Edy Maria Noh Tun
Expediente 640/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edy Maria Noh Tun
Actuaciones
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el oficio 2121, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el diecinueve de septiembre del presente año, por ese Cuerpo Colegiado, en la queja 139/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Edy María Noh Tun, contra el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por EDY MARÍA NOH TUN, contra el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve que desechó de plano la demanda de amparo indirecto que aquélla instó en el expediente número 640/2019-II, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 1514/2018-1V." En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa EDY MARÍA NOH TUN, sin copias y un anexo, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del acuerdo de quince de mayo del año en curso; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I y artículo 5 fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase las constancias conducentes del presente expediente, así como el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, que por razón de turno deba conocer del asunto, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma señala las constancias conducentes que deberán remitirse a dicha superioridad. De igual forma, obténgase copia del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos; lo anterior, a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por EDY MARIA NOH TUN, contra el acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, con sede en esta ciudad, se provee: Fórmese el expediente 640/2019 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se obtiene que la quejosa reclama la Ley de la Industria Eléctrica, particularmente el artículo 41, así como su aplicación a través del corte del suministro de energía eléctrica, en el predio veinticinco letra D número trescientos treinta y ocho, de la calle seis del Fraccionamiento Vergel 4, San Antonio Kaua F.F. con número de servicio RPU 773980806072. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, este Juzgador considera, de oficio, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1 fracción I y artículo 5 fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Efectivamente, en el caso se advierte que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. Las disposiciones legales invocadas contemplan el supuesto de considerar a un particular como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, sólo cuando realice actos equivalentes a los de autoridad; es decir, actos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas (o fácticas) en forma unilateral y obligatoria; siempre que las funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general. Tradicionalmente, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Bajo ese contexto, la circunstancia de que en la Ley de Amparo se contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implicó la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Ahora bien, en el caso, debe desecharse de plano la demanda, porque sobre el tema existe pronunciamiento específico de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), Décima Época, Registro 2016656, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia(s) Común, Civil, Página 532, de rubro y texto COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo Dicho criterio jurisprudencial establece que a la Comisión Federal de Electricidad, no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio. En parte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, la Sala consideró lo siguiente En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo No resulta inadvertido que la Sala consideró que existe la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sin embargo, quien esto resuelve, estima que no se actualiza tal circunstancias, pues en el caso concreto, la quejosa se constriñe a reclamar, básicamente, la supuesta violación a sus derechos de audiencia y defensa por no conocer el motivo del corte del suministro de energía eléctrica, lo cual, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación del servicio derivado de relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes de una de las obligaciones contraidas. Sobre la base de tales consideraciones, es dable sostener que en el presente asunto, la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Peninsular, Zona Mérida, respecto del acto que se le imputa, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, debido a que no actúa en un plano de supra a subordinación sino en un vínculo de coordinación, lo que actualiza la causa de improcedencia previamente invocada De igual forma, debe decirse que la improcedencia del juicio respecto del acto de aplicación reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Peninsular, Zona Mérida, es extensivo a la norma combatida, dado que en ese caso la relación entre esta y el particular se encuentran en una relación de igualdad o coordinación. De ese modo, si la esencia de lo combatido por la quejosa, es alegar entre otras cosas y en esencia, que el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, por no permitir ser escuchado y defenderse sobre el cobro consumo de energía eléctrica y eventual suspensión de ese servicio, entonces ello tiene como consecuencia la imposibilidad de analizar el fondo de dicha cuestión, debido a que su estudio no puede desvincularse de su acto de aplicación, tal como lo establece la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, cuyo contenido es el siguiente LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por EDY MARIA NOH TUN, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a RAÚL OSORIO HERRERA; así como con las limitaciones que establece la parte final del artículo antes citado, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a HÉCTOR PUERTO ROMERO, LIZBETH MARÍA OSORIO HERRERA, VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ROJAS y DIANA KARINA LÓPEZ GÓMEZ. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por EDY MARIA NOH TUN, contra el acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, con sede en esta ciudad, se provee: Fórmese el expediente 640/2019 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se obtiene que la quejosa reclama la Ley de la Industria Eléctrica, particularmente el artículo 41, así como su aplicación a través del corte del suministro de energía eléctrica, en el predio veinticinco letra D número trescientos treinta y ocho, de la calle seis del Fraccionamiento Vergel 4, San Antonio Kaua F.F. con número de servicio RPU 773980806072. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, este Juzgador considera, de oficio, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1 fracción I y artículo 5 fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Efectivamente, en el caso se advierte que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. Las disposiciones legales invocadas contemplan el supuesto de considerar a un particular como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, sólo cuando realice actos equivalentes a los de autoridad; es decir, actos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas (o fácticas) en forma unilateral y obligatoria; siempre que las funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general. Tradicionalmente, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Bajo ese contexto, la circunstancia de que en la Ley de Amparo se contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implicó la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Ahora bien, en el caso, debe desecharse de plano la demanda, porque sobre el tema existe pronunciamiento específico de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), Décima Época, Registro 2016656, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia(s) Común, Civil, Página 532, de rubro y texto COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo Dicho criterio jurisprudencial establece que a la Comisión Federal de Electricidad, no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio. En parte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, la Sala consideró lo siguiente En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo No resulta inadvertido que la Sala consideró que existe la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sin embargo, quien esto resuelve, estima que no se actualiza tal circunstancias, pues en el caso concreto, la quejosa se constriñe a reclamar, básicamente, la supuesta violación a sus derechos de audiencia y defensa por no conocer el motivo del corte del suministro de energía eléctrica, lo cual, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación del servicio derivado de relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes de una de las obligaciones contraidas. Sobre la base de tales consideraciones, es dable sostener que en el presente asunto, la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Peninsular, Zona Mérida, respecto del acto que se le imputa, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, debido a que no actúa en un plano de supra a subordinación sino en un vínculo de coordinación, lo que actualiza la causa de improcedencia previamente invocada De igual forma, debe decirse que la improcedencia del juicio respecto del acto de aplicación reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Peninsular, Zona Mérida, es extensivo a la norma combatida, dado que en ese caso la relación entre esta y el particular se encuentran en una relación de igualdad o coordinación. De ese modo, si la esencia de lo combatido por la quejosa, es alegar entre otras cosas y en esencia, que el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, por no permitir ser escuchado y defenderse sobre el cobro consumo de energía eléctrica y eventual suspensión de ese servicio, entonces ello tiene como consecuencia la imposibilidad de analizar el fondo de dicha cuestión, debido a que su estudio no puede desvincularse de su acto de aplicación, tal como lo establece la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, cuyo contenido es el siguiente LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por EDY MARIA NOH TUN, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a RAÚL OSORIO HERRERA; así como con las limitaciones que establece la parte final del artículo antes citado, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a HÉCTOR PUERTO ROMERO, LIZBETH MARÍA OSORIO HERRERA, VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ROJAS y DIANA KARINA LÓPEZ GÓMEZ. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente.
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