Edwuar Castillo Ojeda
Expediente 1563/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1563/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edwuar Castillo Ojeda
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el informe justificado y de la suspensión de plano rendidos por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. Ahora bien, vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad de notificar el oficio 34684 dirigido al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, en razón de que no existe con esa denominación. En consecuencia, dese vista al quejoso para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación correcta y completa de la autoridad precisada, con el apercibimiento que de ser omiso, se declarará su inexistencia y se suspenderá toda comunicación con ella.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por..., con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1563/2019-VI. En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1.- El cambio de celda y/o dormitorio, así como su ejecución. 2.- La orden de traslado a un diverso centro penitenciario en el que se encuentra interno. DESECHAMIENTO PARCIAL Respecto al cambio de celda o dormitorio se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El dispositivo aludido, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, para que éste sea procedente debe agotarse previamente la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones en torno a dicho principio. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que el promovente de amparo no acató el principio de definitividad, pues el acto analizado en este apartado es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México; por tanto, en primer término, de conformidad con los artículos 107 a 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe elevar su petición -sin formalidad- ante el Directoro de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no se resolvió dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley indicada, los sujetos legitimados para plantear peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Con base en lo expuesto, si el quejoso está interno en un centro penitenciario, debe formular su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, y de resultar denegada tiene legitimación para formular controversia ante el Juez de Ejecución; en la inteligencia que si el demandante del amparo considera que su petición debe ser atendida de inmediato, está en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, respecto al cambio de celda o dormitorio. ADMISIÓN Ahora bien, vista la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase únicamente por lo que respecta a la orden de traslado a diverso centro penitenciario. SUSPENSIÓN DE PLANO Tomando en consideración que para ejecutar la orden de traslado combatida podría existir una privación a la libertad fuera de procedimiento, incluso una incomunicación en su contra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto que, si no se ha ejecutado, el quejoso no sea trasladado a diverso centro penitenciario. En el entendido que dicha suspensión no surtirá efectos en los supuestos siguientes: 1.- Si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables; 2.- Si el traslado obedece al desahogo de alguna prueba admitida en algún procedimiento judicial, o bien si se trata de la integración de una averiguación previa, así como traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial; 3.- Si el traslado obedece a un mandato judicial, o que se trate de la consignación de una averiguación previa; 4.- Si el traslado obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada o a una cuestión de competencia definida; 5.- Tratándose de delincuencia organizada o si se requieren medidas especiales de seguridad; y 6.- Si el traslado está sustentado por razones notorias y actuales de seguridad en las prisiones, supuesto en el que la autoridad administrativa deberá informar inmediatamente y por escrito al juez respectivo, debiendo acreditar el seguimiento y convalidación por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, además de los supuestos de notoria urgencia, como en los casos en que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos (incluida la parte quejosa) y la seguridad y el orden del centro. Debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En el entendido que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física del impetrante. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por cuerda separada, en virtud de la medida cautelar decretada en párrafos que anteceden. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1231. Por otro lado, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentra recluido. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita a la parte quejosa, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sea notificada del presente acuerdo, manifieste en ese acto, si es su deseo señalar domicilio, para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas cuyos nombres refiere, en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente
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