Edwin Sauceda Vizcarra
Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Edwin Sauceda Vizcarra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes.Así, en cumplimiento al acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.
- Principal
Téngase por recibido el oficio ***, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo ***, de su índice, promovido por ***, respecto de actos reclamados de la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa, en esta ciudad. Se acepta el returno planteado para conocer de la demanda de amparo que se analiza. Comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante para los efectos legales correspondientes y en vía de acuse respectivo, y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a fin de que realice la compensación del asunto. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica. Del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa, en esta ciudad: El acuerdo emitido en la continuación de la audiencia inicial celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal ***, en la que la juez responsable negó expedirle copia del audio y video en seis tantos de la audiencia donde se solicitó y se otorgó la orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en el delito de violación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto a los actos reclamados en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." La citada hipótesis normativa dispone que previo a la promoción del juicio constitucional, la parte que se considere agraviada con una determinada resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá agotar los recursos o medios de defensa que procedan dentro del procedimiento respectivo, cuando la ley que rige este último los conceda, con la condición de que por virtud de esos medios de impugnación pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo emitido en la continuación de la audiencia inicial celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal ***, en la que la juez responsable negó expedirle copia del audio y video en seis tantos de la audiencia donde se solicitó y se otorgó la orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en el delito de violación; procede un medio de defensa ordinario, consistente en el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta". De los numerales antes transcritos se advierte que contra las resoluciones de trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación, que tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada. Así, es evidente que contra el acuerdo emitido la audiencia inicial en la que la juez responsable negó expedirle copia del audio y video en seis tantos de la audiencia donde se solicitó y se otorgó la orden de aprehensión en contra del quejoso, procede el recurso de revocación, según se advierte de los artículos transcritos, ya que mediante este medio impugnativo se puede revocar o modificar dicha determinación. En efecto, en el caso concreto el solicitante del amparo indirecto tenía al alcance el medio de defensa que se menciona, ya que es el recurso ordinario que expresamente establece la legislación aplicable al caso por el que puede modificarse o revocarse lo resuelto por la Juez responsable; cuestión que hace evidente que el peticionario del amparo, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar tal recurso de revocación para cumplir con el principio de definitividad que rige en esta materia, de ahí que si no lo hizo, resulta improcedente el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso es parte en la causa penal de origen y no tercero extraño, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que lo exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido; por tanto, debido a que el promovente no agotó el recurso de revocación, debe considerarse que la definitividad del acto no quedó satisfecha, ya que el justiciable se encontraba obligado a interponer el recurso que la ley confiere contra el acto que se reclama. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto que en este juicio de amparo se reclama, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En atención a lo que solicita el promovente, se autoriza la toma de fotografías mediante lector óptico, scanner, cámara digital, teléfono celular o cualquier otro medio electrónico conocido, a fin de que fotocopien los acuerdos y promociones, del presente juicio. Se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.
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