Efco de México, LTD
Expediente 702/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Efco de México, LTD
Actuaciones
- Principal
En treinta de noviembre de dos mil veinte, el secretario CERTIFICA: La cédula profesional de Arturo Aguirre Arias, Miguel Horacio Manzano Viesca, Héctor Leonel Rivera Muñoz, Edith Villeda Alvarado, Dey Vi Reynoso Escobar y Pablo Arturo Hernández, se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. El secretario Lic. Sergio Raúl Núñez Cajigal En esta fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el escrito de demanda signado por Atzin Nenetzi Rojas Santana, quien se ostenta apoderada de EFCO de México, LTD, un anexo y seis copias de la demanda. Conste. Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo presentada por Atzin Nenetzi Rojas Santana, apoderada de EFCO de México, LTD, carácter que se le reconoce en términos de la escritura 129,942 de cinco de octubre de dos mil veinte, otorgada ante la fe del Notario número 79 del Estado de México, contra el acto del Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Radicación. Fórmese expediente y regístrese con el número 702/2020-III, en el libro uno, relativo al registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." Este órgano jurisdiccional considera, que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la parte quejosa reclama: "IV. ACTOS RECLAMADOS Del C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama la sentencia interlocutoria de fecha 27 de octubre de 2020, dictada en los autos del expediente 489/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Efco de México, LTD en contra de Caabsa Infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por el cual se declara improcedente el Recurso de Revocación interpuesto por mi representada en contra del auto de fecha 30 de septiembre de 2020." Como antecedentes expone en lo que interesa, lo siguiente: "III. Ahora bien, en el presente asunto, tenemos que el auto de 30 de septiembre de 2020 que por esta vía se impugna, viola en perjuicio irreparable de mi representada los preceptos legales, principios procesales y criterios judiciales citados en el presente agravio, pues a pesar de que: i) la apelación interpuesta por mi mandante NO actualiza ninguno de lo supuestos previstos en el artículo 1345 del Código de Comercio; y ii) por el contrario actualiza las hipótesis normativas contempladas en los artículos 1339 y 1344 para la procedencia de los recursos de apelación de tramitación conjunta con la definitiva, desechó el medio de impugnación aludido, basándose en la equivocada premisa de que el medio de impugnación multicitado debía haberse interpuesto como uno de tramitación inmediata, lo que es contrario a la realidad legal y material del presente asunto, tal y como se advierte de Io siguiente: 1.- Mediante escrito de fecha 2 de enero de 2020, CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., interpuso "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES" alegando en esencia que el auto de 15 de noviembre de 2019 donde se señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba confesional ofrecida a su cargo no le fue notificado. Destacándose que dicho incidente nada tiene que ver con el emplazamiento de la demandada en el presente juicio, sino respecto a la notificación del auto donde se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio citado al rubro. 2.- Previa la tramitación del recurso de apelación respectivo, el Incidente de Nulidad de Actuaciones a que se refiere el apartado anterior fue finalmente admitido mediante auto fechado el 1 0 de septiembre de 2020, y con el mismo se mandó dar vista a mi representada para que diera contestación a éste. 3.- Así las cosas, mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2020, mi mandante io contestación al Incidente de Nulidad Actuaciones a que se refiere el apartado I que antecede, cuyo desahogo de vista se tuvo por hecho por su Señoría mediante auto de 11 de septiembre de 2020. 4.- El 23 de septiembre, su Señoría resolvió el Incidente de Nulidad de Actuaciones a que se refiere el punto I anterior concluyendo con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía intentada en la que la demandada probó su pretensión y la actora no justificó sus defensas. SEGUNDO. Se declara nulo el auto dictado en audiencia de fecha diez de diciembre del año próximo pasado y se ordena citar personalmente a la demandada CA ABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., en los términos ordenados en la presente resolución. TERCERO. NOTIFÍQUESE... " 5.- Inconforme con la resolución a que se refiere el apartado que antecede, mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2020, con fundamento en lo previsto por los artículos 1136, 1338, 1339, 1344, 1345 BIS, 1356, 1357, 1407 bis, 1414 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, mi representada manifestó su inconformidad con la sentencia referida y apeló preventivamente la misma. . XI. El día 27 de octubre de 2020, el A quo pronunció sentencia interlocutoria resolviendo el recurso de revocación, en los siguientes términos: 'R E S U E L V E PRIMERO. Ha sido procedente la vía intentada en la que la actora, no probó su pretensión y la demandada se condujo en rebeldía. SEGUNDO. se declara improcedente el RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por la actora, en contra del proveído de fecha treinta de septiembre del año en curso. TERCERO. NOTIFÍQUESE y agréguese copia autorizada del presente fallo al legajo correspondiente. " En efecto, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la quejosa algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha causal instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. XCI/2015 (10a.), de registro 2009938, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 690, libro 22-septiembre de 2015, tomo I, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ". III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: "a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. ..." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues la determinación reclamada en la cual se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, solamente trae como efecto que continué el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, del rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por su parte, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, publicada en la página 144 del tomo y epítome precitados, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto reclamado, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo, cuando el controvertido de origen concluya definitivamente. Se insiste en lo anterior, ya que los actos reclamados deben considerarse como una violación a derechos adjetivos, entendidos como aquellos pasos que deben seguirse para hacer efectivos los derechos sustantivos, cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogar vistas, aportar pruebas -ofrecimiento y desahogo- o recurrir las resoluciones que afecten sus intereses, pero cuya transgresión sólo viola normas procesales, de ahí, que la violación a sus derechos sustantivos no sea inmediata, sino que dicha transgresión sólo será posible determinarse en la sentencia correspondiente, y entonces, podrá impugnarse como violación procesal, de trascender al resultado del fallo y dejar indefenso al perdidoso. Sustentan esta determinación, las tesis, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción." Más aún, la determinación reclamada, trae como consecuencia que continúe la tramitación del juicio, lo cual no puede ser considerado como un acto de ejecución irreparable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.5o.C. J/29, de registro 218725, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 41, tomo 56-agosto de 192, materia común, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." En mérito de lo expuesto, al haberse actualizado de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V del diverso 107 interpretada en sentido contrario, acorde con el precepto 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Monte Elbruz 37, tercer piso, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000. Por autorizados de conformidad con lo establecido en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Arturo Aguirre Arias, Miguel Horacio Manzano Viesca, Héctor Leonel Rivera Muñoz, Edith Villeda Alvarado, Dey Vi Reynoso Escobar y Pablo Arturo Hernández, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta y para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Iván Muñoz Camacho y Mayra Viviana Raso Árciga. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos 22 y 25 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014, se le autoriza el acceso al expediente electrónico. De igual manera, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, se le autoriza que las notificaciones le sean practicadas vía electrónica a través de los usuarios VALABOGADOS, AtzinRojas y Evilleda. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase de su conocimiento, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de su contenido. Transparencia. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13, de la ley referida; así como para precisar las constancias que, en su caso, considere reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en cita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique los proveídos y resoluciones que ameriten notificación personal. Notifíquese por el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Benito Arnulfo Zurita Infante, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante Sergio Raúl Núñez Cajigal, secretario con quien actúa y da fe. Carmen*
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