Edy Janet Santiago Hernández

Expediente 263/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
263/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Edy Janet Santiago Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA TERCERO interesada menor Erika Belén Ibarra Hernández.Ensenada, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que transcurrió el término de tres días hábiles, concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en el presente asunto, sin que hayan realizado manifestación al respecto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que en once de julio de dos mil diecinueve (páginas 399 a 407), se dictó sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales, conforme a los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Edy Janet Santiago Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra Gutiérrez, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." (Lo subrayado es propio). Sentencia que causó ejecutoria en auto de treinta de julio del presente año, por lo cual, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, mediante proveído de siete de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, de oficio se procedió aclarar la sentencia de mérito, en los términos siguientes: "1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra González, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." Sin perjuicio de lo anterior, en el propio auto de siete de agosto del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, remitiendo el oficio 1391/2019 y copia certificada del acuerdo dictado en seis de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 313/2018 de su índice -fojas 431 a 435-; con las citadas constancias se dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, corriéndoles traslado con copia certificada de las constancias en mención, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubieran realizado manifestación alguna. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, se determina que la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, se desprende que dejó sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 de su índice, y ordenó llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento; con ello se le dio oportunidad de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra González, como empleado del Gobierno del estado de Baja California. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, conjuntamente con el presente auto, se ordena notificar en forma personal a la parte quejosa y correrle traslado con copia certificada del proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la responsable, para su debido conocimiento. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I Inciso c DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA TERCERO interesada Salustias Susan Aguilar Galindo.Ensenada, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que transcurrió el término de tres días hábiles, concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en el presente asunto, sin que hayan realizado manifestación al respecto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que en once de julio de dos mil diecinueve (páginas 399 a 407), se dictó sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales, conforme a los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Edy Janet Santiago Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra Gutiérrez, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." (Lo subrayado es propio). Sentencia que causó ejecutoria en auto de treinta de julio del presente año, por lo cual, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, mediante proveído de siete de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, de oficio se procedió aclarar la sentencia de mérito, en los términos siguientes: "1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra González, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." Sin perjuicio de lo anterior, en el propio auto de siete de agosto del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, remitiendo el oficio 1391/2019 y copia certificada del acuerdo dictado en seis de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 313/2018 de su índice -fojas 431 a 435-; con las citadas constancias se dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, corriéndoles traslado con copia certificada de las constancias en mención, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubieran realizado manifestación alguna. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, se determina que la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, se desprende que dejó sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 de su índice, y ordenó llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento; con ello se le dio oportunidad de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra González, como empleado del Gobierno del estado de Baja California. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, conjuntamente con el presente auto, se ordena notificar en forma personal a la parte quejosa y correrle traslado con copia certificada del proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la responsable, para su debido conocimiento. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    con fundamento en el articulo 26 fraccion III se notifica al tercero interesada la menor Erika Belén Ibarra Hernández,Ensenada, Baja California, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha...Ver Síntesis completaEnsenada, Baja California, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que el treinta de julio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada el once de julio del año en curso; asimismo, que en el séptimo considerando y en el único punto resolutivo de la citada sentencia se precisó lo siguiente: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Edy Janet Santiago Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra Gutiérrez, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." En consecuencia, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se procede aclarar la ejecutoria de mérito, de manera oficiosa, en cuanto al considerando y resolutivo de la sentencia antes mencionados, toda vez que no altera las consideraciones esenciales de la misma, para quedar de la siguiente manera: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Edy Janet Santiago Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra González, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 94/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, página 6, Novena Época, que dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obra como corresponda el escrito de cuenta, signado por Alejandro Murillo Ortiz, autorizado de la parte quejosa y dígase que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa documental en copia certificada relativa al cumplimiento al fallo protector, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia certificada del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, remitido por la responsable y transcurrido dicho plazo con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable.

  4. Principal

    con fundamento en el articulo 26 fraccion III se notifica al tercero interesada Salustias Susan Aguilar Galindo.Ensenada, Baja California, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha...Ver Síntesis completaEnsenada, Baja California, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que el treinta de julio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada el once de julio del año en curso; asimismo, que en el séptimo considerando y en el único punto resolutivo de la citada sentencia se precisó lo siguiente: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Edy Janet Santiago Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra Gutiérrez, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." En consecuencia, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se procede aclarar la ejecutoria de mérito, de manera oficiosa, en cuanto al considerando y resolutivo de la sentencia antes mencionados, toda vez que no altera las consideraciones esenciales de la misma, para quedar de la siguiente manera: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Edy Janet Santiago Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de declaración de beneficiarios 313/2018 y ordene llamar a la aquí quejosa Edy Janet Santiago Hernández a dicho procedimiento, a fin de que se encuentre en aptitud de defender la calidad de beneficiaria que ostenta respecto del Plan Múltiple de Beneficios para Trabajadores del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados del Gobierno del estado, así como para Servidores Públicos bajo Relación Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Carta Testamentaria, en relación al difunto Francisco Ibarra González, como empleado del Gobierno del estado de Baja California." Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 94/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, página 6, Novena Época, que dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obra como corresponda el escrito de cuenta, signado por Alejandro Murillo Ortiz, autorizado de la parte quejosa y dígase que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa documental en copia certificada relativa al cumplimiento al fallo protector, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia certificada del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, remitido por la responsable y transcurrido dicho plazo con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable.

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