubilatoria y de sus incrementos con base en el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, así como el que corresponde al artículo Décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente. Es decir, que ambos tribunales analizaron un sistema pensionario que en la doctrina se conoce como un sistema de reparto solidario. Así, explicó que, en el esquema contemplado por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, tenían derecho a la jubilación los sujetos trabajadores con treinta años o más de servicios y las personas trabajadoras con veintiocho años o más de servicios e igual tiempo de cotización en el instituto, cualquiera que sea su edad. En cuyo caso, la pensión jubilatoria que se les otorgue será equivalente al cien por ciento del sueldo básico disfrutado durante el último año de servicio y comenzará a percibirse al día siguiente a aquel en que el sujeto trabajador hubiese disfrutado del último sueldo antes de causar baja. Señaló que además conforme al artículo 57, segundo párrafo, del mencionado ordenamiento legal, la cuota máxima de las pensiones será fijada por la Junta Directiva, pero ésta no podrá exceder de la suma cotizable en términos del artículo 15 del propio ordenamiento, es decir, de "una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo". Por otra parte, expuso que el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, establece que los sujetos trabajadores que no optaron en su oportunidad por el actual sistema pensionario de cuentas individuales, y que hubieren cotizado treinta años o más, en el caso de los varones y veintiocho años o más, en el caso de las mujeres, tendrán derecho a la pensión por jubilación equivalente al cien por ciento del promedio del sueldo básico de su último año de servicio, que comenzarán a percibir al día siguiente a aquel en que el sujeto trabajador hubiese disfrutado del último sueldo antes de causar baja. Asimismo, que a partir del uno de enero de dos mil diez, además de cumplir con los años de cotización mencionados, los sujetos trabajadores deberán contar con la edad mínima de jubilación que se señala en la tabla respectiva, la cual, en dos mil diez y dos mil once fue de cincuenta y un años para los sujetos trabajadores y de cuarenta y nueve para las mujeres. Requisito de edad que irá incrementando cada dos años hasta llegar al mínimo de sesenta años de edad para los hombres y cincuenta y ocho para las mujeres. La pensión jubilatoria será equivalente al cien por ciento del sueldo básico disfrutado en el último año anterior a la baja del sujeto trabajador, siempre y cuando tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años y en el caso de tener menos de tres años, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior al último, sin importar su antigüedad. Finalmente destacó que, conforme al artículo 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el monto máximo de las pensiones no puede exceder de diez veces el salario mínimo. En esos términos, sostuvo que, conforme al régimen legal descrito, se procede primeramente a fijar el monto de la pensión, es decir la cantidad mensual que por concepto de jubilación la persona asegurada empezará a percibir de manera vitalicia, a partir del día siguiente al en que causó baja. Esta cantidad es el cien por ciento del sueldo básico que disfrutó durante el año previo a la fecha de su baja. Sin embargo, una vez establecida la cantidad mensual referida en el párrafo anterior, la propia ley señala que la misma tendrá un monto o tope máximo. Postuló entonces que, por un lado, el salario mínimo es un concepto de remuneración mínima para una subsistencia digna, concebido como un derecho constitucional conforme al cual nadie puede ganar por su trabajo una cantidad inferior a éste y, por otro lado, que el monto de la pensión lo constituye el del salario obtenido por el sujeto trabajador en el último año en que estuvo activo. De ahí que estas dos premisas forman parte del ámbito laboral y que, por el contrario, el monto máximo que puede recibir un sujeto asegurado una vez calculado el monto de su pensión no tiene relación ni con la definición de lo que es un salario mínimo ni con el citado monto de su pensión y, por lo tanto, concluyó que sí se trata de una medida de referencia y, en consecuencia, le es totalmente aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, los conceptos de salario mínimo establecidos en el artículo 57 de la Ley y 7 del Reglamento deben entenderse referidos a la nueva unidad de cuenta. Conclusión que reafirmó al tomar en consideración que, debido a la recuperación progresiva que ha tenido el salario mínimo (aproximadamente treinta por ciento en los años posteriores a la reforma de desindexación), el volver a considerarlo como medida para el tope del monto máximo de la pensión, incrementaría en la misma proporción las obligaciones a cargo de los fondos de pensiones del sistema solidario y así sucesivamente iría aumentando el déficit del sistema con cada incremento; dicho en otras palabras, ese elemento ajeno al salario seguramente propiciaría la necesidad, una vez más, de contener o detener la recuperación del salario mínimo, lo que es contrario al espíritu de la reforma constitucional en materia de desindexación. Abundó que era indudable que la pensión jubilatoria, como beneficio de seguridad social, constituye una prestación a la que los sujetos trabajadores acceden una vez que satisfacen los años de servicio y edad previstos legalmente. Sin embargo, destacó que el hecho de que se trate de un derecho que constitucionalmente se configura como consecuencia de la existencia de una relación de trabajo, los aspectos relativos a la cuantificación de las pensiones, entre los que se encuentra el monto máximo previsto en la ley, constituye un aspecto ajeno a la materia de trabajo. Ello, porque esa segunda sala había sostenido reiteradamente que si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública o la fuente de trabajo en la que éste ha laborado, el aspecto relativo a la indebida cuantificación de una pensión pertenece a la materia administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni está en juego su revocación. De ahí que, si bien el otorgamiento de la pensión jubilatoria constituye un derecho previsto en la Constitución, que deriva de la existencia del vínculo laboral que los sujetos trabajadores del Estado sostienen con los Poderes de la Unión, el aspecto relativo a la cuantificación de las pensiones corresponde a la materia administrativa y, por tanto, la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza". Más aún, si se tiene en cuenta que el monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los sujetos asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un salario superior a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, puede concluirse que esta interpretación es acorde con el objetivo esencial de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo que, se reitera, consiste en favorecer la recuperación del salario mínimo a efecto de que éste cumpla con la función que constitucionalmente tienen encomendada como remuneración mínima. Explicó que esa conclusión también era acorde con lo previsto en el Convenio 102 sobre la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 65, incisos 1) y 2), porque establece que si bien las pensiones constituyen un beneficio mínimo de seguridad social que se cuantifica con base en las ganancias básicas que correspondan a la categoría a la que el sujeto trabajador pertenecía, confiere libertad de configuración a los Estados parte, en cuanto al establecimiento de un límite al monto máximo de las pensiones. La segunda sala dijo que no le era inadvertido el hecho de que podría considerarse que al determinar que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización, podría generar una afectación en los asegurados en la medida que tendrán acceso a montos pensionarios menores que aquellos que originalmente fueron establecidos en los ordenamientos de seguridad social que contemplaban el límite máximo de las pensiones con base en el equivalente a diez salarios mínimos. Sin embargo, consideró que ello no era así, en tanto que, como consecuencia de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, todas las referencias que las leyes y sus reglamentos hacían al salario mínimo se entienden hechas a la Unidad de Medida y Actualización. Por lo que en el caso de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, no sólo el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización, sino también el monto máximo del salario de cotización, que como ya se mencionó, ambos límites se encontraban previstos a razón de diez veces el "salario mínimo" y como consecuencia de la reforma constitucional en comento, ahora deben cuantificarse a razón de diez veces la Unidad de Medida y Actualización. Por consiguiente, en atención a que tanto el salario máximo de cotización, como el monto máximo de la pensión jubilatoria, que antes se cuantificaban con el equivalente a diez veces el "salario mínimo" y como consecuencia de la multicitada reforma se determinan con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización, no podría considerarse que se genere una afectación a los sujetos asegurados, pues tanto su salario de cotización, como el monto máximo de las pensiones, tienen un límite máximo que es equivalente. Explicó que tampoco podría considerarse que el sustituir el valor del salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización impida que los sujetos asegurados accedan a pensiones mayores de aquellas que venían recibiendo porque en principio, no todas las personas aseguradas cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con base en el monto máximo del salario de cotización y por tanto no todos tienen derecho a una pensión equivalente al monto máximo de diez Unidades de Medida y Actualización. En cuanto a aquellos sujetos asegurados que pueden alcanzar un salario de cotización mayor del equivalente a diez Unidades de Medida y Actualización, la implementación de la mencionada medida tampoco les impide acceder a un monto pensionario mayor que aquel que les correspondía antes de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Ello, porque antes de la implementación de la mencionada reforma, el monto máximo de las pensiones (y del salario de cotización) se calculaba con base en un salario mínimo que crecía en un porcentaje menor al crecimiento inflacionario. Posteriormente, el Constituyente Permanente estableció que el valor inicial de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, el correspondiente al año dos mil dieciséis, debía ser igual al que en ese momento tenía el salario mínimo, es decir, el equivalente a $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos). Reconoció que si bien a partir del dos mil diecisiete, el valor del salario mínimo y el de la Unidad de Medida y Actualización comenzó a ser diferente, en tanto que el salario mínimo tuvo un valor de $80.04 (ochenta pesos con cuatro centavos) y la Unidad de Medida y Actualización un monto de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos), lo cierto era que el monto que corresponde a esta última es el equivalente al índice que fue contemplado en el diseño actuarial que sustenta el esquema pensionario previsto en las mencionadas legislaciones, incluso, podría considerarse que genera mayores beneficios económicos que el "salario mínimo" que la legislación contemplaba hasta antes de la reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, es decir, el anterior a dos mil dieciséis. Precisó que lo anterior tenía sustento en el hecho de que al momento en que el ente legislador diseñó el esquema actuarial de los sistemas de seguridad social, si bien tomó al "salario mínimo" como parámetro para determinar el monto máximo de las pensiones y del salario de cotización, lo cierto es que dicho salario, además de que no cumplía la finalidad constitucional que le fue encomendada de satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, constituía un índice económico que tenía crecimiento menor que el de la inflación. Por ello, explicó que si bien el sistema actuarial bajo el cual fueron configurados tanto el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, como el régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, determinaba que el monto máximo de la pensión jubilatoria debía determinarse con equivalente a diez "salarios mínimos", lo cierto era que hasta antes de la mencionada reforma constitucional, dicho salario mínimo constituía un índice económico cuyo crecimiento era menor al de la inflación. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 30/2021, de rubro, hechos, criterio jurídico y justificación siguientes: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo. Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación." Criterio que fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el viernes veinticinco de junio de dos mil veintiuno a las diez horas con treinta y un minutos y, por ende, se considera de aplicación obligatoria para este Juzgado de Distrito, a partir del lunes veintiocho de junio siguiente, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. Luego, si en la especie se advierte que el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, por el que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hace del conocimiento de los quejosos que los incrementos de sus pensiones no se calcularán con base al salario mínimo, sino conforme al índice nacional de precios al consumidor, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado vigente del uno de enero de dos mil dos al uno de abril de dos mil siete, resulta claro que ello no supone una violación a los derechos fundamentales laborales y de seguridad social de los referidos peticionarios de amparo. Por último, cabe señalar que este juzgador no soslaya que en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 200/2020, la Segunda Sala precisó que el tema relativo a la actualización de las pensiones no sería objeto de análisis, sin embargo, como se demostró en líneas que anteceden, los razonamientos y fundamentos de derecho que informaron esa determinación resultan aptas para concluir que la actualización de dichas prestaciones de seguridad social deberán realizarse con arreglo al aumento que registre la Unidad de Medida y Actualización y no con base al salario mínimo. En atención a las consideraciones anteriores se concluye que resultan infundados los conceptos de violación, pues con lo explicado a lo largo de esta sentencia queda en evidencia que los razonamientos dados por la autoridad responsable para emitir el oficio SP/DPSHT/0481/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, se encuentran ajustados a derecho; en consecuencia, lo que procede es negar el amparo solicitado. No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que, si bien como se apuntó en líneas que anteceden, no obstante que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en relación con los actos reclamados consistente en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente los artículos 15, 57, 63 y 64 los cuales reclaman por vicios propios, y que este operador jurídico debe suplir esa deficiencia al tener los quejoso la calidad de trabajadores pensionados; lo cierto es, que del análisis realizado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la contradicción de tesis 200/2020, no se observa ninguna situación que deba de suplirse en relación con dichos preceptos, y que no haya observado ya la superioridad al emitir la ejecutoria en estudio. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos por la parte quejosa, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." VIII. Decisión. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación analizados, se impone negar a los que quejosos (1) Graciela Rojas Betanzos, (2) Niceida Toledo Sánchez, (3) Delfina Jiménez Ríos, (4) Esteban Couder Alonso, (5) Sofía Alvarado Rojas, (6) Lambertina Regalado Martínez, (7) María de los Ángeles López Santiago, (8) Bruno Javier Suárez Molina, (9) María de Jesús López Santiago, (10) Juan López Castillo, (11) Conrado Matus Montaño, (12) Sofía Barragán Ordaz, (13) Natalia Peña Hernández, (14) Reyna Jiménez García, (15) Rosita Contreras Piñón, (16) Sonia Nolasco Betanzos, (17) Gloria Jarquín Jiménez, (18) Rosario Santiago Valencia, (19) María Guadalupe Gómez Fuentes, (20) Fidencio Guzmán López, (21) Guadalupe Galicia Antonio, (22) María Luz Benítez Meza, (23) Gloria Villalobos Ceballos y (24) Efigenia Cabrera Villalobos, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión promovido por (1) Graciela Rojas Betanzos, (2) Niceida Toledo Sánchez, (3) Delfina Jiménez Ríos, (4) Esteban Couder Alonso, (5) Sofía Alvarado Rojas, (6) Lambertina Regalado Martínez, (7) María de los Ángeles López Santiago, (8) Bruno Javier Suárez Molina, (9) María de Jesús López Santiago, (10) Juan López Castillo, (11) Conrado Matus Montaño, (12) Sofía Barragán Ordaz, (13) Natalia Peña Hernández, (14) Reyna Jiménez García, (15) Rosita Contreras Piñón, (16) Sonia Nolasco Betanzos, (17) Gloria Jarquín Jiménez, (18) Rosario Santiago Valencia, (19) María Guadalupe Gómez Fuentes, (20) Fidencio Guzmán López, (21) Guadalupe Galicia Antonio, (22) María Luz Benítez Meza, (23) Gloria Villalobos Ceballos y (24) Efigenia Cabrera Villalobos, contra los actos reclamados del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en términos del considerando "VIII" de esta resolución. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. En atención al estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional estaba señalada para el quince de octubre de dos mil veintiuno, sin embargo, la misma no fue celebrada en su fecha debido a que en esa propia fecha se programó la ratificación del dictamen pericial en materia de contabilidad rendido por el experto oficial adscrito al Servicio de Administración Tributaria, requisito formal indispensable para el perfeccionamiento de dicho medio de prueba. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de comunicar a las partes que la aludida audiencia constitucional se ha diferido para las quince horas con veinticinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el perito oficial por parte de este Juzgado, mediante el cual, exhibe su dictamen en materia de contabilidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, se tiene al aludido experto rindiendo dictamen y a efecto de obtener su ratificación, se provee: Se señalan las dieciséis horas con cuarenta minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, para que el mencionado experto comparezca a este órgano jurisdiccional, y en diligencia relativa se discierna el cargo conferido. Gírese atento oficio al Administradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Oaxaca "1", con sede en la Ciudad de México, para que haga comparecer a dicho experto en la hora y fecha indicadas. Ahora bien, como el referido perito hará presencia física ante este órgano jurisdiccional para ratificar el dictamen que ahora exhibe, en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", atendiendo a la naturaleza a practicar; en el entendido que el referido código QR se dejará en el acceso de este edificio para su ingreso respectivo, de modo que quien acuda a la cita pueda ingresar bajo la regla de hasta dos personas por código, a efecto de garantizar las medidas de distanciamiento social necesarias, a fin de que la referida diligencia no interfiera con personas que hayan programado personalmente sus citas y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas que asistan a la misma. Hágase saber al experto citado que deberá presentarse en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional cuando menos con cinco minutos de anticipación a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia; asimismo, que deberá observar los protocolos y medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen en el edificio, entre ellas, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. NOTIFÍQUESE.

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